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ALGO MÁS SOBRE REDES SOCIALES Y PARTIDOS INCONTROLADOS

No hay manera de entender la realidad política si se olvida una verdad histórica elemental, y es que la inicial democracia censitaria (en la que sólo podían votar los propietarios) pasó a sufragio universal sólo cuando los propietarios se sintieron seguros de que su riqueza no corría peligro si se daban estas condiciones: control sobre partidos políticos y medios de comunicación y una mayoría de la población sumida en la gnorancia respecto a cuestiones políticas y económicas. Algo fácil de conseguir si hay dinero suficiente para financiar a partidos prosistema (incluidos los socialdemócratas), sostener medios de comunicación privados, hundir a partidos y medios que no cooperen y, a través de los testaferros políticos, decidir el tipo y calidad de la educación que se da al pueblo.

Esta ha sido la base firme sobre la que se ha venido asentando el Sistema plutocrático que padecemos, y que ahora se está resquebrajando. Principalmente porque han surgido partidos no controlados y están ahí las redes sociales que disputan, a quienes lo han venido disfrutando en monopolio, el derecho a producir la información y la opinión públicas, con el efecto de que parte de la población empieza a abrir los ojos y a enterarse de qué va.

Que todo esto es muy peligroso para el poder lo demuestra la desproporcionada y feroz campaña de los medios pro-sistema contra Podemos y contra las redes sociales, y también las medidas represivas que el poder ya ha comenzado a tomar.

Los medios al servicio de sus dueños

Nada mejor para situar el caso que recordar tres sucesos recientes que no son excepcionales y que aclaran el papel de los medios privados.

Publicación de informaciones falsas contra quien conviene

Como se sabe, en 2015 el ex jefe de policía Eugenio Pino creó una brigada secreta, una policía política cuyos cometidos ilegales consistían en fabricar chapuceros informes contra políticos de Podemos o ligados al proceso soberanista catalán. Siguiendo la costumbre, un dosier anónimo fue entregado a Eduardo Inda con la instrucción de que no lo publicara en su periódico hasta que le dieran la orden de hacerlo (algo que ocurrió unos meses después, naturalmente en el momento en que podía hacer más daño electoral). En tal informe se afirma que el fin que persiguen los investigados de Podemos no es otro que dar “un golpe de Estado encubierto financiado por los gobiernos de Irán y Venezuela”, cuyo dinero serviría para “hacer apología de la izquierda más radical con el fin de desestabilizar los gobiernos occidentales y justificar sus respectivos regímenes…” Y ahí andaba Inda blandiendo un falso documento para afirmar esa necedad en su periódico digital y en los platós amigos.

El chantaje y la amenaza

Son muy didácticas algunas conversaciones telefónicas grabadas por la policía al presidente de La Razón, Mauricio Casals, al director, Francisco Marhuenda, y a Edmundo Rodríguez, consejero delegado y propietario de un 25% de ese periódico. Rodríguez, como responsable del Canal de Isabel II en América y supuesto testaferro del expresidente de Madrid Ignacio González, compró en Brasil la empresa Emissao, por la que, según indicios suficientes, se abonaron 25 millones más de su valor real, 20 de los cuales acabaron en Suiza.

Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se sintió obligada a entregar a la fiscalía documentos comprometedores para Rodríguez, tanto Casals como Marhuenda aseguraron a éste que desde la Razón harían lo que fuera para evitarlo. Y en efecto, los dos se emplearon sin descanso para salvar a su consejero delegado, según prueban conversaciones telefónicas que comienzan en Julio de 2016 y que contienen pasajes como los siguientes:

Marhuenda a Rodríguez: “Me ha dicho Mauricio, por eso te llamo, que me pongo a tus órdenes… Y yo me voy a ver a esta locuela [a Cifuentes] el lunes o el martes […] Hago lo que tú me digas.”
Casals dice a Rodríguez que ha dicho a Marhuenda que su continuidad en la dirección del periódico depende de cómo se porte en esto.
Rodriguez a Marhuenda: “Dile, oye, [a Cifuentes] que sepas que ese señor maneja el 25 % del periódico.”
Casals dice a Rodríguez que no es solamente La Razón la que se implica en su defensa, sino todo el grupo; es decir, Antena 3, Onda Cero y La Sexta.
Casals intenta calmar a Rodríguez diciéndole: “Y no te preocupes, que las pasará putas esta señora [Cifuentes]”.
Marhuenda a Rodríguez: “Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar”. Y también: “Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche a Cifuentes y que tome nota. Le he dicho: ‘tu misma, llevas ahí mucho tiempo en el Gobierno. Ahora la gente asocia el Canal a vosotros, punto, e Ignacio González es PP. Tú misma”.
Marhuenda en otra conversación: “Me ha llamado la zorra de Marisa por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa. Marisa quiere saber si es una campaña. Evidentemente he dicho que no, no hace falta reconocerlo, no es tonta. Le dije: ‘hombre, si hacéis las cosas mal, pues nosotros…’. Mañana le damos otro viaje a Cifu [Cifuentes]”.
Y, en fin, en otra conversación Rodríguez llama a Casals para expresar su malestar porque en La Razón se ha publicado una noticia elogiosa sobre el número dos de Cifuentes, y Marhuenda se disculpa : “Siento lo de Garrido, ya he dicho que no salga nada bueno de él.”

En el sumario de la Operación Lezo hay otra conversación registrada en la que Casals dice a Ignacio González que Antonio García Ferreras “se ha portado de cine” por no hacerse eco en “Al rojo vivo” de una noticia que perjudicaba al expresidente ahora en prisión. Al enterarse de esto Ferreras se defiende, pero reconociendo que hubo presiones y denunciando que El País censuró algunas de las informaciones que perjudicaban a González. Y hay una batallita de tuits entre Marhuenda y J.P. Ramírez echándose en cara mutuamente falseamiento de datos y campañas con propósitos ocultos.

Selecciones y vetos

La SER denuncia que Podemos impide a Iñigo Errejón participar en su tertulia de Hora 25 y este partido lo desmiente:

Las rotaciones y la feminización de las portavocías forman parte de nuestra política de comunicación. Informamos hace una semana a la cadena SER de que en la edición de Hora 25 prevista para hoy nos representaría Irene Montero. La SER ha decidido vetar a Irene Montero y a todos los portavoces de Podemos menos a uno. [...] Están en su derecho de vetar a Podemos en su emisora, pero nosotros estaremos dispuestos y encantados de acudir a sus programas. Estamos a la espera de que rectifiquen y que esta noche nos dejen estar en Hora 25. Si la SER no lo veta, esta noche nos representará Irene Montero. Iñigo Errejón seguirá representándonos en los medios, incluida la SER.

Es el momento en que Iñaki Gabilondo afirma en esa radio que le resulta “muy incómodo tener que recordar a catedráticos de políticas algo tan obvio como que la Cadena SER es una empresa privada que invita si quiere y a quien quiere, que naturalmente se puede criticar el mecanismo, sistema o proceso de selección de las personas a las que invita, y a las que confirma o de las que prescinde, pero eso no otorga ninguna atribución especial a ningún partido, ni le arrebata el más mínimo derecho a un medio de comunicación.” Y concluye: “Repito, creo que Podemos se hace un lío tras otro sobre los medios de comunicación.”

Evidentemente, Gabilondo se podía haber ahorrado la mucha incomodidad de tener que recordar a los demás cómo son las cosas, pues Podemos ha reconocido en su comunicado que los de la SER están en su derecho de vetarlo en su emisora. Pero ese derecho aparte ¿dónde queda la verdad, señor Gabilondo? Pues lo cierto es que en “Hora 25” no se invita a Errejón como persona, sino como representante de un partido, y de la misma manera que la SER tiene el derecho a vetar a Montero, Podemos tiene el derecho a decidir quién le representa. No es ese el tema. La explicación que debió dar Gabilondo, y que eludió, es por qué la SER veta a Montero, dado que este veto reduce la pluralidad de su tertulia en perjuicio de sus oyentes. La razón es obvia. La SER teme lo que pueda decir Montero y no teme lo que pueda decir Errejón.
En seguida Jorge M. Reverte se lanza a decir en El País:

Hasta ahora, Pablo Iglesias ha tenido mucha habilidad en tratar a esa base social, la ha pastoreado desde el radicalismo asambleario hasta hacerla participar en un partido que tiene todas las trazas de acabar en un modelo leninista, sin excluir el uso más trapacero de la aparente libertad de expresión (Irene Montero designada tertuliana por el dedo del partido).

Está claro que estos periodistas tienen que batallar sin argumentos, obligados así a una falta de pudor que, hay que reconocerlo, llevan con una dignidad encomiable.

El impacto de las redes en los medios tradicionales

Con esta realidad presente (la de medios que no están obligados a la objetividad y la verdad y que han mantenido un monopolio sobre la información y la opinión) es fácil evaluar el impacto de las redes.

La web del Ayuntamiento de Madrid y la queja de periodistas acosados

Recuerden lo que ocurrió con la página Versión Original que el Ayuntamiento de Madrid abrió en julio de 2015 para salir al paso de las informaciones erróneas publicadas en los medios privados. ¡Cuántos fervientes demócratas ofendidos por esa web hasta que se enteraron de que la UE tiene una semejante! Los periodistas defendían su monopolio enojadísimos y a lo loco. “La Constitución garantiza la libertad de información y el derecho del ciudadano a recibir información libre y plural”, alegaba Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, sin darse cuenta de que con ese argumento estaba defendiendo la libertad de información del Ayuntamiento y el derecho del ciudadano a recibir información plural (y por tanto también del Ayuntamiento).

Ahora, el pasado 6 de marzo, Victoria Prego, presidenta de Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hizo pública una petición de amparo de un grupo de periodistas que se sienten acosados y presionados por el equipo directivo de Podemos encabezado por Pablo Iglesias, así como por personas próximas a ese círculo.

“Esta inaceptable campaña -dice la APM-, que está creando un estado de miedo entre los periodistas, tiene como fin el de persuadirles de que les conviene escribir al dictado de Podemos, además de tratar de conducirlos hacia la autocensura”, y recuerda a Podemos que puede recurrir al derecho de rectificación cuando juzgue que una información incumple el necesario principio de veracidad, “en lugar de atacar de forma inadmisible a su autor o al medio que la publica”.

Secreto

Antes de nada ¡qué curiosidad! ¿Quiénes son esos periodistas, qué amenazas han recibido, de quiénes, en qué momento? ¡Mira que si entre ellos estuvieran Inda y Marhuenda! En el texto de la APM no hay pruebas, ni nombres, ni datos, y pese a que han sido exigidos, la APM no los ha dado.

Pablo Iglesias ha invitado a que se haga la denuncia ante un tribunal para que sea un juez el que dictamine si se ha cometido o no algún delito. Ningún periodista ha denunciado en los juzgados el supuesto acoso de Pablo Iglesias y su gente.

Dos pájaros de un tiro: las redes y Podemos

Pese al secreto en seguida los medios conservadores han caído sobre Podemos sin intentar antes verificar los hechos denunciados.

El País colocó el comunicado de la APM en primera a tres columnas bajo el título “El método de intimidación de Podemos a la prensa”, añadiendo un editorial titulado “El acoso de Podemos”, dando por hecho que intimidación y acoso existen. Y es que El País dice haber constatado la existencia de mensajes en los que alguna persona de la confianza de Pablo Iglesias llama “tonto” a un periodista o le dice “de donde no hay no se puede sacar”. ¡Madre mía, no es posible tamaña crueldad! “El problema de fondo -dice ese editorial- es que Podemos, y muy concretamente su líder, considera a los medios de comunicación un poder no electo”. Pues claro. ¿Es que acaso son un poder electo?

En el mismo periódico Jorge M. Reverte dice que “El uso de las redes sociales, en las que son auténticos especialistas algunos militantes de Podemos, puede convertir la vida de cualquiera en un infierno”.

Por cambiar de medio, en El imparcial su fundador, Federico Jiménez Losantos, ha escrito:

Si Podemos llega a la Moncloa, no solo nos despedirá cerrando los medios privados. Nos hará un ramoverde, como a Leopoldo López, o nos ahorrará este Valle de Lágrimas”.

Y ese mismo periódico digital decía el 9 de marzo:

Desde el matonismo que practican en “sus” redes sociales -el manejo en Facebook y Twitter es de manual- hasta las “discretas” amenazas, los radicales procuran llevar a cabo un férreo control de lo que ellos consideran que debe publicarse. No en vano, el propio Pablo Iglesias se ha mostrado partidario de legislar para cercenar a la carta la libertad de expresión.

En seguida han saltado a la palestra otros atacantes de mayor empaque, pero igualmente irreflexivos.

Mario Vargas Llosa dice en una entrevista en ABC: “No había amenazas así contra periodistas desde la Transición”, como si conociera realmente la clase de amenazas no publicadas. Y añade: “salvo quizá los crímenes de ETA”. ¡Hala!

También se ha sumado Iñaqui Gabilondo en un videoblog del 7 de marzo dedicado a los presuntos coaccionadores, en el que comienza reconociendo “Yo ignoro los hechos; no sé por tanto si hay razón suficiente para un documento público [el de la APM] de esa naturaleza”, para a continuación, como si lo tuviera todo claro, cargar contra Podemos, que de ello se trata, con estas tres cínicas razones: “Si Podemos quiere actuar contra el Sistema, debe esperar que el Sistema se defienda”. “Los medios, en su mayoría, formamos parte del Sistema y por tanto Podemos debe dar por supuesto que las líneas editoriales no le van a ser favorables. Esto es elemental”. Para concluir con cierta incoherencia que “También Podemos forma parte del Sistema y juega en esta liga”. Conclusión: son unos pardillos los cuadros de Podemos, con “uñas de acero” para unas cosas y “piel de mantequilla” para asumir “la ferocidad de la política democrática”.

Pero señor Gabilondo, quienes han mostrado piel de mantequilla son los periodistas denunciantes, no los cuadros de Podemos, que parecen tenerla de elefante. Y por otra parte ¿qué significa eso de la ferocidad de la política democrática? Si leemos entre renglones significa esto: si atacas al sistema prepárate, porque el sistema se va a defender de una manera feroz a través de sus medios privados, y no te quejes, que tú te lo has buscado.

Movidos por la misma ofuscación el PP, el PSOE y Ciudadanos cometieron la insensatez de solidarizarse en el Ayuntamiento de Madrid con los periodistas denunciantes y “manifestar su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y con la libertad de información en Madrid”. ¡Y ello sin saber quiénes son esos periodistas y sin prueba alguna de que su queja sea razonable! Con buen criterio la alcaldesa, Manuela Carmena, y los 20 concejales del grupo de Ahora Madrid rechazaron hacerlo, precisamente porque ni la denuncia ni las pruebas se han hecho públicas.

La verdadera presión sobre los periodistas

Mientras la APM considera insoportable que Podemos pretenda influir en los medios, sabe sin duda que todos los partidos lo hacen, como reconocen en El Imparcial: “Es un hecho que todos los partidos, sin excepción, presionan en mayor o menor medida a la prensa.”

Sin duda la presión depende del poder que se tenga, y hay otros partidos que tienen más poder que Podemos, y que por tanto presionan con más eficacia. Ha ocurrido en RTVE, donde la retirada de los trabajadores habituales de los puestos más importantes de la redacción, y la contratación de periodistas afines, ha sido una constante desde la llegada del Partido Popular al Gobierno. El presidente del Consejo de Informativos de TVE, Alejandro Caballero, denunció recientemente que dos de cada tres periodistas que en 2012 trabajaban en los telediarios de TVE hoy ya no lo hacen.

Esa presión ha ocurrido también cuando el ministro Fernández Díaz mandó a la policía a ‘Público’ sin orden judicial.

¿Ha protestado la APM contra el Gobierno por esas y otras cosas semejantes? Pues no.

Pero la presión principal sobre los periodistas no viene de los partidos, sino, como es natural, de los dueños y de los jefes de los medios.

Según el último Informe de la propia APM sobre la Profesión Periodística, el 75% de los periodistas en este país sienten miedo a sus jefes y se autocorrigen para evitar el despido. Irene Montero, entrevistada por Pepa Bueno en la SER, dijo que lo verdaderamente grave es que ocurra esto, lo dijo tres veces y la periodista hizo por tres veces oídos sordos. No, lo importante era seguir insistiendo sobre la denuncia de la APM.

El propio Gabilondo admite que los periodistas se aplican la autocensura por culpa del paro, que acobarda. “Está en el comportamiento humano una especie de tendencia hacia la precaución, hacia la supervivencia”.

¿Y cuál es la relación entre autocensura y paro? Ahí ya no entra Gabilondo, porque tendría que decir que la razón es que los dueños de los medios echarán a quienes no se apliquen la autocensura, esto es, a los que escriban o digan algo que a los dueños les pueda molestar. Esta autocensura es la que practica el propio Gabilondo.

Por citar un ejemplo, el señor Cebrián, presidente de PRISA, vetó a los periodistas Ignacio Escolar y Fernando Berlín porque informaron de sus intereses en Panamá. Y ningún periodista de los que trabajan en PRISA, Gabilondo incluido, dijo esta boca es mía.

La ideología que subyace

Pero voy a lo que me parece más interesante. Y es que por debajo de todo este ruido hay dos ideas que los medios no se cansan de difundir. Uno es que los periodistas son un sólido y necesario pilar de la democracia. Otro es que para cumplir con su papel han de tener el monopolio de la libertad de expresión, negándosela a cualquier crítico.

Lo expuesto en la primera parte de este artículo, con ser una minucia, bastaría para sospechar que ambas ideas son dos viejas mentiras interesadas.

¿Son los medios privados un pilar de la democracia?

Elsa González achacó a la página del Ayuntamiento de Madrid un “halo de censura” y añadió la doctrina de que “El papel del periodista es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre”. A su juicio la iniciativa del Ayuntamiento implicaba que el poder usurpaba el papel de los medios de comunicación, y no tenía cabida en una sociedad democrática.

Ahora la APM “considera totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia. La estrategia de acoso de Podemos vulnera de una manera muy grave los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información y coarta el libre ejercicio del periodismo, que es imprescindible para preservar la salud de una sociedad democrática como la española”.

En el editorial de El País antes citado se dice que “la libertad de información forma parte de los principios básicos de las democracias cuando funcionan realmente como tales y no como autocracias disfrazadas.” Y en El Imparcial se dice: “Quien no cree en la democracia tiende a atacar a sus pilares, y el derecho a la información es uno de los más sólidos y necesarios.”

Martin Schulz, que aspira a ser el próximo canciller alemán, se ha atrevido a decir: “Quien habla de prensa mentirosa golpea a la democracia. Da igual si se trata de Donald Trump o de Pegida”.
Pero resulta que, sean cuales sean las motivaciones de Trump o de Pegida, está claro que quien habla de prensa mentirosa no puede golpear a la democracia por dos razones: una es que no hay democracia, y por tanto mal se la puede golpear; otra es que no sólo hay prensa mentirosa, sino que todos los medios conservadores han de instalarse en la mentira sistemática que exige la defensa del capitalismo y la demonización de sus enemigos. Teniendo en cuenta que esos medios (los que aparecen en los kioskos y muchos de los digitales) no responden a una intención filantrópica, sino al interés de sus dueños, por lo general bancos y fondos de inversión, ¿será acaso el poder que reside en esos bancos y fondos de inversión el que ha dado a sus periodistas el papel de contrapeso del poder? El País nos ilustra: en las sociedades avanzadas los medios son un contrapoder de la sociedad civil cuya legitimidad se la da o se la niega su audiencia cotidianamente. Pero claro, la audiencia ha tenido que elegir entre medios que todos ellos están al servicio de los intereses de sus propietarios. ¿No es excesivo llamar pilares de la democracia a periodistas que no se pueden permitir el lujo de denunciar, en nombre de la transparencia y la democracia, las diversas formas en que los propietarios de sus medios hacen imposible la transparencia y la democracia?

Por paradójico que resulte, para cumplir funcionalmente el papel de “voz de su amo”, los periodistas amaestrados tienen que presentarse una y otra vez como libres e independientes, e incluso, viniéndose arriba, como contrapoderes imprescindibles y pilares de la democracia.

El confortable monopolio de la libertad de expresión

Hasta hace muy poco los medios privados influyentes han dispuesto del monopolio de la información, la opinión, la ocultación, la crítica, el insulto y la tergiversación, y los perjudicados debían tener piel dura y aguantar, o en otro caso acudir a los tribunales. Rectificar o replicar, sólo si el medio se lo permitía. Enjuiciar al que los enjuiciaba, ¿dónde hacerlo? ¿Conseguir la necesaria satisfacción de los tribunales? Los jueces tienen miedo a enfrentarse a los medios y suelen justificar sus desmanes apelando a la libertad de expresión.

O sea, que en realidad el derecho constitucional a la libertad de expresión no pertenecía a cualquiera, sino sólo a los dueños de los medios y a los periodistas contratados, obligados por ello a autocensurarse. Acostumbrada a esto, la directora de la APM no acepta de buen grado que ahora se ataque a periodistas en sus propias tribunas, o en reproches y alusiones personales en entrevistas, foros y actos públicos, o directamente en Twitter. Es decir, esta señora sigue creyendo que los periodistas son intocables, y sólo los periodistas, incluso aunque ellos ataquen a otros con mentiras e insidias.

No cabe duda de que el monopolio es una situación muy cómoda. Pero precisamente ese monopolio ha sido una de las causas, y no menor, de la tradicional sustitución de democracia por plutocracia.

Me remito a la entrada de este blog “Medios privados y democracia” y reitero, para evitar malinterpretaciones, que la solución democrática consiste en que los medios privados sean sustituidos por medios públicos libres de todo control que no sea social, y a los que tengan acceso equitativo todos los partidos, ideologías e instituciones.

El comienzo del fin del monopolio y la reacción del chiringuito amenazado

Por todo lo que vengo diciendo es un suceso nuevo, de gran importancia, que el monopolio sobre información y opinión se empiece a romper con las redes sociales, que conceden libertad de expresión a todo el mundo, y no sólo a los periodistas que actúan en los medios conservadores. Ahora también tiene libertad de expresión cualquier ciudadano para escribir un blog o para decir en Twiter lo que piensa, por ejemplo lo que piensa de un periodista. Se ha invertido la situación: es ahora el periodista el que tiene que acudir a los tribunales si ha habido en las redes una actividad delictiva contra él.

Claro está, este mazazo al monopolio de la información y la opinión no se puede tolerar, porque pone al Sistema en grave aprieto.

Flemming Rose, periodista danés investigador en el Cato Institute de Washington y autor de La tiranía del silencio (Oberon 2016) denuncia que las leyes contra los delitos de odio, concebidas para luchar contra el terrorismo y el extremismo, se aplican hoy a las palabras polémicas pero no violentas de los cómicos, los detractores de la inmigración y el islam y los musulmanes contrarios a la democracia y a Occidente, y que los Gobiernos de Europa occidental defienden esas restricciones con un lenguaje inquietantemente similar al de los dictadores. Con distintos pretextos lo hacen el Gobierno británico, el Gobierno alemán (que propone multas de hasta 50 millones de euros y penas de prisión por difundir noticias falsas) y el español (ley mordaza).

Ahora bien, si lo que se quiere eliminar es la mentira, la desinformación, la incitación al odio ¿por qué los Gobiernos no toman contra los medios establecidos y “corruptos” las mismas medidas que contra las webs, los blogs y las redes sociales?

Es una pregunta retórica, el lector informado conoce perfectamente la respuesta. Esos medios son prosistema y por tanto tienen licencia para mentir y para incitara al odio (odio, por ejemplo, a los “antisistema”). Y lo que molesta de las redes no es la mentira (a ella el Sistema está muy acostumbrado), sino que se difundan verdades que antes no salían a la luz.

Oigan todo ese cuento en torno a la posverdad, desafortunado término tan vacuo como se requiere para un éxito inmediato. Hace referencia a las mentiras que pasan por verdades en las redes. ¿Y cómo llamar entonces a las mentiras que han venido pasando y pasan por verdades en los medios tradicionales? Ah, esas mentiras no son posverdades, sino las verdades del Sistema.

jmchamorro@jmchamorro.info

LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

VERSIÓN ORIGINAL

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una página, “Versión Original”, para salir al paso de las informaciones erróneas que publiquen los medios privados sobre actuaciones de ese Ayuntamiento.

Es conocida la inquina con que algunos de estos medios han encajado la victoria de la izquierda en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, y también el comportamiento informativo que esa inquina viene provocando.

Cuando una institución pública se ve agredida por noticias falsas y tergiversaciones puede perder el tiempo reclamando ante los tribunales, que se encogerán de hombros remitiéndose a la libertad de expresión. Puede tratar de conectar con los autores de las noticias falsas para que rectifiquen, pero parece que muchos periodistas no se ponen al teléfono si es para esto. Cabe también enviar a los medios rectificaciones que no se atenderán.

Si se comprueba la ineficacia de estas soluciones vale hacer lo que el Ayuntamiento de Madrid: abrir una página para ir exponiendo con qué informaciones no está de acuerdo y por qué. Dicho de otra forma, para matizar o rectificar informaciones periodísticas que el Ayuntamiento considera incorrectas o incompletas.

REACCIONES

Gran revuelo. Al momento Isabel Rosell, protavoz del PP en el área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento tildó la página “de digna de George Orwell y su Ministerio de la Verdad” y avanzó que pedirá una moción de urgencia para borrarla. Begoña Villacís, de Ciudadanos, calificó la página de “inaceptable” porque utiliza un dominio público para hacer propaganda de partido. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que la web tiene “cierto tufo a Regímenes totalitarios”.

Que miembros del PP digan estas insensateces es algo normal. Extraña más el comentario del socialdemócrata Antonio Miguel Carmona, que se apresuró a reclamar que Manuela Carmena elimine la web aduciendo que “la democracia es libertad para equivocarse”.

Pero dejemos a nuestros políticos con sus disquisiciones sobre la libertad de expresión y miremos a otras partes. Nada tan ilustrativo como asistir, en una tertulia de la SER, a una pugna por ver qué tertuliano condenaba esa página con gestos más elocuentes de democratismo ofendido.

¿Puede extrañar que, a su vez, Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), haya denunciado que esa página tiene “un halo de censura”? “El papel del periodista -ha dicho- es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre”. A su juicio la iniciativa del Ayuntamiento implica que el poder usurpa el papel de los medios de comunicación, y no tiene cabida en una sociedad democrática. En un país democrático como España la información tiene que ejercerse “con todas las garantías de libertad en fondo y forma”. “Y en este caso, esta medida atenta contra esos derechos en la forma”. Profunda teoría del fondo y la forma, sacada a saber de dónde.

De manera que hay gente, incluso alguna bienintencionada, que cree que la libertad de expresión existe (¡ya es ingenuidad!) y que esa libertad es atacada si alguien, sea quien sea, decide expresarse para contradecir noticias aparecidas en los medios. “La Constitución -ha alegado Elsa González- garantiza la libertad de información y el derecho del ciudadano a recibir información libre y plural”. Pues eso, eso mismo. ¡Lástima que la Constitución no lo garantice!

LA SORPRESA

Y estando en estas he aquí que se conoce un precedente: ¡También la Comisión Europea ha tenido abierta una página semejante desde 2012 para dar su visión sobre noticias que considerase falsas o erróneas! Esta página no ha suscitado reservas ni condenas en Europa (a cuyo conjunto se supone más tradición democrática que la nuestra), y ha sido cerrada el pasado noviembre, pero no porque atentara a la libertad de expresión, sino porque se pensó que carecía de efectividad y que las redes sociales son más rápidas y eficaces.

Naturalmente, este procedente ha descolocado a los críticos que hablaban de totalitarismo y ha dejado claro que el nivel teórico en que se mueven muchas de las personas que fabrican opinión en nuestro país no es alto.

SENTIDO COMÚN

Pues veamos: la página del Ayuntamiento ¿ataca o impide la libertad de expresión de alguien? A los medios privados no se les impide seguir informando como tengan por conveniente. Se trata sólo de que el Ayuntamiento se exprese a su vez, y esto, en puridad, no disminuye, sino que aumenta aquella libertad tanto y tan mal invocada.

La presidenta de la FAPE afirma que el periodista posee un código deontológico que habla de rigor, confirmación, veracidad, de ética en resumidas cuentas. Y la alcaldesa Carmena ha dicho en respuesta a sus críticos que considera a los periodistas “aliados de la transparencia y de la democracia” y que “precisamente por eso se ha hecho la web”.

Supongo que estas frases obedecen en un caso a autopropaganda y en otro a diplomacia. Pues ¿de verdad creen González y Carmena que los periodistas que trabajan en medios privados controlados por el capital, o en medios públicos controlados por las mafias políticas, se pueden permitir el lujo de poseer un código deontológico que habla de rigor, confirmación y veracidad, o de ser aliados de la transparencia y la democracia? Seguramente muchos querrían serlo, pero entonces tendrían que caminar por sendas prohibidas y sufrir las consecuencias. Y hay muchos que no quieren serlo, de ninguna forma.

Para empezar, ningún periodista puede dedicarse, en nombre de la transparencia y la democracia, a denunciar las diversas formas en que los propietarios de su medio hacen imposible la transparencia y la democracia. La razón es muy simple: si alguno lo hiciera tendría que cambiar de profesión.

A VUELTAS CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La llamada libertad de expresión tiene dos aspectos, uno negativo (que nadie sea perseguido por expresar sus opiniones) y otro positivo que tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación y requiere matizaciones: dado que no todo el mundo tiene ideas de calidad suficiente como para que merezcan ser acogidas en tales medios, ni habría espacio para todo aspirante, se puede convenir en que hay libertad de expresión si todos los grupos socialmente relevantes (científicos, políticos, ideológicos, artísticos, etc.) tienen un acceso equitativo a los medios a través de las personas elegidas por ellos.

Se sigue de esto que, cuando los medios son de propiedad privada, la libertad de expresión no existe en el segundo sentido: o sólo existe la que permitan sus dueños, no obligados, por otra parte, a explicar y justificar sus decisiones. Ellos fijan la línea editorial y los intereses generales a los que hay que servir, de qué hay que hablar, con cuánta insistencia, qué hay que callar, quiénes y cómo colaboran en esta tarea, quiénes tienen acceso a sus medios y a quienes les están vedados, etc.

HÁBITOS QUE ENGAÑAN Y VERDADES CENSURADAS

Estamos muy acostumbrados a considerar que algunas cosas están ahí porque no puede ser de otra forma, como si obedecieran a leyes naturales, y así damos por supuesto que los medios de comunicación de propiedad privada pertenecen al conjunto de cosas indiscutibles, incluso que son una condición de democracia por el trabajo de fiscalización y denuncia que llevan a cabo, idea que se refuerza por el mucho despliegue con que estos medios hacen su promoción.

Pero para ver hasta qué punto los medios censuran la libertad de expresión basta reparar en que están ausentes en ellos los principales temas que afectan a las condiciones de vida de la población.

No podemos encontrar una crítica persistente y bien razonada a la libre economía de mercado, ni una insistente y razonada petición de que se ponga un límite a la riqueza privada, ni siquiera de que aumenten los impuestos a los ricos, ni podemos esperar más que adhesión a la pomposa Declaración Universal de Derechos Humanos que en su día redactaron los sicarios de la plutocracia mundial. El control de noticias y opiniones llega al punto de que, ahora que se cumple el 70 aniversario de las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre poblaciones civiles, ningún periodista se atreverá a decir que Estados Unidos cometió uno de los más crueles y cobardes genocidios de la historia (seguido luego de otros muchos perpetrados por el mismo país).

Peor aún: si alguien incontrolado osa atacar alguno de los dogmas oficiales del conservadurismo, los propios medios se apresurarán a dictaminar que es un populista, un radical y lo que quieran añadir. Esta es la libertad de expresión de las sociedades capitalistas.

Evidentemente la solución no son los medios públicos controlados por mafias políticas. Así que hay que insistir en que una condición necesaria para la libertad de expresión y la democracia es que desaparezcan los medios privados y sean sustituidos por medios públicos bajo control social. La persistencia de los medios privados supone dar a los dueños del dinero (y sólo a ellos) la capacidad de controlar la información y la opinión que llega a las mentes de la población. (Me remito a lo escrito en este blog sobre Medios de comunicación privados y democracia).

De manera que poco sentido tiene el alboroto por el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid haya abierto una página para defenderse de noticias falsas. Ni que decir tiene que, mientras la propiedad privada de los medios se mantenga, la izquierda hará bien en proporcionarse sus propios medios de comunicación, para que también sus argumentos se hagan públicos.

UNA CRÍTICA A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

I

HISTORIA

Tenemos declaraciones oficiales de derechos humanos desde el siglo XVII. Inglaterra incorpora en 1679 a su constitución la Habeas Corpus Act (Ley de hábeas corpus) y en 1689 la Bill of Rights (Declaración de Derechos). En Francia, coincidiendo con la Revolución, se hace pública en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Tras la Primera Guerra Mundial la Sociedad de Naciones impulsó los Convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra, y el Convenio de Ginebra de 1927 prohibió la esclavitud en todas sus formas.

Bajo la influencia de la Encíclica de León XIII Rerum novarum, se organizó en 1920 la Unión Internacional de Estudios Sociales, que a la luz de la moral católica elaboró un Código publicado en 1927 con capítulos dedicados a familia, vida cívica, profesión, vida económica, asociaciones privadas, vida internacional y, finalmente, vida sobrenatural como coronación de la vida terrena. Más adelante dicha organización publicó nuevos códigos que vinieron a ampliar algunos aspectos ya contenidos en el primero: Código de moral internacional (1937), Código de la familia (1951) y Código de moral y política (1957), todos ellos conocidos como Códigos de Malinas.

En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración Universal de Derechos del Hombre” (DUDH), que, junto con El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptados ambos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y con entrada en vigor diez años después) y los protocolos facultativos correspondientes, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos.

En 1986 la Asamblea General adoptó una Declaración sobre el derecho al desarrollo, que establece que todo ser humano y todos los pueblos tienen derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Ha habido luego tres Conferencias mundiales sobre derechos humanos, la de Teherán en 1968, la de Viena en 1993 y la de Durban en 2001, esta contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.

Es significativo que durante la redacción de la DUDH se discutió arduamente si el artículo 1 debía hacer, o no, una referencia a dios como fuente de que emana todo derecho. Al final, para que la Declaración fuera realmente universal (aceptable también por los no seguidores de religiones monoteístas) esa referencia no se incluyó. En todo caso la Declaración ha terminado adquiriendo un carácter sagrado, como si se tratara de un texto revelado. Goza de general aceptación y la gente progresista sólo espera que llegue a cumplirse en todas partes.

II

LA CUESTIÓN CRUCIAL

 Es cierto que allí donde no se respeta la DUDH el espacio de libertad individual está restringido y las personas tienen que soportar arbitrariedades del Estado, condenas sin juicio justo e incluso torturas; se persigue a los homosexuales, los padres imponen el matrimonio a los hijos, las mujeres tienen menos derechos que los hombres y son objeto de prácticas criminales, como la ablación, e incluso se llega a la lapidación de los adúlteros (entendiéndose que es adúltera la mujer que denuncia haber sufrido una violación). Se da por supuesto, sin embargo, que en nuestras “sociedades avanzadas” los derechos humanos se respetan o, al menos, que su violación ocasional puede ser denunciada y castigada. Pero entonces, ¿cómo es posible que estemos rodeados de tanta injusticia, que las desigualdades económicas y sociales sean tan grandes y que iniquidades muy dañinas para la mayoría ni siquiera sean recogidas en los códigos penales, todo ello sin que quepa denunciar violación alguna de los derechos humanos oficiales?

Sencillamente, porque aunque la DUDH es un señalado progreso respecto a barbaries previas, no es la declaración de un ideal político. Su redacción se hizo desde arriba, por representantes de dieciocho Estados, casi todos capitalistas, y fueron Estados capitalistas los que la aprobaron (se abstuvieron la URSS y los países del Este por unas razones, y Sudáfrica y Arabia Saudí por otras). De manera que, aunque la DUDH se redactó y aprobó para evitar nuevos desastres bélicos tras dos guerras mundiales y para satisfacer la conciencia pública de que los Estados deben respeto al individuo, estuvo también presente el propósito de oposición a las ideologías consideradas, desde el lado capitalista, colectivistas no liberales (y esto es algo que muchas veces se olvida).

Lo que ahora me interesa comentar es que el hecho de que fueran Estados capitalistas los que aprobaron la Declaración explica que tres derechos humanos, sin duda los básicos y fundamentales, no se incluyeran en ella, y que sin embargo se incluyeran sus contrarios, todo ello con las consecuencias que iré examinando.

III

LOS TRES DERECHOS BÁSICOS IGNORADOS

No cabe pensar en una sociedad armoniosa, organizada según principios de equidad, y en la que puedan al fin tener existencia la democracia y las libertades individuales, si no se respetan estos derechos:

  1. El que tiene toda persona a que la riqueza lograda por la comunidad se distribuya entre los ciudadanos de manera equitativa, sin alterar la igualdad de oportunidades respecto a la educación, la comunicación y la acción política. Ello exige que la distribución no sea entregada a un mecanismo ciego como el mercado, que va dando más a quienes más tienen y les dota así de poder para controlar el propio mercado (y, derivadamente, todos los restantes espacios sociales), sino que sea decidida por la colectividad según principios de justicia y racionalidad. De acuerdo con ellos y teniendo en cuenta que hay una relación causal entre riqueza y pobreza, las leyes deben imponer un límite máximo a la riqueza privada que garantice que nadie disfrutará de posiciones de privilegio por su patrimonio y que a nadie le faltará todo lo necesario para una vida digna.
  2. El derecho que tiene toda persona a recibir, y a que toda la población reciba, la mejor educación posible, adecuada para el correcto desarrollo de sus facultades físicas y mentales y para un comportamiento democrático informado, lo que exige conocimiento de los procesos sociales y de su relación con la vida individual. De este derecho se sigue que el Estado, una vez cubiertas las necesidades básicas de la población, ha de dedicar de manera prioritaria todos los recursos que sean necesarios para lograr la excelencia del sistema educativo a la luz del conocimiento disponible. Se sigue también que la mejor educación posible, puesto que ha de ser igual para todos, ha de ser pública; y ha de ser laica a fin de que valga de manera general (debe eludir los mitos particularistas, sean religiosos o patrióticos, y basarse en la ciencia). Todo ello con independencia de que, en el ámbito privado, cada cual sea libre de promover las creencias religiosas o patrióticas que profese.
  3. El derecho que tiene todo ciudadano a que ninguna persona o grupo controle la información y las opiniones que se distribuyen a través de los medios de comunicación. Y por tanto el derecho a que estos medios sean públicos y funcionen bajo control social.

Es fácil apreciar que estos tres derechos están relacionados entre sí, y que son fundamentales, en el sentido de que, si no se les respeta escrupulosamente, tanto la democracia como las libertades individuales no pueden pasar de ficción, por bien que salven las apariencias.

Pues bien: basta conocer quiénes redactaron y aprobaron la DUDH para comprender por qué estos derechos no se incluyeron. Incluso más: por qué se promulgaron los derechos contrarios, que son los que vienen a marcar el espacio trucado en que (así se nos quiere hacer creer) ejercemos las libertades democráticas.

IV

LIBERTADES Y DERECHO DE PROPIEDAD

En efecto, la DUDH nada dice contra el sistema de propiedad establecido en los países que la aprobaron, que en parte deriva de herencias del pasado, en parte del mecanismo del mercado. En su art. 17 dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. De manera que este derecho se afirma en general, de manera incondicional y sin una clara afirmación de límites. Y ¿qué es la propiedad de cada cual, de la que nadie puede ser privado arbitrariamente? En la citada Declaración no se aclara. Sin embargo sería imprescindible hacerlo, ya que una cosa es la propiedad de un patrimonio que permite satisfacer las necesidades razonables (la ropa que se viste, las viviendas que se habitan, el producto de la tierra que se cultiva directamente o de una pequeña o mediana empresa, los objetos que se usan, etc.) y otra cosa la propiedad de extensos latifundios o de un capital con el que se controla un sector económico decisivo para la colectividad. Ambos tipos de propiedad están amparados indistintamente por la citada Declaración. Pues a falta de concrecciones hay que concluir que es propiedad de cada cual la amparada por las leyes, y en los países capitalistas las leyes establecen que es de alguien lo que le da la herencia y el mercado.

El nexo causal que existe entre riqueza y pobreza no es contemplado en la Declaración, que se hace así compatible con la pobreza causada por la riqueza (y según estamos viendo, con la pobreza extrema causada por la riqueza extrema).

El art. 29 dice que, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar en una sociedad democrática. Admiremos la astucia de la redacción, pues el artículo no especifica qué limitaciones del derecho de propiedad deben establecerse en nombre del bienestar general o las justas exigencias de la moral, ni siquiera afirma que deba establecerse alguna limitación. Sólo viene a decir que, si la ley establece alguna limitación, ha de ser con el único fin… etcétera.

Cierto que los Estados capitalistas establecen limitaciones al derecho de propiedad (fiscales o, en casos excepcionales, expropiatorias), pero siempre cuidando de que no impidan el enriquecimiento ilimitado de una minoría. Que esto puede hacerse dentro del más escrupuloso respeto a la DUDH lo prueba el hecho de que a ningún régimen político se le acusa de violarla porque en su población convivan propietarios de grandes fortunas con pobres de solemnidad, y que a ningún milmillonario se le acusa de violarla por el hecho de serlo.

V

EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE ÉLITE Y A CONTROLAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRIVADOS

El artículo 26 establece el derecho preferente de  los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, derecho que parece natural, pero que está alejado de la sensibilidad moral que en las “sociedades avanzadas” se ha ido conquistando. Aceptamos ya que los padres no son propietarios de sus hijos y que la sociedad ha de controlar los comportamientos paternos. Por lo que concierne a la educación, es tanto lo que se juega en ella, nada menos que la fabricación de los futuros ciudadanos, que no se considera legítima una escuela que inculque valores sexistas, xenófobos, homófobos o fascistas, y en Estados Unidos un juez ha sentenciado contra los padres que pretendían que la teoría evolutiva fuera enseñada junto con la del diseño inteligente. Sin embargo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, se consagra el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (lo que autoriza a que, por imposición de los padres, sus hijos queden sometidos a una educación que prima los mitos religiosos sobre el conocimiento científico).

Su art. 13 proclama además la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza y el derecho de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Queda así garantizado que, si los padres disponen de medios económicos, puedan elegir un tipo de educación más eficiente (desde el punto de vista de la competencia social) que la ofrecida a quienes carecen de esos medios. Valga repetir que el fracaso escolar no se reparte por igual, que afecta en parte a estudiantes de clase media pero que es generalizado (aunque con frecuencia disimulado) en los estudiantes de clases bajas. Tiene indudable fuerza deslegitimadora del orden social la constatación de que la DUDH y sus normas derivadas permiten una escuela de élite para quienes la puedan pagar, lo que va contra el derecho que tiene toda persona a que la educación sea de la misma y de la mejor calidad para todos.

Añadamos, para que el cuadro quede completo, el derecho concedido por el artículo 19 de la Declaración a difundir informaciones y opiniones sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, que concede derecho a crear tantos medios de comunicación privados como la capacidad económica permita. Ya examiné en la anterior entrada a este blog lo que significa este derecho y cómo el resultado de su ejercicio es incompatible con la democracia.

Vemos, pues, que esta DUDH, que tanto insiste en los valores democráticos, reduce la democracia a una ficción jurídica. Pues, respetando los derechos proclamados, una minoría puede acumular riquezas desproporcionadas y acceder en posición de ventaja al escenario de la interacción social (por ejemplo, dando a sus hijos una educación de superior nivel, creando o subvencionando partidos políticos, corrompiendo cargos públicos, ejerciendo directa y decisiva influencia sobre la economía nacional o mundial, controlando poderosos medios de comunicación, etc.).

Para que la cosa quede más clara, el art. 30 dice que nada en la Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados. Ello significa que viola los derechos humanos quien intente la supresión del derecho de propiedad sin límites, o de los derechos (condicionados por la capacidad económica) a controlar medios de comunicación privados o a optar por un sistema educativo de élite. ¡Perfecto!

VI

DERECHOS PROCLAMADOS QUE NO SE RESPETAN

Como no podía dejar de ocurrir, la Declaración entera queda contaminada por la ausencia de los tres derechos básicos y la inclusión de los contrarios.

Ello se percibe en algunos de los derechos que constituyen una defensa del individuo frente al poder: por ejemplo, el de no ser discriminado por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, nacimiento o cualquier otra condición (art. 2); el de no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); el que tienen todos a ser iguales ante la ley (art. 7); el de no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado (art. 9); el de recibir juicio justo (art. 10) y el de presunción de inocencia (art. 11); el de libertad de opinión y expresión (art. 19); el de participar en la vida política ejerciendo el derecho de asociación y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas (art. 21).

Estas garantías jurídicas, que son una condición imprescindible de la dignidad humana, se respetan en nuestras democracias si comparamos con las dictaduras en que se conculcan sistemáticamente, pero no si comparamos con el modelo deseable. Muchas gentes son discriminadas policialmente por indicios de peligrosidad relacionados con la pobreza, la raza o el color. El “juicio justo” se imparte según leyes que legitiman un orden social injus­to, se rodea de opacidad jurídica y la demanda de justicia obtiene con demasiada frecuencia resultados proporcionales al poder económico del demandante. En todas partes los mejores abogados y la red de influencias están al servicio de los económicamente poderosos. El derecho de libertad de opinión y expresión queda también limitado, porque el acceso a los medios está controlado por sus dueños. Y el de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas es también ilusorio, habida cuenta del mucho dinero que hay que manejar para manipular mediante propaganda electoral a poblaciones ignorantes.

Peor es la situación respecto a otros derechos, como el que tiene toda persona al trabajo bajo condiciones equitativas y satisfactorias; o el derecho a un nivel de vida adecuado que garantice a la familia la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la “mejora continua de las condiciones de existencia”; o el derecho al “más alto nivel posible de salud física y mental”; o el derecho  a una educación encaminada al pleno desarrollo de la personalidad humana y a facilitar la participación efectiva en la sociedad y en su vida cultural. (arts. 23 y 25 de la DUDH y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966)

Se trata de derechos que ni siquiera se pueden exigir. Aquellos a quienes el mercado hace pobres o no da trabajo, ni vivienda, ni alimentos, no tienen instancia ante la que reclamar. Y aunque ya es posible una educación excelente si se emplean ideas adecuadas y recursos suficientes, ningún Estado la proporciona y nadie puede reclamarla.

Es cierto que el art. 28 proclama el derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaracion se hagan plenamente efectivos, pero de este derecho no disfruta nadie y nadie sabe dónde habría que reclamarlo.

Proclamar derechos que no se pueden exigir, y que se sabe que muchos no van a disfrutar, no deja de ser una retórica ofensiva. De ella es buena prueba el artículo 1, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Dado que la herencia es uno de los medios legales por los que se adquieren bienes, y que ese derecho queda aceptado implícitamente por la Declaración, el hijo del rico no nace en igualdad de derechos con el hijo del pobre, ni se ve obligado, en nombre de la fraternidad, a compartir sus bienes con el hijo del pobre. En definitiva estamos ante una declaración pensada para cubrir las apariencias, pero salvaguardando los intereses de las clases altas en cuyo nombre actuaron los Estados que la redactaron primero y la aprobaron después.

Lamentablemente las alternativas que se nos ofrecen no son las deseables. Respecto al derecho de propiedad La Carta africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 (Carta de Banjul) se limita a afirmar el deber de pagar los impuestos que legalmente se establezcan. Y no llegan más lejos, como a continuación veremos, la Declaración de “los valores asiáticos” ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE).

VII

¿UNA CONFRONTACIÓN ENTRE LAS CONCEPCIONES OCCIDENTAL Y ASIÁTICA?

En una reciente conferencia en Madrid, Antonio Cançado Trindade, magistrado del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU y participante en la Conferencia de Viena de 1993, se ha referido a las trincheras en las que se debaten palabra a palabra, durante años, los textos de los derechos universales y sus mecanismos de aplicación. Algunos de los principios pactados en la Conferencia de Viena, por ejemplo, tardaron hasta veinte años en concretarse. Y algunos organismos, como la convención contra la discriminación de las mujeres, no tienen mecanismos de verificación. Todo ello debido a “cuestiones ideológicas”.

Una parte importante del debate ideológico se da entre concepciones a las que podemos llamar occidental y asiática, y toma cuerpo en dos oposiciones, la de universalismo frente a relativismo y la de derechos frente a obligaciones.

La concepción occidental, que es la que se impuso en la DUDH, insiste en la universalidad de los derechos humanos y da prioridad a derechos y libertades sobre deberes. Incluso es reacia a que se proclamen obligaciones del individuo hacia la comunidad, por entender que ello constituye una perenne justificación para debilitar la protección de los derechos. Peng Chun Chang, que en el comité redactor de la DUDH representaba a China (país entonces no comunista), insistió mucho en que los derechos se completaran con los deberes, pero al final hubo de desistir y avenirse a considerar que el asunto quedaba resuelto en el art. 29 de la Declaración. Este artículo se limita a decir que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Pero no especifica qué deberes ni cómo han de cumplirse.

En cambio la concepción asiática opone a la universalidad la idea de que los derechos tienen que interpretarse a la luz de las diferentes circunstancias históricas, culturales o religiosas. Pues si se acepta la universalidad de los derechos de la DUDH, de carácter individualista y egocéntrico, corren peligro las ideas tradicionales de “moralidad”, “deber” y “comunidad” de origen confuciano. Por ello esta concepción antepone a los derechos las obligaciones del individuo hacia la familia, la comunidad y la autoridad.

A causa de un exceso de democracia, una sobredosis de libertad y una obsesión con la realización individual –se dice desde el lado asiático-, las sociedades occidentales sufren la destrucción de la familia y la proliferación de formas de conducta antisocial (el crimen y la drogadicción), el desmoronamiento de sus instituciones y la bancarrota de su capital social (con pérdida de su cultura de trabajo y de su compromiso con la excelencia intelectual).

En esta confrontación de ideologías la Conferencia de Viena actuó de manera más contemporizadora que la DUDH, porque los centros de poder occidentales deseaban comerciar con Asia sin molestos defensores de derechos humanos que denunciaran el despotismo estatal y demandaran libertades. Así que tras proclamar que la universalidad de los derechos humanos y libertades no admite dudas, y que los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, admitió que debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos.

Los valores asiáticos no sólo son admitidos en el mundo occidental por conveniencias económicas, también por partidarios del relativismo cultural, y por quienes argumentan que el derecho al desarrollo es más importante que los derechos individuales, y que si estos entorpecen las posibilidades de crecimiento de los países pobres se convierten en una nueva forma de colonialismo. Esta posición es apoyada por algunas ONG de desarrollo europeas.

Precisamente a esto se acogen Estados autoritarios del sudeste asiático, que afirman que la sumisión del individuo a la comunidad (la prevalencia del orden social frente a las libertades individuales) es la causa del impresionante desarrollo económico de sus países.

En 2012 la ASEAN (formada por Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam), aprobó una Declaración de Derechos Humanos desde la óptica oriental, la conocida como Declaración de Phnom Penh, cuya piedra angular no es el reconocimiento de los derechos particulares de los individuos, sino, como dicta su articulo 8, el papel del gobierno en la garantía de la seguridad, el orden y la moral pública a los que estará sujeto el ejercicio de los derechos individuales. El artículo 6 mantiene que todo disfrute de derechos deberá interpretarse de acuerdo con el adecuado cumplimiento de los deberes, y el artículo 7 dispone que la interpretación de los derechos se basará en los contextos regionales y nacionales particulares.

Desde mi punto de vista en ambos bandos predomina una ideología oficial rechazable, que elude los temas básicos antes examinados.

Es evidente que unos derechos humanos concebidos desde la justicia y la racionalidad deben tener carácter universal, pero como ese no es el caso de la DUDH, exigir la universalidad de sus derechos es una forma de colonialismo, la que consiste en ligar derechos humanos con democracia capitalista y tratar de imponer esta forma al mundo entero.

El punto de vista opuesto tampoco es de recibo: no se puede apelar a la tradición cultural para mantener discriminaciones respecto a mujeres y niños, o para someter al individuo a poderes (sean familiares o gubernamentales) que coartan el ejercicio de su libertad cuando esta no daña a otros. Menos aún cuando ello se presenta como condición para un desarrollo de la economía de mercado aceptando su concepción de la propiedad privada.

VIII

¿QUÉ HACEN LAS ASOCIACIONES CIVILES?

La Conferencia de Viena reconoció la contribución y participación de las ONG en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, en particular de los derechos del niño, puesto que son las primeras en identificar las violaciones y, muchas veces, en socorrer a las víctimas. Pero aun admitiendo la importante tarea que realizan las inumerables organizaciones que vigilan las violaciones de los derechos humanos, resulta sorprendente que ninguna exija los tres derechos básicos ignorados a que he hecho referencia, ni se oponga a los derechos contrarios proclamados en la DUDH.

En 1993, en vísperas de la Conferencia de Viena, más de cien ONG de la región Asia-Pacífico adoptaron la Declaración de Bangkok, en la que, además de exigir que no se toleren las prácticas culturales que dorogan o menosprecian derechos humanos universalmente reconocidos, entre ellos los derechos de la mujeres, recomendaron una mayor atención a los vínculos entre la democracia, el desarrollo y la satisfacción de las necesidades humanas básicas; solicitaron la ratificación universal de los tratados de derechos humanos, la reducción de los gastos militares, la democratización del sistema de las Naciones Unidas, la atribución de más recursos para actividades en el campo de los derechos humanos por parte de las Naciones Unidas y la adopción de nuevos mecanismos de respuesta inmediata y eficiente a violaciones masivas de derechos humanos.

En 2012 Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y Dignidad Internacional solicitaron por carta a los Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN que establecieran explícitamente en la Declaración de Phnom Penh que ninguna disposición de esa Declaración debería interpretarse en contrario o de forma que redujera los estándares dispuestos por el régimen internacional de derechos humanos. Se solicitó asimismo la eliminación de cualquier referencia a equilibrios entre derechos y deberes y que se pusiera fin a los esfuerzos para limitar los derechos apelando a la especial situación política, económica y/o social.

En ninguno de estos casos las ONG apuntaron al corazón del problema. Cierto que la Declaración de Bangkok consideró que el empobrecimiento de amplios sectores de la población constituye una violación de los derechos humanos, pero como si, eliminada esa pobreza, la violación dejara de existir. Lo cierto es, sin embargo, que aunque todas las peticiones de estas ONG fueran atendidas seguiríamos en un mundo en que, por lo antes dicho, democracia y libertades individuales no son posibles. Ninguna de ellas exige que en una Declaración con vocación universalista tengan sitio los tres derechos fundamentales antes indicados, con la consiguiente eliminación de los que se les oponen.

IX

DERECHOS HUMANOS EMERGENTES

A diferencia de la DUDH, redactada desde arriba, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) surgió de un proceso de diálogo de diversos componentes de la sociedad civil, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña en el marco del Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004, y fue aprobada el 2 de noviembre de 2007 en el marco del Forum de Monterrey (México). La DUDHE no pretende sustituir ni quitar vigencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ni a los instrumentos nacionales o internacionales de protección de esos derechos, sino actualizar, complementar, responder a los retos de la sociedad global y actuar como complemento desde el punto de vista de la ciudadanía participativa.

Su método de formulación dio un papel activo a organizaciones y agrupaciones nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido poco peso en la configuración de las normas jurídicas, pues si bien las ONG y los movimientos sociales tuvieron intervención en la Conferencia de Viena como portavoces de la sociedad civil, fue en una especie de foro paralelo y la última palabra la han tenido siempre los representantes de los Estados. En cambio en Barcelona la metodología consistió en mesas redondas en las que se invitaba a la participación directa y a la discusión con los ponentes invitados.

Los nuevos derechos que en esta Declaración se reconocen son el derecho al agua y al saneamiento, el derecho humano al medio ambiente, los derechos relativos a la orientación sexual y a la identidad de género, los derechos relacionados con la bioética y el derecho a la renta básica. Son derechos que merecen consideración, pero de esta declaración se podía esperar más.

Es decepcionante que no haya mención a los tres derechos antes citados. Y puesto que sólo respetándolos cabe pensar en libertades individuales universales, cada vez que en la situación presente se dice que el respeto a los Derechos Humanos (a los oficialmente proclamados) garantiza las libertades individuales y el funcionamiento democrático se está cometiendo un delito intelectual.