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SOBRE NUESTRA QUERIDA MONARQUÍA

No vale la pena insistir sobre hechos muy comentados. Sólo recordar que las andanzas de Juan Carlos eran conocidas y toleradas por familia, gobierno y medios de comunicación, y que sólo se empezó a reaccionar cuando los medios de comunicación españoles no pudieron seguir callando.

Primero se obligó al rey a pedir un perdón insincero y más tarde a abdicar. Pero se le nombró rey emérito y se procuró un arreglo legal para que sólo pudiera ser juzgado por el Tribunal Supremo. Como los hechos escandalosos se seguían publicando y había indicios de que podían ser investigados en Suiza, resultaba insostenible su permanencia en el palacio de La Zarzuela, pero en lugar de privarle de sus honores, expulsarlo de la familia real y de palacio y obligarle a que rinda cuentas ante la justicia, se le mantiene en la familia real, en una tercera posición en la línea de sucesión, se respeta su título de rey emérito y se ha pactado con él su huida, concediéndole el derecho a la elección de destino (¡y ha elegido los emiratos árabes!) y a decidir el momento de informar a los españoles. Así han llegado las instituciones españolas (gobierno y casa real) al ridículo presente.

¿Cabe una monarquía democrática?

He leído muchos artículos y comentarios sobre el rey emérito, sus negocios y su huida, y en en todos ellos se da por supuesto que existen democracias en el mundo. Se habla de la alternativa monarquía-república para concluir que la democracia es compatible con ambas formas de Estado, se pondera lo avanzado, política y socialmente, de algunas de las monarquías del mundo (Noruega, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Bélgica) y se justifica la institución hablando de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio.

Para quienes (por lo visto pocos) pensamos que mientras impere en el mundo el capitalismo la democracia no es posible (ver aquí) y que la llamada democracia es siempre una plutocracia disfrazada (es decir, el control del Estado por los dueños del dinero, con apariencia de que es el pueblo el que se gobierna a sí mismo), el tema de la monarquía española se ve de otra forma. Para empezar, carece entonces de sentido decir que las supuestas democracias coronadas europeas prueban que la democracia es compatible con la monarquía.

Más bien cabe decir lo contrario: imaginemos que hubiera un país democrático y que su población decidiera por unanimidad establecer una monarquía. Esa decisión por sí sola acabaría con la democracia previa. La población habría elegido cambiar democracia por monarquía. Pues la monarquía es incompatible con un principio democrático básico, el de que todos somos iguales ante la ley y no caben privilegios políticos hereditarios, menos aún al nivel de la más alta magistratura del país. La monarquía no puede tener por tanto una legitimidad democrática de origen.

Ya sé que esta manera simple de ver las cosas molesta mucho a quienes practican el pragmatismo virtuoso de un sistema democrático mestizo, imperfecto, frustrante y vulgarmente reformista (qué bien escriben), y lo oponen al puritanismo fundamentalista de otros. Pero no, no se trata de puritanismo ni de fundamentalismo, sino de no estar ciego.

En España peor

Por desgracia nuestra actual monarquía tiene peor legitimación de origen que las restantes monarquías europeas.

El genocida Franco no restauró la antigua monarquía al no permitir que fuera rey don Juan, sino que instauró una nueva nacida de su mera voluntad. Nombró sucesor a un muchacho incapaz para el estudio (tal vez por su dislexia) y de ideología fascistoide, como prueba que siempre haya ensalzado al dictador. Ese nombramiento se metió luego de matute en un paquete que llevaba como envoltura seductora la deseada democracia. El trágala consistió en decir al votante español: si quieres salir de la dictadura tienes que votar una forma monárquica de Estado. No se preguntó al pueblo si quería monarquía o república porque las encuestas de que disponía Adolfo Suárez indicaban que un referendum sobre la monarquía se perdería.

Monarca inviolable y jefe de los ejércitos

No acaba la cosa ahí. Resulta que el monarca español es inviolable, es decir, que no puede ser sometido a juicio por muchos delitos que cometa.

Unos afirman que esa inviolabilidad se aplica a lo que hizo hasta que abdicó y otros que durará hasta que muera. En lo que están casi todos de acuerdo es que mientras fue jefe de estado era inviolable hiciera lo que hiciera.

Es cierto que la Constitución ha sido redactada en este punto con calculada ambigüedad, y que por ello requiere interpretación. Una regla elemental de la interpretación solvente es que no puede llevar al absurdo. Absurdo nos parecería que el rey de un país occidental no pueda ser juzgado si asesina al amante de su mujer porque es inviolable. O que si viola a mujeres que trabajan en palacio haya que mirar a otro lado porque es inviolable. De lo que se sigue que tan absurdo es que si roba, cobra comisiones, blanquea dinero o defrauda a Hacienda haya que mirar para otro lado porque es inviolable. La única intepretación racional es, pues, que la inviolabilidad se limita a aquellas acciones propias del cargo que deben ser refrendadas por algún miembro del gobierno.

Añadamos que, para mayor alejamiento del ideal democrático, el rey español es el jefe supremo de los ejércitos y que este cargo es heredable, pertenece a la Familia.

¿Legitimidad de ejercicio?

Bien, aceptemos que no hay legitimidad de origen y que hay anomalías.

¿Podemos hablar de legitimidad de ejercicio como afirman los monárquicos complacientes y también esos republicanos que se decían juancarlistas? Las clases servidoras de nuestra plutocracia se afanaron para fabricar el mito del monarca instaurador de la democracia, salvador de la misma y embajador que ha conseguido grandes beneficios económicos y de prestigio para España.

Ahora setenta y cinco ex altos cargos (entre ellos los socialistas Alfonso Guerra, Celestino Corbacho y Matilde Fernández junto a personajes como Martín Villa y Esperanza Aguirre) reivindican en un comunicado la obra y el legado de Juan Carlos, al que hacen artífice del periodo histórico más fructífero que ha conocido España en la época contemporánea, “una España moderna, con un sistema político, económico y social avanzado fraguado en la libertad, en la justicia y en la solidaridad”.

Es una pena que la realidad esté tan lejos de esa mitología.

Juan Carlos no trajo la democracia ni la prosperidad

Salimos de la dictadura por la presión exterior y por la interna de estudiantes, obreros, abogados, periodistas. Juan Carlos no fue otra cosa que una de las condiciones que pusieron los políticos franquistas. Él se limitó a aceptar el régimen que le sirvieron en bandeja, una “democracia” mucho más falsa que cualquiera otra de Europa, pues no se depuró a las fuerzas armadas, ni a la policía, ni a la judicatura, ni a la alta burocracia heredadas del franquismo, ni se revisaron los espolios y negocios económicos de la dictadura, ni se privó a la iglesia católica de sus privilegios económicos e ideológicos. Una “democracia” que dejó en las cunetas a los asesinados por defender la república y mantuvo el poder en las mismas manos en que estaba, la oligarquía tradicional (terratenientes y burguesía económico-financiera) con el apoyo de la iglesia y bajo el manto protector de un monarca que, vale la pena repetirlo, es jefe máximo de un ejército no depurado. Una democracia con una ley electoral de contenido preconstitucional que garantiza el bipartidismo conservador y exige al partido comunista diez veces más votos que a la derecha para conseguir un diputado.

Una vez establecido ese régimen al gusto de los franquistas, en cuatro décadas no ha podido dignificar la memoria de las víctimas del franquismo, retirar a la iglesia católica sus privilegios, democratizar a fondo el poder judicial, dotar de transparencia a todas las instituciones, monarquía incluida, y desarrollar los artículos de la Constitución en que se reconocen derechos sociales, a fin de que estos derechos sean exigibles ante los tribunales.

En cambio sí ha podido hacer otras cosas: ha privatizado sectores económicos clave y servicios sociales básicos entregando capital público a minorías bien instaladas, ha producido la precariedad laboral presente y ha dado lugar a un gran contingente de trabajadores pobres, ha paralizado la movilidad social ascendente y ha agravado los indicadores de una desigualdad creciente e insoportable, con millones de personas, niños incluidos, en situación de pobreza y de extrema pobreza, con gentes que viven en la esclavitud a que las condena su situación de inmigrantes sin derechos. Y ha encontrado tiempo para reformar la Constitución con nocturnidad y alevosía en contra de la población española y a favor del capital extranjero.

Demuestran un sentido exquisito del humor esos 75 cantores de nuestra monarquía cuando la describen como “sistema político, económico y social avanzado fraguado en la libertad, en la justicia y en la solidaridad”.

Ni Juan Carlos salvó la democracia ni fue un buen embajador de España

Añaden los hagiógrafos que Juan Carlos salvó esta democracia del golpe de estado militar del 23 F. Pero en realidad lo que hizo fue volverse atrás de un golpe militar en el que él mismo estaba implicado, porque la intromisión de Tejero lo hizo inaceptable. El relato de Sabino Fernández Campo sobre lo ocurrido el 23 F deja claro lo que le costó que el rey entrara en razones.

Cierto que Juan Carlos viajaba por el mundo rodeado de empresarios a los que facilitaba negocios al tiempo que él hacía también los suyos. Es decir, fue un embajador que dejaba mal a España ante todos los que conocieran esos tejemanejes. De la misma manera que dejó mal a España con aquella impertinencia del “¿Por qué no te callas?” dirigida a Hugo Chávez, que no fue precisamente campechana y que en España gustó tanto a la chulería andante de la derecha.

Añadamos lo que se ha terminado sabiendo ahora, pero que se sabía desde un principio por quienes se hicieron los sordos y los ciegos.

A pesar de todo la derecha sigue insistiendo en su relato mitificador. Afirma, que algo queda.

¿Presunción de inocencia cuando hay inviolabilidad?

Los firmantes del manifiesto antes citado nos advierten:

Las numerosas informaciones que aparecen estos días sobre determinadas actividades del rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia. Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia.”

Pero vamos a ver, ¿no es inviolable este señor? Resultará entonces que los ciudadanos no le podemos condenar antes de que los tribunales le condenen, pero los tribunales no le pueden juzgar porque es inviolable. A lo más a que están dispuestos es a revisar sus actuaciones posteriores a la abdicación. Pero aun así con reticencias. El ministerio fiscal no interviene hasta que el fiscal suizo Yves Bertossa exige que se investigue al ex rey en España porque en otro caso será investigado en Suiza.

No se puede evitar que una gran parte de la sociedad española desconfíe de la justicia, por mucho que eso incomode al Consejo General del Poder Judicial. Son muchos los que piensan que están bien amaestrados los jueces y tribunales encargados de proceder contra esos españoles de arriba “que son iguales a los demás españoles ante la ley”. Cierto que a veces no tienen más remedio que encarcelar a alguno de ellos por delitos económicos, pero en tales casos nunca llega la sangre al río. Reciben trato de favor y se quedan con casi todo lo robado para disfrutarlo tras un tiempo reducido de cárcel.

Pero dejando esto de lado, ¿no justifica la condena social a Juan Carlos que su propio hijo le haya considerado culpable y que él haya huido sin dar la menor explicación, sin replicar a las muchas acusaciones que le afectan? Más bien el buen sentido nos lleva a pensar inevitablemente que las cosas reprobables serán sin duda muchas más de las que ya conocemos. Nunca se ha desmentido por la Casa Real que el patrimonio que amasó Juan Carlos ya desde que era príncipe llegue a los 2.000 millones de euros que le asignan publicaciones especializadas. Mientras él calle y no demuestre cuál es su patrimonio ¿cómo no creer que Corinna Larsen maneja datos suficientes cuando asegura que el monarca español debe tener “cientos de cuentas en otras jurisdicciones”, aparte de las ya conocidas en Suiza?

Una cosa es la institución y otra cosa la persona

Pese a que tenemos una monarquía sin legitimidad de ejercicio a causa del comportamiento de Juan Carlos I, se afirma una y otra vez que una cosa es la institución y otra cosa la persona. Juan Carlos ha defraudado a los españoles, pero eso no afecta a la institución.

¿Puede el rey actual encarnar la institución con solvencia achacando a su padre todo lo reprobable?

No, porque la población sospecha con toda razón que Felipe VI, como el resto de la familia, era conocedor de los negocios ilícitos de su padre. Si figura como beneficiario en sociedades creadas por su padre para defraudar, ¿es que su padre nunca se lo dijo? ¿Tampoco le dijo lo que ahora cuenta The Telegraph, que el empresario Josep Cusí, a través de la sociedad Navilot, abonó 269.000 dólares del total de 467.500 que costó su viaje de novios?

El problema de nuestra monarquía es lo que se pueda ir sabiendo sobre cuentas bancarias fraudulentas situadas en paraísos fiscales protectores. Está por tanto expuesta a ser zarandeada por informaciones comprometedoras.

Basta con repasar la historia de los últimos escándalos.

El 5 de marzo de 2019 el despacho británico de abogados Kobre & Kim dirigió una carta a la Casa del Rey en la que le comunicaba su designación como beneficiario de la Fundación Lucum a la muerte de su padre.

La alarma se activa, pero no se hace pública. Ha tenido que pasar un año para que supiéramos que Felipe VI hizo llegar copia de esta carta a su padre, “así como a las autoridades competentes” y comunicó por escrito al despacho de abogados británico que ni Felipe VI ni la Casa del Rey “tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna” de la supuesta designación como heredero. Hemos sabido también que el 12 de abril siguiente el rey compareció ante notario para dejar acta notarial de estos extremos (se supone que a fin de fabricar una futura prueba).

Luego, el 27 de mayo de 2019 el rey emérito anuncia que en junio de ese año “pone fin a toda actividad institucional u oficial, retirándose completamente de la vida pública”. Pero no hace la menor alusión a la causa.

El escándalo salta al fin cuando aparecen informaciones que señalan a Felipe VI como beneficiario de las fundaciones Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo de Juan Carlos I, a quien pagó numerosos vuelos en aviones privados, y Lucum, investigada por la Fiscalía Anticorrupción por recibir supuestamente 100 millones de dólares de Arabia Saudí.

Es entonces, el 16 de marzo pasado, cuando Felipe VI comunica lo que hizo un año antes y es entonces cuando retira a su padre la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa del Rey (194.232 euros anuales).

Los diversos informes que van saliendo a la luz revelan una estructura offshore como trama de blanqueo de capitales encabezada por el rey emérito y con su hijo el rey Felipe como segundo adjudicatario de la fortuna. El futuro es borrascoso. Corinna Larsen en una entrevista para la BBC acusa a la Casa Real de ser “una empresa familiar” que se lucra desde hace 40 años. Y lo grave es que esa acusación, sea o no verdadera, resulta muy creíble.

La hace más creíble que el emérito haya huido sin dar explicaciones.

¿Por qué el interés en conservar esta institución?

Apelan algunos, en su afán por mantener la monarquía, al mal final que han tenido las repúblicas españolas, y se fijan sobre todo en la última, achacando sus males a su propia naturaleza, y no a que, como intento progresista, recibió la ofensiva brutal de todas las fuerzas reaccionarias del país.

Otros, contradiciendo su tradición republicana, aceptan la monarquía porque no ven alternativa por ahora.

Alegan que no es momento de abrir este tema porque tenemos grandes problemas que solucionar y no podemos distraernos con asuntos menores. Pero hasta ahora nunca fue buen momento, ni siquiera cuando el PSOE tenía mayoría absoluta y hubiera podido conseguir el apoyo de otras fuerzas.

A estos renuentes les parece inoportuno incluso que se plantee el asunto, sin tener en cuenta que una cosa es modificar la Constitución y otra muy distinta poner un tema sobre la mesa para que la libre discusión vaya generando una opinión pública bien informada. Estamos en un momento en que se hace necesario discutir la conveniencia de convertir España en un Estado federal republicano.

Hay sin embargo un tercer argumento para defender la monarquía y es considerarla el mejor sistema para mantener la unidad en países que tienden a fragmentarse; pues siendo hereditaria la jefatura del Estado queda al margen y por encima de cualquier grupo, partido o territorio, y así funciona como símbolo de unidad de modo más eficiente que si la ostentara el miembro de un partido político. Esa sería la utilidad de monarquías parlamentarias en Estados plurinacionales, como el Reino Unido, Bélgica o la misma España.

Ahora bien, si tan bueno es que el jefe del Estado no sea elegible, ¿por qué no hacer lo mismo con el jefe del gobierno? La verdadera razón de la utilidad de la monarquía es que una mayoría de la población está aferrada a viejas tradiciones, poco evolucionada mentalmente y adoradora del prestigio de la sangre azul, al punto que un problema para las monarquías actuales son los matrimonios de miembros de la familia real con personas no pertenecientes a la realeza o, al menos, a la alta aristocracia.

Pero en España los escándalos del rey emérito unidos a la desafortunada toma de posición del rey Felipe VI en su discurso del 3-O, impiden que la monarquía pueda hacer ese papel de cemento unificante. Tiene un decreciente apoyo entre la gente joven y ha perdido casi todo su carisma allí donde su papel podría ser más efectivo, en Euskadi y Cataluña, territorios animados por el sentimiento independentista.

La situación actual

Pienso que sería un paso adelante eliminar nuestra monarquía y convertir España en un Estado federal republicano, pero para eso hace falta una mayoría en el Parlamento que por ahora no se da. Claro que pueden aparecer mañana nuevas revelaciones que obliguen a un replanteamiento del tema.

Pero si no fuera así, la cosa no es sin embargo tan grave. Puesto que los principios democráticos no se respetan en parte alguna, la forma de Estado pasa a ser asunto secundario. Tanto en monarquía como en república tenemos una mayoría dominada y explotada, tenemos medios de comunicación en manos de bancos y fondos buitre y tenemos una educación popular entregada a las antiescuelas (publicidad, influencers, modelos sociales, escuelas privadas) contra las que poco puede una escuela pública mal diseñada y sin medios.

Puesto que no podemos por ahora convertir nuestro país en “una España moderna, con un sistema político, económico y social avanzado, fraguado en la libertad, en la justicia y en la solidaridad”, resignémonos a lo que hay, aunque sin privarnos de criticarlo desde la objetividad de quien utiliza la razón y no tiene apuestas en el sistema.

Resignémonos por tanto a soportar la monarquía, aunque preguntándonos si podría ser menos gravosa y más presentable.

Creo que no, porque para ello sería necesario:

-Que se despoje de sus títulos y honores a Juan Carlos, sea expulsado de la Casa Real y se le exija que devuelva todo lo adquirido fraudulentamente.

-Que el actual rey declare ante el Parlamento que ha sido sido completamente ajeno a los trapicheos de su padre.

-Que no interfiera si los jueces se atreven a juzgar a Juan Carlos como corresponde.

-Que el Parlamento investigue todo lo relativo al comportamiento y los bienes del rey emérito durante los cuarenta años de su reinado.

-Que se apliquen a los miembros de la Casa Real las normas de transparencia aplicables a los cargos públicos, y que cada uno de esos miembros presente una declaración de bienes ante el Parlamento. No olvidemos que la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aplica a los altos cargos del Poder Ejecutivo, los órganos de los poderes Legislativo y Judicial, así como otros órganos constitucionales y reguladores. También a los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, pero nada dice sobre la declaración pública de actividades, bienes y patrimonio de la Familia Real.

-Que si cualquiera de los miembros de la Casa Real tiene bienes no declarados hasta ahora, o ha blanqueado dinero o ha evadido impuestos, se someta a la justicia.

-Que se modifique la legislación sobre la Casa Real, limitando la inviolabilidad del rey a aquellos actos que tienen que ser refrendados por el gobierno.

-Que el rey deje de ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

¿Verdad que ni siquiera esto es posible? Pues sigamos con las mentiras de que se nutre la Gran Mentira.

jmchamorro@jmchamorro.info

PROGRAMA PARA UNA REFUNDACIÓN DEL CAPITALISMO

¿Recuerdan aquella cantinela de refundar el capitalismo, que siempre surgió en los momentos álgidos de las crisis y siempre quedó en nada?

Metidos de lleno en la resaca de los papeles de Panamá y en la noria de procesamientos por corrupción, son de maravillar algunos datos de fonotecas y hemerotecas. Ahí tenemos a esos dignos prohombres afirmando solemnemente que pagar los impuestos es una obligación moral mientras defraudaban en secreto, y aquí los tenemos afirmando, con la misma vehemencia, que ellos no han defraudado ni un euro. Entretanto el ministro de Hacienda nos ofende con una propaganda obscena sobre la obligación de pagar los impuestos (incluido ese impuesto criminal que se denomina IVA) dirigida a la moral de las clases medias y bajas.

Todo el que guíe sus preferencias por la razón y por la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno ha de ser, pienso yo, radicalmente anticapitalista. Pero no voy ahora a manifestarme como tal, sino a proponer un modo sencillo de, sin abandonar el capitalismo, salir del lodazal a que nos ha llevado la política neoliberal.

Son muchos los políticos, instituciones y gobiernos que afirman estar muy preocupados por la corrupción, la creciente desigualdad, la violencia. Tienen fácil eliminar todo eso si quieren. Bastan las decisiones elementales que siguen.

Cinco medidas de ámbito mundial

1. Eliminación de todos los billetes (no sólo los de 500 euros o 100 dólares), convirtiendo en electrónicos ingresos y pagos, imputables todos ellos a una única cuenta corriente de cada persona física o jurídica (sometida dicha cuenta a secreto salvo decisión judicial).

2. Nacionalización de las Bolsas, de las empresas llamadas sistémicas (esas a las que no se puede dejar caer porque se derrumbaría la economía entera, como las financieras) y de las que prestan servicios esenciales para la comunidad (como las energéticas, las farmacéuticas y las de comunicaciones).

3. Prohibición de sociedades mercantiles carentes de actividad mercantil (sociedades pantalla), de paraísos fiscales, del dumping fiscal y laboral y de la especulación bursátil.

4. Ingreso personal mínimo de 2.000 euros mensuales (sea como salario, beneficios o renta social compensatoria) y máximo de 20.000. Límite a la riqueza privada (fijable, digamos, entre 5 y 10 millones de euros).

5. Medios públicos de comunicación socialmente controlados, con libre acceso de las distintas opciones políticas e ideologías.

Las incalculables ventajas

1. Se podría dedicar a la educación un mínimo del 20% del PIB con el capital liberado de manos privadas.

2. Se podría dedicar otra parte suficiente a resarcir a los países pobres por los enormes perjuicios que les ha causado la colonización (la antigua y la presente).

3. Al no contar con los medios que la hacen posible, desaparecería la corrupción (1,75 billones de euros en el mundo según el FMI).

4. El control ideológico a través de los medios de comunicación privados quedaría en parte compensado por la libertad de expresión de los medios públicos.

5. Podría haber democracia por fin, porque el poder económico privado no tendría entidad suficiente para controlar en la sombra al poder político.

6. Habría pasado a la historia una gran parte de la delincuencia y de la violencia que ahora padecemos.

En definitiva, con estas medidas el mundo que dejaríamos a nuestros descendientes seguiría siendo capitalista, pero por fin habitable para todos.

Argumentos en contra

Los conservadores dados a razonar (los pocos que no se limitan a la descalificación) opondrían a ese programa los siguientes argumentos:

1º: Tales medidas de refundación hundirían la economía del país por la represalia de los mercados.

2º: Además serían nocivas porque es el egoísmo (el afán de beneficios) el que promueve riqueza y desarrollo, y ese egoísmo quedaría sin alicientes.

3º: Esas medidas serían un atentado a la libertad.

La réplica al primer argumento es que, aunque es cierto que ese programa no se puede adoptar en un solo país, no cabría represalia de los llamados “mercados” si se decidiera en la ONU para el mundo entero. Bastaría que la tan invocada globalización no fuera, como es hoy, un espacio mundial selvático para beneficio de los económicamente fuertes, sino un mundo ordenado por leyes racionales y justas.

En cuanto al segundo argumento, no es cierto que sólo el afán de dinero mueva al humano, pero aun aceptándolo ¿acaso no serían suficiente aliciente unos ingresos de hasta 20.000 euros mensuales y un patrimonio de 5 a 10 millones para aquellos emprendedores que se mueven sólo por el afán de lucro? Lo cierto es que la economía mejoraría profundamente, al tener toda la población una mayor capacitación intelectual, mayor sensibilidad para no agredir al medio con producciones prescindibles, y mejor disposición y salud.

Cierto que la minoría de arriba perdería la libertad del potentado no sometido a restricciones, pero todos los demás ganarían la libertad que dan unos ingresos razonables, una educación de alta calidad, seguridad laboral, un ambiente pacífico y favorable a la cooperación, y unos medios de comunicación no dependientes de la voluntad de sus dueños.

Los argumentos en contra son, pues, sólo un pretexto de quienes han venido legislando y gobernando el mundo como testaferros controlados (a través de los medios de comunicación, las deudas de sus partidos, etc.) y bien remunerados (puertas giratorias y otras formas de corrupción). Sirvan de ejemplo los socialdemócratas retirados Tony Blair y Felipe González.

Lo posible imposible

Tratándose de un programa perfectamente hacedero, está claro que no se realiza porque va contra los intereses de la élite económica y ella lo impide.

Si el mero intento de una tímida política favorable a la mayoría encuentra en seguida una reacción desproporcionada de “los de arriba”, ¿imaginan lo que haría la oligarquía económico-financiera del mundo (y a su cabeza la americana, a la que algunos llaman “el partido de Wall Street”) si se intentara reducir patrimonios de decenas de miles de millones de dólares a sólo 5 o 10 millones? Recuerden que la ideología dominante, la que ellos mismos promueven, identifica sus intereses con democracia y libertad, a cuyo servicio están, entre otras fuerzas, los medios de comunicación privados importantes, ríos de dinero para financiar ataques y en última instancia el ejército de EE UU. Basta mirar alrededor para encontrarse con el bloqueo económico a Cuba, el escarmiento a Grecia y los golpes de Estado blandos que se están intentando en Venezuela y Brasil, por no citar los golpes sangrientos que se han dado cada vez que los blandos no bastaron.

La natural precaución de la izquierda

Es entonces natural que la izquierda no integre en sus programas electorales medidas como las antes enumeradas, porque sabe de sobra que no las podría cumplir.

Más difícil de explicar es que ni siquiera se atreva a proponer algunas de estas medidas, las más fuertes, para su discusión en foros y medios de comunicación, primer paso para que la gente vaya comprendiendo la necesidad de adoptarlas.

Hemos de tener en cuenta sin embargo que, aún quedándose más cortos, los políticos de izquierda no se libran de la descalificación sumaria como peligrosos radicales y antisistema, y del desprecio como demagogos y populistas.

Está claro que estas descalificaciones son muy burdas: no son peligrosos quienes sólo buscan que el sistema real se aproxime al proclamado (que incluye democracia, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, bienestar general); por el contrario los peligrosos son quienes defienden el sistema corrompido, antidemocrático e injusto que padecemos. Pero en los medios de comunicación no son estos, sino aquellos, los presentados como un peligro público. Tiene por otra parte gracia que, si se entiende el populismo como hacer promesas que gustan a la gente pero que no se pueden cumplir, la única razón de que no se puedan cumplir es que lo impiden los mismos que acusan de populismo.

Pero aunque estas descalificaciones sean cínicas, hacen su efecto en una parte considerable de los votantes. Y ese efecto es el que temen los partidos de izquierda.

Qué puede hacer un partido decente si llega al gobierno

Sólo podrá cumplir sus moderadas promesas si tiene suficiente respaldo social para doblegar la resistencia de los de arriba, y le será por eso necesario ir paso a paso, conociendo la dificultad del camino.

Lo importante, hay que insistir en ello, es que, al tiempo que se adoptan las necesarias medidas socialdemócratas para mejorar la situación de los de abajo, y aquellas otras que vayan abriendo camino a la democracia, se incida en tres espacios no bien atendidos por la izquierda: la educación, la comunicación y la creación de vínculos internacionales. Antes de acometer en el futuro empresas más audaces hay que transformar la mentalidad de los pueblos y establecer redes de colaboración y resistencia entre países. Para ello es necesario contar con medios de comunicación que disputen el control ideológico a los privados ahora dominantes.

Lo que además se debe exigir a un partido decente y no controlado es que hable claro cada vez que no pueda hacer lo que prometió. El recurso a la explicación verdadera es la mejor arma pedagógica para conseguir un pueblo más consciente de lo que está ocurriendo y por tanto más cómplice con una actividad socialmente transformadora. Aparte de que la verdad en boca de un jefe de gobierno sería una gran sorpresa para la gente, porque nunca la ha conocido.

jmchamorro@jmchamorro.info

LA MARCA ESPAÑA

“Marca España” es una política de Estado puesta en marcha en 2012 por el gobierno de Rajoy para promover la imagen exterior de España en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico. Para tal política se ha creado un Alto Comisionado del Gobierno, con su oficina, una de cuyas pretensiones es despertar
el sentimiento de orgullo de los españoles por pertenecer a su país.
El nombre “Marca España” es desafortunado, pero dándolo por bueno hemos de reconocer que el gobierno y su partido hacen algunas banalidades para mejorar esa marca y otras cosas no tan banales para hundirla.
Entre las primeras están los videos promocionales, en los que se apela al turismo de sol y playa, la selección española, el flamenco, las tapas, los viñedos, el Teide… O el pago de 1,4 millones de euros a Nadal para que sirva como imagen en la promoción internacional de Alimentos de España.
¿Qué puede hundir la Marca España? ¿Acaso el movimiento 15-M o el partido Podemos? El Alto Comisionado Carlos Espinosa de los Monteros dice que no, pero la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Doncausa, cree que sí. ¿De qué está hecha esa Marca que un movimiento de protesta por la injusticia y la corrupción puede dañarla?
Sí en cambio la hunden (y de paso avergüenzan a muchos españoles por pertenecer a su país) muchas cosas de las que el gobierno y su partido han hecho, y de las que baste citar las siguientes:

a) Haber perdido 11.000 investigadores desde 2010, con una caída de personal y financiación que hace retroceder al CSIC diez años, asegurándonos así un hermoso futuro en el ámbito científico y tecnológico.

b) Someterse sin rechistar a las órdenes de la troika, dictadas para salvaguardar los intereses de los acreedores (la gran banca) caiga quien caiga (millones de ciudadanos), actitud que deja muy mal la Marca España por comparación, por ejemplo, con la Grecia actual, país más pequeño y pobre, pero capaz de resistir con dignidad las presiones de las instituciones controladas por la derecha neoliberal.

c) Tener una tasa de paro “real” (usando el indicador U6, que añade a los parados que buscan trabajo aquellos que lo quieren pero no lo buscan porque creen que no lo van a encontrar, los afectados por una regulación de empleo y los que, trabajando a tiempo parcial, querrían trabajar a tiempo completo) de un 34,2%. Y tener entre los empleados muchos “esclavos laborales” (con salarios de entre 400 y 600 euros mensuales y sin garantía de estabilidad en el trabajo). No digamos ya presentar esto como un éxito económico, alardeando de que estamos a la cabeza de Europa.

d) A diferencia de lo ocurrido en otros países, perder más de un noventa y cinco por ciento del dinero público con que se rescató a las Cajas para salvarlas, malvendiéndolas a la banca privada una vez saneadas, en lugar de haber formado con ellas un banco público o haber definido otras formas de recuperación. El rescate bancario español se ha llevado 76.000 millones de euros de dinero público según el último cálculo del Banco de España, y de ellos sólo se han recuperado 3.340 millones (el 4,4 por ciento).

e) Haber mantenido durante muchos años tramas de corrupción extendidas por todo el territorio y conectadas a las instituciones políticas, y unos gobernantes con un nivel de cinismo difícilmente superable. Por ejemplo, un jefe de gobierno que no se da por aludido, pese a las sospechas fundadas (y conocidas en el mundo entero, ¡oh marca España!) de que él, como otros dirigentes del PP, ha cobrado sobres con dinero negro, y que su partido ha concurrido a las elecciones financiándose con dinero negro recibido a cambio de concesiones administrativas.

f) Reducir nuestra aportación al desarrollo a niveles de 1990, tras habernos comprometido a un 0,7 del PIB y llegar a un 0,46 en 2009. Ahora hemos descendido a un 0,17 (1815 millones este año, 234 menos que el año pasado, partida que acumula, de hecho, un recorte del 70% desde que comenzó la crisis en 2008.). Solo Eslovaquia, Polonia, República Checa, Grecia y Corea destinan menos porcentaje de su renta nacional bruta a la cooperación que España. “Hay que tener en cuenta el contexto económico”, dicen desde el gobierno, pero ni siquiera Portugal e Irlanda, que no están mejor que nosotros económicamente, han recortado tanto.

g) Por si eso fuera poco, tener políticos que se han apropiado de parte del dinero destinado a la cooperación, como el exconseller de Solidaridad de la Comunidad Valenciana y exportavoz del PP, Rafael Blasco, que a través de una trama de empresas ha desviado hasta 4,4 millones de euros de los 6,7 millones concedidos en ayudas por esa Comunidad (proyectos solidarios en Nicaragua, un hospital en Haití tras el terremoto de 2010, ayuda a enfermos de sida y menores violados en Guinea Ecuatorial, a la independencia de la mujer en República Dominicana, y otras ayudas a Camerún, Malabo, Guinea, Moca, Paraguay, El Salvador, Tailandia, México y Perú).
Tener además ciudadanos como el empresario cabeza de la trama, César Tauroni, capaz de resumir este saqueo en la frase: “Prioricemos lo nuestro antes que lo de los negratas”.
Y tener una administración en la que el citado conseller pudo apartar de sus puestos o hacer dimitir a dos directoras generales, un jefe de área, dos jefas de servicio y un secretario de la comisión evaluadora de la Consejería de Inmigración y Ciudadanía por negarse a avalar los expedientes irregulares que permitieron el saqueo descrito.

h) Consolidar un tipo deficiente de educación, cuyo resultado es una mayoría de población que convive tranquilamente con todo lo anteriormente enumerado y de la que se pueden temer cosas descorazonadoras. Por ejemplo, que acabe haciendo alcaldesa de Madrid a Esperanza Aguirre, elegida candidata por el dedo de Rajoy, sabedor de que bajo el manto protector de Aguirre se urdió la impresionante trama Púnica de corrupción.

La Marca España.