Archivo por meses: septiembre 2013

DATOS FISCALES Y UN BREVE COMENTARIO

En los últimos años la recaudación del ministerio de Hacienda ha descendido desde los 183.525 mil millones del año 2006 a los casi 160 mil millones de la actualidad, de los que:

Unos 66 mil millones provienen del IRPF. 50 mil millones del IVA. 15 mil millones del impuesto de sociedades.

Respecto al IRPF:

El 6% proviene de actividades económicas. El 12% de las ganancias patrimoniales o las rentas del capital inmobiliario. El 82 % proviene de las rentas del trabajo. 

Respecto a los trabajadores:

El 85% declara ganar menos de 30 mil euros. El 4% declara ganar más de 60 mil euros. Sólo el 0,3% declara ganar más de 150 mil euros.

Las personas con ingresos muy altos prácticamente no tributan porque derivan sus ingresos a sociedades patrimoniales o a las SICAV. 

Respecto a las sociedades:

De 2006 a 2011, mientras la recaudación por IRPF aumentó un 6%, ¡la recaudación por el impuesto de sociedades bajó un 68%! ¿Cómo ha sido posible?

Las sociedades que facturan más de 10 millones de euros tributaban al tipo del 35% y las restantes sociedades al 30%, tipos que fueron rebajados al 30 y 25% respectivamente en la reforma de Zapatero. Pero resulta que la base imponible no coincide con los beneficios declarados, sino que a estos beneficios se les aplica una compleja ingeniería fiscal de ajustes, correcciones, compensaciones y consolidaciones que hace que la base imponible descienda de manera escandalosa. Luego a la cuota íntegra del impuesto (resultado de la aplicación del tipo a la base imponible) se le aplican deducciones por numerosos conceptos y el resultado final es que las grandes empresas pagan un 3,5% de los beneficios declarados.

Respecto a las rentas del capital y las ganancias patrimoniales:

Tributan a un tipo fijo, lineal e independiente de la cuantía de la renta (esto es, sin progresividad), y de ello se sigue que, por ejemplo, quien gana 38 mil euros por su trabajo paga más que quien gana un millón de euros por dividendos de acciones o plusvalías.

Lo que no se recauda:

Ocupamos una de las últimas tasas de presión fiscal en Europa (el puesto 21 de 27) según el último informe de Eurostat. La presión fiscal en España es del 31,4% mientras que la media europea es del 38,8%. Son 7 puntos del PIB que se traducirían en 78 mil millones de euros de recaudación.

Añádase que perdemos cada año en torno a 38 mil millones de euros por la evasión de impuestos y de esta evasión el 72% es de grandes empresas y fortunas. Sin embargo el 80% de la plantilla de la Agencia Tributaria se dedica, por órdenes superiores, a investigar a pequeños empresarios, autónomos y trabajadores, con frecuencia porque han omitido alguna pequeña partida en su declaración. El gobierno ha habilitado una web para que sean denunciados por sus vecinos los trabajadores que, cobrando la prestación por desempleo, operan en la economía sumergida, o los que no cobran IVA. Pero la casi totalidad del fraude no está en ellos, sino en las grandes fortunas a las que no se investiga y en las multinacionales con sucursales en paraísos fiscales (por ejemplo, Appel, Amazon, Google…, que tienen filiales en países de baja tributación, como Luxemburgo o Irlanda, y prácticamente no pagan impuestos por sus operaciones en España).

Propuestas a las que el gobierno no hace caso

GESTHA, el sindicato mayoritario de Técnicos del Ministerio de Hacienda,  ha hecho las siguientes propuestas (por cierto, muy moderadas) para aumentar los ingresos estatales en más de 60 mil millones de euros:

-Inspecciones que permitan recaudar los 38 mil millones de euros que se evaden.

-Que las sociedades que obtengan beneficios superiores al millón de euros tributen al 35% y no al 30%. Así se podrían recaudar 14 mil millones de euros entre las 400 mayores empresas del país dejando a las demás sin mayor presión.

-Que, siguiendo la recomendación del Parlamento Europeo, se aplique un Impuesto de Transacciones Financieras con el que se podrían obtener 5 mil millones de euros.

-Que se obtenga del Impuesto del Patrimonio (investigando la ocultación y reponiendo ese impuesto en Comunidades que no lo exigen, como la de Madrid) 3.400 millones de euros más que en la actualidad.

-Que se supriman los abusos de las SICAV: 1.500 millones de euros más.

-La prohibición de operaciones en corto sobre la deuda, que aportaría 4.400 millones de euros.

En total cerca de 64 mil millones de euros. El gobierno cuantifica los recortes efectuados en 56 mil millones.

¿Eran y son necesarios los recortes que nos presentan como única tabla de salvación? ¿O más bien se está aprovechando la apariencia de necesidad para desmontar servicios públicos y ofrecerlos al negocio privado, al tiempo que se evita ir contra los intereses de los dueños del dinero?

Lo que se paga por imposición de los que mandan

En los presupuestos Generales del Estado se consignan unos 38 mil millones de euros para el pago de los intereses de la Deuda Pública. Como no hay suficiente dinero para la devolución de capital, la tendencia es a endeudarse más. Ahora tenemos una deuda en torno al 89% del PIB. Cuando había información pública sobre el tema sabíamos que la mitad de la deuda estaba en manos de inversores extranjeros, principalmente bancos alemanes y franceses. Ahora se ha suprimido esa información pero es de suponer que seguirá todo de forma parecida. Hay también fondos de inversión domiciliados en paraísos fiscales que no tributan por los beneficios que obtienen por sus inversiones en deuda pública y privada, y que ya ni siquiera están obligados a informar de quién está detrás de ellos.

El Banco Central Europeo presta a la banca privada al 0,5% y la banca compra deuda del Estado español a un interés muy superior (entre el 4 y el 8%). El BCE no compra esa deuda directamente al 0,5% y deja así en manos de la banca privada un gran negocio sin riesgo, pues las probabilidades de que el Estado español quiebre son despreciables, gran negocio que supone un espolio a nuestro país en una situación de crisis como la presente. ¿Quién inspira las decisiones del BCE?

BREVE COMENTARIO:

Si nos preguntamos por los responsables de esta brutal forma de explotación, la respuesta es:

-Son responsables nuestros parlamentarios, que promulgan una complejísima legislación directamente inspirada por los poderes económicos y llena de portillos por los que estos escapan de sus obligaciones fiscales. El gobierno ha creado una comisión de expertos para que elabore una propuesta de nueva fiscalidad antes de febrero de 2014, y casi todos sus miembros  han estado integrados en los servicios de estudios de las grandes entidades financieras. No hay más que decir.

-Es responsable el gobierno, que da a la inspección fiscal instrucciones que dificultan la persecución de los grandes defraudadores, promulga amnistías que los premian respecto a quienes cumplieron sus obligaciones fiscales y lleva mucho tiempo negándose a tomar medidas como las propuestas por el GESTHA.

-Es responsable la insaciable derecha que gobierna el mundo y que utiliza como testaferros al BCE y al FMI. El uno se niega a comprar deuda española al 0,5% , y el otro, como era de esperar, recomienda que en la nueva ley fiscal suba el IVA, no que aumente lo que pagan las sociedades o los grandes patrimonios.

No sé si hay mucha gente que sigue creyendo que los elegidos por el pueblo defienden los intereses del pueblo y que vivimos una democracia, pero lo cierto es que la población no toma conciencia y no se rebela. La mayoría no sabe qué es lo que está ocurriendo. Unos pocos lo saben y se aprovechan de ello. Y hay otros que lo sabemos y lo padecemos, pero que aguantamos el latrocinio y el maltrato estoicamente. Así que sólo cabe preguntar: ¿Hasta cuándo?

(He tomado datos de la exposición que José Mª Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) hizo el pasado 6 de agosto en la Escuela de Verano de Unificación Comunista de España, y del trabajo del economista Manuel Lago El impuesto de sociedades, principal rsponsable de la crisis fiscal española, publicado por la Fundación 1º de Mayo).

¿Quién es Europa?

Cuando se dice que Europa nos pide o nos exige esto o aquello no se está en realidad hablando de Europa (Europa no es un sujeto que pueda pedir o exigir), sino de los intereses de los grandes grupos económicos que gobiernan el espacio europeo, intereses representados por los políticos de la derecha (tanto de la derecha dura como de la socialdemócrata).

Cuando en España se acusa a Merkel o a Obama de la política que se nos está imponiendo desde fuera, no se suele tener en cuenta que ellos no son más que personas que quieren poder y que, para conservar el que han conseguido, tienen que seguir obedeciendo al poder que está sobre ellos, el que gestiona los intereses económicos de las élites americanas y europeas. Se ha dicho muchas veces que el presidente de EE. UU. es el hombre más poderoso de la tierra. Pero sólo cumple las condiciones de un político de éxito, que consisten en fingir bien, siendo un mandado, el poder que no tiene, que está oculto en otra parte. De Merkel puede decirse lo mismo: es la persona adecuada porque sabe fingir que manda al tiempo que obedece.

Nota sobre el lenguaje machista:

Cuando se dice que Obama es el hombre más poderoso de la tierra se entiende que es la persona más poderosa de la tierra. Decir que Merkel es la mujer más poderosa de Europa no descarta que haya en Europa hombres más poderosos que ella. Por tanto, si quiero decir de una mujer lo mismo que se dice de Obama, no me vale decir que es la mujer más poderosa, y tampoco puedo decir que es el hombre más poderoso. Hay que eliminar en estos contextos “hombre” y “mujer” y utilizar “persona”. No volvamos a decir, y no sólo porque sea mentira, que el presidente de los EE. UU. es el “hombre” más poderoso de la tierra.

Si no hubiera tanta corrupción… ¡sería peor!

Quienes comentan la situación política dicen estar muy preocupados por el descrédito de las instituciones, y parecen pensar que si no fuera por los casos de corrupción, por la lenidad con que se los trata, por la desconfianza en la justicia, y por otros vicios semejantes, aparentemente propios de los últimos tiempos, las instituciones estarían legitimadas.

O están mal informados, o son ingenuos, o disimulan.

Si se acabara con la corrupción, si los gobernantes no incurrieran en mentiras flagrantes, si los jueces fueran honestos… estaríamos en el mismo mundo, pero con un agravante: que la sinrazón y la injusticia serían menos evidentes. La ventaja de los excesos de nuestros gobernantes es que en esta etapa en que actúan sin cortapisas están dejando claro qué es lo que hay bajo las apariencias.

Yo no creo en la justicia

En el discurso políticamente correcto es de rigor proclamar que se confía en la justicia. Yo, que la he conocido por dentro, proclamo que no confío en ella. Y como no vivo de este sistema, no me siento obligado a decir que acato las sentencias. Sencillamente, las sentencias firmes se cumplen de grado o por fuerza, y tenemos que aguantarnos con ellas aunque no nos gusten, aunque nos parezcan injustas.

Son muchas las razones para la desconfianza:

La primera es que muchas veces las sentencias tienen repercusiones económicas y políticas tan fuertes que es inevitable que el juez reciba presiones económicas y políticas equivalentes. Hay que tener una consistencia moral muy fuerte para resistir esas presiones.

Ahora bien, la forma de recluta de los jueces (una oposición) hace que pueda ser juez cualquier licenciado en derecho que, no importan sus condiciones de inteligencia y carácter, repita de memoria 500 temas.

Añádase que son los jueces los que han de juzgar el comportamiento de los jueces y por ello, dado que forman una comunidad corporativista, resultan impunes en la práctica. De manera que pueden ceder a las presiones sin mucho riesgo. Pocos jueces han sido condenados por prevaricación y no es razonable pensar que los jueces sean de superior constitución moral que los políticos. Un juez que ha sido condenado por dictar resoluciones injustas a cambio de dinero está ejerciendo como juez después de una leve condena. Curiosamente, entre los condenados por prevaricación está el juez Garzón, que en la acción por la que lo condenaron no había prevaricado, pero que fue castigado por meterse en terrenos inconvenientes.

Otro motivo de desconfianza es el sistema de nombramientos de los altos cargos de la judicatura. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombra  a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden, así como a los magistrados, presidentes de sala y presidente del Tribunal Supremo, y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.

Los miembros del CGPJ son elegidos por el Congreso y el Senado, que también eligen a 8 miembros del Tribunal Constitucional. Dos miembros de este tribunal son elegidos por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. Y aunque no es criticable que sean los representantes del pueblo quienes hagan estas elecciones y no los propios jueces, que no tienen legitimidad democrática directa, viene ocurriendo que la mayoría de 3/5 que se exige no ha conducido a que los partidos que pueden componer esa mayoría elijan en atención a valores profesionales, morales y de independencia, sino, por el contrario, a que entren en cambalaches para nombrar cada uno a los que le corresponden eligiendo entre jueces ideológicamente afines y manejables. Precisamente una prueba de que debemos tomarnos a broma la justicia es el desmedido interés que los partidos políticos tienen en colocar a estos o aquellos jueces en el Tribunal Constitucional y en el CGPJ, colocaciones de las que depende el sentido de muchas resoluciones importantes.

El precedente de la condena a Garzón sirve para asustar al juez que quiere ir por un camino que no conviene, pero hay formas también de animarle a ir por caminos que convienen a base de facilitar ascensos y puestos codiciados. Ocultando ser militante del PP, Pérez de los Cobos ha llegado a la presidencia del Tribunal Constitucional. Previamente ha estado incumpliendo la ley, al compatibilizar durante más de quince meses el cargo de magistrado con el de asesor de la Organización Internacional del Trabajador (OIT). Y según informa el semanario El Temps tiene oscuros antecedentes antidemocráticos. Por añadidura es autor de un libro de torpes aforismos que revelan una personalidad poco fiable para la administración serena e imparcial de la justicia, pero seguramente muy del gusto del PP, partido que lo propuso para magistrado del Constitucional.

Para aumentar la desconfianza están luego las leyes procesales, que permiten que abogados expertos desactiven la justicia (alargando el proceso para que el delito prescriba, encontrando motivos formales de nulidad, etc.).

Pero supongamos que salimos de todos estos vicios. ¿Serviría de algo? La judicatura está para hacer cumplir la ley. De manera que si las leyes son injustas, como lo son en el sistema capitalista, los jueces, incluso los más competentes e íntegros, se verán obligados a dictar sentencias injustas. Las leyes vigentes salvaguardan la riqueza del potentado y los resultados económicos del mercado. El juez más honorable se verá obligado a desahuciar a personas a las que primero se animó a suscribir un préstamo hipotecario y luego se privó del trabajo con cuyo salario tendrían que pagarlo, o a condenar por delito al empleado que gana 800 euros y hurta 500 a quien acaba de obtener 100 millones especulando en bolsa.

“¡Populismo y demagogia!”, se apresurarán a gritar los que usan ese grito como argumento. En cinismo no se puede llegar más lejos. Enhorabuena.

He querido decir que los jueces están obligados a defender la propiedad privada de enormes fortunas; que no pueden considerar que esas fortunas son un robo a la sociedad; y que han de considerar que es un delito sustraer de esas grandes fortunas una cantidad que exceda de 400 euros.

De Guindos vale como ministro

De Guindos fue miembro del consejo asesor del banco de inversión Lehman Brothers para actividades en Europa, y director de la filial de ese banco para España y Portugal. Los antecedentes de la quiebra de Lehman Brothers debieran haber bastado para que ninguno de sus consejeros ostentara cargo público alguno, y menos relacionado con la economía. Por ello se criticó en su momento que Rajoy (que sin duda seguía instrucciones de fuera) lo nombrara ministro de Economía y Competitividad.

La troika, por su parte, ha colocado a exdirectivos de la banca de inversión al frente de dos Gobiernos (Luckas Papademos en Grecia y Mario Monti en Italia) y el Consejo de Europa ha colocado al frente del BCE a Mario Draghi, que entre 2002 y 2006 fue vicepresidente para Europa, con cargo operativo, del cuarto banco de inversión del mundo, el Goldman Sachs (precisamente el que aconsejó a Kostas Karamanlis cómo ocultar el verdadero importe del déficit griego).

Al mismo tiempo excomisarios de la Comisión Europea han ido pasando a ocupar altos cargos en la banca de inversión.

Ahora el ministro de Guindos dice (entrevista en El País de 14 de julio pasado) que el Gobierno no tiene la menor connivencia con la banca.

 Ha dicho eso sin sonrojarse y es precisamente esa cualidad la que todo político que aspire al poder tiene que manifestar en grado sumo. Al fin y al cabo ha de ser un servidor y buen practicante de la mentira sistemática. ¿Alguien ha oído alguna vez a un político en el poder hablar, como tal, con sinceridad? De Guindos vale como ministro.

APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA INFAMIA (Siete instantáneas de una realidad familiar)

Los que menos ganan deben renunciar a una parte

Resulta que Japón está haciendo lo que no hace EE UU ni Europa: un programa integral que implica políticas monetarias, fiscales y estructurales, así como regulaciones ambientales, y de salud y seguridad. Dentro de ese programa, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha pedido a las empresas que aumenten los salarios de los trabajadores.

Entre nosotros la historia es diferente. El FMI recomienda al Gobierno español una merma del salario nominal de un diez por ciento  (además de medidas de estímulo fiscal temporales, reducción de la contribución de las empresas en un 1,7 % y un aumento del IVA con dos años de gracia).

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, apoya esta propuesta y ha venido a decir que aquellos actores que la rechacen frontalmente cargarán sobre sus hombros con la enorme responsabilidad de los costes sociales y humanos.

El FMI da por supuesto (en una de esas prospecciones suyas, por lo general erróneas) que las medidas que ha propuesto elevarían el PIB un 5% en tres años, con una subida y posterior reducción del déficit fiscal, un aumento de las exportaciones y disminución de las importaciones, y una bajada del desempleo entre el 6 y el 7% en 2016.

Para los dirigentes del FMI, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo no es suficiente que cuatro de cada diez familias sobrevivan en España con prestaciones y ayudas públicas. Hay que conseguir que el que gane 600 euros se avenga a ganar 540.

No se les ocurre en cambio pedir un aumento de impuestos a los que más tienen. Sabemos que en España los grandes grupos consolidados apenas tributaron en 2011 un 3,5 % por los beneficios. Declararon 85.984 millones de beneficio y pagaron a Hacienda 3.012 millones. Y ello en parte por la reforma que el gobierno de Zapatero introdujo en 2007 bajando el impuesto de sociedades del 35 al 30%, pero sobre todo por las deducciones que convierten el pago final en sólo un 3,5 %. En 2012 la recaudación ha subido al 12 % de los beneficios declarados de las empresas, pero porque el gobierno se ha visto obligado a buscar ingresos desesperadamente. En cuando la situación mejore, los empresarios volverán a exigir un mejor trato. La tendencia está clara. Antes que aumentar los impuestos a los que más tienen, nuestros dirigentes prefieren recortar prestaciones sociales y obtener ingresos con subidas del IRPF que pagan las clases medias, y del IVA, impuesto indirecto que paga igual el pobre que el rico. El pobre que tiene que comprar pañales para sus hijos contribuye a los ingresos públicos pagando un 21 % de IVA.

Todo el mundo sabe que con los ingresos que el Estado obtendría si los impuestos gravaran a la población equitativamente podría acometer políticas de reactivación de la economía y de creación de empleo público en sectores de interés social y sin “recortar” los derechos fundamentales de nadie. ¿Y…?

La estabilidad en el empleo es un privilegio a eliminar

En un balance lleno de eufemismos que hace el ministro de Guindos, la reforma laboral ya realizada es estupenda, porque permite crear empleo con un crecimiento menor y mejorar la competitividad gracias a la moderación salarial y a la flexibilidad.

Pero a Juan Rosell, presidente de la patronal, no le parece esto suficiente y propone eliminar los “privilegios” de los trabajadores con contrato por tiempo indefinido.

Los derechos elementales que los trabajores consiguieron en otro tiempo, y de los que ya ha sido desposeída la mayoría de ellos so pretexto de que vivimos en un mundo “absolutamente flexible”, son en opinión del señor Rosell un privilegio del que siguen disfrutando los trabajadores estables que quedan. En nombre de la equidad hay que igualar por abajo, hasta conseguir que todos los trabajadores pierdan “privilegios” como el de la estabilidad laboral.

El obrero puede ser despedido cuando interese al patrono (la llamada flexibilidad consiste básicamente en esto), y esa amenaza le hace obediente a las órdenes del jefe y temeroso de reclamar cualquier derecho. La opción que se está generalizando es esta: o parado, o esclavo laboral mal pagado.

Observemos la complacencia con que nuestros gobernantes (todos ellos económicamente boyantes y beneficiarios de muchos verdaderos privilegios) se felicitan por el descenso de parados.

No se les ocurre que la forma correcta de aumentar el empleo y la productividad consiste en un mayor gasto público en educación e investigación, y en una adecuada implicación de los empleados en el funcionamiento y los beneficios de la empresa.

Los inconvenientes de la transparencia

Seguimos sin conocer el patrimonio de la familia real. En la herencia de don Juan había, según el diario Pueblo, 1100 millones de pesetas, de los que 728 estaban en bancos suizos, correspondiendo al rey 375 de ellos. ¿Pagó el rey los correspondientes impuestos? ¿Cuánto tiempo estuvo ese dinero en bancos suizos? ¿Adónde fue luego?

Un portavoz de la casa real ha dicho que no han encontrado pruebas documentales de que se cumplieran las obligaciones tributarias derivadas, pero que tienen “la convicción” de que así se hizo. ¿Y por qué no solicita la casa real a Hacienda esas pruebas documentales y las hace públicas? Y aún más allá, ¿por qué no ofrece a la sociedad una relación de los bienes de su patrimonio y de sus declaracioes a Hacienda?

El Congreso ha vetado todas las preguntas de IU y UPyD sobre la herencia del Rey. Los principales partidos políticos, tan opacos hasta ahora y tan corruptos, se ven obligados a hacer propósitos de transparencia, pero con límites, y por nada del mundo extenderían la transparencia al pasado. Jesús Posada, presidente del Congreso, ha dicho que antes de meter a la familia real en la ley de transparencia hay que sopesar las ventajas y los inconvenientes. Pero ¿dónde están los inconvenientes sopesables de la transparencia, es decir, de que la sociedad sepa cuál es el patrimonio del rey, dónde y cómo lo ha adquirido y en qué lo emplea?

Así que a los ciudadanos que contemplamos las acciones y omisiones de nuestros políticos no nos queda sino sospechar que si se insistiera en exigir transparencia a la casa real, respecto al presente y al pasado, lo que llegara a saberse provocaría una crisis política definitiva en el Estado Español.

Dos casos de discriminación internacional

Aún admitiendo que el integrismo religioso musulmán es censurable (tanto como el judío o el cristiano), hay que reconocer que los Hermanos Musulmanes ganaron en Egipto las elecciones limpiamente. Aceptemos que quisieran imponer a toda la sociedad su ideología religiosa. Es algo criticable, pero no más que lo que hacen los partidos de la derecha que ganan elecciones entre nosotros y que imponen a toda la sociedad su ideología neoliberal. ¿Acaso no supera esta ideología a las demás en efectos criminales?

El ejército egipcio ha dado un golpe de estado que no ha sido condenado por EE. UU. y ha dejado las cosas donde interesa a la política estadounidense. Ya se sabe que hay dictaduras buenas y malas, golpes de estado buenos y malos, victorias electorales buenas y malas.

La injusticia desata una violencia a veces incontenible. La ira de los Hermanos Musulmanes era de esperar. La réplica ha sido brutal. Quienes los han desposeído violentamente del poder que ganaron en las urnas los acusan de actuar violentamente. Presentarlos como terroristas justifica cualquier medida que se tome contra ellos. Y claro está: muchos de ellos terminarán siendo terroristas.

Segundo caso de discriminación:

¿Por qué se niega a Irán el derecho a enriquecer uranio?

El Tratado de No Proliferación (TNP) concede el derecho a tener armamento nuclear a sólo cinco países, EE. UU., Francia, Reino Unido, China y Rusia (como heredera de la URSS). ¿Y por qué? Porque son los únicos países que habían detonado un ensayo nuclear hasta 1967. Como se ve, una razón nada convincente.

India, Paquistán e Israel, que no son signatarios del TNP, disponen de armas nucleares, y también Corea del Norte, que suscribió el Tratado y que se  ha separado de él.

El TNP  reconoce en su artículo V el derecho inalienable de todos los Estados a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos, que es lo que dice Irán que está haciendo. Pero se da por supuesto que Irán enriquece uranio para fabricar bombas nucleares.

Por razones geopolíticas (Israel se siente amenazado) se aplican a Irán sanciones que no se aplican a otros países que tienen armamento nuclear, y se le amenaza con la intervención militar. Mientras India, Pakistán e Israel mantienen una estrecha colaboración nuclear con EE. UU. y otros países occidentales, se han impuesto sanciones a entidades iraníes, como el banco central, y se ha embargado el petróleo iraní por parte de EE. UU. y la Comunidad Europea. Incluso a Corea del Norte se le han impuesto sanciones menores. En cualquier caso: ¿por qué Israel tiene derecho a un arsenal atómico e Irán no?

Dejando aparte esta discriminacion, el TNP sólo tendría sentido si estableciera la pohibición general de disponer de armas nucleares, pero de forma que los que actualmente las tienen se comprometieran a eliminarlas en un plazo tan breve como la tecnología permita. Sólo entonces se podría condenar con justicia al país que intente fabricarlas.

El artículo VI y el preámbulo del TNP indican que los Estados Nuclearmente Armados (los cinco antes indicados) se comprometen de buena fe a la reducción y liquidación de sus arsenales nucleares. Pero desde 1968, fecha en la que se abrió a la firma el Tratado, han pasado 45 años y ahí siguen esos cinco países conservando sus arsenales. Es cierto que los han reducido, pero sus dimensiones actuales son suficientes para liquidar la vida terrestre muchas veces, y dan a esos países una ventaja injustificable sobre los demás.

No hará falta decir que cuando la Asamblea General de la ONU ha pedido a Israel que firme el Tratado (es el único Estado de Oriente Medio que no lo ha hecho y la firma le obligaría a prescindir de sus 200 o 300 cabezas nucleares), EE UU ha votado contra tal resolución.

Normas de interpretación

Cuando habla un político, la norma de interpretación más útil es sencilla: si dice que algo es blanco debemos interpretar que es negro. Siguiendo esta norma podemos equivocarnos alguna vez, pero acertaremos de ordinario.

Si nos dicen que Siria ha pasado la línea roja, vale la pena creer que no la ha pasado. Y además, ¿por qué la línea roja está precisamente ahí, en el uso de armas químicas? Los muertos son muertos, tanto si lo fueron a machetazos, mediante lanzamiento de bombas convencionales o por armas químicas.

Irak no tenía armas de destrucción masiva, pero nos decían que sí para justificar una guerra que ya vemos para qué ha servido.

Si nos dicen que tienen que actuar contra Siria por razones morales, es claro que lo hacen por razones inmorales. No tienen derecho a hablar de moral los dirigentes de un país que ha lanzado dos bombas atómicas sobre poblaciones civiles, que, so pretexto de que  el  “Mundo Libre” estaba luchando contra el comunismo, cometió en Vietnam matanzas de civiles y usó armas incendiarias y químicas en aquella guerra que ocasionó entre 3,8 y 5,7 millones de muertos vietnamitas, la mayoría civiles; que ha utilizado en Irak napalm y fósforo blanco, que ha dado a El Salvador armas químicas para que se emplearan contra la guerrilla, que ha respaldado el uso de armas químicas por Israel contra los palestinos de Gaza, y que ha amparado a las dictaduras más sangrientas si ello le reportaba beneficios.

¡Que los que han hecho todo esto vengan ahora a hablarnos de líneas rojas infranqueables!

Por supuesto, no estoy justificando lo que quiera que haya ocurrido en Siria, que no sé qué ha sido. Si se demuestra que se han empleado armas químicas, a saber dónde está el responsable, aquí o allí. Sólo digo que me niego a creer lo que me cuentan los portavoces oficiales de Occidente.

Cada cosa que hacen tiene su motivación secreta, que no suele coincidir con el pretexto que alegan. Y siendo esto así ¿de qué tontería estamos hablando cuando hablamos de democracia? No cabe hablar de democracia cuando los pueblos son  permanentemente engañados por sus gobernantes y no disponen de medios para desenmascarar a sus engañadores.

El problema no está en los grandes sueldos

David Roth propone en Suiza la fórmula 1:12, que significa que ningún empleado de una empresa gane en un mes más que cualquier otro empleado en un año. Ahora la relación llega a superar el 1:100. Directivos de grandes corporaciones reciben sueldos record. Según informe de la firma Equilar para el New York Times, la remuneración media de esos directivos rondó el año pasado los 10,7 millones de euros. En la cúspide se encuentra el patrón de Oracle, Larry Ellison, con 73,9 millones de euros de salario.

Pero la reducción de sueldos no aborda el asunto básico, que es poner un límite a la riqueza privada, no importa por qué medio se haya obtenido. Si se reduce el sueldo nominal de los altos directivos, ellos se encogerán de hombros: cobrarán en negro o por otros procedimientos. Pero es que además la riqueza personal de los ricos no proviene de sueldos y otros emolumentos oficiales. Por ejemplo, el citado Ellison tiene una fortuna personal, según Forbes, de 33.080 millones de euros. Está claro que no puede haberla obtenido ahorrando año tras año parte de su sueldo. Y esa fortuna, y no su sueldo, es la que le otorga un poder subterráneo.

Recordemos: los grandes bancos de inversión no sólo nos han llevado a la crisis actual, sino que luego han seguido haciendo de las suyas (algunos con mayoría de capital público por ayudas estatales para salvarse de la crisis). En los últimos años se ha ido comprobando que han conspirado para alterar el libor en su beneficio, han estafado capitales, han vulnerado la ley antimonopolios de la UE, han ignorado las leyes antiblanqueo, han facilitado la evasión fiscal, han cometido abusos en seguros. Claro está que todo esto no es más que la parte que ha podido ser probada (y por la que, en el peor de los casos, pagan multas muy inferiores a los beneficios que obtienen).

Todavía están esperando en EE UU que la fiscalía formalice alguna acusación en procesos penales contra altos ejecutivos de las entidades financieras por su responsabilidad en la crisis (pese a que, por el retraso, varios de los delitos investigados pueden haber prescrito o estar a punto de hacerlo). Pero al menos allí los bancos se avienen a pagar multas e indemnizaciones. En España ni eso.

Si los bancos son empresas sistémicas a las que hay que salvar con dinero público para que no caiga con ellos la economía entera, ¿cómo es que no pasan a ser de dominio público bajo control social? 61.300 millones de euros nos ha costado hasta ahora a los españoles la crisis bancaria, de los que el FROP da por perdidos cerca de 37.000. Y aún se preven mayores pérdidas. Pero el dinero no se pierde, solamente cambia de manos.

Se valen de que no hay un clamor mundial que exija una limitación razonable a la riqueza privada, y que exija además la propiedad pública y el control social de bancos, bolsas y demás antros donde se practica la especulación irresponsable y el crimen económico con la sola motivación de la codicia.

¿Qué sería una limitación razonable de la riqueza privada? La que consiga una distribución de la riqueza social que no deje a nadie sin todo lo necesario y que no dé a nadie tánto que pueda concurrir a la vida pública con capacidad para controlar la actividad política. Que es lo que en nuestro mundo ocurre hoy.

 ¿Queda algo de costa española que destruir en aras del negocio?

El Gobierno del Partido Popular a lo suyo: ha rebajado la zona de protección de la costa de 200 a 20 metros.

jmchamorro@jmchamorro.info