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A PROPÓSITO DE TRUMP Y DEL TRUMPISMO, ALLÍ Y AQUÍ

Es mucho lo que hemos podido leer y oír sobre el final de la presidencia de Trump con asalto al congreso incluido. Pero, tal vez por falta de habilidad en la búsqueda, no he encontrado alguna reflexión que se pueda considerar nacida de un marxismo puesto al día (única teoría general de la sociedad de que disponemos).

De las descripciones del asalto al congreso la más aparentemente “solvente” viene a decir que Trump es un adicto a la mentira que no ha aceptado perder las elecciones y que ha inventado conspiraciones para justificar su actitud. Que sus seguidores las han creído y que él les animó a que tomaran el Capitolio, cosa que hicieron con poca resistencia de las fuerzas de policía, aunque se sabía con antelación lo que iba a ocurrir. Que pese a todo la democracia más antigua del mundo, modelo para todas las demás, ha sabido sobreponerse y sus instituciones han resistido (o, como ahora se dice, “han tenido resiliencia”). Que ello no significa que todo esté resuelto, pues aunque Trump sea expulsado de la vida política quedan millones de trumpistas. Que hay una gran polarización social en Estados Unidos, efecto de la situación social. En el último año millones de ciudadanos han perdido sus trabajos y si antes del COVID19, el 12% de los hogares ya vivía en pobreza ahora además 30 millones de personas pueden perder sus casas hipotecadas. De ahí que, para que el futuro se despeje, es necesario dar la espalda a las políticas neoliberales, volver a Keynes y al fortalecimiento del Estado y luchar contra las mentiras y las teorías de la conspiración que ponen en tela de juicio la neutralidad de las instituciones.

Este relato es criticable en parte por lo que dice y en mayor medida por lo que calla.

¿La más antigua y prestigiosa democracia?

En la narración de los últimos sucesos estadounidenses hemos tenido que soportar innumerables apelaciones a la democracia bajo la idea, explícita o implícita, de que la democracia de Estados Unidos es la más antigua y el modelo y espejo para las restantes, en una de las cuales vivimos nosotros.

Joe Biden, en su discurso inaugural como presidente, ha dicho cosas como éstas: Hoy no celebramos la victoria de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. Una vez más hemos aprendido que la democracia es preciosa, que la democracia es frágil. Y en esta hora, amigos, la democracia ha prevalecido.

Si no fuera por la espesa nube de desinformación que fabrican los medios de comunicación, no debería ser necesario insistir en que el régimen político americano no es una democracia ejemplar, ni siquiera una democracia averiada, sino una plutocracia racista y maltratadora del pobre en el interior, y en el exterior defensora de los intereses capitalistas aun a costa de cruzar todas las líneas rojas del genocidio.

La palabra “democracia” se utiliza con frecuencia como sinónimo de capitalismo. Así cuando se llama activistas democráticos o luchadores por la democracia a los que se enfrentan a regímenes autoritarios de izquierdas, sea en Hong Kong, Taiwan o Venezuela, activistas muchas veces no interesados en que resplandezca la democracia en sus países, sino en llevar a ellos los “valores liberales” del capitalismo. Y por ello suelen estar financiados por Estados Unidos.

En todo caso, para diferenciar a nuestras “democracias” de los regímenes autoritarios de izquierdas, se apela a una libertad que consiste en que nosotros podemos elegir a nuestros representantes, los que van a legislar y gobernar en nuestro nombre, en nombre del pueblo. También en que podemos asociarnos libremente, podemos expresarnos libremente y podemos actuar libremente sin temor a decisiones arbitrarias de las autoridades. Finalmente, en que podemos ser emprendedores y, con esfuerzo o con suerte, hacernos ricos.

A continuación veremos que en este argumento se utiliza un concepto de libertad muy tosco. Y además que, aun si lo diéramos por bueno, alude a una libertad ilusoria, a una apariencia de libertad sin contenido en los dos contextos principales, el político y el comunicativo.

Libertad legítima

Una libertad es legítima si es defendible de manera universal. Requiere dos condiciones: que el actor tenga conocimiento suficiente de los efectos esperables de su acción, y que disponga de suficiente empatía respecto a las personas a las que su acción puede afectar. En términos kantianos podríamos decir que sólo eres legítimamente libre cuando, haciendo lo que quieres, estarías dispuesto a aceptar los efectos de ese tipo de acción si los demás la hicieran.

Puesto que las personas son fabricadas socialmente, tener conocimiento y empatía suficientes no es tema individual, sino social. Es el sistema social el que tiene que favorecer la actividad libre de los individuos fabricándolos con conocimiento y empatía suficientes. Y aquí el capitalismo fracasa estrepitosamente, es una impresionante fábrica de ignorancia y egoísmo. Muchas acciones “libres” serán por tanto ilegítimas.

Si examinamos la libertad de elegir parlamentos y gobiernos, encontraremos que no es legítima cuando se vota sin conocimiento de las consecuencias del voto o, caso de que haya conocimiento, sin empatía hacia los que van a sufrir las consecuencias.

Libertad política

Pero demos por legítima la libertad de los votantes, aun si son ignorantes e insolidarios. ¿Significa eso que los parlamentos elegidos van a legislar libremente y los gobiernos a gobernar libremente?

Al poder económico le interesa el disfraz democrático siempre que ese disfraz no le impida gobernar desde la sombra. Esto requiere controlar a los partidos políticos y a la opinión pública, algo que al poder económico le resulta fácil por tres circunstancias:

Una es que los partidos políticos necesitan copiosos recursos económicos (entre otras cosas para financiar campañas electorales cuyo éxito depende en parte del dinero invertido), de manera que los partidos acaban en manos de los bancos, de los grandes donantes o de las grandes corporaciones que a cambio premian a los dirigentes con puertas giratorias y demás corrupciones. Supongamos que un político incorruptible escapa al escrutinio del partido y llega al poder. Si en algún momento se empeña en alguna medida política no aceptable por el capital, éste tiene mil formas de chantaje para hacerla imposible. Y además ese político será considerado enemigo y abatido por el fuego de numerosas armas.

La segunda circunstancia que favorece al poder económico es que la opinión pública se fabrica mediante medios de comunicación costosos, sólo al alcance de los ricos.

Y una tercera es que, siendo muy bajo el nivel cultural de la población dominada, es muy fácil engañarla mediante expertos que se compran con dinero y que hablan o escriben en los medios controlados por el capital.

Ello permite dirigir desde la sombra la legislación y la política gubernamental en favor de una minoría que multiplica su riqueza obscenamente, aumentando así su control sobre parlamentos, gobiernos, medios de comunicación y expertos.

Si en algún país llega al poder un partido de izquierdas que pretende controlar el mercado, nacionalizar los servicios de interés común y obligar a los ricos a que contribuyan en proporción a su riqueza, será considerado un país no libre, autoritario y expropiatorio, y se tratará por todos los medios de desestabilizarlo, obligándolo a que se defienda con medidas más autoritarias, que serán tomadas como argumento en su contra.

Lo normal es que no haya que llegar a tanto. Basta que aparezca un partido incontrolado por el capital (como Syriza en Grecia o Podemos en España) para que todas las fuerzas al servicio del capital se movilicen para destruirlo, incluso aunque su capacidad de acción sea pequeña.

En una entrevista en Salvados, Pablo Iglesias se ha confesado enterado de que estar en el gobierno no es estar en el poder. Por fin sabe que gobiernan los ricos y que los ricos son mucho peores de lo que pensaba. Ningún rico ni ningún poderoso, ha dicho, está dispuesto a aceptar fácilmente una decisión que le perjudique por muy democrática que sea, añadiendo que vivimos en una “democracia limitada” en la que los ricos y poderosos tienen más poder que un diputado y no dudan en presionar al Gobierno en defensa de sus intereses. Señor Iglesias, a eso se lo llama plutocracia, no democracia limitada. Y para saberlo no hay que esperar a estar en el gobierno, basta con leer a Marx y mirar luego alrededor.

¿Medios de comunicación libres?

Uno de los instrumentos básicos de la plutocracia son los medios de comunicación. En la citada entrevista Pablo Iglesias dice haber aprendido también que los ricos se imponen a los ministros utilizando como arma los medios de comunicación.

Se llama “libertad de expresión” a la libertad del rico para controlar la información y conformar la opinión, así como para presionar a los poderes públicos, mediante los medios de comunicación de su propiedad. Cada medio de comunicación influyente tiene una clara conexión con el capital.

Por ello se puede afirmar que la propiedad privada de los medios de comunicación es un obstáculo insalvable a la democracia (ver aquí).

Los plutócratas y sus colaboradores se proveen de medios diferentes para los diferentes estratos de la sociedad. Hay medios para los estratos de bajo nivel cultural, para los de nivel medio, para los propensos al fascismo y para los que se consideran progresistas. Hubo un tiempo en que los medios de PRISA jugaban este último papel con disimulo tan eficaz que muchos progres llegaron a creer que El País era un periódico de izquierdas. Ahora Iñaqui Gabilondo, al que me he referido en otras ocasiones porque es un paradigma, abandona su púlpito en la SER por cansancio, y de todas partes han salido encomios y lamentos. Sin duda Gabilondo tiene muy buenas cualidades como comunicador, y las ha dedicado a defender al sistema a cambio de un premio proporcional a su eficacia. ¿De qué modo lo ha defendido? Del que puede engañar a la gente mejor dispuesta hacia la justicia: presentando una imagen de incorruptible moral, de permanente servicio a la verdad y a la democracia, para actuar luego limitando la crítica a lo periférico y guardando silencio, permanente silencio, sobre lo fundamental, sobre el núcleo mismo de la ignominia. Pudo optar por la crítica al sistema, y es una lástima que no lo hiciera, pero sin duda entonces nadie lo alabaría ahora y no habría obtenido beneficios, sino vetos.

Hay muchas maneras aparentemente inocentes de afianzar la gran mentira. Àngels Barceló ha dicho que a todos nos ha emocionado el discurso inaugural de Biden. ¿A qué “todos” se refiere? Parece que al menos a ella le han emocionado las mentiras de épica engolada que Biden ha ido desgranando en su discurso. Por ejemplo éstas:

Que él va a convertir de nuevo a Estados Unidos en la principal fuerza del bien en el mundo. Que los objetos comunes que los estadounidenses aman y que los definen son oportunidad, seguridad, libertad, dignidad, respeto, honor y, sí, la verdad. Que ante dios y todos los compatriotas estadounidenses hace el juramento sagrado de que siempre será sincero con ellos y que lo dará todo para servirlos. Y que espera que la historia cuente a los tiempos venideros que la democracia y la esperanza, la verdad y la justicia, no murieron durante su mandato, sino que prosperaron, y que Estados Unidos garantizó la libertad en su territorio y una vez más se erigió en faro del mundo.

Si quisiéramos explicar cómo alguien puede decir en serio que estas frases son emocionantes tendríamos que aludir a la ignorancia o al cinismo. Cabe una tercera explicación: que la actividad al servicio del sistema lleve a creer lo increíble a fin de reducir la disonancia entre valores morales y actividad profesional.

De lo hasta aquí dicho se sigue que la democracia es un punto de destino al que todavía la humanidad no ha llegado. Las plutocracias disfrazadas están muy lejos de ser democracias y ni siquiera se encuentran en camino. Su camino es otro (ver aquí).

Claro que preferimos que el poder económico nos controle disfrazado de democracia que mediante una dictadura como la que muchos de nosotros tuvimos que sufrir. Pero esta preferencia no debe hacernos perder la cabeza al punto de tomar por democrática la sociedad en que vivimos.

Los medios de comunicación en red

A la vista del uso que Trump ha hecho de las redes sociales para difundir mentiras, se quiere ahora ponderar la rectitud de los medios tradicionales por comparación con las redes y las grandes plataformas. Pero esto lleva a contradicciones.

Por ejemplo, si se considera que es legítima la libre potestad de los medios tradicionales sobre su línea editorial, la orientación de sus columnas o la publicación de tal o cual noticia, eso lleva a admitir como también legítima la misma potestad de un medio en red, y por tanto la potestad de Twitter o Facebook para señalar un post o eliminar un twit en concreto.

Pero entonces habría que admitir igualmente el bloqueo o la eliminación de una cuenta en esos medios. Y esto, por más que a muchos parezca saludable cuando se trata de un personaje tan deleznable como Trump, a otros les parece un abuso contra la libertad de expresión. Ni Omid Kordestani ni Mark Zuckerberg, nos dicen, son quienes para condicionar la libre expresión y difusión de mensajes. Solamente un juez en sus atribuciones constitucionales y en función de un posible delito es quien para cerrar una cuenta social o paralizar la difusión de un medio. Pues si se permite que sean los propietarios de las corporaciones quienes decidan lo permisible se habrá conseguido debilitar un Estado de Derecho ya deteriorado y dar argumentos a los populistas sobre el secuestro de la democracia por las grandes corporaciones.

¡Genial! Según esto, ni Kordestani ni Zuckerberg pueden decidir qué es lo permisible, pero sí pueden los dueños y directores de los medios tradicionales. O visto del revés: no debilita al Estado de Derecho ni supone el secuestro de la democracia la potestad que tienen los medios tradicionales sobre su línea editorial, sobre la publicación o el silenciamiento de tal o cual noticia, sobre la apertura de sus páginas o espacios a unos y el veto a otros. He ahí las contradicciones a que lleva la gran mentira oficial.

Claro que ni Kordestani ni Zuckerberg son quienes para condicionar la libre expresión y difusión de mensajes, pero tampoco los dueños de los restantes medios de comunicación. Una condición para que haya democracia es que los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los de red, sean de propiedad pública y estén controlados por la sociedad, nunca por gobiernos ni propietarios privados.

¿Conspiraciones o conspiranoia?

Hay mil razones para desconfiar del discurso oficial, pero muchos de los que desconfían carecen del conocimiento necesario para situar las conspiraciones reales allí donde se encuentran y por eso inventan conspiraciones que no existen.

A esto se agarran los conservadores para llamar conspiranoico a quien habla de conspiraciones, dando a entender que todo el que ve conspiraciones está viendo visiones.

Hay conspiraciones demostradas, incluso castigadas por sentencias de tribunales, pero hay otras muchas que sólo serán conocidas pasado mucho tiempo, cuando no haya forma de revertir sus efectos.

Es poco probable que haya existido una conspiración para amañar las elecciones y echar así a Trump del poder, pues habría obligado a coordinar a mucha gente diversa de muchos estamentos diversos. Sin embargo puede tener razón Nazanín Armanian cuando, tras referirse al “volcán de tensiones acumuladas en el subsuelo de Estados Unidos que ni Biden ni Dios podrá contener su estallido”, sugiere, con apoyo en numerosos datos, que la conmoción provocada por el asalto al capitolio puede estar dirigida a aterrar a la clase trabajadora, renovar la alianza bipartidista para aplastar las movilizaciones de los oprimidos que amenazan el sistema y establecer una serie de “reajustes” para limitar los derechos de los ciudadanos, algo que no se puede hacer en tiempos “normales” (ver aquí).

Yo no sé si ha sido así, porque carezco de datos, pero no me extrañaría, porque las conspiraciones han de estar necesariamente a la orden del día en una plutocracia disfrazada. Los que mandan no pueden hacer públicos sus designios, y los designios que se hacen públicos suelen ser falsos. Hay por tanto una permanente conspiración en aquellos espacios ocultos en que el poder económico decide leyes, políticas gubernamentales o incluso sentencias judiciales. Y quien cree esto no es un conspiranoico, sino alguien que sabe de qué va. Necesariamente Estados Unidos ha de ser un nido de conspiraciones de gran alcance, y ello explica su encarnizada persecución a Julián Assange, para quien se pide cadena perpetua por haber hecho públicos los detalles de mil conspiraciones que debían seguir secretas.

Populismos

Se nos dice que el trumpismo es un populismo de derechas y ello implica que hay un populismo de izquierdas.

Los conservadores que han intentado definir el populismo no se ponen de acuerdo, porque es tarea difícil hacerlo de manera que comprenda tanto a Vox como a Podemos. La perversión del lenguaje permite que el PP y Ciudadanos se declaren enemigos del populismo, tanto del de derechas (Vox) como del de izquierdas (Podemos), y ello al mismo tiempo que pactan con Vox.

Si queremos definir el populismo de manera que aclare las cosas en lugar de oscurecerlas, hemos de decir que es populista el partido político que usa la mentira para conseguir los votos de un pueblo desinformado con intención de hacer luego una política favorable a la oligarquía, y por tanto en perjuicio de ese pueblo.

Según esta definición todos los partidos de derecha, incluidos los socialdemócratas, son necesariamente populistas. Decir populismo de derechas es una redundancia.

El PSOE es un partido populista, porque se presenta como socialista para atraer a la gente de izquierdas, pero una vez en el poder actúa a favor de la oligarquía económica (de las eléctricas, los bancos, las grandes empresas) mediante privatizaciones, política fiscal e inacciones (por ejemplo a la hora de perseguir paraísos fiscales, blanqueo de capitales o evasión de impuestos) recibiendo por ello apoyo mediático, créditos y el beneficio de las puertas giratorias.

La socialdemocracia ha invalidado la palabra “socialismo”. Ahora ya no sabemos qué significa que un proyecto político sea socialista. Ya sólo nos queda la palabra “comunista” para hacer referencia a la opción anticapitalista, única que puede librarse del populismo si actúa con honestidad. Los comunistas son los únicos partidarios actuales de una sociedad en la que imperen los ideales de igualdad, libertad y fraternidad, condiciones para una verdadera democracia. Continuando el pensamiento del papa Francisco, que ha reconocido que comunismo y cristianismo son muy parecidos, se podría decir que el comunismo es un cristianismo ateo.

De ahí el afán conservador por demonizar al comunismo, identificándolo con el estalinismo, es decir, con opresión y crimen, que es como confundir cristianismo con inquisición y quema de herejes.

Tanto los comunistas como Unidas Podemos pueden ser calificados de populistas cuando, por una táctica errónea, electoralista, callan sobre ciertas cuestiones (que es una manera de mentir), a fin de conseguir votos, o de no perderlos, para al final, si consiguen algún poder, ejercerlo de la única manera posible: en beneficio del poder económico, eso sí, lanzando al pueblo, como justificación, algunas migajas del banquete.

El trumpismo sin Trump

Trump es un sátrapa ignorante que ha destrozado el disfraz de la plutocracia americana a la vista del mundo entero. Puede haber caído en desgracia por inservible, si es no ha caído en desgracia por haberse negado a emprender nuevas guerras que den respiro a la maltrecha economía estadounidense. En cualquier caso no cabe esperar una política muy diferente de su sucesor salvo en detalles formales. Estados Unidos tendrá que seguir luchando desesperadamente contra la crisis económica y contra el declinar de su poder en un ambiente cada vez menos propicio al dólar y a las decisiones imperiales. Los intentos de frenar a China sólo han servido para perjudicar a las empresas propias y como acicate para una mayor autonomía china. Ojalá el ocaso del imperio americano sea tan indoloro para el mundo como lo fue el de la URSS.

Lo que de momento podemos decir es que Trump tiene millones de simpatizantes y seguidores fanáticos que están ahí aunque Trump haya sido por ahora derrotado.

Para explicar que, pese a su desastrosa gestión de la pandemia, le hayan votado más de 72 millones de estadounidenses se aduce que la inseguridad económica, la caída en la pobreza, la injusticia social, etc., llevan a mucha gente a desconfiar del sistema, a ver a políticos y medios tradicionales como manipuladores y ocultadores de la verdad y a dar credibilidad a los medios dedicados a difundir mentiras.

Habría que añadir el fuerte apoyo económico y mediático a las organizaciones fascistas, pues aunque el crecimiento del fascismo asusta a muchos, no asusta precisamente a los dueños del capital, que por más que prefieran a los servidores tradicionales, mantienen a la extrema derecha como una bala en la recámara, por si hace falta. Y les conviene que prospere cuando la sobrexplotación de la mayoría es tan fuerte que empiezan a ser probables levantamientos sociales. La extrema derecha, azote tradicional de comunistas, hará entonces su papel.

Aceptemos todo esto en principio. La cuestión es: ¿por qué la gente perjudicada por el sistema no vota a un partido de izquierda anticapitalista, que va a luchar por sus intereses, y por el contrario vota a un extravagante millonario que hace méritos para ser calificado como matón, embustero, frívolo, provocador, violento, insensible, autoritario, inculto, arrogante, machista, racista, etc. y que nunca hará una política favorable a la mayoría?

Hay que reconocer la capacidad de Trump para engañar, de la que hizo una exhibición hace cuatro años, en su discurso inaugural, más atractivo y realista el que el de Biden ahora. El de Trump podría haber sido suscrito en muchas de sus partes por un político de izquierdas, el de Biden no. Pero las proclamas hipócritas de Trump no debieran engañar a nadie.

Un trabajo de la Universidad Tecnológica de Texas da una explicación. Su análisis de los valores personales de los seguidores de Trump mostraba un perfil de bajo altruismo, gran apoyo al valor del poder (entendido como competir y ganar), deseos de riqueza y apego emocional a la tradición.

Los remedios

Piensan algunos con optimismo que el remedio consiste en abandonar las políticas neoliberales y reducir las desigualdades. Además controlar de alguna forma las redes, nidos de mentiras, prestigiar a la prensa tradicional y hacer responsables a los dueños de las plataformas de lo que se publica en ellas.

La cuestión es que con estas medidas sólo se atemperan las desigualdades y las mentiras, no se acaba con ellas. Y menos aún con la ignorancia, la falta de altruismo, el fascismo, el machismo o el racismo que proliferan.

Se puede dar un paso más y apelar a la educación. Hay que mejorar la educación de la población para que no sea presa fácil de los engaños ni del odio. ¿Y qué hacer para ello? Mejorar la escuela mediante nuevas leyes de educación y mayor financiación.

De nuevo ingenuidad. Todo el mundo debería saber que la educación en la sociedad capitalista no se produce en la escuela, sino en las antiescuelas: publicidad, modelos sociales (deportistas de élite, cantantes, influyentes), en las familias, en los grupos de iguales y en las redes. Nada puede la escuela contra estas antiescuelas. Sólo tienen relativa suerte los niños cuyas familias colaboran en la buena dirección, es decir, una parte de la población no suficiente.

La buena educación no tiene sitio en la sociedad capitalista, porque no va a desaparecer el tipo de publicidad que soportamos, ni van a ser controladas socialmente las redes sociales, ni la juventud va a cambiar de modelos ni de motivaciones, ni va a desaparecer el deseo inmoderado de consumo, de manera que la escuela seguirá cumpliendo el papel que tiene asignado, que no es educar, sino colaborar a la integración de la gente en el sistema productivo a distintos niveles.

La mala educación es funcional para la reproducción del sistema capitalista, que necesita un alto porcentaje de fracaso escolar (el de las clases bajas) para nutrir la formación profesional, así como dar a los demás los conocimientos y pautas necesarios para cumplir un papel específico en el esquema de producción. En ningún caso se pretende una buena educación, por otra parte imposible. En el espacio básico de la educación sentimental (del que dependen los demás) el sistema promueve incesantemente los sentimientos de egoísmo, frustración, rutina y miedo.

La pandemia que sufrimos nos está obligando a ver por todas partes a irresponsables ciudadanos que, en uso de lo que llaman libertad, se comportan de manera que pone en peligro la salud y la vida ajena. Y lo hacen por ignorancia y falta de empatía. Se les ha querido disculpar alegando que son jóvenes, pero la edad juvenil no es incompatible con el conocimiento y la solidaridad. Ocurre, simplemente, que nuestro sistema social fabrica masivamente ese tipo de persona psicológicamente averiada. Y esa deficiente socialización es la causa básica del ascenso de los fascismos. Y no hay remedio, no le den vueltas, sólo la salida del capitalismo puede abrir una puerta a la solución.

El fascismo presente, la izquierda ausente

No importa qué tema político o social toquemos, hemos de llegar siempre a lamentarnos de la inexistencia de una izquierda dedicada a su misión básica.

A cada paso oímos que la sociedad está polarizada, concepto éste, el de polarización, que ha venido a sustituir al de lucha de clases que tuvo sentido mientras la clase obrera tenía conciencia de sus intereses gracias a la labor de sindicatos y partidos comunistas.

Ahora las clases oprimidas carecen de conciencia de sus intereses porque no hay organización alguna que luche eficazmente contra la falsa conciencia que el sistema capitalista produce. El partido comunista ni siquiera se atreve a presentarse como tal, abrumado por el poder estigmatizador del monopolio de medios conservadores, y se esconde tras las siglas de Izquierda Unida, perdida en el electoralismo.

De manera que queda el campo libre para aquellas organizaciones fascistas que ocupan el terreno abandonado por la izquierda y que engañan a los oprimidos acerca de sus verdaderos enemigos.

En España se critica a los que se han opuesto al gobierno de coalición presentándolos como unos exquisitos que piensan que la sucia experiencia de la política institucional mancha y que por ello es preferible ejercer de Pepito Grillo desde la bancada de la oposición o desde el extraparlamentarismo, con lo cual se gana en coherencia, sí, pero al precio de prescindir de resultados y oportunidades.

Quienes hacen esta caricatura no conciben otra alternativa al electoralismo que la autocomplacencia moral estéril.

Algo así debieron pensar los dirigentes del PCE cuando tomaron dos decisiones nefastas en los pasados años 70: sumarse a la transición impuesta por el franquismo y abrazar el eurocomunismo. Cambiaron el diagnóstico marxista que veía a la democracia burguesa como una forma sin substancia (un disfraz) y decidieron participar en el juego a que les invitó el capitalismo, el juego electoral, aceptando la mentira conservadora de que la plutocracia es democracia sustantiva. Ello eliminó el discurso crítico, supeditó la organización al líder carismático que prometía votos y limitó su actividad al corto plazo. Desde entonces la izquierda comunista que luchó con tanta fuerza por las libertades durante la dictadura ha venido limitando sus esfuerzos a la competición electoral y a la ocupación de los cargos conseguidos para hacer desde ellos la política posible, es decir, la que no enoja al verdadero poder. El resultado es que la izquierda anticapitalista ha perdido su antigua eficacia.

La alternativa al electoralismo cortoplacista y engañoso no es ejercer de Pepito Grillo, ni mirarse el ombligo con autocomplacencia moral. Es dedicarse a la tarea básica sin la que todas las demás no tienen alcance: ejercer la actividad educativa que sólo la izquierda puede realizar, transformando la falsa conciencia de los oprimidos en conciencia realista, utilizando como instrumentos la implantación en los barrios populares mediante organizaciones vivas, escuelas infantiles, universidades populares, ayuda gratuita de expertos a la gente en apuros, medios de comunicación bien concebidos, estímulo a la investigación social, prestigio intelectual que atraiga la colaboración de científicos, comunicadores y teóricos.

Si dijéramos a los dirigentes políticos de la izquierda actual que abandonen el electoralismo y se dediquen a esa política a largo plazo, asegurándoles que apreciarán los buenos efectos del cambio dentro de cuarenta años ¿imaginan que nos dirían? Ellos quieren efectos ya, es decir, tocar poder ya. Cualquier otra cosa les parece extravagancia a la que no hay que prestar atención.

Pero imaginemos que hace cuarenta años se hubiera iniciado esa tarea a largo plazo. Ahora estaríamos aprovechando sus efectos, y no sólo en España, puesto que habríamos servido de modelo para otros países.

Sin estar en las instituciones, esa izquierda podría estar ahora ejerciendo más influencia en la política del país, podría presionar más al PSOE hacia políticas progresistas que lo que puede la izquierda que tenemos dentro del Gobierno. Y estaría impidiendo la deriva de una parte importante de la población hacia posiciones de extrema derecha, manteniendo el apoyo de esa población a medidas más audaces que las hoy posibles. Si en Europa hubiéramos tenido una izquierda así, seguro que no habríamos salido de la gran crisis a base de políticas neoliberales, seguro que la derecha europea en el poder no habría podido tratar a Grecia como lo hizo, seguro que su política respecto a la inmigración no estaría inspirada por el miedo al discurso de la extrema derecha.

Si hace cuarenta años el PCE hubiera decidido hacer esto, ahora no sólo sería injusto decir “todos los políticos son iguales”, sino que a nadie se le ocurriría decirlo.

Y los cuarenta años pasados no habrían sido un desierto, pues desde el principio esa izquierda habría estado haciendo camino al andar.

jmchamorro@jmchamorro.info

ALGO MÁS SOBRE REDES SOCIALES Y PARTIDOS INCONTROLADOS

No hay manera de entender la realidad política si se olvida una verdad histórica elemental, y es que la inicial democracia censitaria (en la que sólo podían votar los propietarios) pasó a sufragio universal sólo cuando los propietarios se sintieron seguros de que su riqueza no corría peligro si se daban estas condiciones: control sobre partidos políticos y medios de comunicación y una mayoría de la población sumida en la gnorancia respecto a cuestiones políticas y económicas. Algo fácil de conseguir si hay dinero suficiente para financiar a partidos prosistema (incluidos los socialdemócratas), sostener medios de comunicación privados, hundir a partidos y medios que no cooperen y, a través de los testaferros políticos, decidir el tipo y calidad de la educación que se da al pueblo.

Esta ha sido la base firme sobre la que se ha venido asentando el Sistema plutocrático que padecemos, y que ahora se está resquebrajando. Principalmente porque han surgido partidos no controlados y están ahí las redes sociales que disputan, a quienes lo han venido disfrutando en monopolio, el derecho a producir la información y la opinión públicas, con el efecto de que parte de la población empieza a abrir los ojos y a enterarse de qué va.

Que todo esto es muy peligroso para el poder lo demuestra la desproporcionada y feroz campaña de los medios pro-sistema contra Podemos y contra las redes sociales, y también las medidas represivas que el poder ya ha comenzado a tomar.

Los medios al servicio de sus dueños

Nada mejor para situar el caso que recordar tres sucesos recientes que no son excepcionales y que aclaran el papel de los medios privados.

Publicación de informaciones falsas contra quien conviene

Como se sabe, en 2015 el ex jefe de policía Eugenio Pino creó una brigada secreta, una policía política cuyos cometidos ilegales consistían en fabricar chapuceros informes contra políticos de Podemos o ligados al proceso soberanista catalán. Siguiendo la costumbre, un dosier anónimo fue entregado a Eduardo Inda con la instrucción de que no lo publicara en su periódico hasta que le dieran la orden de hacerlo (algo que ocurrió unos meses después, naturalmente en el momento en que podía hacer más daño electoral). En tal informe se afirma que el fin que persiguen los investigados de Podemos no es otro que dar “un golpe de Estado encubierto financiado por los gobiernos de Irán y Venezuela”, cuyo dinero serviría para “hacer apología de la izquierda más radical con el fin de desestabilizar los gobiernos occidentales y justificar sus respectivos regímenes…” Y ahí andaba Inda blandiendo un falso documento para afirmar esa necedad en su periódico digital y en los platós amigos.

El chantaje y la amenaza

Son muy didácticas algunas conversaciones telefónicas grabadas por la policía al presidente de La Razón, Mauricio Casals, al director, Francisco Marhuenda, y a Edmundo Rodríguez, consejero delegado y propietario de un 25% de ese periódico. Rodríguez, como responsable del Canal de Isabel II en América y supuesto testaferro del expresidente de Madrid Ignacio González, compró en Brasil la empresa Emissao, por la que, según indicios suficientes, se abonaron 25 millones más de su valor real, 20 de los cuales acabaron en Suiza.

Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se sintió obligada a entregar a la fiscalía documentos comprometedores para Rodríguez, tanto Casals como Marhuenda aseguraron a éste que desde la Razón harían lo que fuera para evitarlo. Y en efecto, los dos se emplearon sin descanso para salvar a su consejero delegado, según prueban conversaciones telefónicas que comienzan en Julio de 2016 y que contienen pasajes como los siguientes:

Marhuenda a Rodríguez: “Me ha dicho Mauricio, por eso te llamo, que me pongo a tus órdenes… Y yo me voy a ver a esta locuela [a Cifuentes] el lunes o el martes […] Hago lo que tú me digas.”
Casals dice a Rodríguez que ha dicho a Marhuenda que su continuidad en la dirección del periódico depende de cómo se porte en esto.
Rodriguez a Marhuenda: “Dile, oye, [a Cifuentes] que sepas que ese señor maneja el 25 % del periódico.”
Casals dice a Rodríguez que no es solamente La Razón la que se implica en su defensa, sino todo el grupo; es decir, Antena 3, Onda Cero y La Sexta.
Casals intenta calmar a Rodríguez diciéndole: “Y no te preocupes, que las pasará putas esta señora [Cifuentes]”.
Marhuenda a Rodríguez: “Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar”. Y también: “Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche a Cifuentes y que tome nota. Le he dicho: ‘tu misma, llevas ahí mucho tiempo en el Gobierno. Ahora la gente asocia el Canal a vosotros, punto, e Ignacio González es PP. Tú misma”.
Marhuenda en otra conversación: “Me ha llamado la zorra de Marisa por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa. Marisa quiere saber si es una campaña. Evidentemente he dicho que no, no hace falta reconocerlo, no es tonta. Le dije: ‘hombre, si hacéis las cosas mal, pues nosotros…’. Mañana le damos otro viaje a Cifu [Cifuentes]”.
Y, en fin, en otra conversación Rodríguez llama a Casals para expresar su malestar porque en La Razón se ha publicado una noticia elogiosa sobre el número dos de Cifuentes, y Marhuenda se disculpa : “Siento lo de Garrido, ya he dicho que no salga nada bueno de él.”

En el sumario de la Operación Lezo hay otra conversación registrada en la que Casals dice a Ignacio González que Antonio García Ferreras “se ha portado de cine” por no hacerse eco en “Al rojo vivo” de una noticia que perjudicaba al expresidente ahora en prisión. Al enterarse de esto Ferreras se defiende, pero reconociendo que hubo presiones y denunciando que El País censuró algunas de las informaciones que perjudicaban a González. Y hay una batallita de tuits entre Marhuenda y J.P. Ramírez echándose en cara mutuamente falseamiento de datos y campañas con propósitos ocultos.

Selecciones y vetos

La SER denuncia que Podemos impide a Iñigo Errejón participar en su tertulia de Hora 25 y este partido lo desmiente:

Las rotaciones y la feminización de las portavocías forman parte de nuestra política de comunicación. Informamos hace una semana a la cadena SER de que en la edición de Hora 25 prevista para hoy nos representaría Irene Montero. La SER ha decidido vetar a Irene Montero y a todos los portavoces de Podemos menos a uno. [...] Están en su derecho de vetar a Podemos en su emisora, pero nosotros estaremos dispuestos y encantados de acudir a sus programas. Estamos a la espera de que rectifiquen y que esta noche nos dejen estar en Hora 25. Si la SER no lo veta, esta noche nos representará Irene Montero. Iñigo Errejón seguirá representándonos en los medios, incluida la SER.

Es el momento en que Iñaki Gabilondo afirma en esa radio que le resulta “muy incómodo tener que recordar a catedráticos de políticas algo tan obvio como que la Cadena SER es una empresa privada que invita si quiere y a quien quiere, que naturalmente se puede criticar el mecanismo, sistema o proceso de selección de las personas a las que invita, y a las que confirma o de las que prescinde, pero eso no otorga ninguna atribución especial a ningún partido, ni le arrebata el más mínimo derecho a un medio de comunicación.” Y concluye: “Repito, creo que Podemos se hace un lío tras otro sobre los medios de comunicación.”

Evidentemente, Gabilondo se podía haber ahorrado la mucha incomodidad de tener que recordar a los demás cómo son las cosas, pues Podemos ha reconocido en su comunicado que los de la SER están en su derecho de vetarlo en su emisora. Pero ese derecho aparte ¿dónde queda la verdad, señor Gabilondo? Pues lo cierto es que en “Hora 25” no se invita a Errejón como persona, sino como representante de un partido, y de la misma manera que la SER tiene el derecho a vetar a Montero, Podemos tiene el derecho a decidir quién le representa. No es ese el tema. La explicación que debió dar Gabilondo, y que eludió, es por qué la SER veta a Montero, dado que este veto reduce la pluralidad de su tertulia en perjuicio de sus oyentes. La razón es obvia. La SER teme lo que pueda decir Montero y no teme lo que pueda decir Errejón.
En seguida Jorge M. Reverte se lanza a decir en El País:

Hasta ahora, Pablo Iglesias ha tenido mucha habilidad en tratar a esa base social, la ha pastoreado desde el radicalismo asambleario hasta hacerla participar en un partido que tiene todas las trazas de acabar en un modelo leninista, sin excluir el uso más trapacero de la aparente libertad de expresión (Irene Montero designada tertuliana por el dedo del partido).

Está claro que estos periodistas tienen que batallar sin argumentos, obligados así a una falta de pudor que, hay que reconocerlo, llevan con una dignidad encomiable.

El impacto de las redes en los medios tradicionales

Con esta realidad presente (la de medios que no están obligados a la objetividad y la verdad y que han mantenido un monopolio sobre la información y la opinión) es fácil evaluar el impacto de las redes.

La web del Ayuntamiento de Madrid y la queja de periodistas acosados

Recuerden lo que ocurrió con la página Versión Original que el Ayuntamiento de Madrid abrió en julio de 2015 para salir al paso de las informaciones erróneas publicadas en los medios privados. ¡Cuántos fervientes demócratas ofendidos por esa web hasta que se enteraron de que la UE tiene una semejante! Los periodistas defendían su monopolio enojadísimos y a lo loco. “La Constitución garantiza la libertad de información y el derecho del ciudadano a recibir información libre y plural”, alegaba Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, sin darse cuenta de que con ese argumento estaba defendiendo la libertad de información del Ayuntamiento y el derecho del ciudadano a recibir información plural (y por tanto también del Ayuntamiento).

Ahora, el pasado 6 de marzo, Victoria Prego, presidenta de Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hizo pública una petición de amparo de un grupo de periodistas que se sienten acosados y presionados por el equipo directivo de Podemos encabezado por Pablo Iglesias, así como por personas próximas a ese círculo.

“Esta inaceptable campaña -dice la APM-, que está creando un estado de miedo entre los periodistas, tiene como fin el de persuadirles de que les conviene escribir al dictado de Podemos, además de tratar de conducirlos hacia la autocensura”, y recuerda a Podemos que puede recurrir al derecho de rectificación cuando juzgue que una información incumple el necesario principio de veracidad, “en lugar de atacar de forma inadmisible a su autor o al medio que la publica”.

Secreto

Antes de nada ¡qué curiosidad! ¿Quiénes son esos periodistas, qué amenazas han recibido, de quiénes, en qué momento? ¡Mira que si entre ellos estuvieran Inda y Marhuenda! En el texto de la APM no hay pruebas, ni nombres, ni datos, y pese a que han sido exigidos, la APM no los ha dado.

Pablo Iglesias ha invitado a que se haga la denuncia ante un tribunal para que sea un juez el que dictamine si se ha cometido o no algún delito. Ningún periodista ha denunciado en los juzgados el supuesto acoso de Pablo Iglesias y su gente.

Dos pájaros de un tiro: las redes y Podemos

Pese al secreto en seguida los medios conservadores han caído sobre Podemos sin intentar antes verificar los hechos denunciados.

El País colocó el comunicado de la APM en primera a tres columnas bajo el título “El método de intimidación de Podemos a la prensa”, añadiendo un editorial titulado “El acoso de Podemos”, dando por hecho que intimidación y acoso existen. Y es que El País dice haber constatado la existencia de mensajes en los que alguna persona de la confianza de Pablo Iglesias llama “tonto” a un periodista o le dice “de donde no hay no se puede sacar”. ¡Madre mía, no es posible tamaña crueldad! “El problema de fondo -dice ese editorial- es que Podemos, y muy concretamente su líder, considera a los medios de comunicación un poder no electo”. Pues claro. ¿Es que acaso son un poder electo?

En el mismo periódico Jorge M. Reverte dice que “El uso de las redes sociales, en las que son auténticos especialistas algunos militantes de Podemos, puede convertir la vida de cualquiera en un infierno”.

Por cambiar de medio, en El imparcial su fundador, Federico Jiménez Losantos, ha escrito:

Si Podemos llega a la Moncloa, no solo nos despedirá cerrando los medios privados. Nos hará un ramoverde, como a Leopoldo López, o nos ahorrará este Valle de Lágrimas”.

Y ese mismo periódico digital decía el 9 de marzo:

Desde el matonismo que practican en “sus” redes sociales -el manejo en Facebook y Twitter es de manual- hasta las “discretas” amenazas, los radicales procuran llevar a cabo un férreo control de lo que ellos consideran que debe publicarse. No en vano, el propio Pablo Iglesias se ha mostrado partidario de legislar para cercenar a la carta la libertad de expresión.

En seguida han saltado a la palestra otros atacantes de mayor empaque, pero igualmente irreflexivos.

Mario Vargas Llosa dice en una entrevista en ABC: “No había amenazas así contra periodistas desde la Transición”, como si conociera realmente la clase de amenazas no publicadas. Y añade: “salvo quizá los crímenes de ETA”. ¡Hala!

También se ha sumado Iñaqui Gabilondo en un videoblog del 7 de marzo dedicado a los presuntos coaccionadores, en el que comienza reconociendo “Yo ignoro los hechos; no sé por tanto si hay razón suficiente para un documento público [el de la APM] de esa naturaleza”, para a continuación, como si lo tuviera todo claro, cargar contra Podemos, que de ello se trata, con estas tres cínicas razones: “Si Podemos quiere actuar contra el Sistema, debe esperar que el Sistema se defienda”. “Los medios, en su mayoría, formamos parte del Sistema y por tanto Podemos debe dar por supuesto que las líneas editoriales no le van a ser favorables. Esto es elemental”. Para concluir con cierta incoherencia que “También Podemos forma parte del Sistema y juega en esta liga”. Conclusión: son unos pardillos los cuadros de Podemos, con “uñas de acero” para unas cosas y “piel de mantequilla” para asumir “la ferocidad de la política democrática”.

Pero señor Gabilondo, quienes han mostrado piel de mantequilla son los periodistas denunciantes, no los cuadros de Podemos, que parecen tenerla de elefante. Y por otra parte ¿qué significa eso de la ferocidad de la política democrática? Si leemos entre renglones significa esto: si atacas al sistema prepárate, porque el sistema se va a defender de una manera feroz a través de sus medios privados, y no te quejes, que tú te lo has buscado.

Movidos por la misma ofuscación el PP, el PSOE y Ciudadanos cometieron la insensatez de solidarizarse en el Ayuntamiento de Madrid con los periodistas denunciantes y “manifestar su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y con la libertad de información en Madrid”. ¡Y ello sin saber quiénes son esos periodistas y sin prueba alguna de que su queja sea razonable! Con buen criterio la alcaldesa, Manuela Carmena, y los 20 concejales del grupo de Ahora Madrid rechazaron hacerlo, precisamente porque ni la denuncia ni las pruebas se han hecho públicas.

La verdadera presión sobre los periodistas

Mientras la APM considera insoportable que Podemos pretenda influir en los medios, sabe sin duda que todos los partidos lo hacen, como reconocen en El Imparcial: “Es un hecho que todos los partidos, sin excepción, presionan en mayor o menor medida a la prensa.”

Sin duda la presión depende del poder que se tenga, y hay otros partidos que tienen más poder que Podemos, y que por tanto presionan con más eficacia. Ha ocurrido en RTVE, donde la retirada de los trabajadores habituales de los puestos más importantes de la redacción, y la contratación de periodistas afines, ha sido una constante desde la llegada del Partido Popular al Gobierno. El presidente del Consejo de Informativos de TVE, Alejandro Caballero, denunció recientemente que dos de cada tres periodistas que en 2012 trabajaban en los telediarios de TVE hoy ya no lo hacen.

Esa presión ha ocurrido también cuando el ministro Fernández Díaz mandó a la policía a ‘Público’ sin orden judicial.

¿Ha protestado la APM contra el Gobierno por esas y otras cosas semejantes? Pues no.

Pero la presión principal sobre los periodistas no viene de los partidos, sino, como es natural, de los dueños y de los jefes de los medios.

Según el último Informe de la propia APM sobre la Profesión Periodística, el 75% de los periodistas en este país sienten miedo a sus jefes y se autocorrigen para evitar el despido. Irene Montero, entrevistada por Pepa Bueno en la SER, dijo que lo verdaderamente grave es que ocurra esto, lo dijo tres veces y la periodista hizo por tres veces oídos sordos. No, lo importante era seguir insistiendo sobre la denuncia de la APM.

El propio Gabilondo admite que los periodistas se aplican la autocensura por culpa del paro, que acobarda. “Está en el comportamiento humano una especie de tendencia hacia la precaución, hacia la supervivencia”.

¿Y cuál es la relación entre autocensura y paro? Ahí ya no entra Gabilondo, porque tendría que decir que la razón es que los dueños de los medios echarán a quienes no se apliquen la autocensura, esto es, a los que escriban o digan algo que a los dueños les pueda molestar. Esta autocensura es la que practica el propio Gabilondo.

Por citar un ejemplo, el señor Cebrián, presidente de PRISA, vetó a los periodistas Ignacio Escolar y Fernando Berlín porque informaron de sus intereses en Panamá. Y ningún periodista de los que trabajan en PRISA, Gabilondo incluido, dijo esta boca es mía.

La ideología que subyace

Pero voy a lo que me parece más interesante. Y es que por debajo de todo este ruido hay dos ideas que los medios no se cansan de difundir. Uno es que los periodistas son un sólido y necesario pilar de la democracia. Otro es que para cumplir con su papel han de tener el monopolio de la libertad de expresión, negándosela a cualquier crítico.

Lo expuesto en la primera parte de este artículo, con ser una minucia, bastaría para sospechar que ambas ideas son dos viejas mentiras interesadas.

¿Son los medios privados un pilar de la democracia?

Elsa González achacó a la página del Ayuntamiento de Madrid un “halo de censura” y añadió la doctrina de que “El papel del periodista es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre”. A su juicio la iniciativa del Ayuntamiento implicaba que el poder usurpaba el papel de los medios de comunicación, y no tenía cabida en una sociedad democrática.

Ahora la APM “considera totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia. La estrategia de acoso de Podemos vulnera de una manera muy grave los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información y coarta el libre ejercicio del periodismo, que es imprescindible para preservar la salud de una sociedad democrática como la española”.

En el editorial de El País antes citado se dice que “la libertad de información forma parte de los principios básicos de las democracias cuando funcionan realmente como tales y no como autocracias disfrazadas.” Y en El Imparcial se dice: “Quien no cree en la democracia tiende a atacar a sus pilares, y el derecho a la información es uno de los más sólidos y necesarios.”

Martin Schulz, que aspira a ser el próximo canciller alemán, se ha atrevido a decir: “Quien habla de prensa mentirosa golpea a la democracia. Da igual si se trata de Donald Trump o de Pegida”.
Pero resulta que, sean cuales sean las motivaciones de Trump o de Pegida, está claro que quien habla de prensa mentirosa no puede golpear a la democracia por dos razones: una es que no hay democracia, y por tanto mal se la puede golpear; otra es que no sólo hay prensa mentirosa, sino que todos los medios conservadores han de instalarse en la mentira sistemática que exige la defensa del capitalismo y la demonización de sus enemigos. Teniendo en cuenta que esos medios (los que aparecen en los kioskos y muchos de los digitales) no responden a una intención filantrópica, sino al interés de sus dueños, por lo general bancos y fondos de inversión, ¿será acaso el poder que reside en esos bancos y fondos de inversión el que ha dado a sus periodistas el papel de contrapeso del poder? El País nos ilustra: en las sociedades avanzadas los medios son un contrapoder de la sociedad civil cuya legitimidad se la da o se la niega su audiencia cotidianamente. Pero claro, la audiencia ha tenido que elegir entre medios que todos ellos están al servicio de los intereses de sus propietarios. ¿No es excesivo llamar pilares de la democracia a periodistas que no se pueden permitir el lujo de denunciar, en nombre de la transparencia y la democracia, las diversas formas en que los propietarios de sus medios hacen imposible la transparencia y la democracia?

Por paradójico que resulte, para cumplir funcionalmente el papel de “voz de su amo”, los periodistas amaestrados tienen que presentarse una y otra vez como libres e independientes, e incluso, viniéndose arriba, como contrapoderes imprescindibles y pilares de la democracia.

El confortable monopolio de la libertad de expresión

Hasta hace muy poco los medios privados influyentes han dispuesto del monopolio de la información, la opinión, la ocultación, la crítica, el insulto y la tergiversación, y los perjudicados debían tener piel dura y aguantar, o en otro caso acudir a los tribunales. Rectificar o replicar, sólo si el medio se lo permitía. Enjuiciar al que los enjuiciaba, ¿dónde hacerlo? ¿Conseguir la necesaria satisfacción de los tribunales? Los jueces tienen miedo a enfrentarse a los medios y suelen justificar sus desmanes apelando a la libertad de expresión.

O sea, que en realidad el derecho constitucional a la libertad de expresión no pertenecía a cualquiera, sino sólo a los dueños de los medios y a los periodistas contratados, obligados por ello a autocensurarse. Acostumbrada a esto, la directora de la APM no acepta de buen grado que ahora se ataque a periodistas en sus propias tribunas, o en reproches y alusiones personales en entrevistas, foros y actos públicos, o directamente en Twitter. Es decir, esta señora sigue creyendo que los periodistas son intocables, y sólo los periodistas, incluso aunque ellos ataquen a otros con mentiras e insidias.

No cabe duda de que el monopolio es una situación muy cómoda. Pero precisamente ese monopolio ha sido una de las causas, y no menor, de la tradicional sustitución de democracia por plutocracia.

Me remito a la entrada de este blog “Medios privados y democracia” y reitero, para evitar malinterpretaciones, que la solución democrática consiste en que los medios privados sean sustituidos por medios públicos libres de todo control que no sea social, y a los que tengan acceso equitativo todos los partidos, ideologías e instituciones.

El comienzo del fin del monopolio y la reacción del chiringuito amenazado

Por todo lo que vengo diciendo es un suceso nuevo, de gran importancia, que el monopolio sobre información y opinión se empiece a romper con las redes sociales, que conceden libertad de expresión a todo el mundo, y no sólo a los periodistas que actúan en los medios conservadores. Ahora también tiene libertad de expresión cualquier ciudadano para escribir un blog o para decir en Twiter lo que piensa, por ejemplo lo que piensa de un periodista. Se ha invertido la situación: es ahora el periodista el que tiene que acudir a los tribunales si ha habido en las redes una actividad delictiva contra él.

Claro está, este mazazo al monopolio de la información y la opinión no se puede tolerar, porque pone al Sistema en grave aprieto.

Flemming Rose, periodista danés investigador en el Cato Institute de Washington y autor de La tiranía del silencio (Oberon 2016) denuncia que las leyes contra los delitos de odio, concebidas para luchar contra el terrorismo y el extremismo, se aplican hoy a las palabras polémicas pero no violentas de los cómicos, los detractores de la inmigración y el islam y los musulmanes contrarios a la democracia y a Occidente, y que los Gobiernos de Europa occidental defienden esas restricciones con un lenguaje inquietantemente similar al de los dictadores. Con distintos pretextos lo hacen el Gobierno británico, el Gobierno alemán (que propone multas de hasta 50 millones de euros y penas de prisión por difundir noticias falsas) y el español (ley mordaza).

Ahora bien, si lo que se quiere eliminar es la mentira, la desinformación, la incitación al odio ¿por qué los Gobiernos no toman contra los medios establecidos y “corruptos” las mismas medidas que contra las webs, los blogs y las redes sociales?

Es una pregunta retórica, el lector informado conoce perfectamente la respuesta. Esos medios son prosistema y por tanto tienen licencia para mentir y para incitara al odio (odio, por ejemplo, a los “antisistema”). Y lo que molesta de las redes no es la mentira (a ella el Sistema está muy acostumbrado), sino que se difundan verdades que antes no salían a la luz.

Oigan todo ese cuento en torno a la posverdad, desafortunado término tan vacuo como se requiere para un éxito inmediato. Hace referencia a las mentiras que pasan por verdades en las redes. ¿Y cómo llamar entonces a las mentiras que han venido pasando y pasan por verdades en los medios tradicionales? Ah, esas mentiras no son posverdades, sino las verdades del Sistema.

jmchamorro@jmchamorro.info

LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

VERSIÓN ORIGINAL

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una página, “Versión Original”, para salir al paso de las informaciones erróneas que publiquen los medios privados sobre actuaciones de ese Ayuntamiento.

Es conocida la inquina con que algunos de estos medios han encajado la victoria de la izquierda en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, y también el comportamiento informativo que esa inquina viene provocando.

Cuando una institución pública se ve agredida por noticias falsas y tergiversaciones puede perder el tiempo reclamando ante los tribunales, que se encogerán de hombros remitiéndose a la libertad de expresión. Puede tratar de conectar con los autores de las noticias falsas para que rectifiquen, pero parece que muchos periodistas no se ponen al teléfono si es para esto. Cabe también enviar a los medios rectificaciones que no se atenderán.

Si se comprueba la ineficacia de estas soluciones vale hacer lo que el Ayuntamiento de Madrid: abrir una página para ir exponiendo con qué informaciones no está de acuerdo y por qué. Dicho de otra forma, para matizar o rectificar informaciones periodísticas que el Ayuntamiento considera incorrectas o incompletas.

REACCIONES

Gran revuelo. Al momento Isabel Rosell, protavoz del PP en el área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento tildó la página “de digna de George Orwell y su Ministerio de la Verdad” y avanzó que pedirá una moción de urgencia para borrarla. Begoña Villacís, de Ciudadanos, calificó la página de “inaceptable” porque utiliza un dominio público para hacer propaganda de partido. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que la web tiene “cierto tufo a Regímenes totalitarios”.

Que miembros del PP digan estas insensateces es algo normal. Extraña más el comentario del socialdemócrata Antonio Miguel Carmona, que se apresuró a reclamar que Manuela Carmena elimine la web aduciendo que “la democracia es libertad para equivocarse”.

Pero dejemos a nuestros políticos con sus disquisiciones sobre la libertad de expresión y miremos a otras partes. Nada tan ilustrativo como asistir, en una tertulia de la SER, a una pugna por ver qué tertuliano condenaba esa página con gestos más elocuentes de democratismo ofendido.

¿Puede extrañar que, a su vez, Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), haya denunciado que esa página tiene “un halo de censura”? “El papel del periodista -ha dicho- es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre”. A su juicio la iniciativa del Ayuntamiento implica que el poder usurpa el papel de los medios de comunicación, y no tiene cabida en una sociedad democrática. En un país democrático como España la información tiene que ejercerse “con todas las garantías de libertad en fondo y forma”. “Y en este caso, esta medida atenta contra esos derechos en la forma”. Profunda teoría del fondo y la forma, sacada a saber de dónde.

De manera que hay gente, incluso alguna bienintencionada, que cree que la libertad de expresión existe (¡ya es ingenuidad!) y que esa libertad es atacada si alguien, sea quien sea, decide expresarse para contradecir noticias aparecidas en los medios. “La Constitución -ha alegado Elsa González- garantiza la libertad de información y el derecho del ciudadano a recibir información libre y plural”. Pues eso, eso mismo. ¡Lástima que la Constitución no lo garantice!

LA SORPRESA

Y estando en estas he aquí que se conoce un precedente: ¡También la Comisión Europea ha tenido abierta una página semejante desde 2012 para dar su visión sobre noticias que considerase falsas o erróneas! Esta página no ha suscitado reservas ni condenas en Europa (a cuyo conjunto se supone más tradición democrática que la nuestra), y ha sido cerrada el pasado noviembre, pero no porque atentara a la libertad de expresión, sino porque se pensó que carecía de efectividad y que las redes sociales son más rápidas y eficaces.

Naturalmente, este procedente ha descolocado a los críticos que hablaban de totalitarismo y ha dejado claro que el nivel teórico en que se mueven muchas de las personas que fabrican opinión en nuestro país no es alto.

SENTIDO COMÚN

Pues veamos: la página del Ayuntamiento ¿ataca o impide la libertad de expresión de alguien? A los medios privados no se les impide seguir informando como tengan por conveniente. Se trata sólo de que el Ayuntamiento se exprese a su vez, y esto, en puridad, no disminuye, sino que aumenta aquella libertad tanto y tan mal invocada.

La presidenta de la FAPE afirma que el periodista posee un código deontológico que habla de rigor, confirmación, veracidad, de ética en resumidas cuentas. Y la alcaldesa Carmena ha dicho en respuesta a sus críticos que considera a los periodistas “aliados de la transparencia y de la democracia” y que “precisamente por eso se ha hecho la web”.

Supongo que estas frases obedecen en un caso a autopropaganda y en otro a diplomacia. Pues ¿de verdad creen González y Carmena que los periodistas que trabajan en medios privados controlados por el capital, o en medios públicos controlados por las mafias políticas, se pueden permitir el lujo de poseer un código deontológico que habla de rigor, confirmación y veracidad, o de ser aliados de la transparencia y la democracia? Seguramente muchos querrían serlo, pero entonces tendrían que caminar por sendas prohibidas y sufrir las consecuencias. Y hay muchos que no quieren serlo, de ninguna forma.

Para empezar, ningún periodista puede dedicarse, en nombre de la transparencia y la democracia, a denunciar las diversas formas en que los propietarios de su medio hacen imposible la transparencia y la democracia. La razón es muy simple: si alguno lo hiciera tendría que cambiar de profesión.

A VUELTAS CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La llamada libertad de expresión tiene dos aspectos, uno negativo (que nadie sea perseguido por expresar sus opiniones) y otro positivo que tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación y requiere matizaciones: dado que no todo el mundo tiene ideas de calidad suficiente como para que merezcan ser acogidas en tales medios, ni habría espacio para todo aspirante, se puede convenir en que hay libertad de expresión si todos los grupos socialmente relevantes (científicos, políticos, ideológicos, artísticos, etc.) tienen un acceso equitativo a los medios a través de las personas elegidas por ellos.

Se sigue de esto que, cuando los medios son de propiedad privada, la libertad de expresión no existe en el segundo sentido: o sólo existe la que permitan sus dueños, no obligados, por otra parte, a explicar y justificar sus decisiones. Ellos fijan la línea editorial y los intereses generales a los que hay que servir, de qué hay que hablar, con cuánta insistencia, qué hay que callar, quiénes y cómo colaboran en esta tarea, quiénes tienen acceso a sus medios y a quienes les están vedados, etc.

HÁBITOS QUE ENGAÑAN Y VERDADES CENSURADAS

Estamos muy acostumbrados a considerar que algunas cosas están ahí porque no puede ser de otra forma, como si obedecieran a leyes naturales, y así damos por supuesto que los medios de comunicación de propiedad privada pertenecen al conjunto de cosas indiscutibles, incluso que son una condición de democracia por el trabajo de fiscalización y denuncia que llevan a cabo, idea que se refuerza por el mucho despliegue con que estos medios hacen su promoción.

Pero para ver hasta qué punto los medios censuran la libertad de expresión basta reparar en que están ausentes en ellos los principales temas que afectan a las condiciones de vida de la población.

No podemos encontrar una crítica persistente y bien razonada a la libre economía de mercado, ni una insistente y razonada petición de que se ponga un límite a la riqueza privada, ni siquiera de que aumenten los impuestos a los ricos, ni podemos esperar más que adhesión a la pomposa Declaración Universal de Derechos Humanos que en su día redactaron los sicarios de la plutocracia mundial. El control de noticias y opiniones llega al punto de que, ahora que se cumple el 70 aniversario de las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre poblaciones civiles, ningún periodista se atreverá a decir que Estados Unidos cometió uno de los más crueles y cobardes genocidios de la historia (seguido luego de otros muchos perpetrados por el mismo país).

Peor aún: si alguien incontrolado osa atacar alguno de los dogmas oficiales del conservadurismo, los propios medios se apresurarán a dictaminar que es un populista, un radical y lo que quieran añadir. Esta es la libertad de expresión de las sociedades capitalistas.

Evidentemente la solución no son los medios públicos controlados por mafias políticas. Así que hay que insistir en que una condición necesaria para la libertad de expresión y la democracia es que desaparezcan los medios privados y sean sustituidos por medios públicos bajo control social. La persistencia de los medios privados supone dar a los dueños del dinero (y sólo a ellos) la capacidad de controlar la información y la opinión que llega a las mentes de la población. (Me remito a lo escrito en este blog sobre Medios de comunicación privados y democracia).

De manera que poco sentido tiene el alboroto por el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid haya abierto una página para defenderse de noticias falsas. Ni que decir tiene que, mientras la propiedad privada de los medios se mantenga, la izquierda hará bien en proporcionarse sus propios medios de comunicación, para que también sus argumentos se hagan públicos.

UNA CRÍTICA A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

I

HISTORIA

Tenemos declaraciones oficiales de derechos humanos desde el siglo XVII. Inglaterra incorpora en 1679 a su constitución la Habeas Corpus Act (Ley de hábeas corpus) y en 1689 la Bill of Rights (Declaración de Derechos). En Francia, coincidiendo con la Revolución, se hace pública en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Tras la Primera Guerra Mundial la Sociedad de Naciones impulsó los Convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra, y el Convenio de Ginebra de 1927 prohibió la esclavitud en todas sus formas.

Bajo la influencia de la Encíclica de León XIII Rerum novarum, se organizó en 1920 la Unión Internacional de Estudios Sociales, que a la luz de la moral católica elaboró un Código publicado en 1927 con capítulos dedicados a familia, vida cívica, profesión, vida económica, asociaciones privadas, vida internacional y, finalmente, vida sobrenatural como coronación de la vida terrena. Más adelante dicha organización publicó nuevos códigos que vinieron a ampliar algunos aspectos ya contenidos en el primero: Código de moral internacional (1937), Código de la familia (1951) y Código de moral y política (1957), todos ellos conocidos como Códigos de Malinas.

En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración Universal de Derechos del Hombre” (DUDH), que, junto con El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptados ambos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y con entrada en vigor diez años después) y los protocolos facultativos correspondientes, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos.

En 1986 la Asamblea General adoptó una Declaración sobre el derecho al desarrollo, que establece que todo ser humano y todos los pueblos tienen derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Ha habido luego tres Conferencias mundiales sobre derechos humanos, la de Teherán en 1968, la de Viena en 1993 y la de Durban en 2001, esta contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.

Es significativo que durante la redacción de la DUDH se discutió arduamente si el artículo 1 debía hacer, o no, una referencia a dios como fuente de que emana todo derecho. Al final, para que la Declaración fuera realmente universal (aceptable también por los no seguidores de religiones monoteístas) esa referencia no se incluyó. En todo caso la Declaración ha terminado adquiriendo un carácter sagrado, como si se tratara de un texto revelado. Goza de general aceptación y la gente progresista sólo espera que llegue a cumplirse en todas partes.

II

LA CUESTIÓN CRUCIAL

 Es cierto que allí donde no se respeta la DUDH el espacio de libertad individual está restringido y las personas tienen que soportar arbitrariedades del Estado, condenas sin juicio justo e incluso torturas; se persigue a los homosexuales, los padres imponen el matrimonio a los hijos, las mujeres tienen menos derechos que los hombres y son objeto de prácticas criminales, como la ablación, e incluso se llega a la lapidación de los adúlteros (entendiéndose que es adúltera la mujer que denuncia haber sufrido una violación). Se da por supuesto, sin embargo, que en nuestras “sociedades avanzadas” los derechos humanos se respetan o, al menos, que su violación ocasional puede ser denunciada y castigada. Pero entonces, ¿cómo es posible que estemos rodeados de tanta injusticia, que las desigualdades económicas y sociales sean tan grandes y que iniquidades muy dañinas para la mayoría ni siquiera sean recogidas en los códigos penales, todo ello sin que quepa denunciar violación alguna de los derechos humanos oficiales?

Sencillamente, porque aunque la DUDH es un señalado progreso respecto a barbaries previas, no es la declaración de un ideal político. Su redacción se hizo desde arriba, por representantes de dieciocho Estados, casi todos capitalistas, y fueron Estados capitalistas los que la aprobaron (se abstuvieron la URSS y los países del Este por unas razones, y Sudáfrica y Arabia Saudí por otras). De manera que, aunque la DUDH se redactó y aprobó para evitar nuevos desastres bélicos tras dos guerras mundiales y para satisfacer la conciencia pública de que los Estados deben respeto al individuo, estuvo también presente el propósito de oposición a las ideologías consideradas, desde el lado capitalista, colectivistas no liberales (y esto es algo que muchas veces se olvida).

Lo que ahora me interesa comentar es que el hecho de que fueran Estados capitalistas los que aprobaron la Declaración explica que tres derechos humanos, sin duda los básicos y fundamentales, no se incluyeran en ella, y que sin embargo se incluyeran sus contrarios, todo ello con las consecuencias que iré examinando.

III

LOS TRES DERECHOS BÁSICOS IGNORADOS

No cabe pensar en una sociedad armoniosa, organizada según principios de equidad, y en la que puedan al fin tener existencia la democracia y las libertades individuales, si no se respetan estos derechos:

  1. El que tiene toda persona a que la riqueza lograda por la comunidad se distribuya entre los ciudadanos de manera equitativa, sin alterar la igualdad de oportunidades respecto a la educación, la comunicación y la acción política. Ello exige que la distribución no sea entregada a un mecanismo ciego como el mercado, que va dando más a quienes más tienen y les dota así de poder para controlar el propio mercado (y, derivadamente, todos los restantes espacios sociales), sino que sea decidida por la colectividad según principios de justicia y racionalidad. De acuerdo con ellos y teniendo en cuenta que hay una relación causal entre riqueza y pobreza, las leyes deben imponer un límite máximo a la riqueza privada que garantice que nadie disfrutará de posiciones de privilegio por su patrimonio y que a nadie le faltará todo lo necesario para una vida digna.
  2. El derecho que tiene toda persona a recibir, y a que toda la población reciba, la mejor educación posible, adecuada para el correcto desarrollo de sus facultades físicas y mentales y para un comportamiento democrático informado, lo que exige conocimiento de los procesos sociales y de su relación con la vida individual. De este derecho se sigue que el Estado, una vez cubiertas las necesidades básicas de la población, ha de dedicar de manera prioritaria todos los recursos que sean necesarios para lograr la excelencia del sistema educativo a la luz del conocimiento disponible. Se sigue también que la mejor educación posible, puesto que ha de ser igual para todos, ha de ser pública; y ha de ser laica a fin de que valga de manera general (debe eludir los mitos particularistas, sean religiosos o patrióticos, y basarse en la ciencia). Todo ello con independencia de que, en el ámbito privado, cada cual sea libre de promover las creencias religiosas o patrióticas que profese.
  3. El derecho que tiene todo ciudadano a que ninguna persona o grupo controle la información y las opiniones que se distribuyen a través de los medios de comunicación. Y por tanto el derecho a que estos medios sean públicos y funcionen bajo control social.

Es fácil apreciar que estos tres derechos están relacionados entre sí, y que son fundamentales, en el sentido de que, si no se les respeta escrupulosamente, tanto la democracia como las libertades individuales no pueden pasar de ficción, por bien que salven las apariencias.

Pues bien: basta conocer quiénes redactaron y aprobaron la DUDH para comprender por qué estos derechos no se incluyeron. Incluso más: por qué se promulgaron los derechos contrarios, que son los que vienen a marcar el espacio trucado en que (así se nos quiere hacer creer) ejercemos las libertades democráticas.

IV

LIBERTADES Y DERECHO DE PROPIEDAD

En efecto, la DUDH nada dice contra el sistema de propiedad establecido en los países que la aprobaron, que en parte deriva de herencias del pasado, en parte del mecanismo del mercado. En su art. 17 dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. De manera que este derecho se afirma en general, de manera incondicional y sin una clara afirmación de límites. Y ¿qué es la propiedad de cada cual, de la que nadie puede ser privado arbitrariamente? En la citada Declaración no se aclara. Sin embargo sería imprescindible hacerlo, ya que una cosa es la propiedad de un patrimonio que permite satisfacer las necesidades razonables (la ropa que se viste, las viviendas que se habitan, el producto de la tierra que se cultiva directamente o de una pequeña o mediana empresa, los objetos que se usan, etc.) y otra cosa la propiedad de extensos latifundios o de un capital con el que se controla un sector económico decisivo para la colectividad. Ambos tipos de propiedad están amparados indistintamente por la citada Declaración. Pues a falta de concrecciones hay que concluir que es propiedad de cada cual la amparada por las leyes, y en los países capitalistas las leyes establecen que es de alguien lo que le da la herencia y el mercado.

El nexo causal que existe entre riqueza y pobreza no es contemplado en la Declaración, que se hace así compatible con la pobreza causada por la riqueza (y según estamos viendo, con la pobreza extrema causada por la riqueza extrema).

El art. 29 dice que, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar en una sociedad democrática. Admiremos la astucia de la redacción, pues el artículo no especifica qué limitaciones del derecho de propiedad deben establecerse en nombre del bienestar general o las justas exigencias de la moral, ni siquiera afirma que deba establecerse alguna limitación. Sólo viene a decir que, si la ley establece alguna limitación, ha de ser con el único fin… etcétera.

Cierto que los Estados capitalistas establecen limitaciones al derecho de propiedad (fiscales o, en casos excepcionales, expropiatorias), pero siempre cuidando de que no impidan el enriquecimiento ilimitado de una minoría. Que esto puede hacerse dentro del más escrupuloso respeto a la DUDH lo prueba el hecho de que a ningún régimen político se le acusa de violarla porque en su población convivan propietarios de grandes fortunas con pobres de solemnidad, y que a ningún milmillonario se le acusa de violarla por el hecho de serlo.

V

EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE ÉLITE Y A CONTROLAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRIVADOS

El artículo 26 establece el derecho preferente de  los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, derecho que parece natural, pero que está alejado de la sensibilidad moral que en las “sociedades avanzadas” se ha ido conquistando. Aceptamos ya que los padres no son propietarios de sus hijos y que la sociedad ha de controlar los comportamientos paternos. Por lo que concierne a la educación, es tanto lo que se juega en ella, nada menos que la fabricación de los futuros ciudadanos, que no se considera legítima una escuela que inculque valores sexistas, xenófobos, homófobos o fascistas, y en Estados Unidos un juez ha sentenciado contra los padres que pretendían que la teoría evolutiva fuera enseñada junto con la del diseño inteligente. Sin embargo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, se consagra el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (lo que autoriza a que, por imposición de los padres, sus hijos queden sometidos a una educación que prima los mitos religiosos sobre el conocimiento científico).

Su art. 13 proclama además la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza y el derecho de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Queda así garantizado que, si los padres disponen de medios económicos, puedan elegir un tipo de educación más eficiente (desde el punto de vista de la competencia social) que la ofrecida a quienes carecen de esos medios. Valga repetir que el fracaso escolar no se reparte por igual, que afecta en parte a estudiantes de clase media pero que es generalizado (aunque con frecuencia disimulado) en los estudiantes de clases bajas. Tiene indudable fuerza deslegitimadora del orden social la constatación de que la DUDH y sus normas derivadas permiten una escuela de élite para quienes la puedan pagar, lo que va contra el derecho que tiene toda persona a que la educación sea de la misma y de la mejor calidad para todos.

Añadamos, para que el cuadro quede completo, el derecho concedido por el artículo 19 de la Declaración a difundir informaciones y opiniones sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, que concede derecho a crear tantos medios de comunicación privados como la capacidad económica permita. Ya examiné en la anterior entrada a este blog lo que significa este derecho y cómo el resultado de su ejercicio es incompatible con la democracia.

Vemos, pues, que esta DUDH, que tanto insiste en los valores democráticos, reduce la democracia a una ficción jurídica. Pues, respetando los derechos proclamados, una minoría puede acumular riquezas desproporcionadas y acceder en posición de ventaja al escenario de la interacción social (por ejemplo, dando a sus hijos una educación de superior nivel, creando o subvencionando partidos políticos, corrompiendo cargos públicos, ejerciendo directa y decisiva influencia sobre la economía nacional o mundial, controlando poderosos medios de comunicación, etc.).

Para que la cosa quede más clara, el art. 30 dice que nada en la Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados. Ello significa que viola los derechos humanos quien intente la supresión del derecho de propiedad sin límites, o de los derechos (condicionados por la capacidad económica) a controlar medios de comunicación privados o a optar por un sistema educativo de élite. ¡Perfecto!

VI

DERECHOS PROCLAMADOS QUE NO SE RESPETAN

Como no podía dejar de ocurrir, la Declaración entera queda contaminada por la ausencia de los tres derechos básicos y la inclusión de los contrarios.

Ello se percibe en algunos de los derechos que constituyen una defensa del individuo frente al poder: por ejemplo, el de no ser discriminado por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, nacimiento o cualquier otra condición (art. 2); el de no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); el que tienen todos a ser iguales ante la ley (art. 7); el de no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado (art. 9); el de recibir juicio justo (art. 10) y el de presunción de inocencia (art. 11); el de libertad de opinión y expresión (art. 19); el de participar en la vida política ejerciendo el derecho de asociación y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas (art. 21).

Estas garantías jurídicas, que son una condición imprescindible de la dignidad humana, se respetan en nuestras democracias si comparamos con las dictaduras en que se conculcan sistemáticamente, pero no si comparamos con el modelo deseable. Muchas gentes son discriminadas policialmente por indicios de peligrosidad relacionados con la pobreza, la raza o el color. El “juicio justo” se imparte según leyes que legitiman un orden social injus­to, se rodea de opacidad jurídica y la demanda de justicia obtiene con demasiada frecuencia resultados proporcionales al poder económico del demandante. En todas partes los mejores abogados y la red de influencias están al servicio de los económicamente poderosos. El derecho de libertad de opinión y expresión queda también limitado, porque el acceso a los medios está controlado por sus dueños. Y el de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas es también ilusorio, habida cuenta del mucho dinero que hay que manejar para manipular mediante propaganda electoral a poblaciones ignorantes.

Peor es la situación respecto a otros derechos, como el que tiene toda persona al trabajo bajo condiciones equitativas y satisfactorias; o el derecho a un nivel de vida adecuado que garantice a la familia la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la “mejora continua de las condiciones de existencia”; o el derecho al “más alto nivel posible de salud física y mental”; o el derecho  a una educación encaminada al pleno desarrollo de la personalidad humana y a facilitar la participación efectiva en la sociedad y en su vida cultural. (arts. 23 y 25 de la DUDH y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966)

Se trata de derechos que ni siquiera se pueden exigir. Aquellos a quienes el mercado hace pobres o no da trabajo, ni vivienda, ni alimentos, no tienen instancia ante la que reclamar. Y aunque ya es posible una educación excelente si se emplean ideas adecuadas y recursos suficientes, ningún Estado la proporciona y nadie puede reclamarla.

Es cierto que el art. 28 proclama el derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaracion se hagan plenamente efectivos, pero de este derecho no disfruta nadie y nadie sabe dónde habría que reclamarlo.

Proclamar derechos que no se pueden exigir, y que se sabe que muchos no van a disfrutar, no deja de ser una retórica ofensiva. De ella es buena prueba el artículo 1, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Dado que la herencia es uno de los medios legales por los que se adquieren bienes, y que ese derecho queda aceptado implícitamente por la Declaración, el hijo del rico no nace en igualdad de derechos con el hijo del pobre, ni se ve obligado, en nombre de la fraternidad, a compartir sus bienes con el hijo del pobre. En definitiva estamos ante una declaración pensada para cubrir las apariencias, pero salvaguardando los intereses de las clases altas en cuyo nombre actuaron los Estados que la redactaron primero y la aprobaron después.

Lamentablemente las alternativas que se nos ofrecen no son las deseables. Respecto al derecho de propiedad La Carta africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 (Carta de Banjul) se limita a afirmar el deber de pagar los impuestos que legalmente se establezcan. Y no llegan más lejos, como a continuación veremos, la Declaración de “los valores asiáticos” ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE).

VII

¿UNA CONFRONTACIÓN ENTRE LAS CONCEPCIONES OCCIDENTAL Y ASIÁTICA?

En una reciente conferencia en Madrid, Antonio Cançado Trindade, magistrado del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU y participante en la Conferencia de Viena de 1993, se ha referido a las trincheras en las que se debaten palabra a palabra, durante años, los textos de los derechos universales y sus mecanismos de aplicación. Algunos de los principios pactados en la Conferencia de Viena, por ejemplo, tardaron hasta veinte años en concretarse. Y algunos organismos, como la convención contra la discriminación de las mujeres, no tienen mecanismos de verificación. Todo ello debido a “cuestiones ideológicas”.

Una parte importante del debate ideológico se da entre concepciones a las que podemos llamar occidental y asiática, y toma cuerpo en dos oposiciones, la de universalismo frente a relativismo y la de derechos frente a obligaciones.

La concepción occidental, que es la que se impuso en la DUDH, insiste en la universalidad de los derechos humanos y da prioridad a derechos y libertades sobre deberes. Incluso es reacia a que se proclamen obligaciones del individuo hacia la comunidad, por entender que ello constituye una perenne justificación para debilitar la protección de los derechos. Peng Chun Chang, que en el comité redactor de la DUDH representaba a China (país entonces no comunista), insistió mucho en que los derechos se completaran con los deberes, pero al final hubo de desistir y avenirse a considerar que el asunto quedaba resuelto en el art. 29 de la Declaración. Este artículo se limita a decir que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Pero no especifica qué deberes ni cómo han de cumplirse.

En cambio la concepción asiática opone a la universalidad la idea de que los derechos tienen que interpretarse a la luz de las diferentes circunstancias históricas, culturales o religiosas. Pues si se acepta la universalidad de los derechos de la DUDH, de carácter individualista y egocéntrico, corren peligro las ideas tradicionales de “moralidad”, “deber” y “comunidad” de origen confuciano. Por ello esta concepción antepone a los derechos las obligaciones del individuo hacia la familia, la comunidad y la autoridad.

A causa de un exceso de democracia, una sobredosis de libertad y una obsesión con la realización individual –se dice desde el lado asiático-, las sociedades occidentales sufren la destrucción de la familia y la proliferación de formas de conducta antisocial (el crimen y la drogadicción), el desmoronamiento de sus instituciones y la bancarrota de su capital social (con pérdida de su cultura de trabajo y de su compromiso con la excelencia intelectual).

En esta confrontación de ideologías la Conferencia de Viena actuó de manera más contemporizadora que la DUDH, porque los centros de poder occidentales deseaban comerciar con Asia sin molestos defensores de derechos humanos que denunciaran el despotismo estatal y demandaran libertades. Así que tras proclamar que la universalidad de los derechos humanos y libertades no admite dudas, y que los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, admitió que debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos.

Los valores asiáticos no sólo son admitidos en el mundo occidental por conveniencias económicas, también por partidarios del relativismo cultural, y por quienes argumentan que el derecho al desarrollo es más importante que los derechos individuales, y que si estos entorpecen las posibilidades de crecimiento de los países pobres se convierten en una nueva forma de colonialismo. Esta posición es apoyada por algunas ONG de desarrollo europeas.

Precisamente a esto se acogen Estados autoritarios del sudeste asiático, que afirman que la sumisión del individuo a la comunidad (la prevalencia del orden social frente a las libertades individuales) es la causa del impresionante desarrollo económico de sus países.

En 2012 la ASEAN (formada por Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam), aprobó una Declaración de Derechos Humanos desde la óptica oriental, la conocida como Declaración de Phnom Penh, cuya piedra angular no es el reconocimiento de los derechos particulares de los individuos, sino, como dicta su articulo 8, el papel del gobierno en la garantía de la seguridad, el orden y la moral pública a los que estará sujeto el ejercicio de los derechos individuales. El artículo 6 mantiene que todo disfrute de derechos deberá interpretarse de acuerdo con el adecuado cumplimiento de los deberes, y el artículo 7 dispone que la interpretación de los derechos se basará en los contextos regionales y nacionales particulares.

Desde mi punto de vista en ambos bandos predomina una ideología oficial rechazable, que elude los temas básicos antes examinados.

Es evidente que unos derechos humanos concebidos desde la justicia y la racionalidad deben tener carácter universal, pero como ese no es el caso de la DUDH, exigir la universalidad de sus derechos es una forma de colonialismo, la que consiste en ligar derechos humanos con democracia capitalista y tratar de imponer esta forma al mundo entero.

El punto de vista opuesto tampoco es de recibo: no se puede apelar a la tradición cultural para mantener discriminaciones respecto a mujeres y niños, o para someter al individuo a poderes (sean familiares o gubernamentales) que coartan el ejercicio de su libertad cuando esta no daña a otros. Menos aún cuando ello se presenta como condición para un desarrollo de la economía de mercado aceptando su concepción de la propiedad privada.

VIII

¿QUÉ HACEN LAS ASOCIACIONES CIVILES?

La Conferencia de Viena reconoció la contribución y participación de las ONG en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, en particular de los derechos del niño, puesto que son las primeras en identificar las violaciones y, muchas veces, en socorrer a las víctimas. Pero aun admitiendo la importante tarea que realizan las inumerables organizaciones que vigilan las violaciones de los derechos humanos, resulta sorprendente que ninguna exija los tres derechos básicos ignorados a que he hecho referencia, ni se oponga a los derechos contrarios proclamados en la DUDH.

En 1993, en vísperas de la Conferencia de Viena, más de cien ONG de la región Asia-Pacífico adoptaron la Declaración de Bangkok, en la que, además de exigir que no se toleren las prácticas culturales que dorogan o menosprecian derechos humanos universalmente reconocidos, entre ellos los derechos de la mujeres, recomendaron una mayor atención a los vínculos entre la democracia, el desarrollo y la satisfacción de las necesidades humanas básicas; solicitaron la ratificación universal de los tratados de derechos humanos, la reducción de los gastos militares, la democratización del sistema de las Naciones Unidas, la atribución de más recursos para actividades en el campo de los derechos humanos por parte de las Naciones Unidas y la adopción de nuevos mecanismos de respuesta inmediata y eficiente a violaciones masivas de derechos humanos.

En 2012 Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y Dignidad Internacional solicitaron por carta a los Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN que establecieran explícitamente en la Declaración de Phnom Penh que ninguna disposición de esa Declaración debería interpretarse en contrario o de forma que redujera los estándares dispuestos por el régimen internacional de derechos humanos. Se solicitó asimismo la eliminación de cualquier referencia a equilibrios entre derechos y deberes y que se pusiera fin a los esfuerzos para limitar los derechos apelando a la especial situación política, económica y/o social.

En ninguno de estos casos las ONG apuntaron al corazón del problema. Cierto que la Declaración de Bangkok consideró que el empobrecimiento de amplios sectores de la población constituye una violación de los derechos humanos, pero como si, eliminada esa pobreza, la violación dejara de existir. Lo cierto es, sin embargo, que aunque todas las peticiones de estas ONG fueran atendidas seguiríamos en un mundo en que, por lo antes dicho, democracia y libertades individuales no son posibles. Ninguna de ellas exige que en una Declaración con vocación universalista tengan sitio los tres derechos fundamentales antes indicados, con la consiguiente eliminación de los que se les oponen.

IX

DERECHOS HUMANOS EMERGENTES

A diferencia de la DUDH, redactada desde arriba, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) surgió de un proceso de diálogo de diversos componentes de la sociedad civil, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña en el marco del Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004, y fue aprobada el 2 de noviembre de 2007 en el marco del Forum de Monterrey (México). La DUDHE no pretende sustituir ni quitar vigencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ni a los instrumentos nacionales o internacionales de protección de esos derechos, sino actualizar, complementar, responder a los retos de la sociedad global y actuar como complemento desde el punto de vista de la ciudadanía participativa.

Su método de formulación dio un papel activo a organizaciones y agrupaciones nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido poco peso en la configuración de las normas jurídicas, pues si bien las ONG y los movimientos sociales tuvieron intervención en la Conferencia de Viena como portavoces de la sociedad civil, fue en una especie de foro paralelo y la última palabra la han tenido siempre los representantes de los Estados. En cambio en Barcelona la metodología consistió en mesas redondas en las que se invitaba a la participación directa y a la discusión con los ponentes invitados.

Los nuevos derechos que en esta Declaración se reconocen son el derecho al agua y al saneamiento, el derecho humano al medio ambiente, los derechos relativos a la orientación sexual y a la identidad de género, los derechos relacionados con la bioética y el derecho a la renta básica. Son derechos que merecen consideración, pero de esta declaración se podía esperar más.

Es decepcionante que no haya mención a los tres derechos antes citados. Y puesto que sólo respetándolos cabe pensar en libertades individuales universales, cada vez que en la situación presente se dice que el respeto a los Derechos Humanos (a los oficialmente proclamados) garantiza las libertades individuales y el funcionamiento democrático se está cometiendo un delito intelectual.