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LA CUESTIÓN CATALANA, LA DEMOCRACIA Y LA LEGALIDAD

Varias veces en este blog (septiembre de 2014, octubre de 2015) he expuesto lo que pienso del caso catalán.

Por razones alejadas del nacionalismo español deseo que Cataluña siga formando parte de España (tengo familia en Cataluña y soy de izquierdas). Pero, deseos aparte, creo que si una mayoría suficiente de catalanes quiere separarse de España se debe facilitar esa separación y tratar de reducir en lo posible el traumatismo.

No voy a repetir lo dicho en esas entradas, que lo doy por vigente y aplicable al momento presente, sino sólo aprovechar la discusión actual que de manera abrumadora tiene por motivos principales “Estado de derecho”, “democracia”, “ley”, “Constitución”, “justicia”, “tribunales”, términos en los que se plantea la cuestión tanto por parte de los dos nacionalismos en pugna como por los que, sin ser nacionalistas, quieren mediar en el conflicto. ¡Qué cansancio! En fin, que aprovecho para insistir en cuestiones que por ahora apenas tienen aceptación (y que por ello es necesario traerlas a colación una vez y otra desde los diferentes puntos de vista que la actualidad ofrece).

Democracia

Que muchos crean que vivimos en una democracia se debe a la capacidad persuasoria del Sistema, no a datos reales que puedan insertarse en una definición operativa de democracia. Identificar democracia con derecho a votar, o con Estado de Derecho, o con división de poderes, es una ingenuidad. En el capitalismo la democracia es el mero disfraz de una plutocracia populista, algo que la izquierda marxista sabe desde hace mucho tiempo y que resulta cada día más corroborado por los hechos. Entonces no tiene mucho sentido que alguien de izquierdas apele a la democracia. La derecha, crea lo que crea, está interesada en afirmar que España es una democracia. Es parte de ese juego, el de la mentira sistemática, al que están obligados los defensores del Sistema. Y lo afirman de manera tan insistente, y con tan escasa réplica, que casi todos llegan a creerlo.

Repito lo dicho otras veces: esta plutocracia populista es preferible a una dictadura como la franquista, porque, en términos de la llamada Ley de Rummel, en una dictadura hay más probabilidades de que los gobernantes asesinen a sus propios ciudadanos. Estamos, pues, en un sistema político en el que corremos menos riesgos de ser asesinados por nuestros gobernantes, sobre todo si pertenecemos a las capas de población integradas (en Estados Unidos un negro tiene 21 veces más probabilidades que un blanco de morir tiroteado por la policía, situación trasladable mutatis mutandis a los restantes países que se llaman democráticos).

Pero que vivamos con más seguridad no autoriza a hablar de democracia cuando no se cumplen sus condiciones básicas (para cuyo análisis me remito a la entrada de este blog de diciembre de 2014 No cabe democracia en el capitalismo). Lamento que la izquierda anticapitalista no se atreva a decir esto una vez y otra, pero hasta cierto punto es disculpable. Imaginen la que les caería encima si tuvieran la osadía de decir: en el capitalismo la democracia no es posible.

Legalidad

En una plutocracia que se presenta como democracia toda ley básica es necesariamente ilegítima, ya que ha de tener una finalidad contraria a la proclamada.

Lean el preámbulo de nuestra Constitución manteniendo la calma (si pueden). Lean luego que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (artículo 1); que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (artículo 31); que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo” (artículo 35); que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (artículo 47); o que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (artículo 128).

Las leyes y normas que dictan Parlamento y Gobierno están en principio sometidas a esta Constitución, pero resulta que esas normas dejan en paro, y sin vivienda, y en la pobreza o en la pobreza extrema, a millones de españoles, favorecen la especulación del suelo, aumentan las desigualdades sociales haciendo a los ricos más ricos y a los pobres mas pobres, los ricos no subordinan su riqueza al interés general, sino que la llevan a paraísos fiscales para eludir impuestos y el Gobierno les premia con una amnistía, etc., etc.

Todo esto es inevitable, porque en una plutocracia las leyes económicas son diseñadas por los bancos y las grandes compañías, y el papel de los partidos políticos del Sistema se limita a votarlas en el Parlamento. Son leyes injustas e irracionales (como el Sistema mismo), y además contrarias a la Constitución, pero se nos imponen por la fuerza de sus promotores y beneficiarios. El viejo dicho “quien hizo la ley hizo la trampa” refleja sagazmente la forma en que la oligarquía redacta las leyes a su conveniencia: adjuntando a la ley la trampa que permite al poderoso, y sólo al poderoso, eludir sus obligaciones.

De manera que la Constitución, ley de leyes que se presenta por algunos como si tuviera carácter sagrado, está llena de afirmaciones vacías que nadie cumple y que nadie toma en cuenta, salvo que se trate de legitimar o impedir algo en interés de ya saben quiénes. Y entonces el artículo que legitima es inalterable e innegociable, y el que impide es alterable al momento. En este caso ellos, ya saben quiénes, cursan la orden y los políticos disciplinados hacen el cambio en un abrir y cerrar de ojos, sin argumentar, sin discusión democrática, simplemente obedeciendo. Obedeciendo no al pueblo que dicen representar. Contra ese pueblo.

Quiere ello decir que apelar a la Constitución como si fuera una ley sagrada es oportunismo basado en una mentira.

Añádase a esto que hay situaciones en que infringir la ley es luchar por mayor libertad y mayor justicia, y aplicar la ley es oponerse al progreso.

Justicia

¿Alguien puede creer a estas alturas que los jueces y tribunales españoles son independientes e imparten justicia? Los jueces no han sido seleccionados por su integridad moral, capacidad interpretativa y sensibilidad social, ni pueden ser independientes si quieren llegar a los puestos más altos, y mal pueden impartir justicia si se ven obligados a aplicar leyes injustas.

Cuando Emilio Botín tenía un pie en la cárcel, el Tribunal Supremo se sacó de la manga la doctrina Botín, que dice que la acusación popular no vale si el fiscal o la víctima del delito no acusan. Por eso se archivó ese caso y por otras razones otros dos posteriores contra la misma persona. Ocurrió luego que, cuando interesó procesar a Atuxa, el Tribunal Supremo encontró que su doctrina Botín era un obstáculo. Solución: inventar para el caso la doctrina Atuxa. Y cuando interesó inhabilitar al Juez Garzón porque estaba metiendo las narices donde no debía, a los magistrados del Supremo no les importó quedar en evidencia ante la comunidad jurídica mundial. ¿Algún juez se ha atrevido a investigar el origen de la riqueza del rey emérito?

Eso es la justicia. El respeto y el acatamiento a las decisiones judiciales (siempre en boca de los pro-sistema) no es lo mismo que el sometimiento a las decisiones judiciales. Yo, que fui hace tiempo abogado en ejercicio y sé de lo que hablo, no respeto ni acato muchas decisiones judiciales que me parecen de una injusticia bochornosa, pero tengo que someterme a ellas. ¡Qué remedio si nada puedo hacer para evitar que se sobresean ciertas causas, que no se abran otras, o que un juez sea inhabilitado por querer hacer justicia!

Cuestión de fuerza

Así que dejémonos de cuentos. Si incumples la ley o las decisiones judiciales, por ilegítimas e injustas que sean, tienes que habértelas con la policía, los jueces, las multas o la cárcel. Tú, ciudadano normal, tienes menos fuerza que policías y jueces. Emilio Botín tenía la fuerza que le daba ser presidente del Banco de Santander. Rajoy ha ganado elecciones con dinero negro producto de delitos, dirige desde hace muchos años un partido descrito en los juzgados como una especie de mafia, hay muy fundadas sospechas de que ha cobrado sobres en negro, y nada de ello le lleva a la cárcel, ni siquiera le descabalga de su puesto de jefe del Gobierno (para vergüenza de nuestro país). Está situado en una trama que le da fuerza suficiente frente a jueces y policías.

Volviendo al caso catalán con estas ideas

El origen de la situación actual

Recordemos que, cuando el 31 de julio de 2006 el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional 114 de los 223 artículos del Estatuto de Autonomía catalán, la Abogacía del Estado puso de manifiesto que 30 de esos artículos estaban calcados en el Estatuto de Andalucía que los populares aprobaron en el Congreso y no recurrieron por creer que eran plenamente constitucionales (entre ellos los que regulan el testamento vital y el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte; el Poder Judicial autonómico; el capítulo de competencias o la regulación de las cajas de ahorro). “Un precepto jurídico no puede ser constitucional e inconstitucional al mismo tiempo”, señalaba la Abogacía del Estado como crítica a la postura del Partido Popular, pero el Tribunal Constitucional, que estaba formado por seis magistrados “conservadores” y seis “progresistas” (es decir, seis nombrados por el PP y seis por el PSOE) dedicó ¡cuatro años! a deliberar, y en ese tiempo se sucedieron las tretas de PP y PSOE para conseguir mayoría de miembros. Hubo una ola de recusaciones cruzadas que dejó al tribunal con una mayoría “conservadora” de seis contra cinco. Luego vino la falta de acuerdo para cubrir la vacante por fallecimiento de un magistrado “conservador” y el cuestionamiento de la legitimidad del Tribunal porque había expirado el mandato de dos tercios de los magistrados y el bloqueo en el Senado impedía su renovación. Finalmente se alcanzó un acuerdo y el Tribunal declaró inconstitucionales 14 artículos (por ocho votos contra dos) y sujetos a la interpretación del tribunal otros 27 (por seis votos contra cuatro). Resultado: artículos que son inconstitucionales en Cataluña no lo son en Andalucía o en Baleares. ¡Viva la separación de poderes, la justicia y la coherencia!

La fuerza de los independentistas

Si todas las apelaciones al Estado de derecho, la justicia, la legalidad, la Constitución son en realidad una apelación a la fuerza (la del Sistema), nada se puede criticar a quien opone otra fuerza (para fabricar un Sistema alternativo). ¿Que los separatistas han violado la legalidad y han hecho mil disparates antidemocráticos? Pues claro, pero se han limitado a quitarse por un momento el disfraz con que cargan los políticos en el Sistema. Y las mismas violaciones y disparates han cometido quienes se sitúan enfrente (aunque esas violaciones y disparates hayan provocado menos algarabía mediática). Con la diferencia de que los independentistas han violado la legalidad porque quieren que los catalanes voten. Y el Gobierno lo ha hecho para impedir que los catalanes voten.

Pero en todo caso: hay derecho a decidir no porque sea democrático (para ejercer derechos democráticos tiene que haber democracia). Ese derecho nace de la fuerza (interior e internacional) que lo respalda. Si un 12% exige el derecho a decidir en consulta plebiscitaria estamos ante una mera apelación a un derecho inexistente. Si lo exige un 80% de la población la cosa cambia.

¿Cuánta fuerza puede considerarse suficiente para decretar la independencia? La que doblegue la fuerza de los opositores.

No cabe duda de que ponen más fuerza los fieles del nacionalismo religioso que los no creyentes. Y a esa fuerza hay que añadir la que provoca en muchos catalanes la política de Rajoy. Decenas de miles de catalanes en la calle, esa es la fuerza que a Rajoy se le atraganta.

Rajoy es un burócrata incapaz de comunicar, proponer o justificar medida política alguna. No sabe dirigirse a la población, actúa amparado en la mayoría absoluta o en pactos de conveniencia, y hace su papel a la chita callando. Él ha creado el problema catalán en su dimensión actual y no hace otra cosa que empeorarlo. Miente cada vez que habla, como corresponde a su papel, así que miente cuando dice que actúa obligado por la Constitución. ¿Le obligaba la Constitución a recurrir el Estatuto catalán? Y por otra parte hay constitucionalistas que afirman que la Constitución no impide un referendum en Cataluña. Pero aunque fuera cierto lo que Rajoy afirma, ¿qué problema hay para cambiar la Constitución? ¿Acaso no se cambió a toda prisa y con nocturnidad cuando convino?

Incapaz de hacer política, Rajoy ha diseñado una ley para que sea el Tribunal Constitucional el que le saque la castañas del fuego. Y ha actuado contra las leyes que dice defender, como ha demostrado el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín. Pero su problema es que se ve obligado a defender la legalidad, y sabe que cuanto más la defienda más independentistas habrá en Cataluña (y en sus calles).

Una prueba de que estamos ante una cuestión de fuerza: Rajoy se negaba a discutir una reforma de la Constitución y ahora, a la vista de la fuerza exhibida por la otra parte, ya está dispuesto a discutir sin condiciones. Es muy diferente lo que está haciendo Rajoy de lo que haría si no tuviera una fuerza grande enfrente: en tal caso haría lo que pide el cuerpo a un nacionalista español de la España Una Grande y Libre. Eso sí, sin dejar de invocar democracia, legalidad, Constitución y bien del pueblo.

Lo deseable

Desde la izquierda lo deseable es que las clases populares de Cataluña y del resto de España se alíen contra los que dominan y explotan en Cataluña y en el resto de España. No se entiende bien la actitud de la CUP salvo pensando que sus integrantes han sido inoculados en la niñez con el virus del nacionalismo religioso, y que por ello es para la CUP más importante el proceso independentista que promover una política de izquierdas, aunque ese proceso la obligue a ir de la mano de la burguesía depredadora y antisocial de la antigua Convergencia, muy interesada en ocultar sus delitos económicos tras la bandera nacionalista.

Esto aparte, si cada acción o inacción del Gobierno aumenta el número y el empeño de los secesionistas, el independentismo perderá fuerza si el PP pierde el control de las instituciones. Esperemos que los catalanes tengan una alternativa a la opción que les propone la pregunta ideada para el referendum: independencia o seguir en la España que tenemos (que es la España gobernada por el PP). A mí me hacen esa pregunta y, si no hay otra opción, respondo: ¡Independencia, independencia!

Un principio de solución vendría, ya, si hubiera la suficiente decencia y sensatez para una moción de censura que eche a Rajoy del gobierno. Si el PSOE, enredado en sus contradicciones, no da ese paso, hay que esperar a las próximas elecciones (autonómicas y generales). Si los independentistas tuvieran mayoría suficiente, vuelta a empezar. Si en cambio se pudieran formar parlamentos y gobiernos en Cataluña y España que actuaran bajo el criterio de una política progresista, el problema catalán encontraría solución.

Primera tarea: derogar las leyes infames que todos conocemos y cambiar la ley electoral y las leyes fiscales. Con la fuerza que daría la unión de las clases progresistas catalanas con las del resto de España.

A continuación resolver de una manera equitativa y generosa la inserción de naciones y regiones en el Estado español.

 jmchamorro@jmchamorro.info

ALGO MÁS SOBRE REDES SOCIALES Y PARTIDOS INCONTROLADOS

No hay manera de entender la realidad política si se olvida una verdad histórica elemental, y es que la inicial democracia censitaria (en la que sólo podían votar los propietarios) pasó a sufragio universal sólo cuando los propietarios se sintieron seguros de que su riqueza no corría peligro si se daban estas condiciones: control sobre partidos políticos y medios de comunicación y una mayoría de la población sumida en la gnorancia respecto a cuestiones políticas y económicas. Algo fácil de conseguir si hay dinero suficiente para financiar a partidos prosistema (incluidos los socialdemócratas), sostener medios de comunicación privados, hundir a partidos y medios que no cooperen y, a través de los testaferros políticos, decidir el tipo y calidad de la educación que se da al pueblo.

Esta ha sido la base firme sobre la que se ha venido asentando el Sistema plutocrático que padecemos, y que ahora se está resquebrajando. Principalmente porque han surgido partidos no controlados y están ahí las redes sociales que disputan, a quienes lo han venido disfrutando en monopolio, el derecho a producir la información y la opinión públicas, con el efecto de que parte de la población empieza a abrir los ojos y a enterarse de qué va.

Que todo esto es muy peligroso para el poder lo demuestra la desproporcionada y feroz campaña de los medios pro-sistema contra Podemos y contra las redes sociales, y también las medidas represivas que el poder ya ha comenzado a tomar.

Los medios al servicio de sus dueños

Nada mejor para situar el caso que recordar tres sucesos recientes que no son excepcionales y que aclaran el papel de los medios privados.

Publicación de informaciones falsas contra quien conviene

Como se sabe, en 2015 el ex jefe de policía Eugenio Pino creó una brigada secreta, una policía política cuyos cometidos ilegales consistían en fabricar chapuceros informes contra políticos de Podemos o ligados al proceso soberanista catalán. Siguiendo la costumbre, un dosier anónimo fue entregado a Eduardo Inda con la instrucción de que no lo publicara en su periódico hasta que le dieran la orden de hacerlo (algo que ocurrió unos meses después, naturalmente en el momento en que podía hacer más daño electoral). En tal informe se afirma que el fin que persiguen los investigados de Podemos no es otro que dar “un golpe de Estado encubierto financiado por los gobiernos de Irán y Venezuela”, cuyo dinero serviría para “hacer apología de la izquierda más radical con el fin de desestabilizar los gobiernos occidentales y justificar sus respectivos regímenes…” Y ahí andaba Inda blandiendo un falso documento para afirmar esa necedad en su periódico digital y en los platós amigos.

El chantaje y la amenaza

Son muy didácticas algunas conversaciones telefónicas grabadas por la policía al presidente de La Razón, Mauricio Casals, al director, Francisco Marhuenda, y a Edmundo Rodríguez, consejero delegado y propietario de un 25% de ese periódico. Rodríguez, como responsable del Canal de Isabel II en América y supuesto testaferro del expresidente de Madrid Ignacio González, compró en Brasil la empresa Emissao, por la que, según indicios suficientes, se abonaron 25 millones más de su valor real, 20 de los cuales acabaron en Suiza.

Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se sintió obligada a entregar a la fiscalía documentos comprometedores para Rodríguez, tanto Casals como Marhuenda aseguraron a éste que desde la Razón harían lo que fuera para evitarlo. Y en efecto, los dos se emplearon sin descanso para salvar a su consejero delegado, según prueban conversaciones telefónicas que comienzan en Julio de 2016 y que contienen pasajes como los siguientes:

Marhuenda a Rodríguez: “Me ha dicho Mauricio, por eso te llamo, que me pongo a tus órdenes… Y yo me voy a ver a esta locuela [a Cifuentes] el lunes o el martes […] Hago lo que tú me digas.”
Casals dice a Rodríguez que ha dicho a Marhuenda que su continuidad en la dirección del periódico depende de cómo se porte en esto.
Rodriguez a Marhuenda: “Dile, oye, [a Cifuentes] que sepas que ese señor maneja el 25 % del periódico.”
Casals dice a Rodríguez que no es solamente La Razón la que se implica en su defensa, sino todo el grupo; es decir, Antena 3, Onda Cero y La Sexta.
Casals intenta calmar a Rodríguez diciéndole: “Y no te preocupes, que las pasará putas esta señora [Cifuentes]”.
Marhuenda a Rodríguez: “Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar”. Y también: “Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche a Cifuentes y que tome nota. Le he dicho: ‘tu misma, llevas ahí mucho tiempo en el Gobierno. Ahora la gente asocia el Canal a vosotros, punto, e Ignacio González es PP. Tú misma”.
Marhuenda en otra conversación: “Me ha llamado la zorra de Marisa por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa. Marisa quiere saber si es una campaña. Evidentemente he dicho que no, no hace falta reconocerlo, no es tonta. Le dije: ‘hombre, si hacéis las cosas mal, pues nosotros…’. Mañana le damos otro viaje a Cifu [Cifuentes]”.
Y, en fin, en otra conversación Rodríguez llama a Casals para expresar su malestar porque en La Razón se ha publicado una noticia elogiosa sobre el número dos de Cifuentes, y Marhuenda se disculpa : “Siento lo de Garrido, ya he dicho que no salga nada bueno de él.”

En el sumario de la Operación Lezo hay otra conversación registrada en la que Casals dice a Ignacio González que Antonio García Ferreras “se ha portado de cine” por no hacerse eco en “Al rojo vivo” de una noticia que perjudicaba al expresidente ahora en prisión. Al enterarse de esto Ferreras se defiende, pero reconociendo que hubo presiones y denunciando que El País censuró algunas de las informaciones que perjudicaban a González. Y hay una batallita de tuits entre Marhuenda y J.P. Ramírez echándose en cara mutuamente falseamiento de datos y campañas con propósitos ocultos.

Selecciones y vetos

La SER denuncia que Podemos impide a Iñigo Errejón participar en su tertulia de Hora 25 y este partido lo desmiente:

Las rotaciones y la feminización de las portavocías forman parte de nuestra política de comunicación. Informamos hace una semana a la cadena SER de que en la edición de Hora 25 prevista para hoy nos representaría Irene Montero. La SER ha decidido vetar a Irene Montero y a todos los portavoces de Podemos menos a uno. [...] Están en su derecho de vetar a Podemos en su emisora, pero nosotros estaremos dispuestos y encantados de acudir a sus programas. Estamos a la espera de que rectifiquen y que esta noche nos dejen estar en Hora 25. Si la SER no lo veta, esta noche nos representará Irene Montero. Iñigo Errejón seguirá representándonos en los medios, incluida la SER.

Es el momento en que Iñaki Gabilondo afirma en esa radio que le resulta “muy incómodo tener que recordar a catedráticos de políticas algo tan obvio como que la Cadena SER es una empresa privada que invita si quiere y a quien quiere, que naturalmente se puede criticar el mecanismo, sistema o proceso de selección de las personas a las que invita, y a las que confirma o de las que prescinde, pero eso no otorga ninguna atribución especial a ningún partido, ni le arrebata el más mínimo derecho a un medio de comunicación.” Y concluye: “Repito, creo que Podemos se hace un lío tras otro sobre los medios de comunicación.”

Evidentemente, Gabilondo se podía haber ahorrado la mucha incomodidad de tener que recordar a los demás cómo son las cosas, pues Podemos ha reconocido en su comunicado que los de la SER están en su derecho de vetarlo en su emisora. Pero ese derecho aparte ¿dónde queda la verdad, señor Gabilondo? Pues lo cierto es que en “Hora 25” no se invita a Errejón como persona, sino como representante de un partido, y de la misma manera que la SER tiene el derecho a vetar a Montero, Podemos tiene el derecho a decidir quién le representa. No es ese el tema. La explicación que debió dar Gabilondo, y que eludió, es por qué la SER veta a Montero, dado que este veto reduce la pluralidad de su tertulia en perjuicio de sus oyentes. La razón es obvia. La SER teme lo que pueda decir Montero y no teme lo que pueda decir Errejón.
En seguida Jorge M. Reverte se lanza a decir en El País:

Hasta ahora, Pablo Iglesias ha tenido mucha habilidad en tratar a esa base social, la ha pastoreado desde el radicalismo asambleario hasta hacerla participar en un partido que tiene todas las trazas de acabar en un modelo leninista, sin excluir el uso más trapacero de la aparente libertad de expresión (Irene Montero designada tertuliana por el dedo del partido).

Está claro que estos periodistas tienen que batallar sin argumentos, obligados así a una falta de pudor que, hay que reconocerlo, llevan con una dignidad encomiable.

El impacto de las redes en los medios tradicionales

Con esta realidad presente (la de medios que no están obligados a la objetividad y la verdad y que han mantenido un monopolio sobre la información y la opinión) es fácil evaluar el impacto de las redes.

La web del Ayuntamiento de Madrid y la queja de periodistas acosados

Recuerden lo que ocurrió con la página Versión Original que el Ayuntamiento de Madrid abrió en julio de 2015 para salir al paso de las informaciones erróneas publicadas en los medios privados. ¡Cuántos fervientes demócratas ofendidos por esa web hasta que se enteraron de que la UE tiene una semejante! Los periodistas defendían su monopolio enojadísimos y a lo loco. “La Constitución garantiza la libertad de información y el derecho del ciudadano a recibir información libre y plural”, alegaba Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, sin darse cuenta de que con ese argumento estaba defendiendo la libertad de información del Ayuntamiento y el derecho del ciudadano a recibir información plural (y por tanto también del Ayuntamiento).

Ahora, el pasado 6 de marzo, Victoria Prego, presidenta de Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hizo pública una petición de amparo de un grupo de periodistas que se sienten acosados y presionados por el equipo directivo de Podemos encabezado por Pablo Iglesias, así como por personas próximas a ese círculo.

“Esta inaceptable campaña -dice la APM-, que está creando un estado de miedo entre los periodistas, tiene como fin el de persuadirles de que les conviene escribir al dictado de Podemos, además de tratar de conducirlos hacia la autocensura”, y recuerda a Podemos que puede recurrir al derecho de rectificación cuando juzgue que una información incumple el necesario principio de veracidad, “en lugar de atacar de forma inadmisible a su autor o al medio que la publica”.

Secreto

Antes de nada ¡qué curiosidad! ¿Quiénes son esos periodistas, qué amenazas han recibido, de quiénes, en qué momento? ¡Mira que si entre ellos estuvieran Inda y Marhuenda! En el texto de la APM no hay pruebas, ni nombres, ni datos, y pese a que han sido exigidos, la APM no los ha dado.

Pablo Iglesias ha invitado a que se haga la denuncia ante un tribunal para que sea un juez el que dictamine si se ha cometido o no algún delito. Ningún periodista ha denunciado en los juzgados el supuesto acoso de Pablo Iglesias y su gente.

Dos pájaros de un tiro: las redes y Podemos

Pese al secreto en seguida los medios conservadores han caído sobre Podemos sin intentar antes verificar los hechos denunciados.

El País colocó el comunicado de la APM en primera a tres columnas bajo el título “El método de intimidación de Podemos a la prensa”, añadiendo un editorial titulado “El acoso de Podemos”, dando por hecho que intimidación y acoso existen. Y es que El País dice haber constatado la existencia de mensajes en los que alguna persona de la confianza de Pablo Iglesias llama “tonto” a un periodista o le dice “de donde no hay no se puede sacar”. ¡Madre mía, no es posible tamaña crueldad! “El problema de fondo -dice ese editorial- es que Podemos, y muy concretamente su líder, considera a los medios de comunicación un poder no electo”. Pues claro. ¿Es que acaso son un poder electo?

En el mismo periódico Jorge M. Reverte dice que “El uso de las redes sociales, en las que son auténticos especialistas algunos militantes de Podemos, puede convertir la vida de cualquiera en un infierno”.

Por cambiar de medio, en El imparcial su fundador, Federico Jiménez Losantos, ha escrito:

Si Podemos llega a la Moncloa, no solo nos despedirá cerrando los medios privados. Nos hará un ramoverde, como a Leopoldo López, o nos ahorrará este Valle de Lágrimas”.

Y ese mismo periódico digital decía el 9 de marzo:

Desde el matonismo que practican en “sus” redes sociales -el manejo en Facebook y Twitter es de manual- hasta las “discretas” amenazas, los radicales procuran llevar a cabo un férreo control de lo que ellos consideran que debe publicarse. No en vano, el propio Pablo Iglesias se ha mostrado partidario de legislar para cercenar a la carta la libertad de expresión.

En seguida han saltado a la palestra otros atacantes de mayor empaque, pero igualmente irreflexivos.

Mario Vargas Llosa dice en una entrevista en ABC: “No había amenazas así contra periodistas desde la Transición”, como si conociera realmente la clase de amenazas no publicadas. Y añade: “salvo quizá los crímenes de ETA”. ¡Hala!

También se ha sumado Iñaqui Gabilondo en un videoblog del 7 de marzo dedicado a los presuntos coaccionadores, en el que comienza reconociendo “Yo ignoro los hechos; no sé por tanto si hay razón suficiente para un documento público [el de la APM] de esa naturaleza”, para a continuación, como si lo tuviera todo claro, cargar contra Podemos, que de ello se trata, con estas tres cínicas razones: “Si Podemos quiere actuar contra el Sistema, debe esperar que el Sistema se defienda”. “Los medios, en su mayoría, formamos parte del Sistema y por tanto Podemos debe dar por supuesto que las líneas editoriales no le van a ser favorables. Esto es elemental”. Para concluir con cierta incoherencia que “También Podemos forma parte del Sistema y juega en esta liga”. Conclusión: son unos pardillos los cuadros de Podemos, con “uñas de acero” para unas cosas y “piel de mantequilla” para asumir “la ferocidad de la política democrática”.

Pero señor Gabilondo, quienes han mostrado piel de mantequilla son los periodistas denunciantes, no los cuadros de Podemos, que parecen tenerla de elefante. Y por otra parte ¿qué significa eso de la ferocidad de la política democrática? Si leemos entre renglones significa esto: si atacas al sistema prepárate, porque el sistema se va a defender de una manera feroz a través de sus medios privados, y no te quejes, que tú te lo has buscado.

Movidos por la misma ofuscación el PP, el PSOE y Ciudadanos cometieron la insensatez de solidarizarse en el Ayuntamiento de Madrid con los periodistas denunciantes y “manifestar su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y con la libertad de información en Madrid”. ¡Y ello sin saber quiénes son esos periodistas y sin prueba alguna de que su queja sea razonable! Con buen criterio la alcaldesa, Manuela Carmena, y los 20 concejales del grupo de Ahora Madrid rechazaron hacerlo, precisamente porque ni la denuncia ni las pruebas se han hecho públicas.

La verdadera presión sobre los periodistas

Mientras la APM considera insoportable que Podemos pretenda influir en los medios, sabe sin duda que todos los partidos lo hacen, como reconocen en El Imparcial: “Es un hecho que todos los partidos, sin excepción, presionan en mayor o menor medida a la prensa.”

Sin duda la presión depende del poder que se tenga, y hay otros partidos que tienen más poder que Podemos, y que por tanto presionan con más eficacia. Ha ocurrido en RTVE, donde la retirada de los trabajadores habituales de los puestos más importantes de la redacción, y la contratación de periodistas afines, ha sido una constante desde la llegada del Partido Popular al Gobierno. El presidente del Consejo de Informativos de TVE, Alejandro Caballero, denunció recientemente que dos de cada tres periodistas que en 2012 trabajaban en los telediarios de TVE hoy ya no lo hacen.

Esa presión ha ocurrido también cuando el ministro Fernández Díaz mandó a la policía a ‘Público’ sin orden judicial.

¿Ha protestado la APM contra el Gobierno por esas y otras cosas semejantes? Pues no.

Pero la presión principal sobre los periodistas no viene de los partidos, sino, como es natural, de los dueños y de los jefes de los medios.

Según el último Informe de la propia APM sobre la Profesión Periodística, el 75% de los periodistas en este país sienten miedo a sus jefes y se autocorrigen para evitar el despido. Irene Montero, entrevistada por Pepa Bueno en la SER, dijo que lo verdaderamente grave es que ocurra esto, lo dijo tres veces y la periodista hizo por tres veces oídos sordos. No, lo importante era seguir insistiendo sobre la denuncia de la APM.

El propio Gabilondo admite que los periodistas se aplican la autocensura por culpa del paro, que acobarda. “Está en el comportamiento humano una especie de tendencia hacia la precaución, hacia la supervivencia”.

¿Y cuál es la relación entre autocensura y paro? Ahí ya no entra Gabilondo, porque tendría que decir que la razón es que los dueños de los medios echarán a quienes no se apliquen la autocensura, esto es, a los que escriban o digan algo que a los dueños les pueda molestar. Esta autocensura es la que practica el propio Gabilondo.

Por citar un ejemplo, el señor Cebrián, presidente de PRISA, vetó a los periodistas Ignacio Escolar y Fernando Berlín porque informaron de sus intereses en Panamá. Y ningún periodista de los que trabajan en PRISA, Gabilondo incluido, dijo esta boca es mía.

La ideología que subyace

Pero voy a lo que me parece más interesante. Y es que por debajo de todo este ruido hay dos ideas que los medios no se cansan de difundir. Uno es que los periodistas son un sólido y necesario pilar de la democracia. Otro es que para cumplir con su papel han de tener el monopolio de la libertad de expresión, negándosela a cualquier crítico.

Lo expuesto en la primera parte de este artículo, con ser una minucia, bastaría para sospechar que ambas ideas son dos viejas mentiras interesadas.

¿Son los medios privados un pilar de la democracia?

Elsa González achacó a la página del Ayuntamiento de Madrid un “halo de censura” y añadió la doctrina de que “El papel del periodista es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre”. A su juicio la iniciativa del Ayuntamiento implicaba que el poder usurpaba el papel de los medios de comunicación, y no tenía cabida en una sociedad democrática.

Ahora la APM “considera totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia. La estrategia de acoso de Podemos vulnera de una manera muy grave los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información y coarta el libre ejercicio del periodismo, que es imprescindible para preservar la salud de una sociedad democrática como la española”.

En el editorial de El País antes citado se dice que “la libertad de información forma parte de los principios básicos de las democracias cuando funcionan realmente como tales y no como autocracias disfrazadas.” Y en El Imparcial se dice: “Quien no cree en la democracia tiende a atacar a sus pilares, y el derecho a la información es uno de los más sólidos y necesarios.”

Martin Schulz, que aspira a ser el próximo canciller alemán, se ha atrevido a decir: “Quien habla de prensa mentirosa golpea a la democracia. Da igual si se trata de Donald Trump o de Pegida”.
Pero resulta que, sean cuales sean las motivaciones de Trump o de Pegida, está claro que quien habla de prensa mentirosa no puede golpear a la democracia por dos razones: una es que no hay democracia, y por tanto mal se la puede golpear; otra es que no sólo hay prensa mentirosa, sino que todos los medios conservadores han de instalarse en la mentira sistemática que exige la defensa del capitalismo y la demonización de sus enemigos. Teniendo en cuenta que esos medios (los que aparecen en los kioskos y muchos de los digitales) no responden a una intención filantrópica, sino al interés de sus dueños, por lo general bancos y fondos de inversión, ¿será acaso el poder que reside en esos bancos y fondos de inversión el que ha dado a sus periodistas el papel de contrapeso del poder? El País nos ilustra: en las sociedades avanzadas los medios son un contrapoder de la sociedad civil cuya legitimidad se la da o se la niega su audiencia cotidianamente. Pero claro, la audiencia ha tenido que elegir entre medios que todos ellos están al servicio de los intereses de sus propietarios. ¿No es excesivo llamar pilares de la democracia a periodistas que no se pueden permitir el lujo de denunciar, en nombre de la transparencia y la democracia, las diversas formas en que los propietarios de sus medios hacen imposible la transparencia y la democracia?

Por paradójico que resulte, para cumplir funcionalmente el papel de “voz de su amo”, los periodistas amaestrados tienen que presentarse una y otra vez como libres e independientes, e incluso, viniéndose arriba, como contrapoderes imprescindibles y pilares de la democracia.

El confortable monopolio de la libertad de expresión

Hasta hace muy poco los medios privados influyentes han dispuesto del monopolio de la información, la opinión, la ocultación, la crítica, el insulto y la tergiversación, y los perjudicados debían tener piel dura y aguantar, o en otro caso acudir a los tribunales. Rectificar o replicar, sólo si el medio se lo permitía. Enjuiciar al que los enjuiciaba, ¿dónde hacerlo? ¿Conseguir la necesaria satisfacción de los tribunales? Los jueces tienen miedo a enfrentarse a los medios y suelen justificar sus desmanes apelando a la libertad de expresión.

O sea, que en realidad el derecho constitucional a la libertad de expresión no pertenecía a cualquiera, sino sólo a los dueños de los medios y a los periodistas contratados, obligados por ello a autocensurarse. Acostumbrada a esto, la directora de la APM no acepta de buen grado que ahora se ataque a periodistas en sus propias tribunas, o en reproches y alusiones personales en entrevistas, foros y actos públicos, o directamente en Twitter. Es decir, esta señora sigue creyendo que los periodistas son intocables, y sólo los periodistas, incluso aunque ellos ataquen a otros con mentiras e insidias.

No cabe duda de que el monopolio es una situación muy cómoda. Pero precisamente ese monopolio ha sido una de las causas, y no menor, de la tradicional sustitución de democracia por plutocracia.

Me remito a la entrada de este blog “Medios privados y democracia” y reitero, para evitar malinterpretaciones, que la solución democrática consiste en que los medios privados sean sustituidos por medios públicos libres de todo control que no sea social, y a los que tengan acceso equitativo todos los partidos, ideologías e instituciones.

El comienzo del fin del monopolio y la reacción del chiringuito amenazado

Por todo lo que vengo diciendo es un suceso nuevo, de gran importancia, que el monopolio sobre información y opinión se empiece a romper con las redes sociales, que conceden libertad de expresión a todo el mundo, y no sólo a los periodistas que actúan en los medios conservadores. Ahora también tiene libertad de expresión cualquier ciudadano para escribir un blog o para decir en Twiter lo que piensa, por ejemplo lo que piensa de un periodista. Se ha invertido la situación: es ahora el periodista el que tiene que acudir a los tribunales si ha habido en las redes una actividad delictiva contra él.

Claro está, este mazazo al monopolio de la información y la opinión no se puede tolerar, porque pone al Sistema en grave aprieto.

Flemming Rose, periodista danés investigador en el Cato Institute de Washington y autor de La tiranía del silencio (Oberon 2016) denuncia que las leyes contra los delitos de odio, concebidas para luchar contra el terrorismo y el extremismo, se aplican hoy a las palabras polémicas pero no violentas de los cómicos, los detractores de la inmigración y el islam y los musulmanes contrarios a la democracia y a Occidente, y que los Gobiernos de Europa occidental defienden esas restricciones con un lenguaje inquietantemente similar al de los dictadores. Con distintos pretextos lo hacen el Gobierno británico, el Gobierno alemán (que propone multas de hasta 50 millones de euros y penas de prisión por difundir noticias falsas) y el español (ley mordaza).

Ahora bien, si lo que se quiere eliminar es la mentira, la desinformación, la incitación al odio ¿por qué los Gobiernos no toman contra los medios establecidos y “corruptos” las mismas medidas que contra las webs, los blogs y las redes sociales?

Es una pregunta retórica, el lector informado conoce perfectamente la respuesta. Esos medios son prosistema y por tanto tienen licencia para mentir y para incitara al odio (odio, por ejemplo, a los “antisistema”). Y lo que molesta de las redes no es la mentira (a ella el Sistema está muy acostumbrado), sino que se difundan verdades que antes no salían a la luz.

Oigan todo ese cuento en torno a la posverdad, desafortunado término tan vacuo como se requiere para un éxito inmediato. Hace referencia a las mentiras que pasan por verdades en las redes. ¿Y cómo llamar entonces a las mentiras que han venido pasando y pasan por verdades en los medios tradicionales? Ah, esas mentiras no son posverdades, sino las verdades del Sistema.

jmchamorro@jmchamorro.info

LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

VERSIÓN ORIGINAL

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una página, “Versión Original”, para salir al paso de las informaciones erróneas que publiquen los medios privados sobre actuaciones de ese Ayuntamiento.

Es conocida la inquina con que algunos de estos medios han encajado la victoria de la izquierda en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, y también el comportamiento informativo que esa inquina viene provocando.

Cuando una institución pública se ve agredida por noticias falsas y tergiversaciones puede perder el tiempo reclamando ante los tribunales, que se encogerán de hombros remitiéndose a la libertad de expresión. Puede tratar de conectar con los autores de las noticias falsas para que rectifiquen, pero parece que muchos periodistas no se ponen al teléfono si es para esto. Cabe también enviar a los medios rectificaciones que no se atenderán.

Si se comprueba la ineficacia de estas soluciones vale hacer lo que el Ayuntamiento de Madrid: abrir una página para ir exponiendo con qué informaciones no está de acuerdo y por qué. Dicho de otra forma, para matizar o rectificar informaciones periodísticas que el Ayuntamiento considera incorrectas o incompletas.

REACCIONES

Gran revuelo. Al momento Isabel Rosell, protavoz del PP en el área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento tildó la página “de digna de George Orwell y su Ministerio de la Verdad” y avanzó que pedirá una moción de urgencia para borrarla. Begoña Villacís, de Ciudadanos, calificó la página de “inaceptable” porque utiliza un dominio público para hacer propaganda de partido. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que la web tiene “cierto tufo a Regímenes totalitarios”.

Que miembros del PP digan estas insensateces es algo normal. Extraña más el comentario del socialdemócrata Antonio Miguel Carmona, que se apresuró a reclamar que Manuela Carmena elimine la web aduciendo que “la democracia es libertad para equivocarse”.

Pero dejemos a nuestros políticos con sus disquisiciones sobre la libertad de expresión y miremos a otras partes. Nada tan ilustrativo como asistir, en una tertulia de la SER, a una pugna por ver qué tertuliano condenaba esa página con gestos más elocuentes de democratismo ofendido.

¿Puede extrañar que, a su vez, Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), haya denunciado que esa página tiene “un halo de censura”? “El papel del periodista -ha dicho- es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre”. A su juicio la iniciativa del Ayuntamiento implica que el poder usurpa el papel de los medios de comunicación, y no tiene cabida en una sociedad democrática. En un país democrático como España la información tiene que ejercerse “con todas las garantías de libertad en fondo y forma”. “Y en este caso, esta medida atenta contra esos derechos en la forma”. Profunda teoría del fondo y la forma, sacada a saber de dónde.

De manera que hay gente, incluso alguna bienintencionada, que cree que la libertad de expresión existe (¡ya es ingenuidad!) y que esa libertad es atacada si alguien, sea quien sea, decide expresarse para contradecir noticias aparecidas en los medios. “La Constitución -ha alegado Elsa González- garantiza la libertad de información y el derecho del ciudadano a recibir información libre y plural”. Pues eso, eso mismo. ¡Lástima que la Constitución no lo garantice!

LA SORPRESA

Y estando en estas he aquí que se conoce un precedente: ¡También la Comisión Europea ha tenido abierta una página semejante desde 2012 para dar su visión sobre noticias que considerase falsas o erróneas! Esta página no ha suscitado reservas ni condenas en Europa (a cuyo conjunto se supone más tradición democrática que la nuestra), y ha sido cerrada el pasado noviembre, pero no porque atentara a la libertad de expresión, sino porque se pensó que carecía de efectividad y que las redes sociales son más rápidas y eficaces.

Naturalmente, este procedente ha descolocado a los críticos que hablaban de totalitarismo y ha dejado claro que el nivel teórico en que se mueven muchas de las personas que fabrican opinión en nuestro país no es alto.

SENTIDO COMÚN

Pues veamos: la página del Ayuntamiento ¿ataca o impide la libertad de expresión de alguien? A los medios privados no se les impide seguir informando como tengan por conveniente. Se trata sólo de que el Ayuntamiento se exprese a su vez, y esto, en puridad, no disminuye, sino que aumenta aquella libertad tanto y tan mal invocada.

La presidenta de la FAPE afirma que el periodista posee un código deontológico que habla de rigor, confirmación, veracidad, de ética en resumidas cuentas. Y la alcaldesa Carmena ha dicho en respuesta a sus críticos que considera a los periodistas “aliados de la transparencia y de la democracia” y que “precisamente por eso se ha hecho la web”.

Supongo que estas frases obedecen en un caso a autopropaganda y en otro a diplomacia. Pues ¿de verdad creen González y Carmena que los periodistas que trabajan en medios privados controlados por el capital, o en medios públicos controlados por las mafias políticas, se pueden permitir el lujo de poseer un código deontológico que habla de rigor, confirmación y veracidad, o de ser aliados de la transparencia y la democracia? Seguramente muchos querrían serlo, pero entonces tendrían que caminar por sendas prohibidas y sufrir las consecuencias. Y hay muchos que no quieren serlo, de ninguna forma.

Para empezar, ningún periodista puede dedicarse, en nombre de la transparencia y la democracia, a denunciar las diversas formas en que los propietarios de su medio hacen imposible la transparencia y la democracia. La razón es muy simple: si alguno lo hiciera tendría que cambiar de profesión.

A VUELTAS CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La llamada libertad de expresión tiene dos aspectos, uno negativo (que nadie sea perseguido por expresar sus opiniones) y otro positivo que tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación y requiere matizaciones: dado que no todo el mundo tiene ideas de calidad suficiente como para que merezcan ser acogidas en tales medios, ni habría espacio para todo aspirante, se puede convenir en que hay libertad de expresión si todos los grupos socialmente relevantes (científicos, políticos, ideológicos, artísticos, etc.) tienen un acceso equitativo a los medios a través de las personas elegidas por ellos.

Se sigue de esto que, cuando los medios son de propiedad privada, la libertad de expresión no existe en el segundo sentido: o sólo existe la que permitan sus dueños, no obligados, por otra parte, a explicar y justificar sus decisiones. Ellos fijan la línea editorial y los intereses generales a los que hay que servir, de qué hay que hablar, con cuánta insistencia, qué hay que callar, quiénes y cómo colaboran en esta tarea, quiénes tienen acceso a sus medios y a quienes les están vedados, etc.

HÁBITOS QUE ENGAÑAN Y VERDADES CENSURADAS

Estamos muy acostumbrados a considerar que algunas cosas están ahí porque no puede ser de otra forma, como si obedecieran a leyes naturales, y así damos por supuesto que los medios de comunicación de propiedad privada pertenecen al conjunto de cosas indiscutibles, incluso que son una condición de democracia por el trabajo de fiscalización y denuncia que llevan a cabo, idea que se refuerza por el mucho despliegue con que estos medios hacen su promoción.

Pero para ver hasta qué punto los medios censuran la libertad de expresión basta reparar en que están ausentes en ellos los principales temas que afectan a las condiciones de vida de la población.

No podemos encontrar una crítica persistente y bien razonada a la libre economía de mercado, ni una insistente y razonada petición de que se ponga un límite a la riqueza privada, ni siquiera de que aumenten los impuestos a los ricos, ni podemos esperar más que adhesión a la pomposa Declaración Universal de Derechos Humanos que en su día redactaron los sicarios de la plutocracia mundial. El control de noticias y opiniones llega al punto de que, ahora que se cumple el 70 aniversario de las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre poblaciones civiles, ningún periodista se atreverá a decir que Estados Unidos cometió uno de los más crueles y cobardes genocidios de la historia (seguido luego de otros muchos perpetrados por el mismo país).

Peor aún: si alguien incontrolado osa atacar alguno de los dogmas oficiales del conservadurismo, los propios medios se apresurarán a dictaminar que es un populista, un radical y lo que quieran añadir. Esta es la libertad de expresión de las sociedades capitalistas.

Evidentemente la solución no son los medios públicos controlados por mafias políticas. Así que hay que insistir en que una condición necesaria para la libertad de expresión y la democracia es que desaparezcan los medios privados y sean sustituidos por medios públicos bajo control social. La persistencia de los medios privados supone dar a los dueños del dinero (y sólo a ellos) la capacidad de controlar la información y la opinión que llega a las mentes de la población. (Me remito a lo escrito en este blog sobre Medios de comunicación privados y democracia).

De manera que poco sentido tiene el alboroto por el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid haya abierto una página para defenderse de noticias falsas. Ni que decir tiene que, mientras la propiedad privada de los medios se mantenga, la izquierda hará bien en proporcionarse sus propios medios de comunicación, para que también sus argumentos se hagan públicos.

ESTADOS UNIDOS Y CUBA

Barack Obama ha decidido restablecer relaciones diplomáticas con Cuba y, mientras algunos lo festejan, otros se quejan de que Cuba ha recibido un favor y no ha dado nada a cambio. Quieren decir que no ha dado pasos hacia su democratización. Se da por supuesto que Europa y Estados Unidos son democracias y que Cuba no lo es. Desde mi punto de vista, y por razones que he venido dando en este blog, en Cuba no hay democracia. En Europa y Estados Unidos tampoco. Y si vamos a las exigencias que se hacen a Cuba, podemos decir que no sólo no implican aproximaciones a la democracia, sino que son impedimentos radicales.

En efecto, los pasos que se le dice a Cuba que debería dar son estos:

1) Respeto a los derechos humanos. 2) Cambiar el partido único por libertad de partidos. 3) Instaurar la libertad económica. 4) Autorizar los medios de comunicación privados.

Derechos humanos

Resulta impresionante que quienes acusan a Cuba de no respetar los derechos humanos no extiendan la acusación a Estados Unidos, pese a que mantiene la pena de muerte, tortura a detenidos, envía detenidos a otros países para que se los torture, discrimina policial y judicialmente a negros e hispanos pobres, deja en la ilegalidad a más de 12 millones de inmigrantes para que se los pueda explotar laboralmente con impunidad, tiene mayor desigualdad social que cualquier otro país desarrollado, ha tenido sin servicios médicos adecuados a millones de ciudadanos, persigue a personas y grupos por razones ideológicas, etc. Recordemos que en 1940 se procesó a dirigentes comunistas bajo acusación de haber violado la Smith Act y que tras la posguerra mundial se los detuvo acusados de violar la Alien Registrattion Act simplemente por haber citado obras de Marx. Finalmente se los condenó y encarceló, y también a sus abogados defensores, acusados de desacato por negarse a delatar a correligionarios como el tribunal les exigía. Fue el periodo siniestro de la “caza de brujas” al que se llama maccarthismo como si hubiera sido una ocurrencia del senador Joseph McCarthy y no una acción del Estado americano. ¡Imaginen qué se diría si algo así ocurriera en Cuba o Venezuela, donde nunca se ha llegado a tanto, ni tan lejos!

Si pasamos al ámbito internacional las infracciones de Estados Unidos no sólo han sido y siguen siendo muchas, sino de una gravedad jamás igualada: recordemos genocidios como las dos bombas atómicas lanzadas sobre poblaciones civiles (y sin otra necesidad que demostrar al mundo, y sobre todo a la Unión Soviética, que el capitalismo era inatacable), las brutales acciones en Vietnan, la participación en golpes de Estado con promoción y apoyo a dictaduras fascistas sangrientas, la justificación con mentiras de la guerra contra Irak decidida al margen del derecho internacional, el apoyo incondicional a las fechorías de Israel, etc. etc. Dentro ya de nuestro tema: en 1960 se impuso a Cuba un embargo comercial como represalia por las muy razonables expropiaciones a compañías estadounidenses tras la Revolución, y también como un modo de extorsión para hacer inviable la economía cubana y poner así contra las cuerdas al régimen castrista. Este embargo, que inicialmente excluía alimentación y medicinas, desde febrero de 1962 llegó a ser casi total y fue ampliado en 1999, cuando el presidente Clinton se tomó la libertad de prohibir a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales, primera ley transnacional del mundo dictada por quien carecía de competencia para ello. Pues bien, este embargo viola derechos humanos y principios básicos de derecho internacional, como la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en asuntos internos, y la libertad de comercio y navegación internacionales. Por ello ha sido condenado 23 veces por las Naciones Unidas, la última el 28 de octubre pasado por 188 votos a favor, tres abstenciones (Palau, Micronesia e Islas Marshall) y dos votos en contra (Estados Unidos e Israel). A Estados Unidos estas condenas no le impresionan. El embargo sigue y los medios de comunicación, con su libertad a cuestas, no se escandalizan.

Pluripartidismo

Mantener la libertad de partidos al mismo tiempo que se defiende la riqueza privada sin límites sólo es una forma astuta de disfrazar de pluripartidismo lo que es, de hecho, el monopolio de una ideología política de carácter conservador, la procapitalista. Esa ideología tiene en Estados Unidos dos partidos sucursales, el demócrata y el republicano. Hay más partidos, pero en la práctica sólo entran en juego los dos que cuentan con el indispensable apoyo financiero, quedando los restantes condenados a la inoperancia, si no perseguidos como antes vimos.

Libertad de mercado

Bajo el rótulo “libertad económica” lo que se esconde es la exigencia de que el Estado renuncie a todo control sobre el mercado. La libertad de que se habla no es la del ciudadano, sino la de los dueños del capital para hacer con él lo que más les convenga, así sea lo que menos conviene al resto de la sociedad. Esa libertad, que se da en los países considerados democráticos y no (todavía) en Cuba, es justamente un impedimento para que haya democracia. Acaba favoreciendo la formación de una riqueza privada incompatible con cualquier atisbo de gobierno del pueblo por el pueblo, porque conduce inexorablemente a una plutocracia como la que padecemos, en la que los “representantes del pueblo” son meros ejecutores de la política que les impone el poder económico (ocultamente antes, ahora sin disimulos).

Medios de comunicación privados

La libertad de expresión que se exige a Cuba no es tal, sino la conocida argucia de eliminar el control del gobierno sobre los medios y sustituirlo por el control del capital privado, lo que supone entregar a ese capital el monopolio de la información y el diseño de la opinión pública. Hay que insistir en que respecto a los medios de comunicación la verdadera solución democrática es la propiedad pública bajo control social. Si los medios son públicos y el control lo ejerce el gobierno estamos en una situación no democrática (sea ese gobierno de derechas o de izquierdas). Ahora bien, la misma falta de libertad y democracia se da si los medios son privados y están controlados por sus dueños.

¿Por qué la condena a Estados Unidos no es unánime en los medios influyentes mientras cualquier defensa de Cuba o Venezuela provoca en ellos grandes aspavientos de escándalo? Si la psicología no nos hubiera mostrado las causas, no podríamos explicarnos que teóricos e intelectuales aparentemente dotados puedan afirmar que en Cuba o Venezuela se ignoran los derechos humanos y no afirmen lo mismo de Estados Unidos, o puedan dar por cierto que en Cuba y Venezuela hay menos democracia que en los países que se autodenominan democráticos, como Estados Unidos o el nuestro. Para los medios privados influyentes está a priori muy claro que todo disidente condenado por los tribunales de Cuba o Venezuela es víctima inocente de una represalia política. En cambio la violencia que emplea Estados Unidos tiende a verse como la del policía bueno que se sacrifica para librar al mundo de terroristas y conseguir que la democracia avance. La desvergüenza no tiene límites. Y cuando hay un monopolio sobre la información y la opinión, toda desmesura es posible. Tanto si el monopolio es gubernamental como si es del capital privado.

Dictadura de izquierdas y plutocracia

Una reflexión final. Mucho me molestó vivir bajo una dictadura de derechas, y me molestaría también vivir bajo una de izquierdas, porque soy dado a opinar y los dictadores tienden a pensar que cualquier crítica a sus acciones va contra los valores sagrados que dicen representar. De manera que en nuestra plutocracia me encuentro más cómodo que en una dictadura de izquierdas.

Ahora bien, si no pienso en mi comodidad personal, sino en los intereses de la población menos afortunada, he de concluir que para ella es más beneficiosa una dictadura de izquierdas que una plutocracia como la nuestra.

Por ejemplo, la orientación de unos medios públicos controlados por un gobierno de izquierdas suele ser más favorable a la mayoría social que la de unos medios privados. Y lo mismo el control sobre la economía. Basta recordar lo que era la Cuba de Batista y compararla con la de Fidel en asuntos básicos que afectan a toda la población, como la sanidad, la educación y la reducción de desigualdades (y la misma comparación se puede hacer en Venezuela). La plutocracia estadounidense es peor que una dictadura de izquierdas respecto al tema básico: la distribución de la riqueza entre la población y la implantación de una educación y una sanidad iguales para todos.

Ni dictadura de izquierdas ni plutocracia son un ideal, pero es una desvergüenza que los defensores de nuestras plutocracias exijan democracia a Cuba, como si ellos la conocieran. En el fondo están exigiendo que Cuba vuelva a los tiempos de Batista, fácil presa para el capital internacional.

NO CABE DEMOCRACIA EN EL CAPITALISMO

Llevamos tiempo en que las apelaciones a la democracia son continuas. Se dice que el derecho a decidir es un derecho democrático, se propone democratizar la vida interna de los partidos, se habla de que la democracia se está devaluando, o de revitalizar la democracia. Pero en todo caso se da por supuesto que, por diferencia con países como Venezuela o Cuba, nosotros sí, nosotros vivimos en una sociedad democrática. Y no es cierto, nunca hemos conocido la democracia, de la misma manera que nunca la han conocido en Estados Unidos, Reino Unido o Francia.

Esto es algo que los marxistas sabían muy bien, y que proclamaban hasta que llegó el eurocomunismo. Asustados por la amenaza mediática, pobres de teoría, deseosos de ser aceptados, los eurocomunistas prefirieron pensar que la democracia burguesa es una democracia sustantiva y no sólo formal.

Hoy está quedando muy claro que los poderes que controlan las decisiones básicas no surgen del voto ciudadano. Cada día se hacen más evidentes dos cosas: que el sistema político al que llamamos democracia es una plutocracia dulcificada por el compromiso de respetar ciertos derechos humanos. Y que esta situación no puede cambiar mientras sigamos en el sistema capitalista.

Para fundamentar esta afirmación empecemos por una breve historia.

Rasgos formales de la democracia

El antecedente próximo de las actuales democracias es la que surge con la independencia de EEUU en 1776 con estos rasgos básicos:

-División de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) como garantía de que cada poder está sometido a un sistema de fiscalizaciones y contrapesos.

-Constitución que limita los diversos poderes y establece el Estado de Derecho.

-Derecho a votar y ser votado, bajo el supuesto de que los distintos poderes del Estado no tienen otra legitimación que la que descansa, directa o indirectamente, en la voluntad de los electores libres.

-Libertad de asociación en partidos políticos (no partido único).

-Libertad de expresión.

-Libertad de prensa, así como acceso a fuentes de información alternativas a las del Gobierno.

-Ciudadanos educados e informados acerca de sus derechos y deberes.

Recordemos que esta democracia no fue pensada en atención a los intereses del pueblo, sino de la burguesía ascendente. Para el desarrollo del capitalismo eran necesarias ciertas libertades, freno al absolutismo y protección de los propietarios frente a las exacciones del Estado. Conseguido esto por la burguesía, la mayoría de la población (mujeres y negros, pero también no propietarios) quedó en condiciones de sumisión económica, social y política.

Y es que los diseñadores del nuevo orden tenían una idea optimista de la racionalidad del pueblo y, en consecuencia, pensaban que quienes carecían de propiedades aprovecharían su mayoría para legislar contra la propiedad de la minoría. Por ello, para asegurar la inviolabilidad de un derecho de propiedad sin límites, se dejó excluidos del derecho de voto a quienes no tenían “apuestas en el país” (esto es, propiedades).

A partir de ahí, la extensión de los derechos políticos fue en gran medida, tanto en Estados Unidos como en Europa, el resultado de las presiones de los movimientos obreros, de las sufragistas y de los partidos de izquierda. El movimiento cartista de la clase trabajadora del Reino Unido entre 1830 y 1840, que pretendía la ampliación de voto, fue reprimido, y lo mismo otros intentos de revolución democrática en Europa entre 1848 y 1852.

El crecimiento de la resistencia en las últimas décadas del siglo XIX hizo más difícil mantener excluida de los derechos políticos a la mayoría de la población. Así que las élites se fueron aviniendo a conceder el derecho de voto primero a más votantes varones, y por último, bien entrado el siglo XX, a votantes mujeres y a votantes negros.

Otros requisitos

El caso es que el derecho de voto ha terminado siendo universal. ¿Se puede decir por ello que ya tenemos democracia?

Digamos, para empezar que, según vemos la cosa hoy, a los requisitos antes señalados tendríamos que añadir los siguientes:

Que los representantes tengan limitada su libertad de acción por el programa para el que pidieron el voto; que cualquier decisión importante no contemplada en el programa electoral sea consultada a la población o refrendada una vez tomada por los representantes; que el pueblo conserve la capacidad para promover en cualquier momento un referéndum sobre un asunto específico; que conserve la capacidad para promover leyes (iniciativa popular); y que pueda revocar el mandato o destituir a los representantes (el llamado por los anglosajones recall).

Evidentemente si la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo, en la democracia representativa estas condiciones son imprescindibles. De todas ellas en España sólo se cumple una, la de iniciativa legislativa popular, y sin incidencia en la vida política (de 66 iniciativas sólo ha tenido éxito una que modifica un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal). Las demás condiciones se incumplen, como bien sabemos.

Entrando en el fondo del asunto

Pero, suponiendo que se cumplieran todas ellas, tampoco podríamos hablar de democracia, porque hay una condición básica ausente: la educación e información de los ciudadanos acerca de sus derechos y deberes. Y hay dos características que se toman como dogmas en toda sociedad capitalista, y que son incompatibles con una democracia sustantiva: la libertad de prensa (léase propiedad privada de los medios de comunicación) y la inexistencia de límites legales a la riqueza privada.

Comencemos por la educación e información de los ciudadanos, asunto sobre el que los padres de la Constitución americana hicieron un ejercicio de cinismo notable. Es de sentido común que la libertad para votar ha de ir acompañada en cada votante de conocimiento suficiente de las implicaciones del voto que emite. ¿Qué vale en otro caso su voto? Es también previsible que la clase política se dedique a promover la ignorancia de la ciudadanía en su propio beneficio. Todo esto lo tenían presente los creadores de la democracia americana. ¿Y cómo solucionaron el problema? Estableciendo que la clase política está obligada a dedicar parte del patrimonio gubernamental a publicar en boletines oficiales las nuevas leyes y las sentencias judiciales, así como a hacer campañas informativas antes de celebrar un referendum. Hecho esto, se dio por cumplida la condición de que los ciudadanos estén educados e informados acerca de sus derechos y deberes, y libres de las asechanzas de la clase política.

Claro está, no podemos pensar que aquellos padres de la patria fueran tan ignorantes como para creer que la educación y el conocimiento del votante se consigue por el mero expediente de publicar disposiciones legales y sentencias en un Boletín Oficial. ¿Qué ocurre si una gran parte de la población no está capacitada para entender el significado de esas disposiciones legales y sentencias?

¡Ah, pues mire usted! Eso era justamente lo necesario para que la democracia resultara inofensiva a los intereses de la burguesía. En realidad se concedió el derecho de sufragio universal en parte por la presión de la gente, pero sobre todo porque la élite fue comprobando que sus temores eran infundados, que la mayoría es manipulable y resulta fácil hacerla votar a favor de los intereses de la minoría si se sabe jugar con los tres ingredientes con que ha venido siendo fabricada tradicionalmente: ignorancia, egoísmo y miedo. Basta para ello disponer de los servicios de políticos y medios de comunicación influyentes. Y estas dos cosas se consiguen con dinero, dinero para financiar partidos y para poner en marcha medios de comunicación, dinero para hundir a todo partido o medio que resulte peligroso.

De manera que la posesión del dinero por la minoría y el estado intelectual de la mayoría es lo que convierte a la democracia representativa en una forma política inofensiva para los intereses dominantes.

Mirando alrededor

En las sociedades actuales, para entender lo que ocurre en el espacio político es necesario un conocimiento de economía, historia y ciencia social que no se dispensa en el periodo de educación obligatoria. En consecuencia, muchos de los que van a votar libremente no tienen capacidad para relacionar sus intereses cotidianos con medidas legislativas y económicas complejas, ni para discernir la verdad de la falsedad en el ámbito de las estrategias informativas. Son incapaces de distinguir entre lo que es aparentemente favorable pero desfavorable en el fondo, y lo que es favorable en el fondo pero aparentemente desfavorable (por ejemplo, significativamente, en la complejísima legislación sobre la propiedad y la política fiscal).

Un pueblo intelectualmente inerme queda sometido a la permanente campaña de propaganda de los medios privados de comunicación influyentes, todos ellos procapitalistas, qué casualidad. Estos medios, que conforman una opinión pública dependiente, no cesan de promover el miedo a todo lo que amenace al sistema, haciendo creer que cualquier medida razonable es utópica y peligrosa, y no cesan de promover el egoísmo codicioso haciendo creer a todos que lo más desable es la riqueza y que cualquiera puede llegar a ella (en último caso con un golpe de suerte en la lotería). Una vez aleccionados adecuadamente, se puede dejar que los ciudadanos acudan a votar “libremente”. Votarán contra sí mismos con todo celo.

Lo que es funcional persiste

Esto es así, pero además ha de ser así y no puede ser de otra forma en este tipo de sociedad. El sistema capitalista nunca nos sacará de esta situación, nunca proporcionará a la población una educación adecuada. Y es que para cualquier sistema elitista, en el que una minoría necesita dominar a una mayoría, es funcional que esta mayoría permanezca en un estado de postración intelectual desde el que es imposible discernir aquello que se ventila en el espacio político.

Los políti­cos son los primeros convencidos del estado infantil de las masas, y por ello se comportan como vendedores de una mercancía que no se defiende con argumentos racionales, sino apelando a resortes emotivos. De ahí que el dinero con que cada partido cuenta para hacer su campaña publicitaria es más importante que la oferta de medidas políticas.

Esto sería suficiente para concluir que no vivimos una democracia, pero es sólo una pequeña parte del argumento.

Volvamos al punto básico: propiedad privada sin límites

Que todos puedan concurrir a la actividad política en igualdad de condiciones y que todos sean iguales ante la ley es un requisito esencial de la democracia, pero no basta que la ley afirme esa igualdad, sino que ha de existir de hecho, algo imposible si la distribución de la riqueza social no guarda suficientes dosis de equidad. Y ocurre que las distintas Constituciones democráticas hechas en países capitalistas, lo mismo que la Declaración Universal de Derechos Humanos, aceptan implícitamente el derecho a una propiedad privada a la que no se pone límites.

Este derecho injusto, que unido a la economía de mercado hace que los ricos sean cada vez más ricos (y, en consecuencia, los pobres cada vez más pobres), es causa de casi todos los males sociales. El dinero proporciona a hijos y herederos oportunidades educativas y de formas de vida que no están al alcance de los demás. En Estados Unidos los blancos tienen seis veces más riqueza que los negros y, qué casualidad, los negros tienen seis veces más probabilidades de ir a la cárcel, siendo las sentencias 19,5 veces más severas para ellos que para los blancos en situaciones similares. En todos los países “democráticos” ocurre algo semejante por relación con la desigualdad económica.

Pero, por lo que afecta a la imposibilidad de democracia, es aún más decisivo el hecho de que quienes tienen poder económico suficiente ejercen un control no público sobre la legislación y la política.

El control capitalista del ámbito estatal

Siempre ha existido control del capital sobre los Estados, pero ha aumentado de manera escandalosa desde que predomina la ideología neoliberal, y se ha hecho tan visible que resulta muy incómodo para los defensores del capitalismo.

Entre las principales palancas actuales de ese control están la privatización de empresas públicas que ocupan los principales espacios económicos (comunicaciones, energía, crédito, finanzas, etc.); la independencia de los Bancos Centrales (que equivale de hecho a su privatización, pues los saca del control democrático y los pone bajo control de los llamados mercados); y el funcionamiento de empresas multinacionales y de fondos de inversión en un ámbito mundial desregulado.

Si las grandes empresas (esas a las que se llama sistémicas) son de propiedad privada, ello otorga a sus propietarios control sobre la naturaleza de las inversiones económicas básicas y, consecuentemente, sobre la forma y el carácter del desarrollo económico. La democracia no tiene acceso a las salas de junta empresariales en las que se toman decisiones que afectan al proceso productivo en general.

De cómo la independencia de los Bancos Centrales es incompatible con la democracia ya he hablado en otra entrada de este blog del pasado junio.

Por su parte las multinacionales van colocando parcelas de la econo­mía nacional bajo control privado extranjero. El inversor exige previamente una cantidad abusiva de beneficios, ayudas e infraestructura que han de ser financiados por el país receptor y se reserva una capacidad de chantaje contra cualquier medida que resulte perjudicial a sus intereses, por racional y justa que sea desde el punto de vista general.

A esa capacidad de chantaje ayuda el actual modelo de mundialización, que consiste en confiar a los Estados nacionales la defensa a ultranza del derecho de propiedad, mientras se deja desregulado el espacio mundial en que se mueven libremente las grandes multinacionales, los grandes capitales y los grandes especuladores.

La actividad del capital financiero proporciona a sus gerentes unos medios de extorsión, control y decisión que supera el poder de los Estados. Expertos en política internacional aceptan que los movimientos de capital especulativos han arruinado divisas, han puesto de rodillas a las economías asiáticas, atacado a la agricultura tradicional y las industrias artesanales, desestabilizado gobiernos y provocado violencia y convulsiones sociales, siempre en beneficio de unos pocos.

Los conservadores hablan de “los mercados” como si fueran un sujeto que reacciona, castiga o premia, pero los mercados no son más que un espacio en el que actúan personas, que son las que toman decisiones influyentes. Recordemos que en septiembre de 1992 George Soros, apostando a la depreciación de la libra con dinero prestado, puso contra las cuerdas al Banco Central inglés, hizo temblar al sistema monetario internacional y ganó en pocas horas 1.100 millones de dólares. Ahora dirige el Soros Fund Management, que administra más de 70.000 millones de dólares de seis Hedge Funds. Él mismo se dice convencido de que sus especulaciones pueden desatar una reacción en cadena en los mercados de todo el mundo. Añadan a Soros el pequeño grupo de propietarios y controladores del capital financiero mundial. Actúan a su antojo, sin control democrático alguno, y tienen poder para premiar unas políticas y castigar otras.

En conjunto las decisiones concertadas de los dueños y controladores del gran capital forman una maraña de poder fáctico que marca el espacio de juego progresivamente reducido de los Estados, obligados como están a acudir a los mercados en busca de créditos.

Hay otras formas de chantaje de los dueños del capital, ejemplificables en la amenaza de abandonar el país si no se satisfacen sus demandas. Eso hizo la patronal francesa cuando Jospin anunció la reducción por ley de la jornada laboral a 35 horas y eso hizo la patronal alemana como medida de presión contra la política socialdemócrata que se proponía Lafontaine.

Pregúntense por qué los políticos no reaccionan

Si esto es así, ¿por qué la nula diligencia y voluntad de los políticos a la hora de acabar, por ejemplo, con los paraísos fiscales, y a la hora de legislar en el ámbito mundial sobre el libre movimiento de capitales, la deslocalización de empresas o las actividades financieras puramente especulativas? ¿Qué fundamento tiene el incansable afán de privatizar que ha distinguido a los gobernantes? ¿Acaso es cierto que funcionan mejor y redundan en mayor beneficio público las empresas privatizadas que las públicas? ¿No es más bien cierto que funcionan mejor las públicas bien administradas? ¿Por qué los políticos han decidido renunciar a su control de los Bancos Centrales? ¿Por qué una medida tan leve como la tasa Tobin parece irrealizable? ¿Por qué los gobiernos del mundo no están interesados en dotarse de mayor poder frente a la extorsión del capital? ¿Tiene todo ello alguna explicación?

Dos ejemplos próximos. En el informe aprobado por unanimidad en 2003 durante el decimotercer congreso de la asociación que agrupa a 1200 de los 1400 Inspectores de Hacienda de España (Apife) se denunciaron 14 coladeros para, al amparo de la normativa vigente, defraudar a Hacienda, coladeros destinados al beneficio exclusivo de contribuyentes con gran poder económico. El fraude más sofisticado y complejo está organizado en tramas, alrededor de movimientos financieros trasfronterizos o ligados a paraísos fiscales. Los inspectores denunciaron que el gobierno promueve normas que dificultan la persecución de estos delitos, o aparentemente destinadas al beneficio de esos mismos contribuyentes.

Pues bien: ni siquiera tras esa denuncia pública han hecho algo los gobernantes para remediar situación tan escandalosa.

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha reconocido que “tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal pensada para robagallinas” e inútil para perseguir con la eficacia debida a la gran delincuencia y a la delincuencia compleja de guante blanco.

¿Es que nuestros gobernantes desconocen todo esto y por ello no lo remedian? ¿Cómo es posible su connivencia durante más de cuatro décadas con los poderosos económicos que delinquen por sistema?

Estas preguntas tienen una respuesta simple: los dirigentes políticos no tienen autonomía, son meros testaferros del capital.

La élite en el poder

Por fin está quedando claro para muchos algo que se sabe desde Marx, que en nuestras “democracias” el verdadero poder no está en el pueblo y en sus representantes, sino en quienes controlan el capital. La élite en el poder está formada por poderosos económicos, y éstos se auxilian de poderosos políticos, poderosos mediáticos y poderosos funcionariales, entre ellos los controladores del conocimiento conservador, bien instalados en las correspondientes cátedras, medios de comunicación e instituciones (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.). Los poderosos económicos usan como testaferros a los poderosos políticos y controlan, desde la propiedad de los medios, a los profesionales de la comunicación.

Cada una de las élites tiene sus propios criterios para ganar o perder parcelas de poder. Los partidos políticos cumplen la función de facilitar que emerjan las élites políticas y que se alternen en la ocupación del Gobierno y el Parlamento. El criterio es el éxito en las urnas, cuya funcionalidad consiste en que premia la capacidad para ganarse la confianza y la voluntad de los votantes. Y ¿para qué han de ganársela? Para presentar como razonable la política que están de antemano obligados a hacer. Como testaferros del poder económico, los políticos actúan para, teniendo en cuenta las mil situaciones y circunstancias que componen la vida de una nación, ir llevando la nave de forma que no encalle… desde el punto de vista de quienes tienen poder suficiente para hacer valer sus intereses.

Les queda luego un pequeño margen para ir en una u otra dirección respecto a cuestiones que a los poderes económicos les son secundarias o indiferentes, como la situación de los inmigrantes, la violencia machista, la homosexualidad o el aborto (y sólo en eso y en el estilo acaban diferenciándose derecha e izquierda en el poder).

Los servidores políticos, intelectuales y mediáticos son remunerados en proporción a sus servicios, y los más destacados pueden terminar formando parte de la élite económica (aunque la mayor parte de esa élite lo es por herencia o por “éxito” en los negocios).

Control inevitable

He aquí los rasgos del capitalismo que lo hacen por completo incompatible con la democracia. Esos rasgos se han agudizado, pero antes, cuando el capitalismo se disfrazaba bajo la careta socialdemócrata, las cosas no eran muy diferentes. Siempre ha sido inevitable que la oligarquía que dispone de una proporción desmesurada de la riqueza social la defienda o amplíe comprando secretamente voluntades (de intelectuales, periodistas, legisladores, políticos, jueces y policías), financiando investigaciones sobre vidas privadas para incidir con amenazas o chantajes en la vida pública, o para destruir competidores, financiando partidos y aportando fondos a campañas electorales (a cambio siempre de una sumisión que implica un torcimiento de los supuestos democráticos), controlando instituciones y, en definitiva, contribuyendo a un entramado no público en el que se toman numerosas decisiones importantes que luego se visten de apariencia democrática.

La vida secreta del capital compone una realidad subterránea que determina la aparente. Emerge en escándalos reveladores, pero que no son precisamente todas las corrupciones existentes, sino sólo aquella pequeña parte con la que se producen ataques o venganzas controladas. Muchos watergates esperan en los cajones y son utilizados como elementos de disuasión, de presión, chantaje o negociación.

Plutocracias demagógicas

Lo que vengo exponiendo avala la afirmación inicial de que nuestras aparentes democracias son en realidad plutocracias demagógicas. Plutocracias porque gobierna la oligarquía del dinero, y demagógicas porque necesitan convencer al pueblo de que él es quien manda y de que le benefician las medidas procapitalistas que adoptan sus representantes. Los políticos en el poder actúan al servicio del capital, pero han de fingir que actúan en beneficio del pueblo. Son, por tanto, necesariamente demagogos.

Si miramos a lo que ha ocurrido en unos y otros lugares, puede entenderse nuestra democracia como un pacto social que ha sido arrancado a las élites y que éstas aceptan en la seguridad de que no pondrá en peligro sus privile­gios y sólo bajo condición de que no los ponga en peligro. La ventaja que saca el de abajo es una cierta salvaguarda frente a la arbitrariedad del poder. La ventaja que saca el de arriba es una aparente legitimación ética de su dominio. Dicho de otra forma, nuestras democracias son una concesión condicional que la oligarquía económica hace a las masas y que es revocada en el momento en que ese método de funcionamiento político pone en peligro los intereses a cuyo servicio opera subrepticiamente. Disponemos de muchos ejemplos de esta revocación.

Comparación con las dictaduras

En todo caso, de este tipo de régimen se dice que es la forma política ideal porque elude los vicios típicos de los regímenes totalitarios, caracterizados por el control gubernamental de los medios de comunicación, el partido único y el poder sin contrapesos ni réplica.

Cierto que esta “democracia” es preferible a las dictaduras, en dos sentidos: hay más libertad individual y menor nivel de violencia física interna. En los términos de la llamada Ley de Rummel, a menor nivel de democracia hay más probabilidades de que los gobernantes asesinen a sus propios ciudadanos. Estamos, pues, en un sistema político en el que corremos menos riesgos de ser asesinados por nuestros gobernantes, sobre todo si pertenecemos a las capas de población integradas (en Estados Unidos un negro tiene 21 veces más probabilidades que un blanco de morir tiroteado por la policía).

Sin embargo el compromiso de respeto a los derechos fundamentales del ciudadano no resuelve los problemas expuestos: aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos es un progreso respecto a barbaries previas, no es la declaración de un ideal político, como prueba la mera lista de los derechos humanos incluidos y los que en ella faltan, así como las consecuencias que se siguen de algunos de los derechos proclamados y de la ausencia de otros que deberían ser básicos. Me remito a la entrada de este blog del pasado abril dedicada a la crítica de la citada Declaración.

Baste decir aquí que, cumpliendo formalmente con lo dispuesto en ella, se pueden desconocer derechos fundamentales y se pueden violar los reconocidos. En España el derecho a una vivienda o al trabajo se están negando a las personas desahuciadas y a los parados. Y no pasa nada. Y alguien puede ganar decenas de miles de millones de euros y estar legalmente eximido de pagar impuestos. Y no pasa nada. Millones de personas no se libran de violencias como la pobreza extrema, la malnutrición infantil, la falta de oportunidades educativas y el sometimiento a procesos de adoctrinamiento que los esclaviza. Hay muchas formas de violencia y no todas pueden identificarse con el daño físico o el asesinato.

Por lo demás, dentro de cada país los principios del Estado de Derecho se violan tan pronto la situación lo requiere. La prisión de Guantánamo es un ejemplo significativo y otro ejemplo es la limitación de las libertades de la ciudadanía estadounidense autorizada por la Ley Patriótica con que Bush ha respondido a atentado del 11S, siendo también buen ejemplo el intento de evitar informaciones y acallar críticas so pretexto de que ayudan al enemigo.

Dicho todo lo cual, podemos, sí, aceptar que nuestra “democracia” es preferible a una dictadura para la parte de población sensible al ejercicio de la libertad cívica.

¿Por qué no hay gobernantes independientes?

Parece muy duro afirmar, como antes hice, que todos los gobernantes en nuestras democracias son testaferros del poder económico. ¿No puede haber gobernantes honrados?

Se necesita mucho dinero para poner en marcha un partido que pueda ganar elecciones y ese dinero, sea de créditos bancarios que se prorrogan indefinidamente, sea de donaciones públicas y secretas, sólo va a partidos conformes con el sistema, o tan descuidados (caso de IU) que quedan amordazados por el crédito que adeudan.

Si las cosas no fueran así, ¿no sería inexplicable que en Estados Unidos no haya más que dos partidos capaces de disputar las elecciones, uno de derecha y otro de extrema derecha?

Recordemos que Felipe González llegó al poder tras pasar el examen de la CIA y del capital alemán, y que recibió ayuda económica y mediática porque se había comprometido a cambiar el No por el Sí en el referendum sobre la OTAN y a abandonar el marxismo. Consiguió el gobierno, pero sólo despúes de haber aprendido dónde estaban sus límites.

Nuestros gobernantes, sean del PSOE o del PP, saben quién manda y saben en qué dirección deben legislar. Precisamente han llegado al gobierno porque a su disposición a traicionar al pueblo unen su habilidad para que la gente no llegue a notarlo. Todo esto forma parte de la lógica del sistema.

¿Puede un gobernante independizarse del capital?

Si un político en el poder decide apartarse de su papel y actuar contra los intereses patrocinadores puede acabar como Kennedy o como Nixon. Si ha llegado al poder por su cuenta, caso de Allende o de Chávez, o mediante una lucha armada como Fidel, tendrá en frente todo el poderío capitalista, que hará lo posible por asfixiar al país y reconducirlo mediante una dictadura, o aislarlo al menos. Habrá campañas de descrédito muy efectivas, como la que sufrió Lafontaine por haberse atrevido a plantear algunas reformas modestas. Recordemos que Lafontaine se proponía regular los mercados internacionales, reducir el peso de Estados Unidos en el FMI, someter al Banco Central Europeo a algún control político, bajar los tipos de interés, reducir el impuesto de la renta para los ingresos bajos, aumentar el de los beneficios de las grandes empresas y los grandes capitales y patrimonios, y expandir la demanda mediante aumentos salariales. Naturalmente, las empresas alemanas más grandes amenazaron con marcharse de Alemania al extranjero. El capital alemán (con sus portavoces instalados en cátedras o en despachos de editorialistas, como en todas partes) decidió acabar con Lafontaine y éste tuvo que dimitir.

Su sucesor Schröder abandonó las propuestas de Lafontaine y se prestó a hacer la reforma que el capital exigía. ¿Qué reforma? Ya sabemos que cuando la derecha habla de reforma está en realidad hablando de puro darwinismo social sistemático: reducción de las ayudas sociales, jornadas y vidas laborales más largas, disminución de la inversión en infraestructuras públicas y menor protección laboral. Todo esto implicaba una destrucción del consenso social establecido cuando la URSS era un contrapoder, y respondía al designio del capital de recuperar sus antiguas ventajas. Schöder presentó en junio del 99 un plan de austeridad para ahorrar el equivalente de 30.000 millones de marcos en el 2.000 (“el más importante proyecto de reforma de la historia de Alemania” en palabras del canciller) que supuso una poda selectiva del Estado Social. La generalización de los “minijobs” como forma típica de inserción laboral es un símbolo de esa “reforma”.

Conclusión

Si lo que antecede tiene fundamento, si democracia y capitalismo son incompatibles, ello quiere decir que el camino que aproxima a la democracia es el mismo camino que aleja del capitalismo, un camino repleto de obstáculos.

Un primer paso es saber dónde se está. Saber que, contra lo que casi todos dicen o suponen (ellos sabrán por qué), no existe hoy democracia en el mundo, y que sólo podrá haberla cuando:

(a) la riqueza privada no pueda pasar de un límite razonable (¿cinco millones de euros para cada patrimonio personal?), a fin de evitar tramas ocultas de poder, control de los mercados y extrema desigualdad de oportunidades, y a fin de lograr que quede en manos públicas, y para fines sociales, la inmensa riqueza que ahora acumulan manos privadas. ¿Quién ha dicho que cada uno es dueño de lo que le da el mercado? ¿Quién ha dicho que es el mercado el que debe dar y quitar? El mercado es un mecanismo irracional que, dejado a su aire, va haciendo a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres, y que no recompensa en atención al mérito y valor de la actividad desarrollada. Da poco al investigador, al maestro, al médico, y mucho al especulador o al que tiene ya mucho, y sólo por el hecho de tenerlo.

(b) se prohiba la propiedad privada de los medios de comunicación masivos, que deberán ser sustituidos por medios de propiedad pública bajo control social. La llamada libertad de expresión no es otra cosa que un eufemisno con el que se alude al monopolio del capital para informar, aleccionar y fabricar la opinión pública.

(c) se generalice una educación que dé a todo ciudadano la competencia necesaria para entender las implicaciones de su voto y las repercusiones de cada medida política, lo que exige elevar el nivel cultural de la población muy por encima de lo que ahora se considera excelente en pruebas como los informes PISA. Hay que romper con la inercia milenaria del elitismo que fabrica a las poblaciones intelectualmente inermes, inercia que no ha sido alterada por el actual tipo de educación obligatoria.

La limitación de la riqueza privada es condición no sólo para evitar que el dinero sea el que gobierne y que los políticos no sean más que sus testaferros, sino tambien para que una distribución racional y justa cree el ambiente necesario para una buena educación pública. De otra forma ni hay base moral para ella, ni el Estado puede disponer de los enormes recursos necesarios. Pero recuperar el dinero de los que ahora lo poseen indebidamente es una tarea a la que ellos y sus ayudantes (una legión de comunicadores, economistas, politólogos y otros intelectuales) se opondrán con todas sus fuerzas.

¿Hay remedio? Una esperanza

Hundidos en la corrupción y la ineficacia, los principales partidos no saben cómo salir del atolladero en que ellos se han metido, al punto que empiezan a no servir para el cometido que tienen encomendado. El capital los mira con sorpresa y recelo, y se pregunta si no será posible domesticar deprisa al partido ascendente, inicialmente temible porque es el único incontrolado. De momento es un partido denigrado con razones que nunca se han empleado contra los demás y ello da idea de hasta qué punto asusta a los partidos restantes y a sus defensores.

Podemos tiene dos ventajas que hasta ahora ningún otro partido tuvo: un fuerte apoyo popular y ausencia de compromisos con el poder económico.

Se le critica que sus propuestas iniciales hayan sido rebajadas una vez que se ve con posibilidades de alcanzar el poder, pero esa medida es aceptable siempre que se sepa explicar a la gente el por qué de la rebaja. En dirección contraria siguen siendo muchos los que acusan a Podemos de propuestas populistas e irrealizables. Pero ¿hay alguna ley de la naturaleza que impida la realización de esas propuestas? No. ¿Acaso ha propuesto Podemos algo que sea inconveniente? No. Más bien se le puede criticar que, por pragmatismo, se queda corto. ¿Sería beneficioso para la población que las propuestas de Podemos se realizaran? Por supuesto que sí.

De manera que quien critica las propuestas de Podemos por irrealizables sólo es honorable si añade que lo que las hace irrealizables es el chantaje del capital. ¿Conocen a algún crítico honorable? Los que hablan de medidas irrealizables parecen sugerir que lo son porque se oponen a alguna ley de la naturaleza que Podemos se empeña torpemente en desconocer.

Si Podemos consigue llegar al poder eludiendo el control de los dueños del dinero (para lo que es básico no endeudarse con la banca y no hacer pactos secretos con nadie) nos ofrecerá la primicia de poder al fin representar a quienes lo han votado.

Cierto que el gobierno que intente hacer una política favorable al pueblo sufrirá grandes embites. Hará falta valor, mucha habilidad y mucho apoyo popular para hacer con éxito una travesía inicial muy procelosa (apoyo popular que, por ejemplo, Lafontaine no tuvo). Pero no es imposible si se salvan las primeras acometidas y se sabe explicar a la gente dónde están los problemas y quién los fabrica (algo que hasta ahora jamás han hecho los políticos, porque no podían delatar a sus amos). Frente al chantaje del capital hay que encomendarse a la fuerza de los movimientos sociales, al ejemplo que pueda cundir en otros países y a las alianzas internacionales que se puedan ir estableciendo con movimientos afines.

Una mirada a la historia reciente

Hay además que saber jugar con las necesidades del enemigo. Cuando se habla de la ominosa modificación del artículo 135 de la Constitución son muchos los que dicen que no había alternativa, que todo hubiera sido catastrófico si no se hace, que nos hubieran intervenido, etc. Es cierto que hubieran amenazado con intervenirnos. Pero imaginemos que nuestro gobierno se planta y dice “¡Hasta aquí hemos llegado y ni un paso más! ¡Ni un solo recorte en gasto social, ni un sufrimiento más a la población en beneficio de las bancas alemana y americana!…. Si se empeñan en hundir España, los bancos acreedores no cobrarán un duro y con España se hundirá la Unión Europea.” ¿Qué hubiera ocurrido? Pues que, como ni el capital alemán ni el americano podían permitir que España se hundiera, se hubiera hecho entonces lo que se está pensando hacer ahora, es decir, aquello que antes se decía que no se podía hacer de ninguna manera: el Banco Central Europeo habría comprado deuda española a menos del 1%, se habrían relajado las exigencias respecto al déficit e incluso se habría acordado una quita de la deuda. Ni que decir tiene que las capas medias y bajas de la población se habrían ahorrado un sufrimiento enorme. Pero Rajoy y Zapatero, dos burócratas de partido mediocres, ni representaban ni defendían al pueblo, obedecían órdenes sin rechistar, asustados como conejos. Lo que quiero decir es que para saber que algo es irrealizable primero hay que intentar realizarlo.

El peligro enmascarado

Queda finalmente otra cuestión. Si un nuevo partido consigue llegar al poder y desbancar a los políticos de la llamada casta (palabra justa si se le da el sentido de “conjunto de políticos demagogos traidores al pueblo que los votó”), y si recupera el Estado del Bienestar y gobierna con otros modales y con alguna autonomía, nos habrá aliviado desde el punto de vista estético, e incluso ético, pero se habrá convertido en el mejor garante del capitalismo, pues aunque la extrema codicia haga pensar lo contrario a los dueños y controladores del capital, el capitalismo es más estable con políticas socialdemócratas que con políticas neoliberales. Es decir, habrá cerrado en falso el camino hacia la democracia.

En cambio, si después de conseguir sus metas iniciales se propone llegar más lejos de lo que pretendió la hundida socialdemocracia y va dando nuevos pasos eficaces hacia una más justa distribución de la riqueza social, hacia una mundialización regulada y hacia una educación del pueblo más profunda, entonces sí que los demócratas tendremos que festejar su llegada. No se habrá conseguido aún una sociedad democrática (eso no es cosa que se pueda lograr de un día para otro), pero estaríamos dando pasos hacia ella. Entretanto se viviría un ambiente más ilusionante, porque habríamos salido de la sordidez en que nos han metido los gobernantes que hemos venido padeciendo.

jmchamorro@jmchamorro.info

EL BANCO CENTRAL EUROPEO Y LA DEMOCRACIA IMPOSIBLE

Tras las últimas medidas del BCE, los comentarios publicados han sido de diferente signo, pero he echado de menos algunos que, aunque se le ocurren espontáneamente a quien usa su inteligencia con libertad, no están tan presentes en los principales medios de comunicación. Por ejemplo, los siguientes:

  1. La independencia del BCE respecto al poder político. El Banco Central Europeo, al igual que otros Bancos Centrales, tiene autonomía del poder político, es decir, actúa sin control democrático. No son muchos los que protestan por ello, pese a que nos dicen que en democracia es el pueblo a través de sus representantes el que gobierna. ¿Y no dependen muchas de las decisiones que toman los gobiernos de las decisiones que tome el BCE? El señor Draghi, su Comité Ejecutivo (él y cinco miembros más) y su Consejo de Gobierno (los anteriores más 17 gobernadores de los Bancos Centrales de la UE) deciden si una medida de la que dependen tantas cosas para tanta gente se toma o no se toma, y cuándo. El BCE sólo está obligado a presentar un informe anual hecho por expertos en vestir el santo.
  2. Independencia del poder político, pero no autonomía. Que algunos Bancos Centrales sean independientes del poder político no significa que sean autónomos. No habrá alguien tan ingenuo que crea que los detentadores del verdadero poder van a dejar que sus intereses dependan de la voluntad de un individuo y un Comité Ejecutivo. Claro que no. Han decidido que el BCE sea independientes del poder político para que pueda así actuar al servicio del poder económico sin intermediarios que en algún momento pudieran ser presionados por la opinión pública. De esta forma los poderes políticos pueden alegar que ellos no tienen nada que ver en el asunto, y el BCE no tiene por qué atender a exigencias o protestas de los que sufren las consecuencias. Sus dirigentes no se presentan a elecciones, no dependen de la voluntad popular. Redondo, ¿verdad?
  3. Golpe de gracia a la democracia. Conceder al BCE, institución que toma medidas de las que depende en buena parte la economía de la UE, independencia de los representantes del pueblo ha sido un flagrante y explícito golpe de gracia a una democracia aparente. Antes de esto decidían aparentemente los políticos elegidos, aunque de hecho decidían los dueños del dinero en el secreto de sus despachos inaccesibles. Pero los amos están tan seguros de la docilidad general que se han atrevido a salir de la sombra y gobernar directamente. Los mercados, es decir, quienes los controlan, marcan la política del BCE y otros Bancos Centrales y éstos marcan la política que realizan los políticos elegidos por el pueblo.
  4. Los autores del golpe. Pero ¿quiénes han dado ese golpe de gracia? Cuando el que acaba con la democracia es un dictador golpista la cosa está muy clara para todos. En este caso no ha sido así. ¡El golpe de mano lo han dado precisamente los políticos elegidos por el pueblo! El poder financiero impuso en Maastricht sus condiciones y los representantes del pueblo las asumieron en el Tratado.
  5. También la izquierda. No debe extrañar que hayan hecho esto los políticos de derechas (me refiero sobre todo a populares y socialdemócratas) pero difícilmente se entenderá la actitud pasiva de los partidos de izquierda. Cierto que IU, en los tiempos de Anguita, abogó por el no a Maastricht, pero nadie conocía bien el significado de la palabra “Maastricht”, y nunca fue explicado de forma que la gente lo entendiera. En realidad se usó la palabra “Maastricht” para no usar la palabra “capitalismo”. Luego el tema se olvidó. Decir no a los recortes está muy bien, pero hay que mirar más allá. La izquierda no ha usado argumentos que enseñen a la población qué son, más allá de las apariencias, el BCE y la troika.
  6. Un hecho ominoso. Las consecuencias de que todo esto sea así se pueden percibir ejemplarmente en España. Según el FMI España ha entregado a la banca casi 250.000 millones de euros (una cuarta parte del PIB) entre inyecciones de capital, avales y el coste del Sareb (banco malo).  De este importe ya se dan por perdidos cerca de 40.000 millones y se espera que sean más. Por alguna razón inexplicada, España no ha sabido hacerlo como Suecia y Noruega, que han recuperado lo que dieron a la banca, o EE UU, Reino Unido y sobre todo Hong Kong, que han hecho negocio recogiendo más de lo que dieron. Para salvar a la banca España se ha endeudado mucho más de lo que estaba. Y resulta que el BCE ha venido prestando a la banca privada a menos del 1% de interés, y luego la banca privada ha comprado deuda pública española a un interés que en ocasiones ha llegado a superar el 7%. El año pasado España tuvo que pagar por intereses de la deuda 38.590 millones (segunda partida presupuestaria tras la de pensiones), más de tres veces el importe de los recortes que se hicieron en Sanidad y Educación en 2012, estimados en 10.000 millones.
  7. Una suposición. Supongamos que, cuando la prima de riesgo era más elevada, el BCE hubiera comprado deuda española a menos del l%. No habría perdido nada, puesto que el dinero dedicado a esa compra se lo estaba dando a la banca privada a ese mismo interés. El Estado español (se puede decir lo mismo de los que estaban en parecida situación) se habría ahorrado una cantidad enorme en intereses y hubiera podido cumplir las exigencias de la troika sin necesidad de recortar en sanidad, educación y gastos sociales. Entonces ¿por qué no se ha hecho así? ¿Por qué es inaceptable que el BCE preste a los Estados en apuros directamente y no es malo que les preste indirectamente, por medio de la banca privada? Porque así lo establece el artículo 123 del Tratado de Lisboa. Podemos preguntarnos por qué los políticos redactaron ese artículo. Cuando se investiga un crimen (y aquí estamos ante un crimen) hay que buscar al culpable entre los beneficiados. Se habla del interés de Alemania en este desaguisado, y ese interés se personaliza en la señora Merkel. Pero los alemanes son tan ignorantes de lo que ocurre como los españoles (la mayoría sólo sabe aquello que le quieren contar los medios) y la señora Merkel es una mandada. La banca y las grandes empresas alemanas, que influyen decisivamente en el BCE a través del Bundesbank, son las que dictan la política alemana y la del BCE, y sí saben lo que quieren. Y lo que quieren beneficia a toda la banca de la UE, que puede hacer un gran negocio sin la menor molestia. Reciben dinero a un interés bajo y lo prestan a un interés alto. Y sin riesgo tras la modificación del artículo 135 de la Constitución: el pago a los bancos tiene prioridad incluso sobre el pago de las pensiones.
  8. Hay dinero, todo el que se quiera, para lo que conviene. Pero no nos quedemos en la “imposible” compra de deuda soberana por el BCE. Como dije en una entrada anterior, las cosas se pudieron hacer de una forma muy distinta si las medidas no hubieran estado inspiradas por los grandes poderes financieros. Bien se ve que hay dinero cuando interesa que lo haya. De momento Draghi pone sobre la mesa 600.000 millones de euros, y se anuncia que puede añadir un billón si más adelante es necesario. Los bancos centrales  de EE UU, Reino Unido y Japón han tomado medidas más fuertes. En estos años la Reserva Federal ha pasado de los 800.000 millones de dólares a cuatro billones, el Banco de Japón ha duplicado la cantidad europea y el Banco de Inglaterra ha comprado activos por un importe equivalente a más del 20% del PIB. Y les va mejor que a la UE. Pues bien, con la cantidad de dinero que ahora se saca de la manga el BCE se podía haber salvado a los bancos, pero para nacionalizarlos (y no temporalmente, como se ha hecho en España con Bankia, BMN, Catalunya Banc y NCG, sino definitivamente, por la buena razón de que como banca privada han funcionado peor que mal, han provocado esta crisis de la que no salimos). Tras la exigencia de responsabilidades económicas y penales a los culpables se habrían podido reestablecer líneas de crédito a familias y empresas, algo que bien se ve que no interesa a la banca privada, que prefiere tener el dinero depositado en el BCE. Los bancos privados europeos difícilmente van a aumentar su cartera de créditos pensando en el beneficio general. Para eso tendrían que ser entidades públicas.
  9. ¿Se está luchando contra el paro? El dinero que ahora se pone en juego habría servido además para ayudar a las familias en apuros y para incentivar el empleo sin tocar las condiciones laborales, esto es, sin fiar la recuperación económica a reformas que acaban con la dignidad y el bienestar de los trabajadores y que bien se ve que no están sirviendo de mucho. El empleo sólo se creará cuando haya demanda que aliente a las empresas, y no se va a crear más porque se haya despojado a los trabajadores de sus derechos y de parte de sus salarios, más bien por esto disminuye la demanda de bienes y servicios. La Banca dice que el crédito no se reactiva porque las empresas que lo piden no tienen suficiente solvencia, pero difícilmente va a haber demanda solvente si las expectativas de negocio son bajas. A ello hay que añadir que la situación de los trabajadores tras la reforma hace que la actividad económica se desarrolle en un ambiente de inestabilidad social y de falta de estímulo para un trabajo bien hecho.
  10. Cobardía. ¿Y por qué nuestros gobernantes no exigieron a la UE medidas tan razonables e imprescindibles como las que acabo de señalar? No imagino a Zapatero o a Rajoy pidiendo la nacionalización de la banca europea, por supuesto. Pero al menos, cuando la prima de riesgo estaba por las nubes, podían haber exigido (no meramente pedido) que el BCE comprara deuda pública al mismo interés que pedía por el dinero entregado a la banca privada. ¡Pues no! Acobardados y sumisos, han hecho todo lo que se les ordenaba desde instancias no democráticas, y cosas tan bochornosas como la modificación de la Constitución.
  11. ¿Se podía exigir? Dirán muchos que no puede poner condiciones el que está siendo salvado de su propia quiebra. ¡Cuentos chinos! Cuando la inacción del BCE conviene (¿adivinan a quiénes?) se  justifica apelando a normas que limitan sus funciones. Pero cuando ha convenido (a los mismos) el Banco se ha saltado a la torera las normas y ha adoptado las medidas que no podía adoptar. Mediante compras de bonos en el mercado secundario y barras libres de liquidez a la banca privada, ha intervenido en un intento (por lo general fallido) de evitar la crisis del euro, estabilizar las primas de riesgo, estimular la economía, salvar a los bancos privados y facilitar la vuelta del crédito. Ahora, con la anunciada compra de activos, se prepara para evitar la deflación, o para combatirla si llega. Aún más. Saliéndose de sus atribuciones el BCE ha tomado decisiones políticas muy polémicas, como formar parte de la troika que impone a los Estados intervenidos (Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre, y también a Italia y España) los recortes, las privatizaciones, las devaluaciones internas y las reformas laborales; y también ha enviado cartas clandestinas a los jefes de gobierno de Italia y España con exigencias impropias (que por cierto se cumplieron dócilmente). Ha actuado no ya como una mera entidad política, que no lo es según sus estatutos, sino como una autoridad dictatorial. Quiero decir que no es cierto que algo no se pueda hacer. Según y cómo.
  12. Para exigir algo razonable hay que tener convicción y valentía. A Zapatero y Rajoy les ha faltado, eso es algo evidente. Pudieron cerrarse en banda y amenazar con romper la baraja si el juego iba a ser el antes descrito. En 2011 Francia era partidaria de que el BCE, como hace la Reserva Federal, comprara deuda pública, pero Alemania se resistía por el momento. Si nuestros gobernantes se hubieran plantado habrían puesto a la UE contra las cuerdas, habrían tenido el apoyo del pueblo y se habrían salido con la suya. Los poderosos saben que sólo pueden apretar mientras los demás se dejan. Y saben cuándo tienen que dar marcha atrás. El hundimiento de España habría causado el de la UE y para evitarlo la UE hubiera hecho lo necesario, por supuesto, autorizar al BCE a comprar deuda pública, aumentar los plazos para la reducción de la deuda y no exigir otros recortes que los de gastos injustificables.
  13. La pasividad de la población.  Lo más triste es que si la izquierda hubiera salido a protestar contra el BCE y la troika, no la hubiera seguido mucha gente a la calle, ni hubiera contado con un apoyo masivo en las urnas. Los primeros teóricos de “nuestra democracia” consideraban muy peligroso dar derecho a voto a todo el mundo, pues siendo los pobres mayoría podrían acabar legislando contra la propiedad. Poco a poco acabaron tranquilizándose, al comprobar que  la gente no es peligrosa, se le puede hacer daño sin que ella note de dónde le llega. La mayoría no entiende de qué van estas cosas, así que quienes las diseñan se sienten tranquilos. Pregunten a la gente si considera que traicionaron a la democracia los políticos que decidieron que el BCE (y otros bancos centrales) sean independientes del poder político. En último caso siempre se puede evitar la rebelión asustando al personal con vaticinios de esos gurús a los que se llama economistas. Ellos nos dicen en cada momento cuál es el único camino por el que podemos transitar si queremos evitar el desastre, y los políticos en el poder asienten y repiten. Y siempre es falso que sea el único camino, incluso es falso que ellos sepan por dónde se debe transitar. Sólo saben por dónde interesa a sus amos que se transite. ¡Ilustres profesores de Universidad y premios Nobel de economía!
  14. A las cosas por su nombre. Puesto que sólo el populista se atreve a decir ciertas verdades, de algo nos ha de valer ser populistas: desconfíen de los políticos que se llevan bien con los banqueros. Si fueran honrados estarían como mínimo tomando medidas que pondrían a la banca de los nervios, la soliviantarían y la harían salir de sus casillas. Los políticos que llegan al Parlamento sabrán por qué traicionan a sus votantes y legislan contra ellos. Nosotros sabemos que sus partidos deben dinero a la banca, sí, y que hay puertas giratorias, claro, y que es natural temer al verdadero poder, que lo mismo proporciona gratificaciones muy golosas que castigos muy mortificantes, y también que la izquierda no quiere pasar por populista, radical o antisistema porque teme un perjuicio electoral. Al fin y al cabo es explicable que nuestros políticos legislen y gobiernen para una minoría y contra casi todos.
  15. ¿Qué se dice en los sitios serios? Como los principales medios de comunicación no son populistas, no esperen encontrar en ellos este tipo de análisis. Algunos comentaristas han dicho que, aunque más vale tarde que nunca, las medidas del BCE han llegado, como en otras ocasiones, demasiado tarde, y son  demasiado poco para evitar los muchos sufrimientos que está padeciendo una gran parte de la población de los países del Sur. Han añadido que este “poco y tarde” aumenta la probabilidad de que la prima de riesgo suba para estos países. En definitiva, estas medidas sólo serían, a la postre, unas muletas para la banca hasta que sea capaz de recuperarse por sí misma y de prestar. Otros se inquietan ante el anuncio de que, si es necesario, el BCE comprará activos, pues interpretan que, si hasta el Bundesbank admite esta posibilidad, es posible que en las alturas se conozcan indicios de que estamos en una situación más peligrosa de lo que se dice. Por lo demás, aunque estas medidas se han tomado por unanimidad dentro del BCE, la patronal bancaria germana ha acusado a Draghi de “expropiar a los ahorradores alemanes” y de desincentivar las reformas en el Sur (reformas que se supone han de sacar al Sur del despilfarro y devolverle al buen comportamiento que caracteriza al Norte).  Se hacen previsiones de todo signo, pero no sirven de mucho. Hace cinco años se predijo que las medidas excepcionales que se tomaron entonces provocarían un incremento exorbitante de los precios, y resulta que la inflación está por debajo del 2%, es decir, por debajo de lo que se considera necesario. No faltan los que afirman que Mario Draghi, no decepcionó, y que ha dado su tercer golpe en dos años y medio. Llegan a denominarle el “mago Merlín” de Fráncfort, el “Miguel Ángel” de los banqueros centrales y el “Super Mario”.  ¡Pues muy bien!

UNAS REFLEXIONES SOBRE EL CAPITALISMO

La batalla ideológica se libra de manera muy desigual. Estamos en un punto en que nadie puede criticar al capitalismo sin que se le echen encima cien guardianes o fiscales bien situados mediáticamente, que le acusarán de populista, chavista, tercermundista y hasta nazi. Es natural que casi nadie se atreva, aunque ello no justifica a aquellos partidos que deberían hacerlo por su propia naturaleza. Son partidos desnaturalizados.

Hay un argumento implícito que está detrás de esas descalificaciones. Es el axioma de que la única alternativa al capitalismo es el comunismo y que este ha sido refutado por la historia. De manera que el tema está cerrado. El que ponga en duda que el capitalismo ha quedado legitimado sin posible discusión es un partidario de viejas fórmulas antidemocráticas y fracasadas.

Por mentira que parezca hay quienes se consideran intelectuales y trafican con argumentos como este, de manera más o menos explícita. Antonio Elorza, que fue comunista y uno de los fundadores de Izquierda Unida, convertido ahora al conservadurismo él sabrá por qué, dice en un artículo (en El País: La izquierda y Europa ) que el problema de Tsipras reside en sus acompañantes, en Francia y aún más entre nosotros. Con el “entre nosotros” se refiere al acompañante  Podemos. Y añade:

“Cuando en TVE su socio hispano declaraba que el problema en Europa era “el capitalismo” y basta, y en España “el capitalismo” y basta, o con un gesto años treinta hablaba de Ucrania como si fuera el portavoz de Putin, la sensación era de regresar al mundo del “clase contra clase”. No falta, en otras izquierdas, el brote de “socialismo del siglo XXI”, cuya carga de populismo y manipulación cabe apreciar allí donde ha germinado en un espacio de laboratorio universitario […]. De arriba a abajo, una ínsula chavista.”

 ¿Y de dónde sacan Elorza y otros muchos como él que el chavismo (sean cuales sean sus defectos y aún si los multiplicamos por diez) es algo peor que nuestro tinglado político? ¿Y cómo es que Elorza no ve populismo y manipulación en los partidos procapitalistas? Pero yendo al grano: ¿qué le ha hecho olvidar que el problema de España, de Europa y del mundo es el capitalismo? ¡Pues claro que sí!

Los bienpensantes aprovechan su predominio abrumador en los medios de comunicación para gritar contra propuestas muy razonables y prudentes, que ni siquiera van contra el capitalismo, sino sólo contra sus excesos más sangrantes, como la supresión de las SICAV, una mayor progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio o la nacionalización de las empresas dedicadas a sectores de vital importancia para la población, sean la banca, la energía, la alimentación, la sanidad o la enseñanza.

Para que se vea hasta qué punto estas propuestas son razonables, valga un ejemplo: el laboratorio Gilead Sciences produce el fármaco oral sofosbuvir Sovaldi que cura la hepatitis C con cifras cercanas al 80-90% y sin casi efectos secundarios. Desgraciadamente, la mayor parte de los 185 millones de personas que se calcula que viven con hepatitis C en el mundo no dispondrán del nuevo medicamento porque es demasiado caro. Se calcula que el tratamiento puede costar unos 100.000 euros por paciente, precio que no es debido a los costes de producción, sino a que la empresa privada tiene el monopolio en virtud del derecho de propiedad intelectual, y puede poner el precio que quiera. Esto mismo se puede decir de otras medicinas que curan enfermedades graves. Por otra parte el móvil del beneficio hace que estas empresas concentren la investigación en los medicamentos más rentables en virtud de los recursos económicos de los posibles enfermos, descuidando las enfermedades que afectan a poblaciones pobres.

 No creo que sea disparatada e indigna de consideración la propuesta de que las empresas que operan en campos básicos se orienten al interés público y no al afán de beneficios privados con olvido de aquel interés. Puede que alguien diga que esas empresas deber seguir siendo privadas porque lo privado es más eficiente que lo público. ¡A estas alturas!

En realidad, cuando se tiene conocimiento suficiente y se es sensible al sufrimiento ajeno hay que ir más lejos, no bastan las propuestas prudentes que tanto escandalizan a los defensores del capitalismo. Hay que exigir otra forma de organizar la economía y la sociedad, y no sólo por razones de justicia. Es que además la forma capitalista no es viable a plazo medio, cuando el desmedido consumismo a que obliga se extienda a nuevas poblaciones y genere una presión insoportable sobre los recursos y el medio ambiente.

¿Por qué estamos en crisis?

Conviene no olvidar que la causa de la presente crisis económica no fue que fallara algo en la economía productiva, la que dota a la gente de bienes y servicios. No chocó contra la tierra un gran meteorito, ni saltaron por los aires mil fábricas como consecuencia de una acción terrorista concertada, ni se extendió por la tierra una pandemia que diezmó la población, ni hubo una sucesión impensable de catástrofes naturales, ni estalló una guerra que restringió los suministros de energía. No. No ocurrió ninguna catástrofe que afectara a la producción, ahí estaban todas las fábricas y oficinas con todos los trabajadores dispuestos a seguir con la tarea diaria, ahí estaban las materias primas y la demanda de la gente dispuesta a consumir.

¿Qué ocurrió entonces? Pues que la gran Banca mundial se encontró en situación de quiebra a causa de una ingeniería financiera, diseñada por la codicia de unos pocos, que acabó siendo incontrolable; y también a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta a su vez había surgido y crecido también al amparo de los bancos, que otorgaban préstamos hipotecarios sin suficiente garantía para construcción y compra de viviendas y que alentaban la especulación inmobiliaria. Como consecuencia de la catástrofe bancaria se cortó el flujo de dinero a las empresas, muchas quebraron por ello y otras por la crisis en la construcción, fueron al paro sus trabajadores, los deudores hipotecarios se encontraron con que se habían depreciado las viviendas compradas, disminuyó el consumo, quebraron otras empresas por falta de demanda, y así sucesivamente.

De manera, no lo olvidemos, que la crisis se ha debido a que el único móvil de los bancos y entidades financieras de propiedad privada ha sido la ganancia a cualquier precio. A ello se ha sumado la lógica del sistema capitalista, en la que “los mercados” actúan generando procesos perversos regidos por una realimentación positiva.

Las recetas aplicadas para salir de la crisis

Asombrémonos de que, tras seis años de crisis, aún no se ha encontrado el remedio. Y mira que es sencillo. Tan sencillo como acabar con las causas y hacer frente a los efectos con medidas extraordinarias.

El buen remedio hubiera consistido primero en procesar a los responsables de la crisis y acabar con la propiedad privada y la desregulación del sector bancario y financiero. Y luego en hacer frente a los resultados de la crisis estableciendo moratorias, ayudando a las familias hipotecadas para que pudieran devolver sus créditos, reestableciendo las líneas de crédito a las empresas y facilitando la parcial reconversión de las empresas constructoras mediante ayudas a la rehabilitación de viviendas. De esta forma el empleo se habría mantenido.

Pero aunque todo esto hubiera podido hacerse, no se hizo. ¿Y por qué? Desde luego no por falta de dinero. Dinero hay para todo ello, el dinero aparece siempre, termina saliendo de debajo de las piedras, pero está claro que sólo cuando lo necesitan los de siempre. Por ejemplo, para financiar una guerra o, como en el caso presente, para rescatar a la banca.

Este rescate es lo único que interesaba a esa oscura entidad a la que podemos llamar Poder, pues es el verdadero poder del que los demás son delegados y servidores, el que controla a los Estados y Gobiernos. Dispone para ello de instituciones como el FMI, los Bancos centrales, los mercados, las puertas giratorias, los principales medios de comunicación y el servicio de gurús que se presentan como científicos de la economía, ciencia inexistente. ¿Qué esto es una ridícula teoría de la conspiración? No me hagan reír: pensar lo contrario sería tanto como dar por sentado que los dueños del capital no son personas racionales.

Así que se empezó a oír el clamor de los expertos que gritaban que lo primero era salvar a los grandes bancos, ya que son empresas sistémicas (esto es, que si se hunden arrastran la economía entera). Restaurada la confianza en el sistema financiero, la prosperidad vendría a continuación. Ni pensar siquiera en cometer el sacrilegio de convertir a los Bancos quebrados en empresas públicas.

Como sabemos, cientos de miles de millones pasaron de las haciendas públicas (del bolsillo de la población) a los bancos en quiebra causantes de la crisis, y esos bancos, una vez salvados, han seguido siendo de propiedad privada.

La segunda nefasta decisión del mencionado Poder fue ordenar a los Estados europeos que centraran su interés en los déficits presupuestarios y no en el empleo. El FMI, el BCE y la Comisión Europea, que no han salido de ninguna elección, establecieron unas condiciones draconianas para prestar dinero a los Estados que estaban en apuros: recortes brutales del gasto público, aumento de ingresos por la vía de los impuestos indirectos y de los directos que pagan las clases medias (nada de aumentar los impuestos a los ricos), y reforma laboral para liquidar los derechos de los trabajadores respecto a salarios y estabilidad, convirtiendo la relación laboral es una relación de semiesclavitud.

La idea, bien se ha visto que errónea, es que se crearía empleo solo por la bajada de los salarios y las facilidades de las empresas para el despido. Pero no ha sido así, pues malamente se crearán empleos si no hay expectativas de demanda, y esta depende del consumo, que ha sido frenado por el elevado endeudamiento de los hogares, herencia de la burbuja inmobiliaria, por la bajada de ingresos y por el mismo paro.

Los gobiernos, dóciles, no tuvieron nada que oponer. “Estamos haciendo lo único que se puede hacer. No se puede hacer otra cosa”, esa era la falsedad repetida hasta la náusea como disculpa.

Por otra parte, ya puestos a obedecer la orden inapelable, los Estados podían recortar gastos de unos capítulos u otros, pero ¿de cuáles recortaron? En España, y en otras partes, recortaron en Educación, Sanidad y gastos sociales. A pesar de ello el crédito ha seguido sin fluir, y los bancos que han obtenido préstamos a muy bajo interés del Banco Central Europeo no lo han dedicado a inyectarlo en el sistema productivo, han preferido prestarlo a su vez a los Estados por el interés abusivo decidido por el mercado. ¿Es que no podía entregar el BCE ese dinero directamente a los Estados al mismo interés que cobraba a los bancos privados, incluso a interés cero? No, por lo visto no. No pregunten por qué. Porque no. Eso es Europa. El caso es que este “no” ha producido enormes beneficios a la banca privada y enormes perjuicios a las haciendas públicas. Y un efecto adicional muy goloso: que los Estados, incapaces por su empobrecimiento de prestar sus servicios tradicionales, tendrán que irlos entregando al negocio privado. Noticia reciente: Grandes fondos de inversión entran en el negocio de la enseñanza. Ya lo han hecho antes en el de la sanidad.

En fin, se rescataron los bancos a costa de los contribuyentes y se reestableció la confianza de los mercados, pero todavía estamos esperando la prosperidad prometida. Y como lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente, en su reciente informe sobre la situación de la economía de cada país el FMI sugiere a España más rebajas salariales, y hace una propuesta de reforma fiscal con más imposición indirecta (IVA, impuestos especiales) y una rebaja en el impuesto de Sociedades. De la contribución de los ricos ni media palabra. A todo lo cual se suma la Comisión Europea.

Creo que todo esto justifica la indignación de la gente honorable que grita ¡Hasta aquí hemos llegado! Y todavía hay por ahí quienes dicen que los partidos tradicionales, los que han cometido tamaños desaguisados sin inmutarse, han fracasado en las elecciones europeas porque no han sabido explicar bien qué es Europa. Humor negro.

Empobrecimiento de las clases medias

De manera que las autoridades económicas que consideraron imprescindible rescatar a los bancos no consideraron conveniente rescatar a las familias. Ni siquiera tuvieron en cuenta los beneficios adicionales que se podrían haber derivado de una fuerte reducción de las ejecuciones hipotecarias (algo que en España sí ha tenido en cuenta el Banco de Sabadell, y no le ha ido mal).

Algunos irresponsables nos vienen diciendo que la culpa ha sido de la población por endeudarse más de lo razonable, por pretender vivir por encima de sus posibilidades. Por lo visto querer tener una vivienda, por lo general modesta, es querer vivir por encima de lo posible. Aceptemos que muchas familias se endeudaron indebidamente, pero, como dice Paul Krugman, los malos préstamos siempre suponen errores por ambas partes: si los prestatarios fueron irresponsables, también lo fueron los bancos que les dejaron el dinero. Sin embargo cuando llegó la crisis, a los banqueros no se les consideró responsables de sus equivocaciones, mientras que las familias corrieron con todos los gastos.

El resultado de todo ello parece sugerir que tal vez no fue un error tan grande el de Marx cuando previó el declive de las clases medias y su proletarización. Incluso algunos observadores conservadores se dan cuenta de que la clase media está desapareciendo, insegura del futuro, sin medios para que sus hijos cursen estudios que les permitan progresar socialmente.

Si antes de hablaba del mileurista con la natural compasión, ahora un mileurista es un afortunado. Muchos salarios han bajado a los 600, incluso a los 400 euros, y sin garantía de estabilidad. Cada trabajador vive ahora en la angustia de no saber si mañana estará trabajando o en paro. Y no hay lugar a la protesta, porque el empresario se puede quitar de encima a todo trabajador que le incomode.

Para mayor oprobio, los perjudicados están viendo al mismo tiempo cómo se agranda  su distancia con el 1%, que salió de la crisis indemne. Pues resulta que la crisis no ha sido perjudicial para sus causantes. En la revista Alpha  se ha publicado la última “lista de los ricos” de Institutional Investor, una recopilación de los 25 gestores de fondos de cobertura mejor pagados; y resulta que han ganado un total de 21.000 millones de dólares en 2013. ¡Casi mil millones por cabeza! Y eso sólo de ingresos anuales, patrimonio aparte. Es de suponer que en 2014 ganen más, una vez sumada esa ganancia a su patrimonio.

¿Cómo puede defenderse un sistema cuya lógica tiene estos efectos perversos y es incapaz de encontrar remedio? Hay que añadir que cuando por fin salgamos de la crisis, porque algún día se saldrá, son incontables las personas que habrán sufrido perjuicios irreparables. Y siempre en beneficio de los mismos.

El capital en el siglo XXI

Claro que se puede objetar que todo lo dicho no va contra el capitalismo, sino contra el capitalismo neoliberal,  que ha eliminado las regulaciones y ha dejado que las ambiciones de la minoría que controla la economía mundial campen por sus respetos. Si se refundara el capitalismo, piensan algunos, la cosa sería distinta y no habría lugar para estas críticas. Y bien: ¿por qué no se refunda? Porque su propia lógica lo impide.

Muchos años antes de que estallara esta crisis escribí un libro de crítica al capitalismo que contiene, a mi parecer, muchas buenas razones aplicables al mejor de los capitalismos imaginables. La crítica se refiere a tres espacios: el económico, el ideológico (con una descripción de la población que el capitalismo produce) y el político (donde se describe la incompatibilidad de capitalismo y democracia). Un resumen puesto al día, con el título ¿Tiene remedio la sociedad capitalista? está incluido en este blog como libro digital a disposición del lector.

Ahora el economista francés Thomas Piketty analiza en una extensa obra (El Capital en el siglo XXI ) la evolución de la riqueza en Europa y EE UU en los últimos 200 años y demuestra con profusión de datos el aumento de la desigualdad hasta unos niveles  actuales que se acercan a los del siglo XIX.

Según Piketty, la desigualdad crece cuando la tasa de remuneración al capital es mayor que la tasa de crecimiento de la economía. Si llamamos “r” a la tasa de remuneración del capital y “g” a la tasa de crecimiento de la economía, tenemos la famosa formulación de Piketty: la desigualdad aumenta cuando “r>g”.

Pero ¿por qué “r” es mayor que “g”?  Por la lógica del mercado, que da más a quien más tiene y menos a quien tiene menos. Por tanto el aumento de la desigualdad es algo que ocurre inevitablemente en el capitalismo, ya que desproveer a los ricos de lo que les da el mercado es algo que los ricos no consienten.

A pesar de que el libro de Piketty llega a una conclusión obvia, que debería estar clara para todos desde hace mucho, ha causado gran conmoción, sobre todo en Estados Unidos. Si lo que dice Piketty es cierto (¡pues claro que lo es!) resulta que el capitalismo queda en entredicho.

Naturalmente, en seguida se han lanzado los defensores del establecimiento a señalar errores y fallos interpretativos. The Financial Times ha publicado un análisis de su editor económico Chris Giles en el que atribuye a  Piketty cálculos torticeros y numerosos errores, y pone en duda las conclusiones de la obra. Pero, como ha señalado Paul Krugman, aunque algunos errores concretos puedan ser ciertos, la idea global es correcta: “No es plausible que el aumento en la concentración de los ingresos del capital no reflejen un aumento más o menos comparable de la concentración del capital en sí mismo”.

¿Está justificado que haya ricos tan ricos?

Por mentira que parezca (aunque bien mirado es lo más natural, ya que los riquísimos pagan bien los servicios de legitimación y propaganda) los hay que argumentan que las grandes remuneraciones están justificadas porque van a parar a los innovadores y a los emprendedores, personas que crean empresas, y por tanto empleos, y hacen que avance la tecnología.

 Añaden con indignación desvergonzada que gravar a los ricos es destructivo e inmoral (destructivo porque disuade a los creadores de empleo de que se dediquen a lo suyo e inmoral porque la gente tiene derecho a quedarse con lo que gana). Les preocupa que la “obsesión” por querer que los ricos pierdan ingresos o patrimonio acabe dañando a los pobres. Si los ricos son menos ricos, dicen impávidos, la economía flaqueará y el paro crecerá. Y en un país con menos ricos se reducirá la recaudación fiscal. Por lo visto es una bendición y una suerte para todos que haya ricos, especialmente para los pobres. Los gobiernos parecen estar de acuerdo con estos alegatos, porque no osan tocar el patrimonio de los que más tienen.

Pero hay dos objeciones que hacer a esta defensa de la riqueza privada.

Una es que es que los premios económicos exorbitantes, incluso aunque premiaran el esfuerzo y el mérito, no son necesarios y son grandemente perjudiciales. No son necesarios para que prospere la innovación y para que los emprendedores trabajen intensamente, pues hay fuertes motivaciones que no son económicas, y para quien sólo se mueva por el afán de dinero, hay premios económicos razonables que no producirían desigualdades insoportables. A su vez, las remuneraciones disparatadas son perjudiciales, porque influyen negativamente en la moral de la población y en su funcionamiento económico, y hacen inviable la democracia.

La previsión de Piketty es que la brecha entre las clases medias y los más ricos se abrirá más  y la inequidad seguirá aumentando hasta llegar a niveles que socavan la democracia y la estabilidad económica. También Krugman cree que la desigualdad afecta a la calidad democrática, o a la democracia a secas. Pues “una riqueza inmensa permite comprar una inmensa influencia, no sólo en las políticas que se adoptan, sino en el discurso político”.

Esto es lo que piensan Piketty y Krugman. Yo pienso más bien que no son las actuales desigualdades las que socavan la democracia, porque nunca la hubo en el capitalismo, no puede haberla, y por tanto mal se puede socavar. Ocurre, simplemente, que lo que estaba disimulado se está haciendo patente.

La segunda objeción es que los que más ganan no son innovadores ni emprendedores. Como dice Krugman, aunque los que integran la lista de los ricos son hombres hechos a sí mismos, en su inmensa mayoría se hicieron a sí mismos hace mucho tiempo. Ahora son gestores de los fondos de cobertura y su negocio es la especulación financiera. Y resulta que los fondos de cobertura son un mal negocio para cualquiera excepto sus administradores; no ofrecen un rendimiento lo bastante elevado para justificar esos enormes honorarios y son una fuente importante de inestabilidad económica. Pero es que además muchos de los ingresos de los principales directores financieros no proceden de invertir el dinero de otros, sino de las rentas obtenidas del dinero que ellos mismos han acumulado (es decir, la razón por la que ganan tanto es que ya son muy ricos).

Con esos antecedentes,  se pregunta Krugman, ¿hay alguien dispuesto a afirmar que los que más dinero ganan en Estados Unidos —que son básicamente directores financieros o ejecutivos de grandes corporaciones— son héroes económicos? Añade que los apologistas de un capitalismo con ricos intocables intentan disfrazar los enormes ingresos de los verdaderamente ricos mezclando a estos con los meramente acomodados. En vez de hablar del 1% o el 0,1% con más dinero, hablan del aumento de los ingresos de los titulados universitarios, o tal vez del 5% con ingresos más elevados. El objetivo de esta tergiversación es suavizar la imagen, para que parezca que estamos hablando de profesionales altamente cualificados que salen adelante gracias a la formación y al trabajo duro. Pero muchos de los que tienen una buena formación y trabajan mucho, por ejemplo, los profesores, no ganan un dineral. El año pasado, los 25 gestores de fondos de cobertura antes mencionados (los de los 21.000 millones de dólares)  ganaron más del doble que todos los maestros de educación infantil de Estados Unidos juntos. O sea, que estamos en una sociedad dominada no por el trabajo y el mérito, sino por la riqueza, mucha de ella conseguida mediante la especulación o la herencia.

Lo que habría que proponer

Si los críticos conservadores se ponen de los nervios por peticiones de sentido común, moderadas y compatibles con el capitalismo, ¿qué ocurriría si algún partido se atreviera a pedir lo verdaderamente sensato, esto es, un límite razonable a la riqueza privada?

Se sabe que la forma más racional para reducir la desigualdad es apostar por la fiscalidad progresiva sobre las rentas y también sobre la riqueza neta de los individuos. Pero esto es decir poco si no se añade adónde debe llevar esa progresividad.

Dejemos aparte el igualitarismo, que con la población actual del mundo es un ideal inviable, y pensemos en un término medio entre igualitarismo y capitalismo. La clave de esa solución intermedia consiste en que la fiscalidad progresiva llegue al 100% cuando las rentas y el patrimonio sobrepasen una cantidad razonable. Yo he propuesto en otras ocasiones el tope máximo de 30.000 euros mensuales de renta y 5.000.000 de euros de patrimonio, con una renta mínima de 3.000 euros por persona. Los codiciosos podrían aspirar a premios económicos realmente suculentos y los demás podrían vivir una vida honorable.

Naturalmente, esa limitación de la riqueza privada haría por fin posible la democracia, al eliminar los grandes poderes económicos que, desde la sombra, lo manejan todo, sean medios de comunicación, mercados o gobiernos. Los Estados tendrían enormes recursos para políticas sociales, sobre todo para poner en marcha por fin una educación efectiva, de la que saldrían ciudadanos informados y responsables. Sería posible empezar a legislar teniendo en cuenta el bien común, y por tanto empezar a controlar la producción y el consumo de manera racional (salvar la Tierra para nuestros descendientes). Etc.

¿Qué puede encontrar de malo en esta propuesta una persona informada, racional y decente? ¿Es que acaso tal propuesta huele al azufre del infierno? Pues sí, sí. Eso dirían, no tengan duda, los esforzados defensores del capitalismo si algún partido se atreviera a hacer una propuesta semejante. Dirían también que es una propuesta inviable. ¿Por qué? No pueden responder con razones, sólo con la retórica de los que están ahí para responder lo que se tercie. Es inviable, sí, pero sólo porque el Poder no quiere. Hay que luchar para doblegarlo.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRIVADOS Y DEMOCRACIA

La destitución de Pedro J. como director de El Mundo ha escandalizado a algunos, al revelarles que los medios de comunicación españoles están en manos de capital extranjero. Se han podido enterar de que El Mundo pertenece ahora al grupo italiano Rizzoli-Corriere della Sera (RCS), que en el Grupo Prisa hay accionistas americanos e ingleses (el fondo Liberty y HSBC), que Telecinco y la Cuatro están controladas por Mediaset, propiedad de Berlusconi, que el grupo alemán Bertelsmann y el grupo italiano De Agostini tienen una importante participación en Antena 3 y la Sexta y que el grupo Walt Disney tiene el 25% de Intereconomía.

Ahora bien, ¿cambiaría mucho el asunto si los medios españoles estuvieran controlados por capital español? En Prisa también participan bancos españoles acreedores (el Santander, Bankia y la Caixa además de Telefónica), La Vanguardia está controlada por CaixaBank y la Razón por el Sabadell. El Cuarto Poder pertenece ya al sector financiero. Pero el capital es internacional, bien lo sabe el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, cuando dice que los accionistas de esa compañía se sienten ahora más británicos, estadounidenses y mexicanos que españoles, porque sus beneficios en España han caído un 7% el pasado año.

I

LOS CONTROLADORES

La arrolladora concentración de la propiedad ha hecho desaparecer a numerosos medios locales, en particular radios, periódicos pequeños y empresas periodísticas familiares. Los Polanco han perdido el control del Grupo Prisa y el Washington Post anunció el año pasado su venta a Jeff Bezos —el fundador de Amazon—, acabando así el periodo en que la familia Graham estuvo, durante cinco generaciones, al mando del periódico. A la postre un enorme porcentaje de medios de comunicación del mundo va siendo controlado por megacorporaciones que tienen conexiones entre sí, con otras grandes corporaciones no mediáticas y en última instancia con el capital financiero.

De los 30 principales grupos mediáticos del mundo los principales son estadounidenses, entre ellos Walt Disney Company, Time Warner, News Corporation (el grupo de R. Murdoch), Viacom/CBS, General Electric, The New York Times Company y The Washington Post Company. Entre esos 30 hay también 4 grupos japoneses (Yomiuri Shimbun y Sony entre ellos), 3 franceses (entre ellos Vivendi), 3 ingleses (entre ellos la BBC), 2 alemanes (Kirch y Bertelsmann), 1 italiano (Mediaset, de Berlusconi) y 1 mexicano (Televisa). Un dato significativo es que a estas compañías se han sumado dos de la nueva era, Google y Yahoo!

Estos grupos controlan los principales periódicos, cientos de radioemisoras y las cadenas de televisión que tienen mayor audiencia en sus programas de noticias (entre ellas ABC, CNN, NBC, CBS, Fox y Sky). Cientos de millones de ciudadanos de todo el planeta consumen a diario –directa o indirectamente– los productos informativos y culturales de estos holdings.

II

UNA INVESTIGACIÓN REVELADORA

La influencia de los medios en las creencias, valores y actitudes de la gente está bien demostrada. Recordemos el resultado de la investigación que se hizo en EE UU en octubre de 2003 partiendo de estas tres creencias equivocadas sobre la guerra contra Irak:

a) Existen pruebas de la relación de Irak con Al Qaeda.

b) Se han descubierto en Irak pruebas de armas de destrucción masiva.

c) La opinión pública mundial ha aprobado la invasión estadounidense de Irak.

Resultó que el 48% de los entrevistados creían la primera, el 22% la segunda y el 25% la tercera. Y que de los bien informados (los que creían que las tres son falsas o al menos no probadas) sólo el 23 % respaldaba la guerra, mientras que quienes aceptaban una de las tres se mostraban a favor en un 53%, quienes aceptaban dos en un 78% y quienes aceptaban las tres en un 86%.

Hasta aquí la mera evidencia de que ciertas creencias influyen en las actitudes y comportamientos políticos, pero lo más significativo es la correlación de esas creencias con las fuentes informativas. Los mejor informados eran los que obtenían sus noticias de los medios impresos, de la NPR (Radio Nacional Pública) o el PBS (Servicio Público de Radiodifusión). Luego venían, muy por detrás, los de NBC y de CNN. Entre los espectadores de ABC y CBS había muchos más con concepciones erróneas que sin ellas. Y predominaban las concepciones erróneas entre los de Fox News.

Esta investigación confirma, si es que fuera necesario, que hay unos medios que son más fiables que otros. Los públicos aparecen como más fiables que los privados si funcionan en un país no totalitario. Pero ¿hay medios privados realmente fiables?

III

TODOS SON CONSERVADORES

Considerando el grado de fiabilidad se suele calificar a algunos medios como solventes y a otros como insolventes.

Los insolventes mienten expresamente, tergiversan la información, practican el chantaje y la extorsión, hacen campañas interesadas inventando y ocultando lo que les conviene, negocian bajo cuerda amenazando con airear algo, espían a jueces, legisladores o políticos, y manejan así un poder claramente incompatible con el funcionamiento democrático. Murdoch ha usado sus medios para favorecer sus posiciones políticas, pero también para influir en los numerosos casos legales a los que ha debido enfrentarse, acusado de soborno y corrupción, de practicar acciones monopolísticas, de canalizar los beneficios de sus negocios a paraísos fiscales y de intervenir teléfonos de algunas celebridades, personas de la realeza y ciudadanos. De Berlusconi se puede decir algo semejante. En España tenemos buenos ejemplos de cómo algunos medios inventan y silencian noti­cias, y promueven campañas según designio privado de sus controladores, al punto que, por comparación con el casi monopolio de oscurantismo eclesial, ultraconservador y amarillista que impera en una gran parte de la prensa, la radio y la TV privadas, hay quienes creen que los medios de Prisa son de izquierdas.

En nombre de la libertad de expresión los medios insolventes cometen sus tropelías impunemente,  salvo que alguna persona pueda demostrar ante los tribunales que ha sido objeto de injurias o calumnias. No hay otro control sobre los propietarios que un derecho timorato aplicado además por jueces que temen la reacción de esos medios y que suelen ser benévolos frente a la difamación, la injuria o la intromisión ilegal en la intimidad ajena.

Pero vayamos a los medios respetables, que son minoritarios.

John C. Merrill, autor de La prensa de élite. Grandes periódicos del mundo, dice que la prensa de calidad está en el centroizquierda. Debería haber añadido que se trata de un centroizquierda procapitalista, la forma más sensata de defender lo que hay. Aceptado esto, parece que sobra preguntar si son fiables. Pues los medios de propiedad privada que gozan de prestigio son los principales encargados de fabricar (y sin oposición) la mentira legitimatoria que es imprescindible a todo sistema elitista.

Si pensamos que El País, el New York Times, el Washington Post o Le Monde son medios fiables nos quedamos en la superficie del tema. Dejando aparte casos escandalosos (como que Jack Kelley, nominado a los Premios Pulitzer, inventara una serie de noticias para el USA Today, o la aventura parecida de Jayson Blair en el New York Times) podemos admitir que estos medios se abstienen de afirmar hechos directamente falsos. Pero eso no quiere decir que observen la realidad con una mentalidad neutral. Esto les llevaría a cuestionarse la legitimación del sistema capitalista y en este punto, que es el fundamental, todos los medios de comunicación importantes hacen causa común. Es natural, todos son propiedad de grandes compañías y no van a tirar piedras a su tejado.

IV

¿HASTA DÓNDE LLEGAN LAS CONTRADICCIONES?

El filósofo J. Habermas no puede desconocer todo esto, pero, conservador al fin, concluye sin rubor que es inocuo que la propiedad de los medios sea privada, es decir, que esté en manos del poder económico. ¿Por qué? Porque el pernicioso efecto que ello podría originar se elimina debido a las contradicciones entre los diferentes medios. Y se queda tan ancho.

Es cierto que los medios privados se contradicen, pero nunca en el tema básico. Unos pueden ser partidarios del partido demócrata y otros del republicano, unos pueden defender la guerra de Irak y otros oponerse, unos pueden apoyar las leyes del PP sobre aborto y educación y otros estar en desacuerdo. Pero su influencia en la opinión pública y en la actividad política va siempre dirigida a favor de la economía de mercado, de su forma de distribuir la riqueza y del tipo de “democracia” que de ella se sigue. Todos ellos insisten en la idea de que la economía de mercado es condición para la democracia y la libertad. En la perspectiva internacional muestran al llamado mundo occidental como una sociedad abierta en la que la libre competencia da a todos posibilidades de triunfo, y presentan a Estados Unidos como líder desinteresado que lucha por extender esas virtudes al resto del mundo.

Si echamos una mirada a la forma en que se tratan ciertos asuntos, por ejemplo los que se refieren a Cuba, Venezuela, Ucrania, Rusia o China, no podemos dejar de preguntarnos: ¿cómo es posible que Estados Unidos tenga la desfachatez de presentarse como garante de la legalidad internacional, como modelo de democracia, como espacio en que imperan los derechos humanos, y que con tal disfraz se dedique a condenar a otros y castigarlos? Pues sencillamente, porque tiene poder para ello y porque hay unos medios de aplastante influencia que respaldan esa imagen. Nunca hemos visto que los medios influyentes se hayan lanzado a criticar sistemáticamente el papel criminal de Estados Unidos en el mundo, y ocasiones y razones han tenido muchas. Los que han llegado más lejos se han conformado con convertir los crímenes en errores de un Presidente, sin achacarlos al sistema que mueve al Presidente como a una marioneta. Los medios privados hacen sin el menor sonrojo aquello que hay que hacer. El capital no se sonroja nunca, y tampoco quien se pone a su servicio. Este servicio es una tarea cada vez más difícil, hay que reconocerlo, pero se insiste en ella.

Puede haber medios que critiquen de pasada los paraísos fiscales, pero ninguno insiste machaconamente, con grandes titulares en primera página, en lo insoportable de tal escándalo, ni incita a la población a votar a los partidos que mejor podrían poner remedio a esa ignominia. Tampoco hay campañas serias contra la falta de regulación del espacio internacional, precisamente porque la no regulación favorece al capital incondicionalmente. Pero sobre todo, ¿quién ha visto que algún medio privado argumente de manera sostenida contra el derecho a la riqueza ilimitada, y a favor de impuestos que hagan decrecer sensiblemente las grandes fortunas? ¿Cuándo en los medios privados se cuestiona el derecho de propiedad tal y como existe en las sociedades capitalistas?

En definitiva, no importa que en muchas cuestiones los intereses rivales y el deseo de aumentar las ventas introduzcan cierta pluralidad y un ocasional afán fiscalizador. Todo ello ocurrirá dentro del pensamiento correcto y de los intereses únicos, sin constituir una alternativa cognitiva e informacional a la actitud pro sistema. De esta manera los medios influyentes convierten la opinión unánime a favor del capitalismo en el aire que se respira, en el sentido común imperante. Ya he comentado que “pensamiento único” es un rótulo que se lanzan mutuamente como acusación los socialdemócratas y los neoliberales, pero que de hecho comprende a ambas formas de aquiescencia. Es pensamiento único porque sólo él aparece en los medios: al pensamiento anticapitalista no se le da espacio, como si no existiera o fuera impresentable.

V

ELIMINAR LA COMPETENCIA

Cuando el monopolio de la ideología procapitalista peligra, los dirigentes conservadores se muestran muy susceptibles. Al recuperar Hugo Chávez el poder en Venezuela, G.W. Bush le hizo una advertencia acerca de la necesidad de respetar la libertad de prensa. ¿A qué libertad se refería? A la de antiguos beneficiarios de un régimen político cuyo nivel de corrupción era causa del empobrecimiento de una mayoría de la población. Se trata de libertad para difundir noticias falsas, promover campañas de intoxicación y todo lo que ya sabemos que hace la derecha latinoamericana cuando alguien no controlado por ella consigue el poder político.

En el ámbito internacional el monopolio informativo se defiende con uñas y dientes. Hemos tenido ocasión de comprobar, por ejemplo, los medios, bombardeos incluídos, con que pretendió el mismo Bush eliminar una fuente de información no controlada, la de Al Yazira, y hemos sabido también cómo se diseñan desde la Administración americana campañas de ocultación e intoxicación con Agencias oficiales creadas ad hoc. Los países del Tercer Mundo han alzado sus protestas contra el monopolio informativo de las grandes agencias internacionales controladas por los intereses capitalistas, pero la réplica de EE UU a cualquier intento de alterar este estado de cosas ha sido contundente. Ha llegado incluso a retirar su contribución a la UNESCO por el planteamiento “no liberal” que esa organización tenía sobre los medios de comunicación.

Así que hemos de preguntarnos: ¿cómo es que la libertad de expresión así entendida, que lleva dentro tan segura contradicción con la democracia, es presentada como un fruto exquisito de la democracia y la libertad? Primero, porque así ha sido definida en la Declaración de Derechos Humanos. Y luego porque los propios medios de comunicación privados están dedicados a una operación de auto-propaganda de eficacia indudable.

VI

¿ES UN DERECHO HUMANO LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS?

El derecho a la libertad de conciencia y de opinión formulado en la Declaración de Derechos Humanos sería indiscutible si implicara el derecho a adquirir las capacidades mentales necesarias para un comportamiento autónomo (pudiendo cualquiera reclamar a la sociedad si no se las ha proporcionado). Pero no pidamos peras al olmo.

Aunque de alcance más limitado, ese derecho sería defendible en la medida en que signifique no ser perseguido o condenado por expresar opiniones, y además tener garantizadas formas no discriminativas de acceso a los medios de comunicación y a las fuentes de información.

Pero la Declaración de Derechos Humanos comete la impostura de incluir en la libertad de expresión la facultad de poner en pie medios de comunicación de propiedad y control privados. Esta impostura viene a significar que el rico y el pobre tienen el mismo derecho a financiar un imperio mediático. Sólo ocurre, ya se ha dicho, que quienes no tienen capacidad económica suficiente renuncian sistemáticamente a ese derecho de la misma manera que el rico renuncia sistemáticamente a su derecho a dormir bajo los puentes.

VII

ELLOS SE ECHAN FLORES

Así bendecidos por una Declaración tan pomposa, la estrategia que utilizan los medios privados para ensalzarse consiste en considerar que no tienen otra alternativa que los medios públicos controlados por el gobierno, situación típica de las dictaduras o regímenes totalitarios. Y entonces sustituyen la expresión ­”bajo control privado” por la expresión “libre” en una astucia de alto valor ideológico. Los medios privados son efectivamente libres del control gubernamental, pero no del control de sus propietarios.

La astucia ha sido tan exitosa que, mientras hay una gran sensibilidad respecto a la manipulación de los medios públicos por los gobiernos, nadie critica que un medio privado sea manipulado por sus propietarios. Esta manipulación se considera al parecer natural e irrelevante.

Ocultando su dependencia de quienes los financian, los medios privados se presentan como defensores y garantes de la transparencia y la verdad, y a tal mistificación contribuyen muchos periodistas en prensa, radio y televisión, elegidos precisamente por la credibilidad que inspiran cuando mienten. Algunos de ellos presumen de no ser presionados ideológicamente por los medios en que trabajan, como si eso significara que son libres. Lo cierto es que han sido elegidos por su ideología y si alguno se convirtiera, por algún azar, a una ideología anticapitalista, no duraría en su puesto dos días si pretendiera expresarla.

Es cierto que algunos medios fiscalizan al poder político, descubren abusos, publican andanzas que permanecían ocultas, han dado voz a algunas disidencias, se han arriesgado a veces en la oposición a intentos involucionistas, como El País en el golpe de Estado del 23F. The New York Times ha ganado cerca de cien premios Pulitzer, que es el reconocimiento más prestigioso en Estados Unidos a la labor periodística, y The Washington Post fue honrado sólo en 2005 con 18 Pulitzers y 18 Nieman Fellowships.

Pero ¿qué han hecho para ganar esos premios? Por ejemplo, en 1971 The New York Times descubrió que el gobierno de Estados Unidos manipulaba la información que ofrecía a sus ciudadanos sobre el desarrollo de la guerra de Vietnam, en 1972 reveló que durante décadas se había negado tratamiento médico a miles de afroamericanos que pedecían sífilis, en 2004 reveló la inseguridad laboral en muchos lugares de trabajo, y cosas así, perfectamente asimilables por el sistema. The Wasington Post ganó fama mundial por su investigación sobre el Watergate, que sirvió para ensalzar ad nauseam la libertad de la prensa y la calidad de la democracia americana. Sí, los medios privados se han enfrentado a veces al poder político de turno, nunca al verdadero poder (que sería enfrentarse a sí mismos).

Incluso hay medios que para ganar credibilidad se permiten abrir sus páginas a escritores de izquierda anticapitalista para que desde una pequeña columna protesten desesperanzadamente contra lo que hay y queden así descritos, por la misma localización de su protesta y la relación de proporcionalidad con las aquiescencias, como personajes marginales, ajenos a la realidad, románticos entrañables en el mejor de los casos. Al mismo tiempo son prueba de la imparcialidad del medio respecto a la pluralidad ideológica.

VIII

MEDIOS PÚBLICOS BAJO CONTROL SOCIAL

Algunos teóricos, tras reconocer que los medios de comunicación se han erigido en el espacio en que se forman las opiniones y las decisiones de los ciudadanos, añaden que, teniendo en cuenta que esos medios no sólo tienen obligación de informar, sino de vender más para incrementar su influencia, la política ha de adaptarse a un lenguaje que tiene tres reglas: simplificación del mensaje, personalización de la política y predominancia de los mensajes que desprestigian al adversario sobre los positivos.

Quienes describen así la situación no se escandalizan de que las cosas sean como las describen. Les parece natural que el espacio en que se forman las opiniones y decisiones de los ciudadanos sea de propiedad privada y gestionado sin control democrático. Y no se plantean por qué los medios de comunicación venden más si simplifican, personalizan y destacan lo negativo, es decir, no se plantean por qué gran parte de la población no compra medios que, eludiendo simplificar, personalizar y destacar lo escandaloso, se dedican a abordar las cuestiones en su complejidad real y dirigiéndose a la inteligencia de los lectores u oyentes.

Que para vender más tengan los medios que actuar así es una consecuencia de la estructura mental de la audiencia, fabricada por los sistemas educativos de nuestras sociedades. Que tengan que vender más es una consecuencia de la propiedad privada y de la economía de mercado. Y finalmente, que incrementen así su influencia es síntoma de que no se dan las condiciones imprescindibles para una sociedad democrática.

No hay que esperar, claro está, que los medios privados se dediquen a analizar su propia incompatibilidad con la democracia, por más que algunos capten la malicia del control privado cuando en su entorno se consolida un imperio mediático excesivamente poderoso. En tales casos la falta de objetividad que debe achacarse a todo medio de propiedad y control privados es reconocida por los mismos que la utilizan en su beneficio, pero que no quieren soportarla en beneficio de otro más fuerte. El Vaticano denuncia el peligro de que nazca un sistema basado en las grandes concentraciones informativas que, a nivel nacional y supranacional, pueda crear condiciones de superioridad y, por lo tanto, de subordinación cultural. Pero al mismo tiempo intenta montar una cadena confesional de ámbito europeo y daría cualquier cosa por tener el monopolio de la información en el mundo. El PP veía con gran aprensión el poder mediático de Prisa, favorable al PSOE, y los socialistas, tras el acuerdo entre Telefónica y el BBVA, denunciaron que el PP había utilizado las privatizaciones para enriquecer a los amigos de Aznar a cambio de que las empresas privatizadas adquiriesen medios de comunicación al servicio de la derecha. De repente unos y otros parecían conscientes de que el poder mediático puede “deteriorar la calidad de la democracia al dar la posibilidad de comprar las conciencias y manipularlas”. De la misma manera los perjudicados por el poder mediático de Berlusconi han puesto el grito en el cielo sin apreciar que Berlusconi, más ellos mismos, son el monopolio conservador que impide que llegue a la población un pensamiento libre.

Llegamos así a una conclusión trivial, pero que parece blasfema (y si indagamos por qué, se refuerza el argumento que vengo exponiendo): los medios privados deberían estar rigurosamente prohibidos. A poco que se piense, es de sentido común que, para que haya verdadera libertad de expresión, y consecuentemente, para que haya democracia, una condición necesaria es que los medios de comunicación sean públicos. Por supuesto que no controlados por los Gobiernos. Estoy hablando de propiedad pública y control social. Las instituciones sociales (partidos políticos, sindicatos, asociaciones de empresarios y de consumidores, colegios profesionales, asociaciones de periodistas, institutos científicos y artísticos, etc.) han de disponer en esos medios de espacios para usarlos libremente, de forma que cada grupo de intereses relevante pueda exponer con toda libertad sus informaciones y opiniones, pero en confrontación con las de otros grupos e ideologías. Estando todas presentes en la confección del mismo medio, cada receptor tendrá acceso a todas ellas y sabrá de dónde proviene cada una.

Mientras las cosas no sean así, soportemos lo que hay, o luchemos contra ello, pero no hablemos de democracia y de “libertad de expresión” como si existieran en el mundo. Dejemos esa mentira a los otros, que saben administrarla muy bien.