Archivo por meses: febrero 2014

CINCO REFLEXIONES EN TORNO A LA RIQUEZA PRIVADA

I

DATOS

Según el informe de Oxfam Intermón publicado el 20 de enero, 210 personas se incorporaron durante el pasado año  al club de los que superan los mil millones de fortuna. Este grupo está formado por 1.426 personas en el mundo, cuya riqueza conjunta asciende a 5,4 billones de dólares.

Las 85 personas más ricas del mundo suman tanto dinero como los 3.570 millones de pobres del mundo. El 10% de la población mundial posee el 86% de los recursos del planeta, mientras que el 70% más pobre (más de 3.000 millones de adultos) sólo cuenta con el 3%. La fortuna conjunta de las 10 personas más ricas de Europa supera el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la Unión Europea entre 2008 y 2010 (217.000 millones de euros frente a 200.000 millones de euros). En Estados Unidos el 10% de los más ricos concentran el 54,4 % de la renta del país (más de la mitad, el porcentaje más elevado desde la Primera Guerra Mundial). El mexicano Carlos Slim, considerado el más rico del mundo, podría pagar los salarios anuales de 440.000 mexicanos con los ingresos que genera su riqueza.

Se puede decir que la riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. Pero según el premio nobel de economía Paul Krugman el “1%” abarca a demasiada gente: la mayoría de los beneficios del 1% superior van a parar de hecho a una élite aún más reducida, el 0,1% en lo más alto. Para mayor escándalo: una gran parte de la riqueza de los ricos (se calcula que 18,5 billones de dólares) está no registrada y en paraísos fiscales.

La crisis, que ha perjudicado a tantos millones de personas, ha favorecido a los ricos. Siete de cada diez personas en todo el mundo viven en países donde la desigualdad se ha incrementado. Las 300 personas más ricas del mundo añadieron durante 2013 un total de 524.000 millones de dólares a sus fortunas. Prácticamente en todos los países (excepto Colombia y los Países Bajos) el porcentaje del total de ingresos que está en manos del percentil más rico ha aumentado. En Estados Unidos el 1% más rico ha acaparado el 95% del crecimiento económico entre 2009 y 2011, mientras que el 90% con menos recursos se ha empobrecido en este período. E incluso en países más igualitarios como Suecia y Noruega, la participación en la renta del 1% más rico de la población se ha incrementado en más del 50%.

Recordemos que hay una relación causal entre riqueza y pobreza: si una minoría se lleva una parte desproporcionadamente grande de la tarta, para la mayoría sólo queda una parte desproporcionadamente pequeña (y eso es lo que revelan los datos citados).

A cualquier persona razonable le sorprenderá que a estas alturas se atreva alguien a defender esta distribución de la riqueza. Pero los defensores existen.

II

¿ODIAMOS A LOS RICOS?

Voy a fijarme en un argumento indirecto (defender deslegitimando a quienes atacan) expuesto por Jesús Andreu en El País de 23 de noviembre pasado bajo el título ¿Por qué odiamos a los ricos?

“Aunque resulte chocante decirlo en tiempos de crisis –comienza diciendo-, en las sociedades libres la riqueza se ha democratizado y el número de grandes fortunas, antaño reservadas a unos pocos, es cada vez mayor; lejos quedan los tiempos en que figuras como la de Howard Hughes se contaban con los dedos de una mano. Además, pese a que a menudo no sea suficiente con el tesón, en la actualidad el origen social no resulta tan determinante para, como dicen los anglosajones, “hacer dinero”. Menos aún en un mundo en constante mutación en el que hay que actualizarse continuamente en cualquier ámbito: innovar o morir.”

¿Verdad que resulta impresionante leer esto cuando se conocen datos como los publicados por Oxfam Intermón? Seguramente el señor Andreu considera que el aumento de milmillonarios (¡1426 personas en el mundo!) es una democratización de la riqueza.

“Pero no por ello –sigue diciendo- ha desaparecido la animadversión que despiertan los ricos y que ha repuntado en un ambiente de recesión. Para explicar este sentimiento hay quien apunta al recurso fácil de la envidia como gran vicio nacional, como una pulsión inherente al ser humano y casi un aliento vital en el “ser humano español”. Sin embargo, me parece mucho más racional utilizar un enfoque histórico-cultural y acudir a factores ideológicos y religiosos para entender el fenómeno.”

Nos anuncia el señor Andreu que, para rastrear las posibles causas del odio a quienes labran su fortuna con esfuerzo, va a hacer un análisis histórico desde el antiguo Régimen a la Modernidad. Lo hace rapidito, en pocas líneas, y lo que saca en limpio es que en países de tradición católica, como el nuestro, pesa aún la moral que se desprende de la doctrina de que “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el Reino de los Cielos”.

Apela luego a una investigación de la Fundación BBVA, según la cual el 78% de los españoles piensan que el Estado debe controlar los beneficios bancarios y el 65% creen que ha de mantener los precios bajo control. El hecho de que esos porcentajes sean mayores que en el resto de Europa le da pie para denunciar la pervivencia en España de un fuerte “estatismo” a derecha e izquierda del espectro ideológico y una especie de miedo a la libertad.

Conclusión: en España se odia al rico a causa de la moral católica, la pervivencia del estatismo y el miedo a la libertad.

Este artículo sorprende no sólo por su desinhibición, sino porque la Fundación Carolina, de la que el señor Andreu es director, es una institución mixta público-privada española que se dice creada para promover las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y otros países. En contradicción con estos propósitos el señor Andreu sustituye el análisis científico por lugares comunes, y lo hace para llegar a una conclusión antisocial y por tanto antieducativa. ¡Madre mía, en qué manos está todo!

III

MÁS ARGUMENTOS CONSERVADORES

Hay otra forma indirecta de defender el actual reparto de la riqueza, que consiste en acusar de demagogia y populismo a quien lo critica (fingiendo al mismo tiempo escándalo, como si se estuviera oyendo algo insoportable). Pero hay también formas más directas:

Una de las más empleadas consiste en aquello de que la riqueza motiva a los más emprendedores y ello hace que la economía sea más eficaz y que termine así beneficiando a todos. Pero, como el sentido común indica y los hechos corroboran una y otra vez, no es cierto que una distribución injusta redunde en beneficio colectivo, y sí es en cambio cierto (está cada vez más claro, no podía ser de otra forma) que redunda en perjuicio de la mayoría. Además ¿por qué se supone que el sistema sería menos eficaz si hubiera un reparto más equitativo? Por todo lo que sabemos se puede afirmar justamente lo contrario: con un reparto más equitativo no sólo aumentaría el beneficio de la mayoría sino también su motivación y por tanto la eficacia económica. Algunos niegan esto apelando, como prueba definitiva, a lo que ocurrió en la URSS. Al parecer imaginan que un reparto más equitativo obligaría a repetir lo que allí se hizo. Pobreza de imaginación.

Otro argumento (este muy ramplón) dice que el que obtiene riquezas es por su mérito y que el pobre lo es por su culpa. Aceptemos el mérito de quien hereda una inmensa fortuna, o del que obtiene ganancias excepcionales especulando en bolsa, y reconozcamos la mucha culpa de quien busca trabajo y no lo encuentra. Pero esto aparte ¿dónde colocar la relación entre mérito y premio económico? Si nos encontramos con una profesora de música, un investigador o una médica de familia que son profesionales ejemplares y de gran mérito, ¿qué parte de la riqueza social les damos? Supongamos que alguien tiene mucho mérito vendiendo por todo el mundo la mercancía superflua que produce. ¿Le da ello derecho a obtener miles de millones de euros mientras la profesora de música, el investigador o la médica de familia reciben lo que vienen recibiendo?

¡Claro que sí!, dirán los que apelan a otro argumento torpe, pero defendido al más alto nivel académico por el ético recientemente fallecido Robert Nozick y sus seguidores: cada cual es dueño de lo que ha ganado honradamente, es decir, sin infringir las leyes. Y las leyes, para que sean justas, para que no sean expropiatorias, tienen que respetar el resultado del mercado. Es propio de cada sujeto económico lo que el mercado le otorga, y tratar de disminuirlo mediante impuestos es un robo. En el mercado vendedores y compradores ejercen su voluntad libre. Si yo, vendiendo lo que produzco, o comprando y vendiendo en bolsa, obtengo 50.000 millones de euros, son míos y nadie tiene derecho a tocarlos. A esto se añade que cada cual puede hacer con lo suyo lo que quiera. De manera que los grandes emolumentos del sector privado son un asunto en el que no debe meter las narices el Estado, pues sólo compete a los propietarios de las empresas, o sea, a los accionistas.

Este argumento presupone que el mercado es un decisor divino cuyos efectos deben respetarse así sean irracionales e injustos. Pero lo cierto es que el mercado es un simple mecanismo regulador de las actividades económicas, y no el único posible. Si la sociedad, a través de sus leyes, opta por este mecanismo, ha de tener en cuenta sus disfunciones y corregirlas. Son las leyes reguladoras de la propiedad las que deciden cuánto de la riqueza social pasa a unos y otros, cuánto queda en manos privadas y cuánto pasa a manos públicas. Hay leyes razonables y leyes injustas, y son injustas aquellas de las que se sigue un reparto injusto de la riqueza social (por ejemplo, las leyes que ahora nos rigen, las que dan lugar a un reparto como el que reflejan los datos citados al principio). Es cierto que, lamentablemente, los altos emolumentos del sector privado son un tema que sólo compete a los propietarios de las empresas, pero sólo porque nuestras leyes injustas así lo deciden.

Que se argumente con tanta debilidad a favor de una riqueza privada sin límites revela que no hay argumentos mejores, y también hasta qué punto la población está mentalmente inerme, pero lo peor es que si se cambiaran argumentos por silencio no pasaría nada. Da la impresión de que un reparto de la riqueza tan brutalmente injusto no necesita razonamientos que lo justifiquen. La gente acepta como algo muy natural que haya personas riquísimas y al lado pobres de solemnidad. “Es lo que hubo siempre”, parecen pensar, como si se tratara de una ley de la Naturaleza. No es cierto que odiemos a los ricos. La inmensa mayoría los admira y envidia y sueña con llegar a la riqueza. Basta examinar la publicidad de la ONCE, La Primitiva y otras loterías, o lo enternecedoras que resultan esas películas en que chico riquísimo acaba casado con chica afortunadísima.

IV

PROPUESTAS INGENUAS

A raíz del escándalo por el pago de bonus millonarios a directivos del banco UBS, que había sido rescatado por el Estado suizo en 2009, el dirigente de las Juventudes del Partido Socialista David Roth impulsó el pasado año la propuesta denominada 1:12, que pretendía que ningún directivo pueda ganar en un mes más de lo que gana en un año el más modesto de sus empleados (los consejeros delegados de algunas multinacionales y entidades financieras cobran más de 200 veces el salario del trabajador peor pagado según datos recopilados por la organización sindical Travail Suisse). Esta propuesta 1:12 fue apoyada por el Partido Socialista y el Partido Verde, a los que se sumaron algunas formaciones minoritarias de izquierda.

Oxfam Intermón ha aprovechado por su parte el Foro Económico Mundial de Davos para (además de denunciar el secuestro de la democracia en beneficio de las élites económicas) exigir a los asistentes que no utilicen los paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos ni en sus propios países ni en otros países en los que invierten y operan; que no utilicen su riqueza para obtener favores políticos que supongan un menoscabo de la voluntad política de sus conciudadanos; que hagan públicas todas las inversiones en empresas y fondos de las que sean titulares efectivos y finales; que respalden una fiscalidad progresiva; que exijan que los gobiernos utilicen su recaudación fiscal para proporcionar a los ciudadanos asistencia sanitaria, educación, protección social universales, así como que aseguren la cooperación y la solidaridad con los más pobres; que todas las empresas que poseen o controlan ofrezcan un salario digno a sus trabajadores; y que los países legislen en esta dirección, fortaleciendo umbrales salariales y derechos laborales; y que exijan a otras élites económicas que también se adhieran a estos compromisos.

Unificación Comunista de España ha hecho una propuesta sobre ingresos referida no a las empresas, sino a toda la sociedad: Nadie con un sueldo inferior a 1.000 euros al mes y nadie con un sueldo por encima de 10.000. Ha añadido a esto medidas contra los recortes y además aumentar los impuestos sobre beneficios de bancos, monopolios y multinacionales; recuperar el impuesto sobre patrimonio y sucesiones; atajar el fraude fiscal de monopolios y multinacionales; e implantar una reforma fiscal progresiva: quien más tiene, que pague más.

Nótese que las propuestas 1:12 y 1:10, aunque aparentemente loables dado el escándalo de los grandes sueldos en los tiempos que corren, son en realidad inocuas, porque aunque esos sueldos se limitaran, quienes acumulan capital no dependen de ellos. Y además quienes los cobran seguirán cobrándolos aunque se limiten por ley. La parte eliminada se añadirá a las generosas gratificaciones en sobres de dinero negro.

Nótese también que las restantes propuestas van en la dirección de eliminar los excesos más desvergonzados del neocapitalismo. Si todas ellas se cumplieran no por ello se habría acabado con la injusticia del capitalismo ni se habría hecho posible el funcionamiento democrático. Seguiría habiendo un cenáculo de poderosos controladores de la riqueza mundial y por tanto de las actividades ideológicas, legislativas y políticas.

V

LA LIMITACIÓN DE LA RIQUEZA PRIVADA, DERECHO HUMANO BÁSICO

Nunca se insistirá bastante en que es andarse por las ramas no afirmar, una y otra vez, la verdad más elemental de todas, justo aquella que no se menciona y de la que dependen las medias verdades y las medias mentiras con las que se trapichea a diario. Esa verdad es que no podremos llegar a una sociedad sana y democrática si no conseguimos:

1)   Que se ponga un límite razonable a la riqueza privada (ingresos y patrimonio), y un límite equivalente a la pobreza.

2)  Que queden prohibidas las operaciones financieras especulativas y que sean de propiedad pública las empresas llamadas sistémicas (esas, como la gran banca, que se quedan con sus enormes  beneficios cuando los tienen, y cuando entran en quiebra deben ser salvadas con dinero público, porque su caída arrastaría al sistema económico entero).

3)   Que una buena parte de los enormes recursos liberados se dedique a una educación pública, igual para todos, gratuita y obligatoria de los 0 a los 16 años como mínimo, dedicando a la infantil (de 0 a seis años) la mayor atención, única forma de que nos aproximemos a hacer real la igualdad de oportunidades.

4)  Que los medios de comunicación sean de propiedad pública y estén bajo control social. 

Dónde colocar los límites a riqueza y pobreza es discutible, pero para conectar inicialmente con la sensibilidad social se podría establecer, por ejemplo, que nadie ingrese más de 30.000 euros mensuales por todos los conceptos, ni tenga un patrimonio cuyo valor supere los 5 millones de euros. Y que, en correspondencia con ello, ningún trabajador gane menos de 3.000 euros mensuales. Todo lo cual es perfectamente hacedero desde el punto de vista económico si se impone a nivel mundial, que es lo que hay que exigir una y otra vez.

Cierto que el establecimiento de los límites propuestos no eliminaría las desigualdades económicas, pero al menos las disminuiría grandemente (y ello sin que perdieran motivación quienes se mueven sólo por interés económico). Pero sobre todo: la vida pública quedaría libre del poder no democrático que ahora la atenaza y que es incompatible con la democracia. Parte de ese poder es secreto, otra parte ni siquiera se oculta. En Estados Unidos es típica la actividad de los lobbies y en Europa podemos hablar de las intromisiones de la troika en los países en que ha intervenido. Si todo esto se hace a la luz del día, imaginemos qué ocurre en la sombra cuando andan en manos privadas centenares de miles de millones, con los cuales, entre otras cosas, se chantajea a Estados, se controlan mercados, se corrompe a jueces, políticos y legisladores y se financian los medios de comunicación privados.

VI

¿UTOPÍA?

No estoy suponiendo que esta propuesta se pueda realizar ya, más bien creo que, si se intentara, se enfrentaría a una oposición por ahora insalvable. Ni siquiera propuestas más inocuas pueden verse libres de una oposición muy efectiva. Hemos visto que tanto el Ejecutivo suizo (el Consejo Federal) como la patronal y los partidos de centro y derecha pidieron a los ciudadanos que rechazaran la iniciativa 1:12 y que, como anticipaban los sondeos, en el referéndum celebrado el 24 de noviembre pasado sólo el 35% de los votantes suizos estuvo a favor, votando en contra el 65%. Sin duda ha influido en el rechazo que los datos globales de empleo y economía son en Suiza mejores que los de otros países europeos, pero también que algunas grandes empresas habían amenazado con irse del país si la consulta salía adelante. Lo cierto es que la población suiza ha votado mayoritariamente a favor de la actual desigualdad de los sueldos.

Por su parte ni Oxfam Intermón ni Unificación Comunista deben esperar que sus peticiones sean atendidas. Para animarse, Oxfam dice que la “peligrosa tendencia” actual es reversible y que existen ejemplos de ello. Fue el caso de Estados Unidos o Europa tras la II Guerra Mundial, cuando el crecimiento económico se compatibilizó con la reducción de la desigualdad, o el caso de América Latina, donde la brecha ha disminuido significativamente durante la última década gracias a una fiscalidad más progresiva, los servicios públicos, la protección oficial y el empleo digno. Pero un caso se explica porque enfrente estaba la URSS, que ya no está, y el otro porque las diferencias sociales eran en América Latina tan grandes que amenazaban con volverse contra los explotadores. Ahora también puede ocurrir que los poderosos lleguen a la conclusión de que el aumento de desigualdad es peligroso para sus intereses y entonces  tratarán de reducirla a los niveles que tenía antes de la crisis.

Así que, si no pueden salir adelante propuestas inofensivas, hay buenas razones para pensar que propuestas más radicales son utópicas, y ya sabemos que para mucha gente “utópico” es equivalente de “inútil”.

Sin embargo el fracaso cantado no nos debe llevar a creer que la publicación de los datos, la denuncia de la injusticia y la exigencia de reformas verdaderamente sustantivas son una tarea inútil. Se me ocurren estas reflexiones:

Si nos enfrentamos a los problemas del presente, ¿qué razón podemos alegar para callar u ocultar dónde está su causa, o para fingir que está donde no está? Muchos problemas acuciantes (en educación, en economía, en funcionamiento democrático, en cultura) vienen debatiéndose con toda clase de pormenores y a veces con aparente sabiduría, pero siempre sin aludir a la causa última, que no es otra que un orden social que no pone límites sensatos a la riqueza privada. ¿Quién puede decir que no tiene sentido aludir públicamente una y otra vez a esa causa última?

Por otra parte, si los poderosos van a resistir con todas sus fuerzas tanto ante las propuestas débiles de cambio como ante las fuertes, ¿por qué no optar por estas si son las únicas que producirían verdaderos efectos transformadores y por tanto las únicas sensatas? Tema nuestro es exigir lo justo y razonable, oponerse a ello es tema de los otros.

Pero sobre todo: aun cuando nuestra exigencia no sea atendida, su defensa y exposición adecuada puede hacer efectos en la población, al punto que vaya siendo más y más difícil la injusticia extrema en el reparto de la riqueza social. Precisamente la tarea de la izquierda anticapitalista debería consistir en lograr que más y más personas vayan accediendo a un conocimiento que les haga rebeldes a la injusticia. Lástima que por no tener esta tarea entre sus prioridades carezca esa izquierda de medios de comunicación prestigiosos, desde los que difundir conocimiento y oponerse eficazmente a la ideología procapitalista. Por esa desidia el monopolio de la comunicación está en manos de los medios conservadores, dedicados todos ellos a escamotear la cuestión básica, de la que dependen las restantes.

Lo cierto es que a la izquierda anticapitalista con presencia institucional no se la oye, ni siquiera en los momentos que le son más favorables, cuando los hechos vienen a confirmar su teoría de manera muy fuerte. Está callada y metida en su agujero, midiéndolo todo por su calculado éxito o fracaso electoral. Y por lo visto cree que denunciar el capitalismo (y no sólo sus más llamativos excesos) es electoralmente perjudicial. O tal vez no confía en su teoría, salvo para consumo interno. Sin embargo la denuncia del capitalismo, debidamente actualizada, no sólo sigue tan vigente como en tiempos de Marx, sino que es el único discurso políticamente razonable.

A los dirigentes de Izquierda Unida hay que decirles: allá ustedes. Los vientos electorales les son favorables y puede que consigan algunos nuevos cargos para hacer con ellos lo mismo que vienen haciendo con los que ahora tienen. ¿Habrá que darles la enhorabuena?

jmchamorro@jmchamorro.info

LA INFANTA, EL REY Y LA HIPOCRESÍA OFICIAL

La pobre mujer no sabía de dónde le venía el dinero, y debe ser inocente, porque a su favor se han movilizado el fiscal y unos técnicos de Hacienda que oportunamente fueron puestos ahí para que hicieran un informe contrario al que hicieron los técnicos que estaban ahí antes. En fin.

Pero no me quiero referir a este asunto judicial, del que poco queda por decir tras las infinitas noticias, comentarios, suposiciones, pronósticos, evaluaciones y otras figuras que los medios de comunicación han producido acerca del paseíllo de la infanta hacia el juzgado, si a pie o en coche, si pasando por el arco detector o eludiéndolo, con qué ropa, con qué saludos, con qué desmemoria, con qué tipo de sonrisa, si estudiada, si hay derecho a decir que estudiada, etc. Entretanto la realidad social ha seguido y sigue el camino trazado, amén.

Quiero decir que los medios de comunicación y los políticos han coincidido, como puestos de acuerdo, en comentar el caso omitiendo lo principal: su propio medio ambiente. El señor Urdangarín no hacía sus negocios por ser exjugador de balonmano, sino por ser yerno del rey.

Circulan por la Red noticias alarmantes acerca del comportamiento del rey durante el golpe de Estado de Tejero, noticias escandalosas acerca de su coducta con la reina, sobre sus amistades peligrosas y sus negocios y su fortuna. Recordemos que los amigos del rey no suelen ser intelectuales, ni hombres de ciencia, ni profesionales de clase media, ni mera buena gente sencilla, sino grandes ricachones y negociantes, y que algunos de ellos han terminado en la cárcel, como Javier de la Rosa, Mario Conde o José María Ruiz Mateos. También terminó en la cárcel Manuel Prado y Colón de Carvajal, que era quien se encargaba de los negocios privados del rey y al que por ello se apodaba Jefe de la Casa bis. Desde que cayó Prado, nadie sabe quién se encarga de la Casa bis ni cómo opera.

Mediante un pacto con los medios de comunicación se ha tratado de que todo esto no llegue a la población española, apelando a razones de Estado. El ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo, ha recordado que “la Corona es, en un momento de tensiones territoriales, el único clavo que sostiene las varillas del abanico”.

Esta ha sido la razón de que se haya intentado fabricar una imagen pública del rey (campechano, bonachón, héroe salvador de la democracia, familiar, excelente representante exterior de los intereses de España y de sus empresas) que poco tiene que ver con la realidad. Ya sabemos que cuando hay razones de Estado (y los dirigentes políticos interpretan esas razones a la carta) todo está permitido, incluso lo nefando, y por tanto es obligatoria la mentira y la hipocresía. De ahí que, habiendo razones de Estado por doquier, estemos sumidos en la Gran Mentira y la Gran Hipocresía, y que, por razones de Estado, se llame democracia a esas dos grandezas, que son las que encubren el reguero de arbitrariedades necesarias.

             Contradiciendo la imagen inventada, ya dio muestras el rey de su carácter irascible y altanero cuando mandó callar a Chávez, por más que aquel gesto cayera bien a cierta gente y se le elogiara por la derecha fachosa. Pero han venido luego los escándalos de la cacería de elefantes, y de las amantes, y de las relaciones inexistentes con la reina y, como colofón apropiado, el asunto infanta-Urdangarín. No creo que ahora ya, destrozada la imagen que se inventó, sea el rey el único clavo que sostiene las varillas del abanico, porque entonces mejor cambiar de abanico. ¿Renunciará alguien a la separación de España sólo para seguir teniendo a este señor como jefe del Estado, o más bien perderlo de vista será un nuevo acicate para el separatismo?

Si las informaciones que circulan fueran ciertas ocurriría que la corrupción que en España se ha extendido como una metástasis está instalada en lo más alto de las instituciones. De manera que lo que deberíamos saber, para despejar toda duda, es qué hay de cierto y qué de falso en esas informaciones. ¿Es cierto que el patrimonio del rey llega a 1.800 millones de euros, como han afirmado Forbes y  la desaparecida Eurobusiness? ¿Es cierto que el Rey ha comprado en los últimos años, en España y fuera de nuestro país, inmuebles y valiosas obras de arte, además de haber invertido en bolsa importantes cantidades, y que tanto esas propiedades inmobiliarias como las cotizadas pinturas e inversiones financieras no figuran a su nombre? ¿Es cierto que ha recibido grandes cantidades de sus amigos ricachones españoles y extranjeros, y a cambio de qué?

The New York Times afirma que sigue siendo un secreto cómo don Juan Carlos ha amasado su considerable riqueza personal cuya cuantía es difícil conocer con exactitud porque, a diferencia de ministros, altos cargos y diputados, el jefe del Estado no está obligado a revelar su patrimonio. Dicho periódico ha resaltado que cuando el Rey aparece en listas de los personajes más ricos, siempre alcanza una cifra muy por encima de lo que cabría suponer habida cuenta de que sus bienes a la llegada al trono, tras la muerte del general Francisco Franco, equivalían a “prácticamente nada”, y que el presupuesto anual de la Casa Real (alrededor de 8 millones de euros) no da para ahorrar esa fortuna.

Siendo estos los antecedentes, ¿no es muy torpe que se quiera excluir a la familia real de la ley de transparencia? Da la impresión de que nuestros políticos piensan que si se la incluyera ocurriría una catástrofe (en el abanico). Por ello ya no vale que la Casa del Rey se niegue a desvelar la cuantía de la fortuna del monarca con el argumento de que su patrimonio personal es un asunto privado, porque esa actitud no hace sino confirmar las sospechas. Mientras no haya transparencia no cabe reprochar a nadie, por ejemplo, que sospeche que el rey estaba al tanto de los negocios de su yerno y que los apoyaba, directa o indirectamente, incluso más, que no podía repudiarlos puesto que eran del mismo tipo que los que se dice que ha venido haciendo él.

Por otra parte la negativa de la Casa del Rey entra en contradicción con el compromiso adquirido por don Juan Carlos con todos los ciudadanos en su discurso de nochebuena: “Asumo la obligación de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad”. ¡Qué manera tan sencilla tiene de demostrar que las informaciones sobre su fortuna son falsas, simplemente publicando los datos verdaderos!

Está claro que, si en este país hubiera una decencia mínima, el caso Infanta-Urdangarín debiera ser el caso “familia real” con el rey a la cabeza. Pero como esa decencia no existe, ya podemos predecir el final: Urdangarín cargará con sus culpas y las ajenas, como antes Colón de Carvajal por unas cosas y el general Armada por otras. Y aquí paz y después gloria. Razones de Estado.

Eluden el tema quienes siguen hablando de si la infanta dio 13 ó 14 pasos del coche al juzgado.

RÉPLICA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

I

En un artículo publicado en El País el 16 de enero pasado, Monserrat Gomendio, Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, defiende la nueva ley de educación alegando que, aunque hace 40 años se hizo en España un esfuerzo grande por dotar a toda la población de un nivel de formación mínimo y homogéneo, 20 años después, conseguido ese objetivo, no continuó la mejora. En cambio otros países han continuado su avance dejando a España en una posición relativa cada vez peor. Así lo revelan las pruebas PISA y PIAAC, que evalúan competencias básicas para saber desenvolverse en la vida, para acceder a un trabajo de mínima cualificación y para participar activamente en una sociedad democrática.

Planteada así la cuestión, la señora Gomendio nos advierte que el debate sobre la educación ha estado lastrado entre nosotros por continuas referencias a conceptos ya superados y a supuestos conflictos entre dicotomías inexistentes hoy en día.

Un concepto superado es la apelación a la falta de recursos. Pues ocurre que desde el año 2003 hasta el 2012 ha aumentado en España la inversión en educación un 35%, siendo la inversión por alumno superior a la media de la OCDE, pese a lo cual el rendimiento de los alumnos no ha mejorado. Es más, cuando se compara el rendimiento de los alumnos en países con diferentes niveles de inversión, se pone de manifiesto que una vez superado un umbral que en España se superó hace ya tiempo, no existe relación entre las dos variables: recursos y rendimiento. A partir de un cierto nivel de inversión es más importante el cómo que el cuánto.

En lo que afecta al cómo, es decir, al empleo de los recursos, se ha cometido el error de destinar los incrementos de inversión principalmente a aumentar los años de escolarización gratuita y a disminuir el número de alumnos por profesor. Prácticamente todos los niños de tres años están escolarizados, y sin embargo nuestros niños de nueve años tienen un rendimiento peor que los de otros países de la OCDE donde la escolarización es más tardía. En cuanto a la ratio profesor-alumnos, aparte de que tenemos un número de alumnos por profesor por debajo de la media de la OCDE, este factor sólo afecta al rendimiento cuando la ratio es mucho mayor. En suma, se ha invertido en factores que dejaron de ser relevantes hace ya tiempo. No se ha dado el paso de la cantidad a la calidad.

Es también una falacia, dice la señora Gomendio, justificar el bajo rendimiento de los alumnos como resultado del sacrificio de la excelencia en aras de la equidad, como si equidad y excelencia fueran excluyentes: muchos países que han mejorado el rendimiento de sus alumnos en los últimos años han mejorado simultáneamente la equidad. Por otra parte no es razonable proclamar que España, junto a países como Finlandia, es campeón de la equidad porque el rendimiento de los alumnos entre colegios no presenta grandes diferencias. Pues en España ese rendimiento es homogéneamente bajo, mientras que en Finlandia es uniformemente alto. Por tanto, concluye la señora Gomendio, equiparar la equidad en la mediocridad con la equidad en la excelencia es un grave error.

 El concepto de equidad como homogeneidad por lo bajo sirve para enmascarar uno de los fallos más perniciosos de nuestro sistema educativo: la tasa de abandono escolar temprano. Uno de cada cuatro jóvenes no continúa sus estudios más allá de la etapa obligatoria, y los más vulnerables son los que proceden de entornos socio-económicos desfavorecidos. Estos jóvenes se enfrentan a unas tasas de desempleo elevadas por el resto de sus vidas, y esta es la forma más cruel de inequidad social.

En conclusión, es preciso afrontar con creatividad los enormes desafíos a los que se enfrenta la educación en el mundo de hoy, imitando soluciones prácticas que han dado frutos en los países que han reformado sus sistemas educativos, que son muchos.

¿En qué consisten esas soluciones? Por una parte en dejar atrás un sistema rígido y uniforme, y sustituirlo por un sistema flexible, de atención más individualizada, que permita a cada alumno desarrollar todo su potencial independientemente del entorno socio-económico del que proceda. Esta es la verdadera equidad, que requiere de alternativas, en concreto de un mayor desarrollo de la formación profesional, que facilita un acceso más directo al empleo.

Por otra parte se requiere un cambio metodológico. Ya no es suficiente memorizar conocimientos, es además necesario aprender a aplicar esos conocimientos a la resolución de problemas complejos, aprender a trabajar en grupo, a innovar, a ser creativos. Por ello la combinación de conocimientos y competencias será definida por unas evaluaciones a nivel nacional, que señalizarán con claridad cuáles son los nuevos estándares necesarios para obtener el título. Añádase que el camino hacia un modelo educativo maduro requiere más confianza en los directores y los profesores. Los primeros han de poder ejercer un liderazgo real. Los profesores tendrán más margen para la creatividad y la innovación. Finalmente, para que la educación se convierta en el principal motor de movilidad social es fundamental superar una grave deficiencia de actitud: nuestros alumnos creen que su futuro depende de la suerte, mientras que los de países más exitosos creen que su esfuerzo personal es determinante. Debemos enseñar a nuestros jóvenes a tomar las riendas de su destino.

II

Hasta aquí la Secretaria de Educación. ¿Verdad que parece que todo lo que dice es muy razonable? Pero veamos, lo primero que habría que señalar es que la creatividad a que apela Gomendio no pasa, por lo leído, de proponernos la imitación de lo que han hecho otros. Y esos otros ¿son realmente dignos de admiración e imitación?

Para responder hay primero que recordar que en el mundo capitalista la derecha socialdemócrata y la derecha tradicional confluyeron, aunque por distintos motivos, en el propósito de extender a las clases bajas la educación que antes sólo recibían las clases restantes. En España lo hizo el PSOE con buena intención, pero sin aplicar los ingentes recursos necesarios para igualar las capacidades semánticas de unas clases sociales y otras, lo que ha añadido graves problemas a los ya tradicionales. Con el PP en el poder el viejo concepto de educación se mantiene, y su versión de la excelencia consiste en quedar bien en pruebas internacionales de lectura, matemáticas y ciencias que no acreditan una buena educación, sino sólo unos conocimientos básicos para la inserción en el sistema productivo.

La señora Gomendio mide la situación en España por comparación con otros países de la OCDE, pero todos ellos realizan el mismo tipo de mala educación, el único posible en las sociedades capitalistas, cuya crítica no voy a repetir ahora (ya la he detallado en otras entradas de este blog a disposición del lector interesado). Sólo insistiré en que la prueba irrefutable de sus deficiencias la tenemos en el resultado, que no es otro que poblaciones mayoritariamente ignorantes, irracionales y egoístas. Si la población de los países “desarrollados” hubiera recibido una buena educación casi nada de lo que vemos sería como es. Por decir algo, no aumentarían repentinamente los partidarios de opciones fascistas, ni seguiría campando por sus respetos el machismo, el racismo, la homofobia y la xenofobia, las poblaciones no aceptarían políticas criminales y no sería tan fácil a los poderosos engañarlas, las mayorías gustarían de la buena literatura y la buena música, exigirían medios de comunicación inteligentes y veraces, y se negarían a consumir la basura estética y moral a que ahora son adictas. La educación no sólo está fatal en España, está fatal en Finlandia, Alemania o Estados Unidos, así que la señora Gomendio haría bien en no citar a otros países como modelo, porque no existen modelos en este asunto. El país que quiera un buen sistema educativo ha de crearlo de nueva planta.

Una escuela pública sólo será modélica si logra generalizar en la población: (a) la empatía y solidaridad, la curiosidad y la motivación para el aprendizaje; y  (b) un alto nivel de conocimientos y competencias. Esto comprende, entre otras cosas, el manejo en distintos registros orales y escritos de la lengua propia y de al menos dos lenguas extranjeras, el dominio de lenguajes formales (lógica, matemáticas, informática), la asimilación a largo plazo de los aparatos conceptuales y tecnológicos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, el conocimiento de una historia que integre los procesos económicos, políticos y culturales de la humanidad, la capacidad de reflexión sobre todo ello, el dominio del lenguaje musical y de al menos un instrumento, las destrezas deportivas, etc. Desde el conocimiento psicológico actual, generalizar esta educación no es un imposible utópico, es perfectamente realizable si se emplean los medios adecuados. Pero esto exige salir de un sistema económico que impide una adecuada asignación de recursos y que es, por sí solo, una potentísima antiescuela.

Me voy a limitar ahora a comentar el tema de los recursos. A la señora Gomendio le parece que es malemplearlos escolarizar desde los tres años, y habla de países que escolarizan más tarde y tienen mejores resultados… ¡En las pruebas PISA, claro! Pero lo cierto es que si se quiere equidad, si se quiere igualdad de oportunidades, si se quiere que cada alumno pueda desarrollar sus potencialidades no importa su origen social, entonces no sólo hay que hacer gratuita la educación pública desde los 3 años, sino gratuita y obligatoria desde los 0 años, siendo el periodo de 0 a 6 años el más relevante, que tendría que estar servido por profesionales con alta cualificación en psicología evolutiva y con suficientes dotes para el trato con niños de esas edades. Sólo así (entiéndase bien, sólo así) los niños de clases bajas (incluida la inmigración pobre) estarían en casi igualdad de condiciones con los restantes al llegar a los seis años. Es cierto que la equidad no está reñida con la excelencia, pero no hay equidad si se deja fuera de la excelencia a los menos favorecidos.

La señora Gomendio utiliza un concepto antiguo de ratio profesor-alumnos, el referido al aula. Es cierto que para que todos los alumnos logren el objetivo propio de un buen sistema educativo es necesaria una enseñanza realmente individualizada, pero esto no significa lo que la señora Gomendio pretende, que los que no puedan seguir el ritmo del aula sean desviados a la FP, sino por el contrario, que cada alumno pueda seguir su propio ritmo. Y esta educación individualizada es algo que el aula impide. El aula ahorra muchos recursos, pero en una educación bien concebida es la primera cosa a eliminar, sustituida por tutores que ejerzan un verdadero control y continua revisión sobre los aprendizajes de los alumnos tutelados. Puesto que el ritmo de aprendizaje no es el mismo en todos, unos alumnos llegarán al nivel exigido en menos años y otros en más, pero todos llegarán si los tutores son expertos en motivar y los medios empleados son los correctos. Claro está, la ratio tutor-alumnos ha de ser mucho menor que la referida al aula.

Así que, teniendo en cuenta lo costosa que sería una entrada en la educación obligatoria y gratuita de todos los niños a una edad de pocos meses, y el alto número y la compleja formación de tutores y de profesores de apoyo en las distintas ciencias, artes, deportes y destrezas, los recursos que hoy se dedican a la educación en el mundo son ridículos. De poco sirve que invirtamos por alumno más de la media de la OCDE si sigue siendo mucho menos de lo necesario para poner en pie un buen sistema educativo. Sólo desde una concepción tradicional se puede afirmar, como hace la Secretaria de Educación, arropada en esto por profesionales conservadores como José Antonio Marina, que dedicamos recursos suficientes, sólo que mal administrados.

En resumen: es cierto que la equidad requiere que cada cual, con independencia de su origen social, pueda desarrollar todo su potencial; que ciertos aspectos de la educación deben ser individualizados; que la educación debe tener flexibilidad. Pero la señora Gomendio emplea estas palabras como eufemismos para expresar lo siguiente: a los alumnos de clase baja se los redimirá del abandono escolar derivándolos hacia enseñanzas prácticas que les permitan desarrollar todo su potencial mediante un acceso más directo al empleo. Con los otros se harán esfuerzos para que queden bien en las pruebas PISA, algo que ya se ha bautizado como “estudiar para el test” (el TTT de los americanos) y que la señora Gomendio considera el paso a la “excelencia”.

¡A cuánto cinismo estamos acostumbrados! Dice la señora Gomendio que los alumnos más vulnerables son los que proceden de entornos socio-económicos desfavorecidos, y finge que se les quiere ayudar (ya hemos visto cómo), pero al mismo tiempo su Ministerio les exige una nota más alta para acceder a la universidad con beca que a los que no la necesitan, y para conseguir una beca Erasmus les exige un nivel de idioma extranjero que sólo está al alcance de quienes pueden pagarse una enseñanza extra. ¡Los viejos y crueles propósitos de siempre revestidos de nobles palabras dichas en vano!