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TRAS LAS ELECCIONES MADRILEÑAS

Comentar las elecciones madrileñas es uno de esos momentos en que uno querría no tener razón en lo que viene opinando.

Ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio…” ¡Qué más natural que desear el éxito de la izquierda! En el caso de Madrid, además, por dejar atrás esa ofensa a la estética y a la moral que es la derecha madrileña en el poder.

Mi problema es que al mismo tiempo creía, y sigo creyendo, que el éxito electoral alienta a la izquierda por el mal camino que eligió en los años 70. Y que para salir de ese camino, que la ha llevado a la casi destrucción, lo mejor que le puede ocurrir es el fracaso electoral.

Volveré a esta idea tras examinar algunos análisis superficiales que intentan explicar el éxito de Isabel Díaz Ayuso.

¿La izquierda ha decepcionado?

Habitualmente se comete el error de considerar que el PSOE está en la izquierda, pero conviene recordar que desde las privatizaciones de Felipe González este partido viene aplicando una política neoliberal que en poco se ha distinguido de la del PP.

De ahí que Pedro Sánchez hubiera preferido una coalición con Ciudadanos y que tuviera que aceptar a regañadientes a Unidas Podemos en el gobierno de coalición.

Desde que entró en ese gobierno UP ha tenido que soportar las resistencias del PSOE cuando se trata de hacer políticas tibiamente socialdemócratas, sea derogar la reforma laboral (tanto la del PP como la del mismo PSOE), regular los precios del alquiler de viviendas, liderar una política migratoria decente, defender los derechos del consumidor o hacer una reforma fiscal que deje de favorecer escandalosamente a los ricos. Incluso un día antes de las elecciones se supo que Nadia Calviño había mandado a Bruselas un documento en uno de cuyos anexos figura una subida de impuestos para las clases medias.

En el PSOE dicen que son conscientes de que su mensaje y sus propuestas no han llegado a la ciudadanía. Pero ¿acaso la ciudadanía no sabe a estas alturas qué se puede esperar de partidos a los que viene viendo actuar a lo largo de los años? ¿Se tiene que enterar por lo que digan en la campaña electoral? Ayuso sólo ha dicho palabras vacías y ha arrasado en las urnas.

¿La izquierda no sabe comunicar?

La derecha sabe muy bien qué tiene que decir para que parezca que está proponiendo una salvación cuando en realidad no está proponiendo nada, sigue a lo suyo. Ayuso ha hablado del orgullo de la patria chica (la forma de vida madrileña), de la libertad de hacer “lo que me dé la gana” y del gobierno comunista-bolivariano. Eso le ha bastado.

Supongamos que el bloque llamado progresista tuviera algo que comunicar. Lo tendría más difícil, es cierto, pero su incapacidad para conectar con la gente es llamativa. Hablar de una lucha entre fascismo y democracia puede significar algo para personas que leen y que conocen la historia del pasado siglo, pero no para la mayoría de la población. ¿Por qué hay que temer a Vox más que a Podemos si tantas personas respetables han repetido que se trata de dos partidos populistas, si el mismo Pedro Sánchez ya dijo que no dormiría tranquilo si tuviera a Pablo Iglesias en el Gobierno, si el mismo candidato del PSOE dejó claro que si ganaba no pensaba pactar con Iglesias, sino con Ciudadanos, aliado eventual de Vox?

Es cierto que, además de elegir mal el eslogan, la izquierda no sabe exponer sus ideas de forma que lleguen a los destinatarios. Profesores acostumbrados a disertar ante sus auditorios universitarios gritan en mítines estrofas pensadas para exponer correctamente un pensamiento, no para convencer de nada a quien no esté ya convencido. Un caso típico ha sido el tema de los impuestos, medio eludido, medio aludido con frases torpes, como la insistencia de Iglesias en citar a Cristina Pedroche como si en esa cita se resumiera lo que hay que decir sobre la fiscalidad. De los impuestos se puede hablar de una manera muy clara a la gente para desmontar la mentira de la derecha. No saben hacerlo. Pero si supieran hacerlo ¿cambiaría eso las cosas?

¿Ha sido la culpa de los medios?

De los medios tiene una visión idílica la Vicepresidenta Yolanda Díaz. Le preguntan (en elDiario.es de 9 de abril) si comparte las críticas de Pablo Iglesias a los medios de comunicación y responde que es una gran defensora de la libertad de expresión y una gran defensora de la libertad de prensa y que entiende que tiene que haber líneas editoriales diversas. “Y además las respeto y las comprendo.” Eso sí, lo que les pediría, dada la importancia que tienen los medios en la socialización y la opinión pública, es que la información sea veraz y de calidad, que sea contrastada, que sea un servicio público aunque el medio sea privado. Y que combatan las fake news, que hacen un daño atroz. Dice finalmente que para prestar una buena información es necesario combatir la precariedad que sufren los empleados de los medios.

A esto es a la que conduce carecer de teoría: se opina según el saber y entender que se activa en el momento y que muchas veces sólo obedece al deseo de supervivencia política fácil. ¿Cree la vicepresidenta que estamos en una democracia, que hay libertad de expresión si los medios privados actúan sin trabas y que el obstáculo a la buena información está en la precariedad de sus trabajadores?

De manera contraria se manifiesta Jesús Maraña en un artículo publicado en Infolibre el pasado día 6 con el título El brazo mediático del 4M, donde defiende que en el 4M ha arrasado el “trumpismo a la madrileña” porque su discurso político ha sido amplificado por los medios a sabiendas de las falsedades que contiene “con el objetivo de defender intereses ideológicos y crematísticos que se traducen en decisiones de gobierno o proyectos de ley que facilitan negocios concretos.”

Más lejos llega Arantxa Tirado Sánchez, autora del libro El Lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley, donde examina numerosos ejemplos de cómo, principalmente en América Latina y el Caribe, se han utilizado los medios para acabar con regímenes progresistas bajo instigación estadounidense. Opina que hace falta un debate sobre la necesidad de democratizar los medios de comunicación para evitar que estén monopolizados por el capital y conseguir que haya voces más plurales, no sólo dentro de esos medios privados, sino dando espacio a otros movimientos que puedan tratar de competir, para lo que haría falta una política pública de respaldo, como se ha hecho en países latinoamericanos. ¿Pero qué ha sucedido con esas iniciativas? Que desde España se han vendido como un ataque a la libertad de prensa, cuando la realidad es que los medios de comunicación privados responden al interés de la empresa o el grupo financiero que está detrás, no dejan de ser una correa de transmisión de determinada visión del mundo.

Añade que “el ataque a cualquier periodista o cualquier medio se toma como un ataque a la democracia, como si ellos estuvieran por encima de la fiscalización pública. Como si ellos nunca se equivocaran. Como si ellos pudieran decir lo que quieran sin ningún tipo de consecuencia, cuando, además, estamos viendo (y en esta última campaña ha sido muy evidente) cómo los medios de comunicación pueden coadyuvar a que movimientos de extrema derecha se normalicen y penetre su ideario, quitándole importancia a la gravedad de lo que están planteando.”

Las ideas de Aratxa Tirado están más informadas que las de la vicepresidenta, pero aún así creo que se queda corta y que hay que llegar aún más lejos, hay que atreverse a afirmar algo obvio: la incompatibilidad entre democracia y propiedad privada de los medios de comunicación (ver aquí).

La izquierda elude este asunto por miedo y porque no tiene medios propios con que oponerse al monopolio de los conservadores, de forma que ha de contemporizar e incluso mendigar su presencia en espacios que para nada la benefician. Uno se pregunta qué hacen personas como Monedero en esos programas de debate que no ofrecen luz sobre nada y lo enturbian todo.

Ahora bien, la pregunta básica es: ¿por qué la gente no rechaza a los medios que mienten sistemáticamente?

¿Falta de tirón de los lideres?

Ángel Gabilondo ha perjudicado al PSOE y Mónica García ha beneficiado a Más Madrid, en lo que seguramente ha influido el comportamiento de ambos como oposición durante la pandemia.

Pablo Iglesias, que lo dejó todo para ser un revulsivo y conseguir que ganara el bloque progresista, fracasó en su propósito (aunque consiguiera que UP haya pasado del fatídico 5%).

Son muchas las cosas que Pablo Iglesias ha venido haciendo mal precisamente por no tomar en cuenta el valor ideológico de ciertas decisiones. Por fijarme en dos:

Aunque las bases votaran a favor, fue un error que él e Irene Montero ocuparan altos puestos en la dirección del partido y en el gobierno, y no porque no tuvieran derecho a ello, ni porque el emparejamiento tuviera que perjudicar a uno de ellos apartándolo de la primera fila, sino porque a efectos ideológicos hubiera sido más oportuno decidir (incluso por sorteo) quien de los dos abandonaba por el momento la primera línea institucional, para que no pareciera que Podemos es una organización familiar controlada por un dirigente con fama de haber ido expulsando del partido a quienes se le opusieron.

De la misma forma, la compra del chalet de Galapagar es algo a lo que esta pareja tenía pleno derecho, por más que sea significativa esa prisa por asimilar las aspiraciones de la pequeña burguesía, pero lo malo es que vino después de la crítica de Iglesias a un político del PP por la adquisición de un ático lujoso y de su afirmación de que él, en cambio, seguiría viviendo en su piso de barrio de Madrid.

Cosas como éstas, que parecen nimias y que no son en sí delitos ni inmoralidades, han contribuido a marchitar la confianza inicial en Podemos. Pero ¿son explicación suficiente del desastre?

Las sucesivas crisis sociales

Una veintena de investigadores dirigidos por Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano y Thomas Piketty han recopilado datos de 50 países entre 1948 y 2020 que a su juicio explican por qué las clases bajas y desfavorecidas, salvo inmigrantes, se han puesto a votar a la derecha y a la ultraderecha en los últimos años, cuando hasta los 80 lo hacían por opciones de izquierda. Resultaría que la incertidumbre reinante y la creciente desigualdad han dado primacía a la idea de comunidad nacional, religiosa, cultural o étnica. Pero esto es más bien un hecho que necesita explicación.

Dejemos los análisis superficiales y vayamos a la causa profunda

1. Aun aceptando la influencia de las causas antes citadas en el fracaso electoral, sigue sin respuesta la cuestión fundamental, que es por qué esas causas influyen como lo hacen.

La respuesta en que vengo insistiendo desde hace mucho tiempo queda más acreditada a cada nuevo episodio: el tipo de población que el capitalismo ha ido fabricando actúa como causa profunda de las más superficiales que se suelen tomar en cuenta.

Es en este punto donde las diferencias entre el pensamiento conservador y el marxista son más acusadas.

Desde el pensamiento conservador la población es como es, por sí misma, y tiene pleno derecho a serlo. Cada votante es libre de elegir y nadie puede criticar su voluntad. Todos los votos valen igual y todos significan lo mismo, pues solo significan la voluntad del votante. Los electores, como los consumidores, siempre tienen razón, y los partidos perdedores sólo pueden hacer autocrítica, nunca criticar a la masa votante.

En la entrevista antes citada, Yolanda Díaz dice que la ciudadanía española es madura y está ávida de conocimiento. De lo que se sigue que es esa madurez y avidez de conocimiento lo que ha llevado a la ciudadanía madrileña a votar masivamente a Ayuso, a sus políticas neoliberales y a sus mentiras y simplezas.

Naturalmente. si se pone en duda el axioma conservador a favor de la población, saltan en seguida las condenas en los medios. Se está despreciando a los votantes, claman sus comunicadores con moral airada, como cuando el presentador de televisión Joaquín Prats, adoptando el papel de comisario político, interrumpió a Monedero para advertirle que es inadmisible que se critique a los votantes. Claro que la crítica de Monedero a los votantes de Ayuso era despectiva y poco rigurosa. “No son unos Einstein”, dijo. ¿Hubiera dicho lo mismo si esos votantes hubieran optado por UP?

No tiene sentido criticar a la población cuando no te vota y ensalzarla cuando lo hace. Tanto en un caso como en otro hay que hacer análisis objetivos. Y esta población sería igualmente de poco fiar aunque votara a la izquierda mayoritariamente, pues por cualquier motivo secundario o trivial podría retirarle su apoyo más tarde, sobre todo si empezara a sufrir los efectos de la reacción del poder económico. Fue una población tan poco fiable cuando elevó a Podemos como lo es ahora, cuando lo deja caer.

Para justificar la exhibición de incivismo e insolidaridad con que, en Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao, se celebró el fin del estado de alarma con botellones multitudinarios, sin distancias de seguridad ni mascarillas, apelan algunos a la catástrofe educativa, laboral, económica, social y psicológica que la pandemia ha supuesto para los más jóvenes. Pero lo cierto es que, a pesar de todo, existe esa población madura y ansiosa de conocimiento de que ha hablado la vicepresidenta, y que, aunque es minoritaria, sabe comportarse aun sometida a las mismas presiones que el resto.

A otros ese espectáculo incivil les ha abierto los ojos. “Comparar las fotos de estas juergas de jóvenes (y no tanto) con las de los aplausos a los sanitarios durante el primer confinamiento hace perder la fe en el ser humano”, ha lamentado Ana Pardo de Vera como si fuera ahora cuando ha sabido la clase de población que nos rodea.

La teoría marxista (que en este punto sigue siendo la única solvente) ya nos explicó hace mucho que la población es socialmente fabricada, y que el sistema capitalista sobrevive en la medida en que consiga fabricar a la mayor parte de los perjudicados en la ignorancia, el egoísmo y el miedo. Pero decir que la sociedad capitalista dota de falsa conciencia a una gran parte de la población explotada, precisamente para que acepte la explotación e incluso la apoye, no supone despreciar a nadie, porque nadie es culpable de que lo hayan fabricado de cierta forma.

Para los detalles de esta fábrica me remito a lo que expongo en Capitalismo, izquierda y ciencia social. Hacia una renovación del marxismo.

2. La falsa conciencia de una gran parte de la población se da lo mismo en Noruega, Estados Unidos, Francia o España, pero en España a esa tara psicológica hemos de añadir la que ha dejado la larga etapa franquista, en ningún momento contrarrestada.

Durante cuarenta años el régimen franquista delegó la educación y la ideología en manos del integrismo católico y de la propaganda anticomunista y luego, en aras de no sé qué concordia, la Transición lo dejó todo como estaba. Puesto que no se produjeron las depuraciones imprescindibles, el franquismo siguió copando la judicatura, las fuerzas armadas, la policía y los aparatos del Estado. Los medios de comunicación siguieron defendiendo los intereses de sus propietarios. Permanecieron en escuelas y Universidades personas amaestradas por el franquismo y la iglesia integrista, parapetada tras un Concordato franquista todavía no revocado, ha seguido recibiendo grandes ayudas públicas como premio a su mala influencia en un Estado que se proclama laico. Hemos tenido un Jefe de Estado puesto ahí por Franco y explícito admirador de Franco, tratado con reverencia por los medios hasta que fue imposible seguir tapando que era un delincuente. Se eliminan del callejero de Madrid los nombres de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero mientras los jueces mantienen los de Millán Astray y Caídos de la División Azul.

Y enfrente unos gobiernos que cuando eran de la derecha franquista estaban muy contentos, y cuando eran de una falsa socialdemocracia también. Ni siquiera cuando el PSOE tuvo mayoría absoluta se propuso que en las escuelas se enseñara la historia de la España del último siglo (propósito que por otra parte hubiera sido inútil, pues a él se habría opuesto un franquismo que para ello conserva suficiente poder). ¿Qué se podía esperar, qué nos sorprende?

Los comunistas se escondieron, como si no tuvieran el honor de ser los únicos compatibles con una democracia basada en los principios de la Ilustración: en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los comunistas no supieron defender su opción anticapitalista ni supieron rechazar la identificación interesada de comunismo y estalinismo (tan falsa como identificar cristianismo con Inquisición o guerras de religión). Ha tenido que ser el papa Francisco quien ha resaltado, para vergüenza de los acobardados, que comunismo y cristianismo son cosas semejantes (y es cierto que, aunque no lo son en la teoría, sí en algunos de los aspectos morales que tan poco interesan a los conservadores que se declaran cristianos).

Resultado: en los barrios y pueblos cuya población es más perjudicada por la política de la derecha los votos han sido para esa derecha que contrapone libertad a comunismo.

Un remedio en dos pasos

1. Nunca se insistirá demasiado en que ningún paso adelante cabe esperar de la izquierda hasta que no despierte del sueño (o pesadilla) del electoralismo.

La izquierda eurocomunista no supo ver que, aunque fue un error del marxismo la tesis de la revolución violenta como puerta de entrada al socialismo, la alternativa no es blanquear la plutocracia, defenderla como si fuera democracia y fiarlo todo al voto de una ciudadanía muy alejada de la racionalidad ideal. ¿Y para qué? Para terminar aprendiendo que desde las instituciones plutocráticas nada se puede hacer contra el poder económico si no hay una población mayoritaria dispuesta a apoyar políticas de izquierdas a cualquier precio.

Lo peor del electoralismo es que te obliga a hablar y a callar a conveniencia, es decir, a contribuir al afianzamiento de la Gran Mentira. Tienes que aceptar que esto es una democracia, no puedes decir que no cabe democracia si no hay un límite racional y justo a la riqueza privada, tienes que callar y no hacer responsable a EE. UU. cuando se denigra a Venezuela, tienes que defender la libertad de expresión de los medios del capital, etc., etc., etc.

El electoralismo determina además un tipo de organización hecha a la medida del líder que da votos. No hay una dirección colegiada separada de la representación pública y caracterizada por el estudio y la investigación, sin los que no se puede marcar una línea política fértil. Dirige quien es hábil para la confrontación verbal y para el mitin, preferiblemente personas jóvenes y atractivas que suelen provenir del activismo, a veces del profesorado. En ningún caso se sabe qué teoría aplican al análisis de la realidad y al diseño de su acción política. Nunca utilizan la teoría marxista en sus análisis, que son superficiales, muy parecidos a los de los politólogos conservadores, y cometen errores que no cometerían si tuvieran un bagaje teórico suficiente.

El carácter democrático del partido se limita a apelar a las bases. El líder propone y las bases dicen amén, pero se fantasea con que la designación no ha sido una decisión del líder, sino de las bases que la han aprobado democráticamente. ¿Y de qué información disponen las bases? ¿Hay un programa permanente de enseñanza para elevar su nivel de conocimientos? A falta de todo esto las bases siguen por lo general al líder que está en el poder o, excepcionalmente, a un líder alternativo.

Es de alabar que Pablo Iglesias haya abandonado sus cargos públicos, gesto verdaderamente inusual teniendo en cuenta que hace pocos meses era vicepresidente del gobierno. Su retirada le honra y deja claro que no era el cargo lo que buscaba. Pero, desafortunadamente, el argumento que ha dado no es buen síntoma. No se ha ido porque haya comprobado que no es bueno que en un partido de izquierdas haya un líder carismático, sino porque cree que ese líder debe ser otro u otra. Se ha ido porque cree que ya no suma sino resta, de lo que se sigue que si sumara seguiría. Pero ¿qué se suma o se resta? Votos. Ahí queda todo.

A su vez Ione Belarra, candidata a la presidencia de Podemos, dice: “Necesitamos el Podemos más fuerte para hacer a Yolanda Díaz presidenta del Gobierno de España”. El electoralismo no tiene otro horizonte.

2. Yerran quienes consideran que la alternativa a este electoralismo engañoso es recrearse estérilmente en los principios morales. Parecen no saber que el campo de la verdadera batalla no es el electoral e institucional, aunque pueda servir de ayuda, sino el ideológico, es decir, que la batalla debe darse por ganar el corazón y la mente de los explotados. Y para ello hay que hablar siempre claro, sin que asuste o frene la reacción de los medios o de los electores. A la larga esto es lo que genera confianza.

Pero esa batalla requiere paciencia y para ella no bastan cuatro frases gritadas en un mitin, o una aparición en una televisión enemiga.

En el siglo XIX ya se sabía que la misión del partido comunista era ante todo librar a la clase obrera de su falsa conciencia y esto no se hace yendo a los barrios y pueblos marginados en periodo electoral para arañar algunos votos. Se va a un sitio en el que no se está. A esos barrios y pueblos no hay que ir, en ellos hay que estar. Y hay muchas formas de estar en ellos que no son ir a pedir el voto o a gritar en un mitin.

La derecha tiene escuelas, universidades, medios de comunicación, ONGs. La izquierda ha desmantelado lo poco que tenía y ya no tiene nada.

Es por tanto necesario ir fabricando pacientemente centros de investigación sociológica que nos ayuden a conocer los sistemas de creencias y valores que atan a los de abajo a una explotación consentida. Y también medios propios de comunicación que informen lealmente y desenmascaren los silencios y mentiras de los medios conservadores. Es preciso, mientras exista la enseñanza concertada, no dejarla toda a la derecha, crear escuelas infantiles en barrios pobres (única forma de que su infancia adquiera los códigos lingüísticos que salvan del fracaso escolar), poner en pie universidades populares, ayudar a los más débiles con servicios de asesoramiento, abrir instalaciones en los barrios para restaurar la vida comunitaria, para que la gente se reúna, discuta, pueda ver buen cine y oír buena música, y también partidos de fútbol televisados con consumiciones a bajo precio, etc. Es preciso ofrecer enseñanzas artísticas y deportivas gratuitas a quienes no pueden pagarlas. Si esto se hiciera a lo largo del tiempo, no sería necesario hacer campañas electorales (ni un solo euro tirado en esas campañas) para sacar más votos que ahora, y votos más constantes y fiables.

Una izquierda que sea eficaz a largo plazo es posible. ¿Llegará algún día?

jmchamorro@jmchamorro.info

ALGO MÁS SOBRE REDES SOCIALES Y PARTIDOS INCONTROLADOS

No hay manera de entender la realidad política si se olvida una verdad histórica elemental, y es que la inicial democracia censitaria (en la que sólo podían votar los propietarios) pasó a sufragio universal sólo cuando los propietarios se sintieron seguros de que su riqueza no corría peligro si se daban estas condiciones: control sobre partidos políticos y medios de comunicación y una mayoría de la población sumida en la gnorancia respecto a cuestiones políticas y económicas. Algo fácil de conseguir si hay dinero suficiente para financiar a partidos prosistema (incluidos los socialdemócratas), sostener medios de comunicación privados, hundir a partidos y medios que no cooperen y, a través de los testaferros políticos, decidir el tipo y calidad de la educación que se da al pueblo.

Esta ha sido la base firme sobre la que se ha venido asentando el Sistema plutocrático que padecemos, y que ahora se está resquebrajando. Principalmente porque han surgido partidos no controlados y están ahí las redes sociales que disputan, a quienes lo han venido disfrutando en monopolio, el derecho a producir la información y la opinión públicas, con el efecto de que parte de la población empieza a abrir los ojos y a enterarse de qué va.

Que todo esto es muy peligroso para el poder lo demuestra la desproporcionada y feroz campaña de los medios pro-sistema contra Podemos y contra las redes sociales, y también las medidas represivas que el poder ya ha comenzado a tomar.

Los medios al servicio de sus dueños

Nada mejor para situar el caso que recordar tres sucesos recientes que no son excepcionales y que aclaran el papel de los medios privados.

Publicación de informaciones falsas contra quien conviene

Como se sabe, en 2015 el ex jefe de policía Eugenio Pino creó una brigada secreta, una policía política cuyos cometidos ilegales consistían en fabricar chapuceros informes contra políticos de Podemos o ligados al proceso soberanista catalán. Siguiendo la costumbre, un dosier anónimo fue entregado a Eduardo Inda con la instrucción de que no lo publicara en su periódico hasta que le dieran la orden de hacerlo (algo que ocurrió unos meses después, naturalmente en el momento en que podía hacer más daño electoral). En tal informe se afirma que el fin que persiguen los investigados de Podemos no es otro que dar “un golpe de Estado encubierto financiado por los gobiernos de Irán y Venezuela”, cuyo dinero serviría para “hacer apología de la izquierda más radical con el fin de desestabilizar los gobiernos occidentales y justificar sus respectivos regímenes…” Y ahí andaba Inda blandiendo un falso documento para afirmar esa necedad en su periódico digital y en los platós amigos.

El chantaje y la amenaza

Son muy didácticas algunas conversaciones telefónicas grabadas por la policía al presidente de La Razón, Mauricio Casals, al director, Francisco Marhuenda, y a Edmundo Rodríguez, consejero delegado y propietario de un 25% de ese periódico. Rodríguez, como responsable del Canal de Isabel II en América y supuesto testaferro del expresidente de Madrid Ignacio González, compró en Brasil la empresa Emissao, por la que, según indicios suficientes, se abonaron 25 millones más de su valor real, 20 de los cuales acabaron en Suiza.

Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se sintió obligada a entregar a la fiscalía documentos comprometedores para Rodríguez, tanto Casals como Marhuenda aseguraron a éste que desde la Razón harían lo que fuera para evitarlo. Y en efecto, los dos se emplearon sin descanso para salvar a su consejero delegado, según prueban conversaciones telefónicas que comienzan en Julio de 2016 y que contienen pasajes como los siguientes:

Marhuenda a Rodríguez: “Me ha dicho Mauricio, por eso te llamo, que me pongo a tus órdenes… Y yo me voy a ver a esta locuela [a Cifuentes] el lunes o el martes […] Hago lo que tú me digas.”
Casals dice a Rodríguez que ha dicho a Marhuenda que su continuidad en la dirección del periódico depende de cómo se porte en esto.
Rodriguez a Marhuenda: “Dile, oye, [a Cifuentes] que sepas que ese señor maneja el 25 % del periódico.”
Casals dice a Rodríguez que no es solamente La Razón la que se implica en su defensa, sino todo el grupo; es decir, Antena 3, Onda Cero y La Sexta.
Casals intenta calmar a Rodríguez diciéndole: “Y no te preocupes, que las pasará putas esta señora [Cifuentes]”.
Marhuenda a Rodríguez: “Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar”. Y también: “Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche a Cifuentes y que tome nota. Le he dicho: ‘tu misma, llevas ahí mucho tiempo en el Gobierno. Ahora la gente asocia el Canal a vosotros, punto, e Ignacio González es PP. Tú misma”.
Marhuenda en otra conversación: “Me ha llamado la zorra de Marisa por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa. Marisa quiere saber si es una campaña. Evidentemente he dicho que no, no hace falta reconocerlo, no es tonta. Le dije: ‘hombre, si hacéis las cosas mal, pues nosotros…’. Mañana le damos otro viaje a Cifu [Cifuentes]”.
Y, en fin, en otra conversación Rodríguez llama a Casals para expresar su malestar porque en La Razón se ha publicado una noticia elogiosa sobre el número dos de Cifuentes, y Marhuenda se disculpa : “Siento lo de Garrido, ya he dicho que no salga nada bueno de él.”

En el sumario de la Operación Lezo hay otra conversación registrada en la que Casals dice a Ignacio González que Antonio García Ferreras “se ha portado de cine” por no hacerse eco en “Al rojo vivo” de una noticia que perjudicaba al expresidente ahora en prisión. Al enterarse de esto Ferreras se defiende, pero reconociendo que hubo presiones y denunciando que El País censuró algunas de las informaciones que perjudicaban a González. Y hay una batallita de tuits entre Marhuenda y J.P. Ramírez echándose en cara mutuamente falseamiento de datos y campañas con propósitos ocultos.

Selecciones y vetos

La SER denuncia que Podemos impide a Iñigo Errejón participar en su tertulia de Hora 25 y este partido lo desmiente:

Las rotaciones y la feminización de las portavocías forman parte de nuestra política de comunicación. Informamos hace una semana a la cadena SER de que en la edición de Hora 25 prevista para hoy nos representaría Irene Montero. La SER ha decidido vetar a Irene Montero y a todos los portavoces de Podemos menos a uno. [...] Están en su derecho de vetar a Podemos en su emisora, pero nosotros estaremos dispuestos y encantados de acudir a sus programas. Estamos a la espera de que rectifiquen y que esta noche nos dejen estar en Hora 25. Si la SER no lo veta, esta noche nos representará Irene Montero. Iñigo Errejón seguirá representándonos en los medios, incluida la SER.

Es el momento en que Iñaki Gabilondo afirma en esa radio que le resulta “muy incómodo tener que recordar a catedráticos de políticas algo tan obvio como que la Cadena SER es una empresa privada que invita si quiere y a quien quiere, que naturalmente se puede criticar el mecanismo, sistema o proceso de selección de las personas a las que invita, y a las que confirma o de las que prescinde, pero eso no otorga ninguna atribución especial a ningún partido, ni le arrebata el más mínimo derecho a un medio de comunicación.” Y concluye: “Repito, creo que Podemos se hace un lío tras otro sobre los medios de comunicación.”

Evidentemente, Gabilondo se podía haber ahorrado la mucha incomodidad de tener que recordar a los demás cómo son las cosas, pues Podemos ha reconocido en su comunicado que los de la SER están en su derecho de vetarlo en su emisora. Pero ese derecho aparte ¿dónde queda la verdad, señor Gabilondo? Pues lo cierto es que en “Hora 25” no se invita a Errejón como persona, sino como representante de un partido, y de la misma manera que la SER tiene el derecho a vetar a Montero, Podemos tiene el derecho a decidir quién le representa. No es ese el tema. La explicación que debió dar Gabilondo, y que eludió, es por qué la SER veta a Montero, dado que este veto reduce la pluralidad de su tertulia en perjuicio de sus oyentes. La razón es obvia. La SER teme lo que pueda decir Montero y no teme lo que pueda decir Errejón.
En seguida Jorge M. Reverte se lanza a decir en El País:

Hasta ahora, Pablo Iglesias ha tenido mucha habilidad en tratar a esa base social, la ha pastoreado desde el radicalismo asambleario hasta hacerla participar en un partido que tiene todas las trazas de acabar en un modelo leninista, sin excluir el uso más trapacero de la aparente libertad de expresión (Irene Montero designada tertuliana por el dedo del partido).

Está claro que estos periodistas tienen que batallar sin argumentos, obligados así a una falta de pudor que, hay que reconocerlo, llevan con una dignidad encomiable.

El impacto de las redes en los medios tradicionales

Con esta realidad presente (la de medios que no están obligados a la objetividad y la verdad y que han mantenido un monopolio sobre la información y la opinión) es fácil evaluar el impacto de las redes.

La web del Ayuntamiento de Madrid y la queja de periodistas acosados

Recuerden lo que ocurrió con la página Versión Original que el Ayuntamiento de Madrid abrió en julio de 2015 para salir al paso de las informaciones erróneas publicadas en los medios privados. ¡Cuántos fervientes demócratas ofendidos por esa web hasta que se enteraron de que la UE tiene una semejante! Los periodistas defendían su monopolio enojadísimos y a lo loco. “La Constitución garantiza la libertad de información y el derecho del ciudadano a recibir información libre y plural”, alegaba Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, sin darse cuenta de que con ese argumento estaba defendiendo la libertad de información del Ayuntamiento y el derecho del ciudadano a recibir información plural (y por tanto también del Ayuntamiento).

Ahora, el pasado 6 de marzo, Victoria Prego, presidenta de Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hizo pública una petición de amparo de un grupo de periodistas que se sienten acosados y presionados por el equipo directivo de Podemos encabezado por Pablo Iglesias, así como por personas próximas a ese círculo.

“Esta inaceptable campaña -dice la APM-, que está creando un estado de miedo entre los periodistas, tiene como fin el de persuadirles de que les conviene escribir al dictado de Podemos, además de tratar de conducirlos hacia la autocensura”, y recuerda a Podemos que puede recurrir al derecho de rectificación cuando juzgue que una información incumple el necesario principio de veracidad, “en lugar de atacar de forma inadmisible a su autor o al medio que la publica”.

Secreto

Antes de nada ¡qué curiosidad! ¿Quiénes son esos periodistas, qué amenazas han recibido, de quiénes, en qué momento? ¡Mira que si entre ellos estuvieran Inda y Marhuenda! En el texto de la APM no hay pruebas, ni nombres, ni datos, y pese a que han sido exigidos, la APM no los ha dado.

Pablo Iglesias ha invitado a que se haga la denuncia ante un tribunal para que sea un juez el que dictamine si se ha cometido o no algún delito. Ningún periodista ha denunciado en los juzgados el supuesto acoso de Pablo Iglesias y su gente.

Dos pájaros de un tiro: las redes y Podemos

Pese al secreto en seguida los medios conservadores han caído sobre Podemos sin intentar antes verificar los hechos denunciados.

El País colocó el comunicado de la APM en primera a tres columnas bajo el título “El método de intimidación de Podemos a la prensa”, añadiendo un editorial titulado “El acoso de Podemos”, dando por hecho que intimidación y acoso existen. Y es que El País dice haber constatado la existencia de mensajes en los que alguna persona de la confianza de Pablo Iglesias llama “tonto” a un periodista o le dice “de donde no hay no se puede sacar”. ¡Madre mía, no es posible tamaña crueldad! “El problema de fondo -dice ese editorial- es que Podemos, y muy concretamente su líder, considera a los medios de comunicación un poder no electo”. Pues claro. ¿Es que acaso son un poder electo?

En el mismo periódico Jorge M. Reverte dice que “El uso de las redes sociales, en las que son auténticos especialistas algunos militantes de Podemos, puede convertir la vida de cualquiera en un infierno”.

Por cambiar de medio, en El imparcial su fundador, Federico Jiménez Losantos, ha escrito:

Si Podemos llega a la Moncloa, no solo nos despedirá cerrando los medios privados. Nos hará un ramoverde, como a Leopoldo López, o nos ahorrará este Valle de Lágrimas”.

Y ese mismo periódico digital decía el 9 de marzo:

Desde el matonismo que practican en “sus” redes sociales -el manejo en Facebook y Twitter es de manual- hasta las “discretas” amenazas, los radicales procuran llevar a cabo un férreo control de lo que ellos consideran que debe publicarse. No en vano, el propio Pablo Iglesias se ha mostrado partidario de legislar para cercenar a la carta la libertad de expresión.

En seguida han saltado a la palestra otros atacantes de mayor empaque, pero igualmente irreflexivos.

Mario Vargas Llosa dice en una entrevista en ABC: “No había amenazas así contra periodistas desde la Transición”, como si conociera realmente la clase de amenazas no publicadas. Y añade: “salvo quizá los crímenes de ETA”. ¡Hala!

También se ha sumado Iñaqui Gabilondo en un videoblog del 7 de marzo dedicado a los presuntos coaccionadores, en el que comienza reconociendo “Yo ignoro los hechos; no sé por tanto si hay razón suficiente para un documento público [el de la APM] de esa naturaleza”, para a continuación, como si lo tuviera todo claro, cargar contra Podemos, que de ello se trata, con estas tres cínicas razones: “Si Podemos quiere actuar contra el Sistema, debe esperar que el Sistema se defienda”. “Los medios, en su mayoría, formamos parte del Sistema y por tanto Podemos debe dar por supuesto que las líneas editoriales no le van a ser favorables. Esto es elemental”. Para concluir con cierta incoherencia que “También Podemos forma parte del Sistema y juega en esta liga”. Conclusión: son unos pardillos los cuadros de Podemos, con “uñas de acero” para unas cosas y “piel de mantequilla” para asumir “la ferocidad de la política democrática”.

Pero señor Gabilondo, quienes han mostrado piel de mantequilla son los periodistas denunciantes, no los cuadros de Podemos, que parecen tenerla de elefante. Y por otra parte ¿qué significa eso de la ferocidad de la política democrática? Si leemos entre renglones significa esto: si atacas al sistema prepárate, porque el sistema se va a defender de una manera feroz a través de sus medios privados, y no te quejes, que tú te lo has buscado.

Movidos por la misma ofuscación el PP, el PSOE y Ciudadanos cometieron la insensatez de solidarizarse en el Ayuntamiento de Madrid con los periodistas denunciantes y “manifestar su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y con la libertad de información en Madrid”. ¡Y ello sin saber quiénes son esos periodistas y sin prueba alguna de que su queja sea razonable! Con buen criterio la alcaldesa, Manuela Carmena, y los 20 concejales del grupo de Ahora Madrid rechazaron hacerlo, precisamente porque ni la denuncia ni las pruebas se han hecho públicas.

La verdadera presión sobre los periodistas

Mientras la APM considera insoportable que Podemos pretenda influir en los medios, sabe sin duda que todos los partidos lo hacen, como reconocen en El Imparcial: “Es un hecho que todos los partidos, sin excepción, presionan en mayor o menor medida a la prensa.”

Sin duda la presión depende del poder que se tenga, y hay otros partidos que tienen más poder que Podemos, y que por tanto presionan con más eficacia. Ha ocurrido en RTVE, donde la retirada de los trabajadores habituales de los puestos más importantes de la redacción, y la contratación de periodistas afines, ha sido una constante desde la llegada del Partido Popular al Gobierno. El presidente del Consejo de Informativos de TVE, Alejandro Caballero, denunció recientemente que dos de cada tres periodistas que en 2012 trabajaban en los telediarios de TVE hoy ya no lo hacen.

Esa presión ha ocurrido también cuando el ministro Fernández Díaz mandó a la policía a ‘Público’ sin orden judicial.

¿Ha protestado la APM contra el Gobierno por esas y otras cosas semejantes? Pues no.

Pero la presión principal sobre los periodistas no viene de los partidos, sino, como es natural, de los dueños y de los jefes de los medios.

Según el último Informe de la propia APM sobre la Profesión Periodística, el 75% de los periodistas en este país sienten miedo a sus jefes y se autocorrigen para evitar el despido. Irene Montero, entrevistada por Pepa Bueno en la SER, dijo que lo verdaderamente grave es que ocurra esto, lo dijo tres veces y la periodista hizo por tres veces oídos sordos. No, lo importante era seguir insistiendo sobre la denuncia de la APM.

El propio Gabilondo admite que los periodistas se aplican la autocensura por culpa del paro, que acobarda. “Está en el comportamiento humano una especie de tendencia hacia la precaución, hacia la supervivencia”.

¿Y cuál es la relación entre autocensura y paro? Ahí ya no entra Gabilondo, porque tendría que decir que la razón es que los dueños de los medios echarán a quienes no se apliquen la autocensura, esto es, a los que escriban o digan algo que a los dueños les pueda molestar. Esta autocensura es la que practica el propio Gabilondo.

Por citar un ejemplo, el señor Cebrián, presidente de PRISA, vetó a los periodistas Ignacio Escolar y Fernando Berlín porque informaron de sus intereses en Panamá. Y ningún periodista de los que trabajan en PRISA, Gabilondo incluido, dijo esta boca es mía.

La ideología que subyace

Pero voy a lo que me parece más interesante. Y es que por debajo de todo este ruido hay dos ideas que los medios no se cansan de difundir. Uno es que los periodistas son un sólido y necesario pilar de la democracia. Otro es que para cumplir con su papel han de tener el monopolio de la libertad de expresión, negándosela a cualquier crítico.

Lo expuesto en la primera parte de este artículo, con ser una minucia, bastaría para sospechar que ambas ideas son dos viejas mentiras interesadas.

¿Son los medios privados un pilar de la democracia?

Elsa González achacó a la página del Ayuntamiento de Madrid un “halo de censura” y añadió la doctrina de que “El papel del periodista es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre”. A su juicio la iniciativa del Ayuntamiento implicaba que el poder usurpaba el papel de los medios de comunicación, y no tenía cabida en una sociedad democrática.

Ahora la APM “considera totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia. La estrategia de acoso de Podemos vulnera de una manera muy grave los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información y coarta el libre ejercicio del periodismo, que es imprescindible para preservar la salud de una sociedad democrática como la española”.

En el editorial de El País antes citado se dice que “la libertad de información forma parte de los principios básicos de las democracias cuando funcionan realmente como tales y no como autocracias disfrazadas.” Y en El Imparcial se dice: “Quien no cree en la democracia tiende a atacar a sus pilares, y el derecho a la información es uno de los más sólidos y necesarios.”

Martin Schulz, que aspira a ser el próximo canciller alemán, se ha atrevido a decir: “Quien habla de prensa mentirosa golpea a la democracia. Da igual si se trata de Donald Trump o de Pegida”.
Pero resulta que, sean cuales sean las motivaciones de Trump o de Pegida, está claro que quien habla de prensa mentirosa no puede golpear a la democracia por dos razones: una es que no hay democracia, y por tanto mal se la puede golpear; otra es que no sólo hay prensa mentirosa, sino que todos los medios conservadores han de instalarse en la mentira sistemática que exige la defensa del capitalismo y la demonización de sus enemigos. Teniendo en cuenta que esos medios (los que aparecen en los kioskos y muchos de los digitales) no responden a una intención filantrópica, sino al interés de sus dueños, por lo general bancos y fondos de inversión, ¿será acaso el poder que reside en esos bancos y fondos de inversión el que ha dado a sus periodistas el papel de contrapeso del poder? El País nos ilustra: en las sociedades avanzadas los medios son un contrapoder de la sociedad civil cuya legitimidad se la da o se la niega su audiencia cotidianamente. Pero claro, la audiencia ha tenido que elegir entre medios que todos ellos están al servicio de los intereses de sus propietarios. ¿No es excesivo llamar pilares de la democracia a periodistas que no se pueden permitir el lujo de denunciar, en nombre de la transparencia y la democracia, las diversas formas en que los propietarios de sus medios hacen imposible la transparencia y la democracia?

Por paradójico que resulte, para cumplir funcionalmente el papel de “voz de su amo”, los periodistas amaestrados tienen que presentarse una y otra vez como libres e independientes, e incluso, viniéndose arriba, como contrapoderes imprescindibles y pilares de la democracia.

El confortable monopolio de la libertad de expresión

Hasta hace muy poco los medios privados influyentes han dispuesto del monopolio de la información, la opinión, la ocultación, la crítica, el insulto y la tergiversación, y los perjudicados debían tener piel dura y aguantar, o en otro caso acudir a los tribunales. Rectificar o replicar, sólo si el medio se lo permitía. Enjuiciar al que los enjuiciaba, ¿dónde hacerlo? ¿Conseguir la necesaria satisfacción de los tribunales? Los jueces tienen miedo a enfrentarse a los medios y suelen justificar sus desmanes apelando a la libertad de expresión.

O sea, que en realidad el derecho constitucional a la libertad de expresión no pertenecía a cualquiera, sino sólo a los dueños de los medios y a los periodistas contratados, obligados por ello a autocensurarse. Acostumbrada a esto, la directora de la APM no acepta de buen grado que ahora se ataque a periodistas en sus propias tribunas, o en reproches y alusiones personales en entrevistas, foros y actos públicos, o directamente en Twitter. Es decir, esta señora sigue creyendo que los periodistas son intocables, y sólo los periodistas, incluso aunque ellos ataquen a otros con mentiras e insidias.

No cabe duda de que el monopolio es una situación muy cómoda. Pero precisamente ese monopolio ha sido una de las causas, y no menor, de la tradicional sustitución de democracia por plutocracia.

Me remito a la entrada de este blog “Medios privados y democracia” y reitero, para evitar malinterpretaciones, que la solución democrática consiste en que los medios privados sean sustituidos por medios públicos libres de todo control que no sea social, y a los que tengan acceso equitativo todos los partidos, ideologías e instituciones.

El comienzo del fin del monopolio y la reacción del chiringuito amenazado

Por todo lo que vengo diciendo es un suceso nuevo, de gran importancia, que el monopolio sobre información y opinión se empiece a romper con las redes sociales, que conceden libertad de expresión a todo el mundo, y no sólo a los periodistas que actúan en los medios conservadores. Ahora también tiene libertad de expresión cualquier ciudadano para escribir un blog o para decir en Twiter lo que piensa, por ejemplo lo que piensa de un periodista. Se ha invertido la situación: es ahora el periodista el que tiene que acudir a los tribunales si ha habido en las redes una actividad delictiva contra él.

Claro está, este mazazo al monopolio de la información y la opinión no se puede tolerar, porque pone al Sistema en grave aprieto.

Flemming Rose, periodista danés investigador en el Cato Institute de Washington y autor de La tiranía del silencio (Oberon 2016) denuncia que las leyes contra los delitos de odio, concebidas para luchar contra el terrorismo y el extremismo, se aplican hoy a las palabras polémicas pero no violentas de los cómicos, los detractores de la inmigración y el islam y los musulmanes contrarios a la democracia y a Occidente, y que los Gobiernos de Europa occidental defienden esas restricciones con un lenguaje inquietantemente similar al de los dictadores. Con distintos pretextos lo hacen el Gobierno británico, el Gobierno alemán (que propone multas de hasta 50 millones de euros y penas de prisión por difundir noticias falsas) y el español (ley mordaza).

Ahora bien, si lo que se quiere eliminar es la mentira, la desinformación, la incitación al odio ¿por qué los Gobiernos no toman contra los medios establecidos y “corruptos” las mismas medidas que contra las webs, los blogs y las redes sociales?

Es una pregunta retórica, el lector informado conoce perfectamente la respuesta. Esos medios son prosistema y por tanto tienen licencia para mentir y para incitara al odio (odio, por ejemplo, a los “antisistema”). Y lo que molesta de las redes no es la mentira (a ella el Sistema está muy acostumbrado), sino que se difundan verdades que antes no salían a la luz.

Oigan todo ese cuento en torno a la posverdad, desafortunado término tan vacuo como se requiere para un éxito inmediato. Hace referencia a las mentiras que pasan por verdades en las redes. ¿Y cómo llamar entonces a las mentiras que han venido pasando y pasan por verdades en los medios tradicionales? Ah, esas mentiras no son posverdades, sino las verdades del Sistema.

jmchamorro@jmchamorro.info

UNA CRÍTICA A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

I

HISTORIA

Tenemos declaraciones oficiales de derechos humanos desde el siglo XVII. Inglaterra incorpora en 1679 a su constitución la Habeas Corpus Act (Ley de hábeas corpus) y en 1689 la Bill of Rights (Declaración de Derechos). En Francia, coincidiendo con la Revolución, se hace pública en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Tras la Primera Guerra Mundial la Sociedad de Naciones impulsó los Convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra, y el Convenio de Ginebra de 1927 prohibió la esclavitud en todas sus formas.

Bajo la influencia de la Encíclica de León XIII Rerum novarum, se organizó en 1920 la Unión Internacional de Estudios Sociales, que a la luz de la moral católica elaboró un Código publicado en 1927 con capítulos dedicados a familia, vida cívica, profesión, vida económica, asociaciones privadas, vida internacional y, finalmente, vida sobrenatural como coronación de la vida terrena. Más adelante dicha organización publicó nuevos códigos que vinieron a ampliar algunos aspectos ya contenidos en el primero: Código de moral internacional (1937), Código de la familia (1951) y Código de moral y política (1957), todos ellos conocidos como Códigos de Malinas.

En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración Universal de Derechos del Hombre” (DUDH), que, junto con El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptados ambos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y con entrada en vigor diez años después) y los protocolos facultativos correspondientes, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos.

En 1986 la Asamblea General adoptó una Declaración sobre el derecho al desarrollo, que establece que todo ser humano y todos los pueblos tienen derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Ha habido luego tres Conferencias mundiales sobre derechos humanos, la de Teherán en 1968, la de Viena en 1993 y la de Durban en 2001, esta contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.

Es significativo que durante la redacción de la DUDH se discutió arduamente si el artículo 1 debía hacer, o no, una referencia a dios como fuente de que emana todo derecho. Al final, para que la Declaración fuera realmente universal (aceptable también por los no seguidores de religiones monoteístas) esa referencia no se incluyó. En todo caso la Declaración ha terminado adquiriendo un carácter sagrado, como si se tratara de un texto revelado. Goza de general aceptación y la gente progresista sólo espera que llegue a cumplirse en todas partes.

II

LA CUESTIÓN CRUCIAL

 Es cierto que allí donde no se respeta la DUDH el espacio de libertad individual está restringido y las personas tienen que soportar arbitrariedades del Estado, condenas sin juicio justo e incluso torturas; se persigue a los homosexuales, los padres imponen el matrimonio a los hijos, las mujeres tienen menos derechos que los hombres y son objeto de prácticas criminales, como la ablación, e incluso se llega a la lapidación de los adúlteros (entendiéndose que es adúltera la mujer que denuncia haber sufrido una violación). Se da por supuesto, sin embargo, que en nuestras “sociedades avanzadas” los derechos humanos se respetan o, al menos, que su violación ocasional puede ser denunciada y castigada. Pero entonces, ¿cómo es posible que estemos rodeados de tanta injusticia, que las desigualdades económicas y sociales sean tan grandes y que iniquidades muy dañinas para la mayoría ni siquiera sean recogidas en los códigos penales, todo ello sin que quepa denunciar violación alguna de los derechos humanos oficiales?

Sencillamente, porque aunque la DUDH es un señalado progreso respecto a barbaries previas, no es la declaración de un ideal político. Su redacción se hizo desde arriba, por representantes de dieciocho Estados, casi todos capitalistas, y fueron Estados capitalistas los que la aprobaron (se abstuvieron la URSS y los países del Este por unas razones, y Sudáfrica y Arabia Saudí por otras). De manera que, aunque la DUDH se redactó y aprobó para evitar nuevos desastres bélicos tras dos guerras mundiales y para satisfacer la conciencia pública de que los Estados deben respeto al individuo, estuvo también presente el propósito de oposición a las ideologías consideradas, desde el lado capitalista, colectivistas no liberales (y esto es algo que muchas veces se olvida).

Lo que ahora me interesa comentar es que el hecho de que fueran Estados capitalistas los que aprobaron la Declaración explica que tres derechos humanos, sin duda los básicos y fundamentales, no se incluyeran en ella, y que sin embargo se incluyeran sus contrarios, todo ello con las consecuencias que iré examinando.

III

LOS TRES DERECHOS BÁSICOS IGNORADOS

No cabe pensar en una sociedad armoniosa, organizada según principios de equidad, y en la que puedan al fin tener existencia la democracia y las libertades individuales, si no se respetan estos derechos:

  1. El que tiene toda persona a que la riqueza lograda por la comunidad se distribuya entre los ciudadanos de manera equitativa, sin alterar la igualdad de oportunidades respecto a la educación, la comunicación y la acción política. Ello exige que la distribución no sea entregada a un mecanismo ciego como el mercado, que va dando más a quienes más tienen y les dota así de poder para controlar el propio mercado (y, derivadamente, todos los restantes espacios sociales), sino que sea decidida por la colectividad según principios de justicia y racionalidad. De acuerdo con ellos y teniendo en cuenta que hay una relación causal entre riqueza y pobreza, las leyes deben imponer un límite máximo a la riqueza privada que garantice que nadie disfrutará de posiciones de privilegio por su patrimonio y que a nadie le faltará todo lo necesario para una vida digna.
  2. El derecho que tiene toda persona a recibir, y a que toda la población reciba, la mejor educación posible, adecuada para el correcto desarrollo de sus facultades físicas y mentales y para un comportamiento democrático informado, lo que exige conocimiento de los procesos sociales y de su relación con la vida individual. De este derecho se sigue que el Estado, una vez cubiertas las necesidades básicas de la población, ha de dedicar de manera prioritaria todos los recursos que sean necesarios para lograr la excelencia del sistema educativo a la luz del conocimiento disponible. Se sigue también que la mejor educación posible, puesto que ha de ser igual para todos, ha de ser pública; y ha de ser laica a fin de que valga de manera general (debe eludir los mitos particularistas, sean religiosos o patrióticos, y basarse en la ciencia). Todo ello con independencia de que, en el ámbito privado, cada cual sea libre de promover las creencias religiosas o patrióticas que profese.
  3. El derecho que tiene todo ciudadano a que ninguna persona o grupo controle la información y las opiniones que se distribuyen a través de los medios de comunicación. Y por tanto el derecho a que estos medios sean públicos y funcionen bajo control social.

Es fácil apreciar que estos tres derechos están relacionados entre sí, y que son fundamentales, en el sentido de que, si no se les respeta escrupulosamente, tanto la democracia como las libertades individuales no pueden pasar de ficción, por bien que salven las apariencias.

Pues bien: basta conocer quiénes redactaron y aprobaron la DUDH para comprender por qué estos derechos no se incluyeron. Incluso más: por qué se promulgaron los derechos contrarios, que son los que vienen a marcar el espacio trucado en que (así se nos quiere hacer creer) ejercemos las libertades democráticas.

IV

LIBERTADES Y DERECHO DE PROPIEDAD

En efecto, la DUDH nada dice contra el sistema de propiedad establecido en los países que la aprobaron, que en parte deriva de herencias del pasado, en parte del mecanismo del mercado. En su art. 17 dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. De manera que este derecho se afirma en general, de manera incondicional y sin una clara afirmación de límites. Y ¿qué es la propiedad de cada cual, de la que nadie puede ser privado arbitrariamente? En la citada Declaración no se aclara. Sin embargo sería imprescindible hacerlo, ya que una cosa es la propiedad de un patrimonio que permite satisfacer las necesidades razonables (la ropa que se viste, las viviendas que se habitan, el producto de la tierra que se cultiva directamente o de una pequeña o mediana empresa, los objetos que se usan, etc.) y otra cosa la propiedad de extensos latifundios o de un capital con el que se controla un sector económico decisivo para la colectividad. Ambos tipos de propiedad están amparados indistintamente por la citada Declaración. Pues a falta de concrecciones hay que concluir que es propiedad de cada cual la amparada por las leyes, y en los países capitalistas las leyes establecen que es de alguien lo que le da la herencia y el mercado.

El nexo causal que existe entre riqueza y pobreza no es contemplado en la Declaración, que se hace así compatible con la pobreza causada por la riqueza (y según estamos viendo, con la pobreza extrema causada por la riqueza extrema).

El art. 29 dice que, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar en una sociedad democrática. Admiremos la astucia de la redacción, pues el artículo no especifica qué limitaciones del derecho de propiedad deben establecerse en nombre del bienestar general o las justas exigencias de la moral, ni siquiera afirma que deba establecerse alguna limitación. Sólo viene a decir que, si la ley establece alguna limitación, ha de ser con el único fin… etcétera.

Cierto que los Estados capitalistas establecen limitaciones al derecho de propiedad (fiscales o, en casos excepcionales, expropiatorias), pero siempre cuidando de que no impidan el enriquecimiento ilimitado de una minoría. Que esto puede hacerse dentro del más escrupuloso respeto a la DUDH lo prueba el hecho de que a ningún régimen político se le acusa de violarla porque en su población convivan propietarios de grandes fortunas con pobres de solemnidad, y que a ningún milmillonario se le acusa de violarla por el hecho de serlo.

V

EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE ÉLITE Y A CONTROLAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRIVADOS

El artículo 26 establece el derecho preferente de  los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, derecho que parece natural, pero que está alejado de la sensibilidad moral que en las “sociedades avanzadas” se ha ido conquistando. Aceptamos ya que los padres no son propietarios de sus hijos y que la sociedad ha de controlar los comportamientos paternos. Por lo que concierne a la educación, es tanto lo que se juega en ella, nada menos que la fabricación de los futuros ciudadanos, que no se considera legítima una escuela que inculque valores sexistas, xenófobos, homófobos o fascistas, y en Estados Unidos un juez ha sentenciado contra los padres que pretendían que la teoría evolutiva fuera enseñada junto con la del diseño inteligente. Sin embargo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, se consagra el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (lo que autoriza a que, por imposición de los padres, sus hijos queden sometidos a una educación que prima los mitos religiosos sobre el conocimiento científico).

Su art. 13 proclama además la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza y el derecho de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Queda así garantizado que, si los padres disponen de medios económicos, puedan elegir un tipo de educación más eficiente (desde el punto de vista de la competencia social) que la ofrecida a quienes carecen de esos medios. Valga repetir que el fracaso escolar no se reparte por igual, que afecta en parte a estudiantes de clase media pero que es generalizado (aunque con frecuencia disimulado) en los estudiantes de clases bajas. Tiene indudable fuerza deslegitimadora del orden social la constatación de que la DUDH y sus normas derivadas permiten una escuela de élite para quienes la puedan pagar, lo que va contra el derecho que tiene toda persona a que la educación sea de la misma y de la mejor calidad para todos.

Añadamos, para que el cuadro quede completo, el derecho concedido por el artículo 19 de la Declaración a difundir informaciones y opiniones sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, que concede derecho a crear tantos medios de comunicación privados como la capacidad económica permita. Ya examiné en la anterior entrada a este blog lo que significa este derecho y cómo el resultado de su ejercicio es incompatible con la democracia.

Vemos, pues, que esta DUDH, que tanto insiste en los valores democráticos, reduce la democracia a una ficción jurídica. Pues, respetando los derechos proclamados, una minoría puede acumular riquezas desproporcionadas y acceder en posición de ventaja al escenario de la interacción social (por ejemplo, dando a sus hijos una educación de superior nivel, creando o subvencionando partidos políticos, corrompiendo cargos públicos, ejerciendo directa y decisiva influencia sobre la economía nacional o mundial, controlando poderosos medios de comunicación, etc.).

Para que la cosa quede más clara, el art. 30 dice que nada en la Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados. Ello significa que viola los derechos humanos quien intente la supresión del derecho de propiedad sin límites, o de los derechos (condicionados por la capacidad económica) a controlar medios de comunicación privados o a optar por un sistema educativo de élite. ¡Perfecto!

VI

DERECHOS PROCLAMADOS QUE NO SE RESPETAN

Como no podía dejar de ocurrir, la Declaración entera queda contaminada por la ausencia de los tres derechos básicos y la inclusión de los contrarios.

Ello se percibe en algunos de los derechos que constituyen una defensa del individuo frente al poder: por ejemplo, el de no ser discriminado por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, nacimiento o cualquier otra condición (art. 2); el de no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); el que tienen todos a ser iguales ante la ley (art. 7); el de no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado (art. 9); el de recibir juicio justo (art. 10) y el de presunción de inocencia (art. 11); el de libertad de opinión y expresión (art. 19); el de participar en la vida política ejerciendo el derecho de asociación y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas (art. 21).

Estas garantías jurídicas, que son una condición imprescindible de la dignidad humana, se respetan en nuestras democracias si comparamos con las dictaduras en que se conculcan sistemáticamente, pero no si comparamos con el modelo deseable. Muchas gentes son discriminadas policialmente por indicios de peligrosidad relacionados con la pobreza, la raza o el color. El “juicio justo” se imparte según leyes que legitiman un orden social injus­to, se rodea de opacidad jurídica y la demanda de justicia obtiene con demasiada frecuencia resultados proporcionales al poder económico del demandante. En todas partes los mejores abogados y la red de influencias están al servicio de los económicamente poderosos. El derecho de libertad de opinión y expresión queda también limitado, porque el acceso a los medios está controlado por sus dueños. Y el de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas es también ilusorio, habida cuenta del mucho dinero que hay que manejar para manipular mediante propaganda electoral a poblaciones ignorantes.

Peor es la situación respecto a otros derechos, como el que tiene toda persona al trabajo bajo condiciones equitativas y satisfactorias; o el derecho a un nivel de vida adecuado que garantice a la familia la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la “mejora continua de las condiciones de existencia”; o el derecho al “más alto nivel posible de salud física y mental”; o el derecho  a una educación encaminada al pleno desarrollo de la personalidad humana y a facilitar la participación efectiva en la sociedad y en su vida cultural. (arts. 23 y 25 de la DUDH y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966)

Se trata de derechos que ni siquiera se pueden exigir. Aquellos a quienes el mercado hace pobres o no da trabajo, ni vivienda, ni alimentos, no tienen instancia ante la que reclamar. Y aunque ya es posible una educación excelente si se emplean ideas adecuadas y recursos suficientes, ningún Estado la proporciona y nadie puede reclamarla.

Es cierto que el art. 28 proclama el derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaracion se hagan plenamente efectivos, pero de este derecho no disfruta nadie y nadie sabe dónde habría que reclamarlo.

Proclamar derechos que no se pueden exigir, y que se sabe que muchos no van a disfrutar, no deja de ser una retórica ofensiva. De ella es buena prueba el artículo 1, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Dado que la herencia es uno de los medios legales por los que se adquieren bienes, y que ese derecho queda aceptado implícitamente por la Declaración, el hijo del rico no nace en igualdad de derechos con el hijo del pobre, ni se ve obligado, en nombre de la fraternidad, a compartir sus bienes con el hijo del pobre. En definitiva estamos ante una declaración pensada para cubrir las apariencias, pero salvaguardando los intereses de las clases altas en cuyo nombre actuaron los Estados que la redactaron primero y la aprobaron después.

Lamentablemente las alternativas que se nos ofrecen no son las deseables. Respecto al derecho de propiedad La Carta africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 (Carta de Banjul) se limita a afirmar el deber de pagar los impuestos que legalmente se establezcan. Y no llegan más lejos, como a continuación veremos, la Declaración de “los valores asiáticos” ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE).

VII

¿UNA CONFRONTACIÓN ENTRE LAS CONCEPCIONES OCCIDENTAL Y ASIÁTICA?

En una reciente conferencia en Madrid, Antonio Cançado Trindade, magistrado del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU y participante en la Conferencia de Viena de 1993, se ha referido a las trincheras en las que se debaten palabra a palabra, durante años, los textos de los derechos universales y sus mecanismos de aplicación. Algunos de los principios pactados en la Conferencia de Viena, por ejemplo, tardaron hasta veinte años en concretarse. Y algunos organismos, como la convención contra la discriminación de las mujeres, no tienen mecanismos de verificación. Todo ello debido a “cuestiones ideológicas”.

Una parte importante del debate ideológico se da entre concepciones a las que podemos llamar occidental y asiática, y toma cuerpo en dos oposiciones, la de universalismo frente a relativismo y la de derechos frente a obligaciones.

La concepción occidental, que es la que se impuso en la DUDH, insiste en la universalidad de los derechos humanos y da prioridad a derechos y libertades sobre deberes. Incluso es reacia a que se proclamen obligaciones del individuo hacia la comunidad, por entender que ello constituye una perenne justificación para debilitar la protección de los derechos. Peng Chun Chang, que en el comité redactor de la DUDH representaba a China (país entonces no comunista), insistió mucho en que los derechos se completaran con los deberes, pero al final hubo de desistir y avenirse a considerar que el asunto quedaba resuelto en el art. 29 de la Declaración. Este artículo se limita a decir que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Pero no especifica qué deberes ni cómo han de cumplirse.

En cambio la concepción asiática opone a la universalidad la idea de que los derechos tienen que interpretarse a la luz de las diferentes circunstancias históricas, culturales o religiosas. Pues si se acepta la universalidad de los derechos de la DUDH, de carácter individualista y egocéntrico, corren peligro las ideas tradicionales de “moralidad”, “deber” y “comunidad” de origen confuciano. Por ello esta concepción antepone a los derechos las obligaciones del individuo hacia la familia, la comunidad y la autoridad.

A causa de un exceso de democracia, una sobredosis de libertad y una obsesión con la realización individual –se dice desde el lado asiático-, las sociedades occidentales sufren la destrucción de la familia y la proliferación de formas de conducta antisocial (el crimen y la drogadicción), el desmoronamiento de sus instituciones y la bancarrota de su capital social (con pérdida de su cultura de trabajo y de su compromiso con la excelencia intelectual).

En esta confrontación de ideologías la Conferencia de Viena actuó de manera más contemporizadora que la DUDH, porque los centros de poder occidentales deseaban comerciar con Asia sin molestos defensores de derechos humanos que denunciaran el despotismo estatal y demandaran libertades. Así que tras proclamar que la universalidad de los derechos humanos y libertades no admite dudas, y que los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, admitió que debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos.

Los valores asiáticos no sólo son admitidos en el mundo occidental por conveniencias económicas, también por partidarios del relativismo cultural, y por quienes argumentan que el derecho al desarrollo es más importante que los derechos individuales, y que si estos entorpecen las posibilidades de crecimiento de los países pobres se convierten en una nueva forma de colonialismo. Esta posición es apoyada por algunas ONG de desarrollo europeas.

Precisamente a esto se acogen Estados autoritarios del sudeste asiático, que afirman que la sumisión del individuo a la comunidad (la prevalencia del orden social frente a las libertades individuales) es la causa del impresionante desarrollo económico de sus países.

En 2012 la ASEAN (formada por Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam), aprobó una Declaración de Derechos Humanos desde la óptica oriental, la conocida como Declaración de Phnom Penh, cuya piedra angular no es el reconocimiento de los derechos particulares de los individuos, sino, como dicta su articulo 8, el papel del gobierno en la garantía de la seguridad, el orden y la moral pública a los que estará sujeto el ejercicio de los derechos individuales. El artículo 6 mantiene que todo disfrute de derechos deberá interpretarse de acuerdo con el adecuado cumplimiento de los deberes, y el artículo 7 dispone que la interpretación de los derechos se basará en los contextos regionales y nacionales particulares.

Desde mi punto de vista en ambos bandos predomina una ideología oficial rechazable, que elude los temas básicos antes examinados.

Es evidente que unos derechos humanos concebidos desde la justicia y la racionalidad deben tener carácter universal, pero como ese no es el caso de la DUDH, exigir la universalidad de sus derechos es una forma de colonialismo, la que consiste en ligar derechos humanos con democracia capitalista y tratar de imponer esta forma al mundo entero.

El punto de vista opuesto tampoco es de recibo: no se puede apelar a la tradición cultural para mantener discriminaciones respecto a mujeres y niños, o para someter al individuo a poderes (sean familiares o gubernamentales) que coartan el ejercicio de su libertad cuando esta no daña a otros. Menos aún cuando ello se presenta como condición para un desarrollo de la economía de mercado aceptando su concepción de la propiedad privada.

VIII

¿QUÉ HACEN LAS ASOCIACIONES CIVILES?

La Conferencia de Viena reconoció la contribución y participación de las ONG en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, en particular de los derechos del niño, puesto que son las primeras en identificar las violaciones y, muchas veces, en socorrer a las víctimas. Pero aun admitiendo la importante tarea que realizan las inumerables organizaciones que vigilan las violaciones de los derechos humanos, resulta sorprendente que ninguna exija los tres derechos básicos ignorados a que he hecho referencia, ni se oponga a los derechos contrarios proclamados en la DUDH.

En 1993, en vísperas de la Conferencia de Viena, más de cien ONG de la región Asia-Pacífico adoptaron la Declaración de Bangkok, en la que, además de exigir que no se toleren las prácticas culturales que dorogan o menosprecian derechos humanos universalmente reconocidos, entre ellos los derechos de la mujeres, recomendaron una mayor atención a los vínculos entre la democracia, el desarrollo y la satisfacción de las necesidades humanas básicas; solicitaron la ratificación universal de los tratados de derechos humanos, la reducción de los gastos militares, la democratización del sistema de las Naciones Unidas, la atribución de más recursos para actividades en el campo de los derechos humanos por parte de las Naciones Unidas y la adopción de nuevos mecanismos de respuesta inmediata y eficiente a violaciones masivas de derechos humanos.

En 2012 Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y Dignidad Internacional solicitaron por carta a los Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN que establecieran explícitamente en la Declaración de Phnom Penh que ninguna disposición de esa Declaración debería interpretarse en contrario o de forma que redujera los estándares dispuestos por el régimen internacional de derechos humanos. Se solicitó asimismo la eliminación de cualquier referencia a equilibrios entre derechos y deberes y que se pusiera fin a los esfuerzos para limitar los derechos apelando a la especial situación política, económica y/o social.

En ninguno de estos casos las ONG apuntaron al corazón del problema. Cierto que la Declaración de Bangkok consideró que el empobrecimiento de amplios sectores de la población constituye una violación de los derechos humanos, pero como si, eliminada esa pobreza, la violación dejara de existir. Lo cierto es, sin embargo, que aunque todas las peticiones de estas ONG fueran atendidas seguiríamos en un mundo en que, por lo antes dicho, democracia y libertades individuales no son posibles. Ninguna de ellas exige que en una Declaración con vocación universalista tengan sitio los tres derechos fundamentales antes indicados, con la consiguiente eliminación de los que se les oponen.

IX

DERECHOS HUMANOS EMERGENTES

A diferencia de la DUDH, redactada desde arriba, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) surgió de un proceso de diálogo de diversos componentes de la sociedad civil, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña en el marco del Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004, y fue aprobada el 2 de noviembre de 2007 en el marco del Forum de Monterrey (México). La DUDHE no pretende sustituir ni quitar vigencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ni a los instrumentos nacionales o internacionales de protección de esos derechos, sino actualizar, complementar, responder a los retos de la sociedad global y actuar como complemento desde el punto de vista de la ciudadanía participativa.

Su método de formulación dio un papel activo a organizaciones y agrupaciones nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido poco peso en la configuración de las normas jurídicas, pues si bien las ONG y los movimientos sociales tuvieron intervención en la Conferencia de Viena como portavoces de la sociedad civil, fue en una especie de foro paralelo y la última palabra la han tenido siempre los representantes de los Estados. En cambio en Barcelona la metodología consistió en mesas redondas en las que se invitaba a la participación directa y a la discusión con los ponentes invitados.

Los nuevos derechos que en esta Declaración se reconocen son el derecho al agua y al saneamiento, el derecho humano al medio ambiente, los derechos relativos a la orientación sexual y a la identidad de género, los derechos relacionados con la bioética y el derecho a la renta básica. Son derechos que merecen consideración, pero de esta declaración se podía esperar más.

Es decepcionante que no haya mención a los tres derechos antes citados. Y puesto que sólo respetándolos cabe pensar en libertades individuales universales, cada vez que en la situación presente se dice que el respeto a los Derechos Humanos (a los oficialmente proclamados) garantiza las libertades individuales y el funcionamiento democrático se está cometiendo un delito intelectual.