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SOBRE EL INDEPENDENTISMO CATALÁN

En otra entrada de este blog escribí que, porque soy de izquierdas y además porque tengo familia catalana, deseo que Cataluña siga en España. Aunque lo que realmente desearía es que otra Cataluña siguiera perteneciendo a otra España. No me gusta la España que hay, ni tampoco la Cataluña que hay, sea dicho con mi mayor simpatía por los españoles y catalanes de buen corazón, más aún si son progresistas, más si son de izquierdas, y más si están sufriendo las consecuencias de las políticas de Mas y Rajoy (y no hará falta añadir que cuando digo “catalanes” y “españoles” me refiero tanto a hombres como a mujeres).

Por poner como ejemplo la manifestación fastuosa, impresionante, incluso emocionante, de la famosa V pidiendo un referendum para la independencia: he vivido la emoción de manifestaciones multitudinarias contra el franquismo (que, sí, era opresor y criminal) y también de manifestaciones de izquierda en la España de ahora, pero no podría verme emocionalmente unido a gentes que votan a Junqueras o a Mas y compartiendo un ideal conservador como el nacionalista. ¿Que hay gentes de izquierda que son nacionalistas? Por haber, en este mundo hay de todo.

Cierto que la incomprensión mutua es suficiente motivo para la separación, como en los matrimonios, así que sólo cabe un lamento. ¡Pobres pueblos! Hay que lamentarse por el pueblo de allí y por el de aquí. Pero no es de esto de lo que quería hablar, sino sólo comentar que los argumentos que oigo y leo en este asunto no me parecen buenos. Veamos:

 Que hay que respetar la ley. No tiene razón Rajoy cuando dice eso (único argumento que se le ocurre), porque la ley se puede cambiar. Ya se cambió la constitución de la noche a la mañana porque lo exigió la banca alemana vía Merkel, y el PSOE y el PP se apresuraron a obedecer.

Que Cataluña es una nación por razones históricas, lingüísticas y culturalesEn realidad es nación cualquier sociedad que encaje en la definición de nación que nos fabriquemos. No hay entidades platónicas del tipo Cataluña o España que sean sujetos históricos nacionales por su propia esencia, al margen de la decisión de sus habitantes. Con palabras como “Cataluña” o “España” nos referimos a un cúmulo de cosas entre las que destacan un territorio y una población legalmente estructurados. Y no hay que repetir que las leyes no son inmutables.

En cuanto a derechos históricos, los que no dependen de leyes vigentes dependen de las creencias, Las razones históricas que alegan algunos independentistas pertenecen en gran parte al tipo de mitos legitimadores según los expertos neutrales. Pero aunque fuera cierto que Cataluña fue en otro tiempo un Estado, y que en 1714 fue expoliada por España, poco tiene que ver todo eso con el presente. La historia relevante es que en 1978 los catalanes aprobaron la Constitución con más participación que en el resto de España y por más de un 90% de votos favorables. Que aprobaron en 1979 el primer Estatuto y en 2006 el segundo. Y que en 2010 el Tribunal Constitucional, resolviendo un recurso planteado por el PP, declaró anticonstitucionales 14 artículos de este segundo Estatuto por seis votos contra cuatro. Esa es la historia que viene al caso.

En cuanto a las razones lingüísticas: tener lengua propia no es criterio para decidir qué sociedad tiene derecho a Estado propio, como prueba que hay por ahí Estados plurilingües y hay Estados distintos en los que se habla la misma lengua. De la idea de que para ser nación hay que disponer de lengua propia han deducido los nacionalistas catalanes que en España hay cuatro naciones, Galicia, Euskadi, Cataluña y el resto (de incierto nombre). Por ello muchos catalanes se han creído siempre con más derechos políticos que, por ejemplo, los andaluces, y por ello se habló peyorativamente del café para todos cuando la comunidad andaluza exigió los mismos derechos y competencias que la catalana.

La debilidad del argumento de la lengua se muestra en que la mera coherencia obliga a los independentistas a considerar que forman parte de los Países Catalanes la llamada Franja de Poniente aragonesa, la Comunidad Valenciana, las Baleares, el Rosellón francés, Andorra, la pedanía murciana de Carche e incluso la ciudad italiana de Alguer. Por otra parte, ya que en toda España se habla el castellano, usando ese criterio habría que considerar a España entera una nación y por tanto a todo catalán un español.

Las razones culturales tampoco sirven. La idea de una cultura común pertenece a la retórica conservadora. Poco tiene que ver la cultura de un científico catalán con la de un peón de la construcción inmigrante, la de un campesino con la de un urbanita, la de una persona de izquierdas con la de una de derechas, la de las clases medias con la de las clases económica y culturalmente pobres.

No olvidemos, por otra parte, que millón y medio de catalanes proceden de otras partes de España y que cuatrocientos mil son musulmanes que proceden de Marruecos, Paquistán y Argelia. Muchos han aprendido el catalán y otros lo pueden aprender, pero poco tienen que ver con los argumentos históricos, lingüísticos y culturales a que apelan algunos ideólogos del independentismo. Y tienen sin embargo derecho a votar en un referendum independentista. 

Que Cataluña está sojuzgada por España. Todo el mundo acepta que un pueblo colonizado tiene derecho a la independencia, pero no es este el caso de Cataluña, que goza de uno de los grados de autogobierno más altos de Europa. No es España la que sojuzga a Cataluña, sino las oligarquías representadas por Mas y Rajoy las que sojuzgan a los pueblos de Cataluña y España. Ya sabemos que Pujol, inspirador del último arranque del independentismo, era uno de los explotadores de sus conciudadanos. En Cataluña viene ocurriendo lo mismo que en el resto de España.

Que con la secesión se consigue independencia y libertad. Este argumento es incoherente con la voluntad de seguir perteneciendo a la Comunidad Europea. En ese caso Cataluña seguirá dependiendo de lo que decida la Comisión Europea, y por detrás el BCE, y por detrás el Bundesbang, y por detrás el poder económico mundial. Con un agravante: que, tras la secesión, tanto el resto de España como Cataluña quedarán en peor situación para oponerse al poder exterior. Menos independientes. Por lo demás, tanto dentro como fuera de la UE cualquier Estado está hoy sometido al capital internacional. De independencia nada hasta que no la conquistemos, y lo haremos más fácilmente juntos que separados. En cuanto a la libertad, ¿quién la consigue con la secesión? No será el ciudadano en paro, ni el que gana 600 euros. Si se piensa en los ciudadanos, no puede hablar de libertad quien está aplicando los recortes a que obliga la derecha dura mundial. Me refiero a Más, y también a Junqueras, lider de una Esquerra que es derecha (que apoya desde fuera al gobierno de Convergencia y Unión). 

Que con la independencia los catalanes vivirán mejor. Este argumento es, en el fondo, el básico cuando una sociedad más rica quiere separarse de otras más pobres. Las más pobres no suelen querer separarse. E incluso, si en la parte más rica la perspectiva clara fuera vivir peor, poca gente se afiliaría al independentismo. El deseo de soltar lastre puede ser criticado por insolidario, pero además obedece por lo general a un error de cálculo. Ocurre en España lo mismo que en Europa: creen los alemanes que con sus impuestos se benefician los países del sur, pero no tienen en cuenta que ellos también se benefician de mejores servicios (en comunicaciones, transportes, sanidad, etc.) cuando se desplazan a esos países. Se benefician también de una mayor integración social en Europa y, por tanto, de una disminución de las tensiones. Pero es que además, o sobre todo, por cada euro que Alemania entrega a los fondos de cohesión recoge varios euros mediante sus exportaciones. Si Cataluña contribuye algo al desarrollo de las comunidades españolas más pobres, lo que recoge en el mercado estatal gracias a un aumento del consumo es más de lo que cede, y decisivo para mantener su nivel económico. Por ello los empresarios catalanes que venden en el resto de España no quieren oír hablar de independencia. Esto aparte, quienes afirman que los catalanes vivirán mejor no han aportado pruebas serias. Los promotores de la independencia ni siquiera han calculado los costes reales de la separación de una manera que no sea a beneficio de inventario. Y parece que esos costes pueden ser muy grandes a lo largo de muchos años. 

Que los políticos están atendiendo a una demanda ciudadana irresistible. Esto es verdad, el independentismo ha subido mucho en Cataluña como consecuencia de ambiciones de un lado e incompetencias de otro, y porque se ha impuesto en Madrid la otra cara de la moneda, el nacionalismo español intransigente, de tan mala catadura. Huir de ese nacionalismo español es algo apetecible y hay que entender que muchos catalanes lo deseen. La secuencia temporal de las encuestas que se han ido haciendo en Cataluña refleja un aumento muy grande del independentismo en los últimos años. Pero eso mismo ¿no significa que una parte considerable del independentismo lo mismo puede crecer que disminuir, según la coyuntura? El referendum pretende extraer un resultado definitivo de ese estado de ánimo en parte coyuntural (y que podría cambiar si se encontrara una fórmula de encaje satisfactoria, y si desde los gobiernos implicados se iniciara una política de pedagogía de la convivencia y de la estima recíproca). 

Que un referendum sobre la independencia es una exigencia democrática. ¿De qué hablan? ¿De democracia? Los que creen que vivimos en democracia y que esta consiste en poder ejercer el derecho de voto, han de pensar que votar en referendum es la democracia directa, el no va más. En realidad las votaciones son el sucedáneo de democracia que podemos permitirnos. Una mayoría votó a Rajoy para que realizara el programa con el que fue a las elecciones y está realizando el programa contrario sin que pase nada. ¿Se han movilizado los catalanes contra esto? Por otra parte, no se puede hablar de referendums democráticos cuando ocurre siempre que las instituciones públicas que los convocan se vuelcan en la exageración de las razones para el sí y en la ocultación de muchas de las razones para el no, condenando a los votantes a una información sesgada.

Reparen además en lo siguiente: ¿qué significa que la redacción de la pregunta del referendum tenga una gran influencia en el resultado, y que por ello esa redacción sea lo que más se estudia, sobre lo que más se discute en los despachos secretos del poder político, sobre lo que más se forcejearía si se intentara un acuerdo entre el gobierno central y el autonómico? Pues significa que una variación que debería ser de mero estilo puede inducir a una parte decisiva de votantes al sí o al no. Una verdadera democracia exige que todo votante conozca las implicaciones de su voto y que no pueda ser llevado de aquí para allá sólo porque la pregunta se redacte de una forma u otra. Y ya que estamos hablando de democracia, supongamos que la impresionante manifestación de la pasada Diada no hubiera tenido como motivo un referendum para salir de España, sino para salir del sistema capitalista. ¿Creen que se aceptaría tal tipo de referendum aquí o en cualquier otro país europeo y, caso de aceptarse, que sería respetado un resultado positivo? Tengan por seguro que no. ¿De qué democracia hablamos entonces? 

El precedente del referendum escocés. ¡Cómo se pondera el ejercicio de democracia que ha dado el Reino Unido! Recordemos sin embargo que Cameron sólo aceptó que se hiciera el referendum cuando estaba seguro de la victoria del no. Tan seguro estaba que se negó a que la pregunta se refiriera a tres posibilidades: la situación actual, la independencia y una tercera vía de mayor autonomía. Esto hubiera sido lo correcto, pero él decidió que todo o nada, y lo que este gesto de soberbia revela es que Cameron, amparado en las encuestas de que disponía, estaba seguro de que el no ganaría de calle. Y he aquí que se acerca el momento y las encuestas revelan que el sí va subiendo hasta adquirir ventaja. Cunde el pánico y a última hora tiene que ir Cameron a Escocia, a gemir humilde apelando a los sentimientos, y a ofrecer algo que no estaba contemplado en la pregunta acordada y que cambió su significado de hecho. Mientras la pregunta ofrecía la independencia como única opción, tras la promesa de Cameron se trataba ya de optar entre independencia y un estatuto de mayor autonomía. El resultado, antidemocrático y revelador de lo que son los referendums, ha sido un cambio radical en la estructura política del Reino Unido, algo que nadie ha votado y que va a afectar a quienes no tenían posibilidad de votar (los ciudadanos de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte). Si esto es el modelo…, en fin, en fin. 

El derecho a decidir. ¿Quién lo tiene? Si ese derecho pertenece a los catalanes, quienes creen que la lengua común configura a los países catalanes deberían exigir que votaran todos sus integrantes. Es una incoherencia dejar fuera no sólo a los catalanes de Francia, Andorra o Italia, sino a los del resto de España. A estos últimos ¿acaso por algún problema legal o práctico? Creo que si se hubiera intentado hacer un referendum en todos los “Países Catalanes” de España tanto el Gobierno como las respectivas Comunidades habrían dado facilidades, seguros de que la pretensión independentista se estrellaría. Por eso a los promotores del referendum les interesa que sólo voten los catalanes de la actual Cataluña, incluidos los llegados de fuera, aun a riesgo de separarse de los compatriotas que pueblan los restantes países catalanes irredentos de España.

Otro engorro en dirección contraria: ¿Debe votar España entera si se trata de decidir sobre la unidad de España? Por supuesto, los catalanes dirán que, si ellos quieren separarse, el resto de España carece de derecho a opinar o a impedirlo. Pero ¿qué ocurre si en una de las provincias catalanas actuales la votación arroja un no mientras en las demás arroja un sí? ¿Quedará unida al resto de España la que ha votado no y se independizarán las demás? ¿Acaso no podría decir esa provincia que si quiere seguir formando parte de España las restantes provincias catalanas no tienen derecho a impedirlo? En 2012 el municipio Sant Pere de Torelló se declaró “territorio catalán libre”. El espacio social con derecho a decidir no se sabe qué límites tiene. Y es que, en realidad, los límites no los impone la ley ni la razón, sino la voluntad. 

El verdadero argumento. Lo dicho hasta aquí vale para terminar concluyendo que, en efecto, en este terreno todo depende de la fuerza para reclamar e imponer, y de la persistencia de esa fuerza, nunca de razones, ni de derechos, que ya vemos que son evanescentes. Las razones se encuentran, incluso se inventan, a la medida de los propios intereses, tanto por unos como por otros. El valor de la fuerza se demostró en Andalucía, y con resultados más drásticos ahora en Crimea. Tal vez se acabe demostrando mañana en Donetsk, Luhansk y Járcob, tal vez en Cataluña.

Entre las cosas que constituyen un país están los sentimientos, y estos pueden ser independentistas. No todos los independentistas lo son en virtud de sentimientos patrióticos. Muchos se han hecho independentistas porque se sienten agraviados por la política del gobierno central, o por razones parecidas que han leído u oído. Pero los más estables son los que viven el nacionalismo como una religión cuya fe pasa de padres a hijos. Y algunos o muchos de ellos son fanáticos. Quienes viven el nacionalismo como una cuestión de fe pueden muy bien decir: Cataluña independiente porque quiero y daría mi vida por ello. Es un deseo a tener en cuenta, pero a sabiendas de que sólo se basa en que, con el propio afecto, se han ligado los viejos ideales nacionalistas, esos con los que las clases dominantes han mantenido al pueblo al servicio de sus intereses. Los que van por ahí blandiendo la senyera se parecen demasiado a los que van blandiendo la bandera española. No todos son fanáticos, pero quienes lo son se alimentan tanto del amor a lo suyo como del odio al otro, y su voluntad es muy persistente y muy fuerte. Aunque nadie los maltrate, se sienten continuamente ofendidos en lo más profundo y eso produce mucha energía.

Como en Cataluña los independentistas patrióticos tienen un terreno más favorable que los españolistas patrióticos, miles de ellos tienen energía para, por ejemplo, cumplir el encargo de la llamada Asamblea Nacional Catalana e ir de portal por portal tratando de convertir en independentistas a los indecisos o a los partidarios del no. Pocos partidarios de seguir en España tienen esa convicción religiosa y esa fuerza heroica. Así que los independentistas pasionales crean un ambiente en el que suena a traición declararse español además de catalán. Por eso las encuestas suelen fallar. En Escocia muchos partidarios de seguir en el Reino Unido lo callaban. 

Conclusión: si los catalanes quieren votar, y lo exigen con fuerza suficiente para doblegar los obstáculos, lo sensato es facilitar que lo hagan, pero no porque sea lo democrático, ni porque haya razones o derechos, sino porque no hay más remedio. Y si se quieren separar, se debe pactar la separación por la misma razón y además para que acabe por fin este tira y afloja ya fatigante. Personalmente, me hago este cálculo de inconvenientes y ventajas: Cuando vaya a visitar a mi familia, tal vez tenga que pasar una frontera y usar un pasaporte, pero cosas peores hay, quejarse de eso sería quejarse de vicio. Como compensación, obligado a soportar a los nacionalistas españoles, al menos me habré librado de los nacionalistas catalanes. Creo sin embargo que lo que ocurrirá es que el Tribunal Constitucional suspenderá el referendum y no se celebrará. Habrá protestas callejeras no sabemos de cuanta violencia y aguante. Quedará así abierto un nuevo tiempo, en esta legislatura o tras las próximas elecciones. Puede que esas elecciones tengan en Cataluña un carácter plebiscitario, y que las instituciones resultantes proclamen la independencia, decisión que será anulada por inconstitucional, y vuelta a empezar. Lo más probable es que se acabe pactando un cambio constitucional para que España pase a ser un Estado Federal y que ese pacto sea sometido a referendo en cada comunidad. Y en todas ganará el Sí. Podrá decir Mas que, gracias a su suicidio político, Cataluña ha ganado algo. Claro que Euskadi y Navarra tendrían que perder sus privilegios forales, que carecen de justificación. Y otras Comunidades, por ejemplo Andalucía y Canarias, no aceptarán peor trato que cualquiera de las Comunidades con lengua propia. Por tanto será una negociación difícil y dura, casi imposible, pero creo que no queda otro remedio que llevarla a buen puerto. Europa no está para alentar separatismos una vez pasado el gran susto de Escocia. 

Lamento final: tenemos pueblos fabricados para que soporten lo que hay que soportar y se ilusionen con lo que se deben ilusionar. Por ejemplo, con la separación de España, y no con luchar dentro de España, junto a otros españoles, y dentro de Europa, junto a otros europeos, y dentro del mundo con los demás de sus habitantes que estén por la labor, para conseguir que algún día haya democracia y justicia en el mundo. Las masas enfervorizadas van detrás de una senyera o de cualquier otro símbolo semejante, pero no se les pasa por la cabeza exigir una vida colectiva mejor por el único camino que lleva a ella, que no es el nacionalismo. Esto es lo que hay.

IZQUIERDA Y POPULISMO

He aquí un problema interesante. Si la izquierda hace propuestas electorales contrarias al sistema capitalista (y por tanto irrealizables a consecuencia de la oposición del sistema, o sólo realizables con más costes que beneficios) es populista. Si quiere no serlo debe limitarse a proponer aquello que será aceptado por el poder económico y, por tanto, realizable. Es decir, debe someterse a ese poder y renunciar a cambiar las cosas. Así que, a partir de la idea de que ofrecer lo que no se puede cumplir es populismo, hay una ofensiva contra cualquier propuesta que pretenda cambiar las bases de la economía de mercado.

En esta ofensiva militan, en periódicos, radios y televisiones, personajes que prefieren el insulto al razonamiento, y hay que dejarlos a su aire. No vale la pena otra cosa. Hay otros, sin embargo, en especial numerosos economistas y politólogos conservadores, cuyos razonamientos condenatorios se basan en el conocimiento que maneja la derecha. En España, de cara al gran público, esas opiniones tienen su principal medio de expresión en El País, en el que últimamente distintos expertos han venido a detectar grandes dosis de populismo en las propuestas de Podemos. Veremos que, de esta forma, aunque no lo mencionan, dejan planteado el problema interesante que señalé al comienzo.

En un editorial de El País de 5 de agosto se nos dice, comentando el Barómetro del CIS correspondiente a julio, que uno de los riesgos de tal sondeo es que el éxito de Podemos (la mitad de cuyos votantes de 2014 lo fueron en 2011 del PSOE o de IU) anime a otros [se supone que al PSOE o a IU] a imitar su radicalismo populista. La existencia de Podemos debe ser motivo de atención, pero no pretexto para el populismo. La renovación que necesita el PSOE debe de mantener un anclaje en la socialdemocracia, a la que El País considera una variable de la política de izquierdas caracterizada por rasgos como la moderación, el reformismo, el respeto a las reglas de la democracia representativa y del Estado de derecho y el rechazo de los extremismos. Si Sánchez precisa de ejemplos a los que imitar –le recomiendan-, los tiene mejores en algunos países de la Europa más próxima que dentro de nuestras fronteras.

En resumen (concluyo por mi parte): el PSOE debe seguir siendo inofensivo.

En un artículo de 4 de agosto (“La convergencia entre tecnocracia y populismo”) Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra, hace un ataque indirecto a Podemos al definirnos el populismo como toda actitud que haga al libre mercado responsable único de la crisis y proponga como salida un aumento del control político de la economía. El populista no sólo quiere corregir los fallos del mercado, sino suplantarlo. ¿Y por qué? Arruñada pasa al espacio del análisis psicológico y dictamina: “el populista se limita a cultivar el resentimiento.” ¡Vaya por dios!

Pero Arruñada no se limita a esta descripción del populista, sino que hace una defensa de la  desregulación alegando que el regulador político no es mejor ni peor que el empresario. Además, añade, llevamos décadas tratando de mejorar la regulación sin ninguna señal de éxito. Mientras nuestra demostrada incompetencia regulatoria aconsejaría regular menos, ocurre sin embargo que a algunos les interesa insistir en la pretensión de regular mejor. ¿Y por qué? Porque la regulación da poder. El populista quiere cambiar las instituciones para llegar al poder y aplicar políticas que reducirían la competencia y empeorarían la economía. Desafortunadamente, se lamenta Arruñada, esas políticas cuentan con notable respaldo, pues, aunque ruinosas, parecen gratificantes a corto plazo.

 Dos ataques directos al programa electoral de Podemos

En artículo publicado el 15 de julio (“Populismo a diestro y siniestro”) J. Ignacio Conde-Ruiz y Juan Rubio-Ramírez (ambos profesores de economía, uno en la Universidad Complutense y el otro en la de Duke, EE UU) critican por populistas las siguientes propuestas de ese programa electoral: el impago de parte de nuestra deuda soberana, la pérdida de independencia del Banco Central Europeo, la democratización y nacionalización del sistema bancario, una renta básica para todos los ciudadanos, la moratoria de algunas deudas hipotecarias, el abandono de algunos de nuestros tratados de libre comercio y bajar la edad de jubilación a los 60 años.

En artículo publicado el 25 de agosto (“¿Es Podemos una alternativa para la izquierda?”) Antonio Roldán Mones, doctorando en Economía Política en la London School of Economics, concentra sus críticas en las propuestas siguientes: Prohibir los despidos en las empresas con beneficios, dejar de pagar la deuda pública, derogar la reforma de pensiones, derogar las reformas laborales y tomar el control político del BCE.

Estos ideólogos vienen a argumentar que, aunque todas estas medidas son muy atrayentes para la gran masa de descontentos, analizadas con un poco de sentido común son contraproducentes.

¿Y por qué? ¿Acaso porque no son en sí beneficiosas para la mayoría? ¿Se trata acaso de medidas injustas o atentatorias a la lógica de la economía? Nada de eso, no vale la pena considerar si las medidas son o no razonables en sí. Los argumentos van por otro lado, a saber: que si tales medidas se realizaran, nuestra capacidad, como país, de acceder a los necesarios mercados financieros disminuiría de manera catastrófica. Si de pronto España decidiera ir en dirección opuesta a la de todos sus socios europeos y avanzara por el camino que propone Podemos sería castigada por “los mercados” y en poco tiempo nos quedaríamos sin financiación para mantener los servicios públicos básicos. La economía poco a poco se haría más improductiva, cerrarían empresas y el paro otra vez se volvería a disparar. Pronto la inflación se comería los ahorros de los trabajadores y aumentarían todavía más las desigualdades. De manera que las propuestas “populistas” tendrían el efecto contrario al que proclaman: perjudicarían a los pobres, a los parados y a las pequeñas y medianas empresas.

¡Qué curioso! Nuestros tres economistas pueden estar en lo cierto al afirmar que ciertas medidas traerían perjuicios al país, pero omiten decir que sería como consecuencia de un chantaje, el chantaje del capital a los Estados. En la economía de mercado casi todo lo que habría que hacer para mejorar la sociedad a fondo es algo que no se puede hacer a causa de ese chantaje. Por ejemplo, puesto que si un país aumenta la presión fiscal sobre los ricos sólo consigue que los capitales se vayan fuera, aumentar la presión fiscal sobre los ricos es inconveniente.

Buena razón para cambiar de sistema económico. Pero no, los economistas conservadores no hablan de ese chantaje que convierte lo útil en perjudicial. Prefieren hablar de “los incentivos y las restricciones existentes en la economía”. Para algo ha de servir al conservador andar de profesor de universidad, o de aspirante a serlo, en temas de economía.

 ¿ES LA BUENA INFORMACIÓN REMEDIO AL POPULISMO?

Arruñada llega a la conclusión de que, si queremos evitar que la mayor competencia política degenere en populismo, debemos mejorar la calidad de la información ciudadana. La solución radical y democrática pasa por que el ciudadano esté mejor informado y sus preferencias sean más consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Según Arruñada, que el ciudadano no pueda evitar enterarse de cuáles son los costes reales de sus deseos y conozca al menos cuántos impuestos paga por persona interpuesta. Pasa, idealmente, porque sienta cuánto paga por la sanidad, las becas, el AVE o las televisiones públicas; porque sepa que la educación pública que reciben sus hijos es mucho peor que la que reciben los de otros ciudadanos. Que tema, en fin, que nunca cobrará esa pensión por la que lleva media vida cotizando mucho más de lo que indica su nómina.

Es cierto que conviene que estemos bien informados. Pero Arruñada parece creer que una buena información nos llevaría a privatizar los servicios sociales, educación, sanidad y pensiones incluidas. ¿Acaso no se le ocurre que la información pertinente nos debería mover en sentido contrario?

Sin ir más lejos, en un artículo del 5 agosto, en el mismo medio (“Tiempos de crispación y antagonismo”), Juan Gabriel Tokatlian, director del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato di Tella, de Buenos Aires, nos ofrece estos datos sobre el auge de la desigualdad confirmada por numerosos informes y estudios:

Según el World Ultra Wealth Report 2013 del banco UBS, 2.170 multibillonarios poseen una riqueza de 6.500 billones de dólares, una cantidad superior al PIB combinado de Alemania y Francia en 2013. Según el Global Wealth Report 2013 del Credit Suisse Group, el 1% de la población posee el 46% de los activos globales y un 10%, el 86%. El 50% inferior apenas tiene el 1% del total. Según la investigación de 2011 de Vitali, Glattfelder y Battiston del Swiss Federal Institute of Technology, 147 firmas controlan, a través de una red de acciones y relaciones de propiedad, 43.060 corporaciones transnacionales.

Tokatlian se refiere además a la falta de reformas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la incompetencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, la recurrente tentación de que la OTAN se convierta en un gendarme mundial, la inoperancia del G-7, del G-20 y otras tantas G que se idealizan (por ejemplo, el presunto duopolio entre Washington y Beijing), todo lo cual ha llevado a una arquitectura institucional cada vez menos creíble y más ilegítima, de la que se sigue el fracaso del régimen internacional antidrogas, la frustración extendida frente al principio de la responsabilidad de proteger (R2P), el persistente doble estándar frente a la no proliferación nuclear, la parálisis global respecto a los compromisos efectivos en torno a la cuestión ambiental y el gradual desinterés de las potencias establecidas hacia los asuntos del desarrollo. Añádase que, en distintas naciones, avanza desde hace años un manifiesto desencanto por la democracia liberal al tiempo que aumentan las plutocracias y cleptocracias en democracias más o menos instaladas, que terminan bajo dominio de los ricos, de los pícaros, o de ambos.

¿Qué puede pensar un ciudadano que esté informado de esta situación y que no tenga en ella intereses, directos o indirectos? Pensará, supongo, que hay que salir de ella cuanto antes.

Tenemos, pues, dos clases de información: de una se sigue que cualquier reforma no autorizada por los mercados lleva a un empeoramiento de las condiciones de aquellos a quienes se pretende beneficiar. Se sigue de otra que la democracia capitalista debe ser radicalmente reformada, entre otras cosas para que no sea posible el permanente chantaje del capital a los Estados.

 EL PROBLEMA DE LA IZQUIERDA

Dado el barullo que producen los distintos sentidos del término “izquierda”, es imprescindible al usarlo que precisemos a qué nos referimos. Son muchos los que ahora dicen que no hay límites precisos entre derecha e izquierda, y los hay que sitúan esos límites allí donde no hacen daño. El rasgo que los conservadores quieren borrar a toda costa es la actitud ante el capitalismo, esto es, su aceptación o su condena. Pero la distinción entre derecha e izquierda no tiene mucha utilidad si se borra ese rasgo. La tiene en cambio si aceptamos que son de derechas las organizaciones o personas que aceptan el capitalismo (socialdemocracia incluida) y de izquierdas las que se oponen a él desde una concepción igualitarista. La socialdemocracia puede ser considerada como la mejor defensora del capitalismo, pues su política disminuye las tensiones que produce una derecha dura como la neoliberal. Cierto que el PSOE se distingue del PP en algunos aspectos de la política social, pero todo cuanto hace en política económica (que es la básica) pretende no molestar al poder de los que controlan el capital mundial. No hay que temer que el PSOE incurra en propuestas populistas.

 IU, en cambio, está a la izquierda, pero sus deudas a la banca, que la banca le prorroga a condición de que se porte bien, la tienen pillada, y por nada del mundo incurriría en populismos.

Por ello lo que planteo es qué debería hacer un partido de izquierda anticapitalista sin hipotecas cuando se encuentra ante la disyuntiva de eliminar o incluir en su programa propuestas imprescindibles para el progreso social, pero irrealizables por el perjuicio que acarrearían a aquellos a los que se pretende beneficiar.

Evidentemente, apañados estamos si la solución consiste en limitarse a aquellas propuestas cuya realización no incomode al poder económico. Pero, por otra parte, ¿no es un engaño a los electores andar prometiendo, como si fueran realizables y útiles, medidas que se sabe que no se podrán realizar, o que serían perjudiciales?

 EL PROBLEMA TIENE SOLUCIÓN

La solución está, a mi juicio, en conciliar en las propuestas electorales la crítica al sistema con el realismo.

La primera parte de esa crítica debería consistir en exponer al electorado qué medidas son imprescindibles para acceder a una vida democrática en la que una gran mayoría social tenga buenas razones para sentirse integrada. Esto es, hacer las propuestas que, de ejecutarse, nos sacarían de este tipo opresivo de sociedad, no ocultar ninguna de ellas y explicar el porqué de su necesidad.

No se insistirá nunca lo suficiente en que la medida principal (sin la cual las demás pierden casi todo su valor) es poner un límite razonable a la riqueza privada. Hablar de impuestos progresivos es recurso de la socialdemocracia. La izquierda debe explicar por qué poderosas razones un impuesto del 100% sobre todo ingreso que sobrepase cierto límite es una condición necesaria para que haya justicia y democracia. Hacer comprensible que sin ello toda pretensión de democracia es una ficción (la ficción, cada día menos soportable, en que ahora vivimos).

La segunda parte de la crítica debería consistir en ir explicando cuáles de esas medidas necesarias son inviables y por qué. Describir con detalle de qué armas se vale el capital dentro de la economía globalizada para oponer obstáculos insalvables a esas medidas razonables, impidiendo que los Estados realicen una política ventajosa para la mayoría. Proclamar que esto es un chantaje del capital, un chantaje sobre los Estados, al que sólo se puede poner remedio mediante una legislación mundial. Denunciar al mismo tiempo que tal legislación no se acomete porque los Estados, al servicio del poder económico, no moverán un dedo a menos que se vean obligados por una presión mundial irresistible. Sólo cuando en el mundo exista una mayoría capaz de percibir los rasgos de la dominación y explotación que padecemos será posible torcer el brazo del poder económico.

De manera que la primera obligación de un partido de izquierdas consiste en exponer una crítica al capitalismo con explicaciones que sean comprensibles por una mayoría. Y una forma de conseguir que más personas se vayan haciendo conscientes de la situación consiste en aprovechar la ocasión electoral para poner de manifiesto el chantaje del capital, y para indicar que los partidos que no lo denuncian están de parte del chantajista.

Nadie podrá acusar de falta de realismo a quien hace propuestas razonables y viables si al mismo tiempo denuncia  a quienes impiden su realización.

Tras esta crítica se deberían incluir aquellas propuestas realizables que mejoren la vida de los ciudadanos, en especial de los de menos recursos, pero también aquellas que puedan situarse, a la luz de un conocimiento puesto al día, en una estrategia política a largo plazo, tendente a hacer a la población más consciente e informada.

ALGO HAY QUE AÑADIR A LA CRÍTICA PARA QUE SEA EFECTIVA

En sus campañas electorales Izquierda Unida ha sido cuidadosa de no criticar al capitalismo, se ha limitado a hacer propuestas poco distinguibles de las de la socialdemocracia. Pero, de haberlo intentado, tampoco hubiera podido criticar al capitalismo con efectividad.

Porque para que la crítica sea efectiva no basta que sea racionalmente impecable (algo que se puede conseguir con facilidad si se tiene el conocimiento teórico y la información suficientes). Hay que añadir además dos condiciones.

Una de ellas es dar con las formas adecuadas de expresión a tenor de los distintos códigos que manejan los diferentes grupos sociales. No se puede hablar a todos con un único estilo, y menos si es el propio de una hoja parroquial. La teoría y la información que la izquierda debe promover y divulgar exige grupos especializados de estudio y de comunicación que la izquierda oficial nunca ha tenido (ni ha echado de menos, limitada a su particular catecismo). La tarea no es simple, porque la falta de información adecuada hace que una gran parte de la población esté conforme con ese eslogan publicitario que dice: atrévete a ser millonario.

Pero hay que añadir que el valor de un mensaje no radica sólo en la verdad y claridad de sus términos, sino en la confianza que inspira el emisor. IU ha dilapidado la confianza que el Partido Comunista logró como opositor al franquismo y por ello es necesario un partido de izquierdas de nueva creación, consciente de que toda medida que aumente esa confianza es imprescindible, y que es desastroso todo comportamiento que la disminuya. La primera necesidad de un partido de izquierdas es dejar patente en cada situación la superioridad de su conocimiento, de su coherencia y de su honradez, que ha de quedar siempre a salvo de cualquier suspicacia.

 POR DESCONTADO, LA DERECHA SEGUIRÍA ERRE QUE ERRE

Si todo esto se hiciera así, los conservadores seguirían sin duda diciendo que es populismo denunciar al poder económico responsable de que lo imprescindible no sea posible, pues casi todos los medios de comunicación y casi todos los expertos con acceso a ellos no son otra cosa que medios de ese poder. Pero esto no sería un problema. La tarea que se echan encima (defender la economía de mercado) es tan irrealizable desde la decencia ilustrada, que están obligados a tomar el camino del lugar común, la mentira o las afirmaciones cargadas de ignorancia. ¿No han llegado a decir, y siguen diciendo, que la mejor manera de que las cosas funcionen es hacer leyes que dejen en la estacada al pobre y beneficien al rico? El espectáculo de los economistas conservadores, llenos de méritos académicos y al mismo tiempo ignorantes de conceptos básicos de la ciencia social y de la filosofía de la ciencia, es muy ilustrativo. ¡Fingen creer, o creen, que lo que dicen tiene fundamento científico! Engañan a mucha gente, sobre todo a los asustadizos políticos, pero quien sabe lo suficiente no puede por menos de extrañarse (como un clásico romano respecto a los auríspices) de que, cuando dos economistas conservadores se cruzan, no se provoquen la risa mutuamente.

Valgan algunos ejemplos tomados de los artículos antes citados, en los que la chapuza intelectual coincide con alguna dosis de mala fe. Digo esto último porque Roldán achaca a Podemos el propósito de no pagar la deuda soberana, cuando lo que propone Podemos es una auditoría de las deudas pública y privada que delimite qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas, a fin de declarar su impago y tomar medidas contra los responsables, todo ello en coordinación con otros países de la UE. De la misma manera Conde y Rubio achacan a Podemos la propuesta de nacionalizar el sistema bancario, cuando Podemos sólo propone medidas destinadas a democratizar la dirección de las entidades bancarias y la creación de una banca pública a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público.

Esto aparte, vean el argumento con que se desestima esa propuesta: que fueron las instituciones financieras controladas por el sector público las más afectadas por la crisis. Aceptemos que las Cajas no tuvieron un comportamiento modélico, y que el control de sus decisiones fue insuficiente. Pero si por ello estuviera justificado que se privaticen, el pésimo comportamiento de los grandes bancos privados, causa de la presente crisis y del expolio de millones de ciudadanos, así como su condición de empresas “sistémicas” (a las que no se puede dejar caer y hay que auxiliar con dinero público si se ven en apuros), ¿no deberían justificar su completa nacionalización? Si se nacionalizara la banca y se la dotara de una buena forma de funcionamiento que impidiera los pasados excesos de algunas Cajas, ¿qué habría que criticar? Esta medida (que Podemos no ha propuesto, no ha llegado a tanto) sentaría muy mal a los banqueros, simplemente, pero precisamente por ello debería sentarnos bien a los demás.

Más endeble es la razón para desestimar la democratización del Banco Central Europeo: Conde y Rubio se limitan a decir que esa democratización traería consigo la ya casi olvidada inflación. Y Roldán explica por qué: si los políticos interesados en ganar elecciones pudieran imprimir dinero, lo primero que harían sería imprimirlo en cuanto los problemas aparecieran: pronto la inflación se dispararía y con ella se dilapidarían los ahorros de los trabajadores. Esto es todo lo que se les ocurre a los tres.

Pero ¿quién ha dicho que un BCE democráticamente gestionado no puede tomar las mismas medidas anti-inflacionistas que si está gestionado antidemocráticamente? Los políticos no podrían imprimir dinero a su gusto si les estuviera prohibido hacerlo. Tendrían que cumplir las condiciones fijadas en la ley. De manera que, con una ley adecuada, sería perfectamente conciliable el funcionamiento democrático y la contención de una inflación excesiva.

Respecto a las restantes propuestas nuestros economistas conservadores andan propensos a hilvanar lugares comunes basados en un axioma implícito: que no se puede aumentar la presión fiscal sobre los que más tienen. Parecen creer que la única forma de aumentar los ingresos estatales es reducir las deducciones y aumentar los impuestos indirectos. En cuyo caso, claro está, se imponen los recortes. Conde y Rubio  nos dicen al respecto:

“Creer que con suficientes votos se puede gobernar sin una restricción presupuestaria es equivalente a pensar que podemos eliminar la ley de la gravedad con suficiente apoyo popular.”

¿Están queriendo decir que la restricción presupuestaria, tal y como ellos la entienden, es una ley natural contra la que nada se puede hacer? Pues sí, así argumentan estos teóricos. Y añaden:

“No queremos entrar en valorar si más recortes del gasto público son o no deseables, eso es un problema entre el Gobierno y sus votantes. Sin embargo, no reconocer que es probable que esta reforma implique recortes adicionales en el gasto público es tergiversar la realidad. Otra forma de populismo. El coste de la reforma (según se recoge en el programa de estabilidad enviado a Bruselas hace pocas semanas) es de unos siete mil millones. Si queremos cumplir con el déficit y (como todo parece indicar) no hay otros aumentos impositivos suficientes para compensar la bajada de tipos impositivos sobre la renta y beneficios empresariales, habrá que recortar el gasto. Si volvemos a saltarnos el déficit, la deuda aumentará más de lo previsto con las consecuencias que eso conlleva. Esa es la impopular realidad y negarla es de lo más popular.”

Es decir: si queremos seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo, entonces no cabe que las hagamos de otra forma. Impecable razonamiento. Estos señores no consideran siquiera la posibilidad de otros aumentos impositivos que los previstos en la reforma fiscal del PP, la cual no sólo no toca los bolsillos de los que más tienen, sino que mete más dinero dentro de ellos.

Recordemos, para terminar, la forma en que Arruñada defiende el más desacreditado neoliberalismo: ¡diciendo que el regulador político no es ni mejor ni peor que el empresario! Es como si condenara el arbitraje en el fútbol alegando que el árbitro no es ni mejor ni peor que el jugador. Y además dice que llevamos décadas tratando de mejorar la regulación de la economía, cuando lo cierto es que llevamos décadas de desregulación con el efecto conocido: la tremenda crisis actual. Al señor Arruñada hemos de suponerle conocimientos de organización de empresas, que es su tema, pero no ha estado fino en el artículo citado.

¡Que lamentable que la izquierda no haya sido capaz de poner en su sitio a esta tropa de auríspices! Esperemos que surja una nueva izquierda capaz de hacerlo, que tanto no cuesta.