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LA CUESTIÓN CATALANA, LA DEMOCRACIA Y LA LEGALIDAD

Varias veces en este blog (septiembre de 2014, octubre de 2015) he expuesto lo que pienso del caso catalán.

Por razones alejadas del nacionalismo español deseo que Cataluña siga formando parte de España (tengo familia en Cataluña y soy de izquierdas). Pero, deseos aparte, creo que si una mayoría suficiente de catalanes quiere separarse de España se debe facilitar esa separación y tratar de reducir en lo posible el traumatismo.

No voy a repetir lo dicho en esas entradas, que lo doy por vigente y aplicable al momento presente, sino sólo aprovechar la discusión actual que de manera abrumadora tiene por motivos principales “Estado de derecho”, “democracia”, “ley”, “Constitución”, “justicia”, “tribunales”, términos en los que se plantea la cuestión tanto por parte de los dos nacionalismos en pugna como por los que, sin ser nacionalistas, quieren mediar en el conflicto. ¡Qué cansancio! En fin, que aprovecho para insistir en cuestiones que por ahora apenas tienen aceptación (y que por ello es necesario traerlas a colación una vez y otra desde los diferentes puntos de vista que la actualidad ofrece).

Democracia

Que muchos crean que vivimos en una democracia se debe a la capacidad persuasoria del Sistema, no a datos reales que puedan insertarse en una definición operativa de democracia. Identificar democracia con derecho a votar, o con Estado de Derecho, o con división de poderes, es una ingenuidad. En el capitalismo la democracia es el mero disfraz de una plutocracia populista, algo que la izquierda marxista sabe desde hace mucho tiempo y que resulta cada día más corroborado por los hechos. Entonces no tiene mucho sentido que alguien de izquierdas apele a la democracia. La derecha, crea lo que crea, está interesada en afirmar que España es una democracia. Es parte de ese juego, el de la mentira sistemática, al que están obligados los defensores del Sistema. Y lo afirman de manera tan insistente, y con tan escasa réplica, que casi todos llegan a creerlo.

Repito lo dicho otras veces: esta plutocracia populista es preferible a una dictadura como la franquista, porque, en términos de la llamada Ley de Rummel, en una dictadura hay más probabilidades de que los gobernantes asesinen a sus propios ciudadanos. Estamos, pues, en un sistema político en el que corremos menos riesgos de ser asesinados por nuestros gobernantes, sobre todo si pertenecemos a las capas de población integradas (en Estados Unidos un negro tiene 21 veces más probabilidades que un blanco de morir tiroteado por la policía, situación trasladable mutatis mutandis a los restantes países que se llaman democráticos).

Pero que vivamos con más seguridad no autoriza a hablar de democracia cuando no se cumplen sus condiciones básicas (para cuyo análisis me remito a la entrada de este blog de diciembre de 2014 No cabe democracia en el capitalismo). Lamento que la izquierda anticapitalista no se atreva a decir esto una vez y otra, pero hasta cierto punto es disculpable. Imaginen la que les caería encima si tuvieran la osadía de decir: en el capitalismo la democracia no es posible.

Legalidad

En una plutocracia que se presenta como democracia toda ley básica es necesariamente ilegítima, ya que ha de tener una finalidad contraria a la proclamada.

Lean el preámbulo de nuestra Constitución manteniendo la calma (si pueden). Lean luego que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (artículo 1); que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (artículo 31); que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo” (artículo 35); que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (artículo 47); o que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (artículo 128).

Las leyes y normas que dictan Parlamento y Gobierno están en principio sometidas a esta Constitución, pero resulta que esas normas dejan en paro, y sin vivienda, y en la pobreza o en la pobreza extrema, a millones de españoles, favorecen la especulación del suelo, aumentan las desigualdades sociales haciendo a los ricos más ricos y a los pobres mas pobres, los ricos no subordinan su riqueza al interés general, sino que la llevan a paraísos fiscales para eludir impuestos y el Gobierno les premia con una amnistía, etc., etc.

Todo esto es inevitable, porque en una plutocracia las leyes económicas son diseñadas por los bancos y las grandes compañías, y el papel de los partidos políticos del Sistema se limita a votarlas en el Parlamento. Son leyes injustas e irracionales (como el Sistema mismo), y además contrarias a la Constitución, pero se nos imponen por la fuerza de sus promotores y beneficiarios. El viejo dicho “quien hizo la ley hizo la trampa” refleja sagazmente la forma en que la oligarquía redacta las leyes a su conveniencia: adjuntando a la ley la trampa que permite al poderoso, y sólo al poderoso, eludir sus obligaciones.

De manera que la Constitución, ley de leyes que se presenta por algunos como si tuviera carácter sagrado, está llena de afirmaciones vacías que nadie cumple y que nadie toma en cuenta, salvo que se trate de legitimar o impedir algo en interés de ya saben quiénes. Y entonces el artículo que legitima es inalterable e innegociable, y el que impide es alterable al momento. En este caso ellos, ya saben quiénes, cursan la orden y los políticos disciplinados hacen el cambio en un abrir y cerrar de ojos, sin argumentar, sin discusión democrática, simplemente obedeciendo. Obedeciendo no al pueblo que dicen representar. Contra ese pueblo.

Quiere ello decir que apelar a la Constitución como si fuera una ley sagrada es oportunismo basado en una mentira.

Añádase a esto que hay situaciones en que infringir la ley es luchar por mayor libertad y mayor justicia, y aplicar la ley es oponerse al progreso.

Justicia

¿Alguien puede creer a estas alturas que los jueces y tribunales españoles son independientes e imparten justicia? Los jueces no han sido seleccionados por su integridad moral, capacidad interpretativa y sensibilidad social, ni pueden ser independientes si quieren llegar a los puestos más altos, y mal pueden impartir justicia si se ven obligados a aplicar leyes injustas.

Cuando Emilio Botín tenía un pie en la cárcel, el Tribunal Supremo se sacó de la manga la doctrina Botín, que dice que la acusación popular no vale si el fiscal o la víctima del delito no acusan. Por eso se archivó ese caso y por otras razones otros dos posteriores contra la misma persona. Ocurrió luego que, cuando interesó procesar a Atuxa, el Tribunal Supremo encontró que su doctrina Botín era un obstáculo. Solución: inventar para el caso la doctrina Atuxa. Y cuando interesó inhabilitar al Juez Garzón porque estaba metiendo las narices donde no debía, a los magistrados del Supremo no les importó quedar en evidencia ante la comunidad jurídica mundial. ¿Algún juez se ha atrevido a investigar el origen de la riqueza del rey emérito?

Eso es la justicia. El respeto y el acatamiento a las decisiones judiciales (siempre en boca de los pro-sistema) no es lo mismo que el sometimiento a las decisiones judiciales. Yo, que fui hace tiempo abogado en ejercicio y sé de lo que hablo, no respeto ni acato muchas decisiones judiciales que me parecen de una injusticia bochornosa, pero tengo que someterme a ellas. ¡Qué remedio si nada puedo hacer para evitar que se sobresean ciertas causas, que no se abran otras, o que un juez sea inhabilitado por querer hacer justicia!

Cuestión de fuerza

Así que dejémonos de cuentos. Si incumples la ley o las decisiones judiciales, por ilegítimas e injustas que sean, tienes que habértelas con la policía, los jueces, las multas o la cárcel. Tú, ciudadano normal, tienes menos fuerza que policías y jueces. Emilio Botín tenía la fuerza que le daba ser presidente del Banco de Santander. Rajoy ha ganado elecciones con dinero negro producto de delitos, dirige desde hace muchos años un partido descrito en los juzgados como una especie de mafia, hay muy fundadas sospechas de que ha cobrado sobres en negro, y nada de ello le lleva a la cárcel, ni siquiera le descabalga de su puesto de jefe del Gobierno (para vergüenza de nuestro país). Está situado en una trama que le da fuerza suficiente frente a jueces y policías.

Volviendo al caso catalán con estas ideas

El origen de la situación actual

Recordemos que, cuando el 31 de julio de 2006 el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional 114 de los 223 artículos del Estatuto de Autonomía catalán, la Abogacía del Estado puso de manifiesto que 30 de esos artículos estaban calcados en el Estatuto de Andalucía que los populares aprobaron en el Congreso y no recurrieron por creer que eran plenamente constitucionales (entre ellos los que regulan el testamento vital y el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte; el Poder Judicial autonómico; el capítulo de competencias o la regulación de las cajas de ahorro). “Un precepto jurídico no puede ser constitucional e inconstitucional al mismo tiempo”, señalaba la Abogacía del Estado como crítica a la postura del Partido Popular, pero el Tribunal Constitucional, que estaba formado por seis magistrados “conservadores” y seis “progresistas” (es decir, seis nombrados por el PP y seis por el PSOE) dedicó ¡cuatro años! a deliberar, y en ese tiempo se sucedieron las tretas de PP y PSOE para conseguir mayoría de miembros. Hubo una ola de recusaciones cruzadas que dejó al tribunal con una mayoría “conservadora” de seis contra cinco. Luego vino la falta de acuerdo para cubrir la vacante por fallecimiento de un magistrado “conservador” y el cuestionamiento de la legitimidad del Tribunal porque había expirado el mandato de dos tercios de los magistrados y el bloqueo en el Senado impedía su renovación. Finalmente se alcanzó un acuerdo y el Tribunal declaró inconstitucionales 14 artículos (por ocho votos contra dos) y sujetos a la interpretación del tribunal otros 27 (por seis votos contra cuatro). Resultado: artículos que son inconstitucionales en Cataluña no lo son en Andalucía o en Baleares. ¡Viva la separación de poderes, la justicia y la coherencia!

La fuerza de los independentistas

Si todas las apelaciones al Estado de derecho, la justicia, la legalidad, la Constitución son en realidad una apelación a la fuerza (la del Sistema), nada se puede criticar a quien opone otra fuerza (para fabricar un Sistema alternativo). ¿Que los separatistas han violado la legalidad y han hecho mil disparates antidemocráticos? Pues claro, pero se han limitado a quitarse por un momento el disfraz con que cargan los políticos en el Sistema. Y las mismas violaciones y disparates han cometido quienes se sitúan enfrente (aunque esas violaciones y disparates hayan provocado menos algarabía mediática). Con la diferencia de que los independentistas han violado la legalidad porque quieren que los catalanes voten. Y el Gobierno lo ha hecho para impedir que los catalanes voten.

Pero en todo caso: hay derecho a decidir no porque sea democrático (para ejercer derechos democráticos tiene que haber democracia). Ese derecho nace de la fuerza (interior e internacional) que lo respalda. Si un 12% exige el derecho a decidir en consulta plebiscitaria estamos ante una mera apelación a un derecho inexistente. Si lo exige un 80% de la población la cosa cambia.

¿Cuánta fuerza puede considerarse suficiente para decretar la independencia? La que doblegue la fuerza de los opositores.

No cabe duda de que ponen más fuerza los fieles del nacionalismo religioso que los no creyentes. Y a esa fuerza hay que añadir la que provoca en muchos catalanes la política de Rajoy. Decenas de miles de catalanes en la calle, esa es la fuerza que a Rajoy se le atraganta.

Rajoy es un burócrata incapaz de comunicar, proponer o justificar medida política alguna. No sabe dirigirse a la población, actúa amparado en la mayoría absoluta o en pactos de conveniencia, y hace su papel a la chita callando. Él ha creado el problema catalán en su dimensión actual y no hace otra cosa que empeorarlo. Miente cada vez que habla, como corresponde a su papel, así que miente cuando dice que actúa obligado por la Constitución. ¿Le obligaba la Constitución a recurrir el Estatuto catalán? Y por otra parte hay constitucionalistas que afirman que la Constitución no impide un referendum en Cataluña. Pero aunque fuera cierto lo que Rajoy afirma, ¿qué problema hay para cambiar la Constitución? ¿Acaso no se cambió a toda prisa y con nocturnidad cuando convino?

Incapaz de hacer política, Rajoy ha diseñado una ley para que sea el Tribunal Constitucional el que le saque la castañas del fuego. Y ha actuado contra las leyes que dice defender, como ha demostrado el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín. Pero su problema es que se ve obligado a defender la legalidad, y sabe que cuanto más la defienda más independentistas habrá en Cataluña (y en sus calles).

Una prueba de que estamos ante una cuestión de fuerza: Rajoy se negaba a discutir una reforma de la Constitución y ahora, a la vista de la fuerza exhibida por la otra parte, ya está dispuesto a discutir sin condiciones. Es muy diferente lo que está haciendo Rajoy de lo que haría si no tuviera una fuerza grande enfrente: en tal caso haría lo que pide el cuerpo a un nacionalista español de la España Una Grande y Libre. Eso sí, sin dejar de invocar democracia, legalidad, Constitución y bien del pueblo.

Lo deseable

Desde la izquierda lo deseable es que las clases populares de Cataluña y del resto de España se alíen contra los que dominan y explotan en Cataluña y en el resto de España. No se entiende bien la actitud de la CUP salvo pensando que sus integrantes han sido inoculados en la niñez con el virus del nacionalismo religioso, y que por ello es para la CUP más importante el proceso independentista que promover una política de izquierdas, aunque ese proceso la obligue a ir de la mano de la burguesía depredadora y antisocial de la antigua Convergencia, muy interesada en ocultar sus delitos económicos tras la bandera nacionalista.

Esto aparte, si cada acción o inacción del Gobierno aumenta el número y el empeño de los secesionistas, el independentismo perderá fuerza si el PP pierde el control de las instituciones. Esperemos que los catalanes tengan una alternativa a la opción que les propone la pregunta ideada para el referendum: independencia o seguir en la España que tenemos (que es la España gobernada por el PP). A mí me hacen esa pregunta y, si no hay otra opción, respondo: ¡Independencia, independencia!

Un principio de solución vendría, ya, si hubiera la suficiente decencia y sensatez para una moción de censura que eche a Rajoy del gobierno. Si el PSOE, enredado en sus contradicciones, no da ese paso, hay que esperar a las próximas elecciones (autonómicas y generales). Si los independentistas tuvieran mayoría suficiente, vuelta a empezar. Si en cambio se pudieran formar parlamentos y gobiernos en Cataluña y España que actuaran bajo el criterio de una política progresista, el problema catalán encontraría solución.

Primera tarea: derogar las leyes infames que todos conocemos y cambiar la ley electoral y las leyes fiscales. Con la fuerza que daría la unión de las clases progresistas catalanas con las del resto de España.

A continuación resolver de una manera equitativa y generosa la inserción de naciones y regiones en el Estado español.

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