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LA CUESTIÓN CATALANA, LA DEMOCRACIA Y LA LEGALIDAD

Varias veces en este blog (septiembre de 2014, octubre de 2015) he expuesto lo que pienso del caso catalán.

Por razones alejadas del nacionalismo español deseo que Cataluña siga formando parte de España (tengo familia en Cataluña y soy de izquierdas). Pero, deseos aparte, creo que si una mayoría suficiente de catalanes quiere separarse de España se debe facilitar esa separación y tratar de reducir en lo posible el traumatismo.

No voy a repetir lo dicho en esas entradas, que lo doy por vigente y aplicable al momento presente, sino sólo aprovechar la discusión actual que de manera abrumadora tiene por motivos principales “Estado de derecho”, “democracia”, “ley”, “Constitución”, “justicia”, “tribunales”, términos en los que se plantea la cuestión tanto por parte de los dos nacionalismos en pugna como por los que, sin ser nacionalistas, quieren mediar en el conflicto. ¡Qué cansancio! En fin, que aprovecho para insistir en cuestiones que por ahora apenas tienen aceptación (y que por ello es necesario traerlas a colación una vez y otra desde los diferentes puntos de vista que la actualidad ofrece).

Democracia

Que muchos crean que vivimos en una democracia se debe a la capacidad persuasoria del Sistema, no a datos reales que puedan insertarse en una definición operativa de democracia. Identificar democracia con derecho a votar, o con Estado de Derecho, o con división de poderes, es una ingenuidad. En el capitalismo la democracia es el mero disfraz de una plutocracia populista, algo que la izquierda marxista sabe desde hace mucho tiempo y que resulta cada día más corroborado por los hechos. Entonces no tiene mucho sentido que alguien de izquierdas apele a la democracia. La derecha, crea lo que crea, está interesada en afirmar que España es una democracia. Es parte de ese juego, el de la mentira sistemática, al que están obligados los defensores del Sistema. Y lo afirman de manera tan insistente, y con tan escasa réplica, que casi todos llegan a creerlo.

Repito lo dicho otras veces: esta plutocracia populista es preferible a una dictadura como la franquista, porque, en términos de la llamada Ley de Rummel, en una dictadura hay más probabilidades de que los gobernantes asesinen a sus propios ciudadanos. Estamos, pues, en un sistema político en el que corremos menos riesgos de ser asesinados por nuestros gobernantes, sobre todo si pertenecemos a las capas de población integradas (en Estados Unidos un negro tiene 21 veces más probabilidades que un blanco de morir tiroteado por la policía, situación trasladable mutatis mutandis a los restantes países que se llaman democráticos).

Pero que vivamos con más seguridad no autoriza a hablar de democracia cuando no se cumplen sus condiciones básicas (para cuyo análisis me remito a la entrada de este blog de diciembre de 2014 No cabe democracia en el capitalismo). Lamento que la izquierda anticapitalista no se atreva a decir esto una vez y otra, pero hasta cierto punto es disculpable. Imaginen la que les caería encima si tuvieran la osadía de decir: en el capitalismo la democracia no es posible.

Legalidad

En una plutocracia que se presenta como democracia toda ley básica es necesariamente ilegítima, ya que ha de tener una finalidad contraria a la proclamada.

Lean el preámbulo de nuestra Constitución manteniendo la calma (si pueden). Lean luego que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (artículo 1); que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (artículo 31); que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo” (artículo 35); que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (artículo 47); o que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (artículo 128).

Las leyes y normas que dictan Parlamento y Gobierno están en principio sometidas a esta Constitución, pero resulta que esas normas dejan en paro, y sin vivienda, y en la pobreza o en la pobreza extrema, a millones de españoles, favorecen la especulación del suelo, aumentan las desigualdades sociales haciendo a los ricos más ricos y a los pobres mas pobres, los ricos no subordinan su riqueza al interés general, sino que la llevan a paraísos fiscales para eludir impuestos y el Gobierno les premia con una amnistía, etc., etc.

Todo esto es inevitable, porque en una plutocracia las leyes económicas son diseñadas por los bancos y las grandes compañías, y el papel de los partidos políticos del Sistema se limita a votarlas en el Parlamento. Son leyes injustas e irracionales (como el Sistema mismo), y además contrarias a la Constitución, pero se nos imponen por la fuerza de sus promotores y beneficiarios. El viejo dicho “quien hizo la ley hizo la trampa” refleja sagazmente la forma en que la oligarquía redacta las leyes a su conveniencia: adjuntando a la ley la trampa que permite al poderoso, y sólo al poderoso, eludir sus obligaciones.

De manera que la Constitución, ley de leyes que se presenta por algunos como si tuviera carácter sagrado, está llena de afirmaciones vacías que nadie cumple y que nadie toma en cuenta, salvo que se trate de legitimar o impedir algo en interés de ya saben quiénes. Y entonces el artículo que legitima es inalterable e innegociable, y el que impide es alterable al momento. En este caso ellos, ya saben quiénes, cursan la orden y los políticos disciplinados hacen el cambio en un abrir y cerrar de ojos, sin argumentar, sin discusión democrática, simplemente obedeciendo. Obedeciendo no al pueblo que dicen representar. Contra ese pueblo.

Quiere ello decir que apelar a la Constitución como si fuera una ley sagrada es oportunismo basado en una mentira.

Añádase a esto que hay situaciones en que infringir la ley es luchar por mayor libertad y mayor justicia, y aplicar la ley es oponerse al progreso.

Justicia

¿Alguien puede creer a estas alturas que los jueces y tribunales españoles son independientes e imparten justicia? Los jueces no han sido seleccionados por su integridad moral, capacidad interpretativa y sensibilidad social, ni pueden ser independientes si quieren llegar a los puestos más altos, y mal pueden impartir justicia si se ven obligados a aplicar leyes injustas.

Cuando Emilio Botín tenía un pie en la cárcel, el Tribunal Supremo se sacó de la manga la doctrina Botín, que dice que la acusación popular no vale si el fiscal o la víctima del delito no acusan. Por eso se archivó ese caso y por otras razones otros dos posteriores contra la misma persona. Ocurrió luego que, cuando interesó procesar a Atuxa, el Tribunal Supremo encontró que su doctrina Botín era un obstáculo. Solución: inventar para el caso la doctrina Atuxa. Y cuando interesó inhabilitar al Juez Garzón porque estaba metiendo las narices donde no debía, a los magistrados del Supremo no les importó quedar en evidencia ante la comunidad jurídica mundial. ¿Algún juez se ha atrevido a investigar el origen de la riqueza del rey emérito?

Eso es la justicia. El respeto y el acatamiento a las decisiones judiciales (siempre en boca de los pro-sistema) no es lo mismo que el sometimiento a las decisiones judiciales. Yo, que fui hace tiempo abogado en ejercicio y sé de lo que hablo, no respeto ni acato muchas decisiones judiciales que me parecen de una injusticia bochornosa, pero tengo que someterme a ellas. ¡Qué remedio si nada puedo hacer para evitar que se sobresean ciertas causas, que no se abran otras, o que un juez sea inhabilitado por querer hacer justicia!

Cuestión de fuerza

Así que dejémonos de cuentos. Si incumples la ley o las decisiones judiciales, por ilegítimas e injustas que sean, tienes que habértelas con la policía, los jueces, las multas o la cárcel. Tú, ciudadano normal, tienes menos fuerza que policías y jueces. Emilio Botín tenía la fuerza que le daba ser presidente del Banco de Santander. Rajoy ha ganado elecciones con dinero negro producto de delitos, dirige desde hace muchos años un partido descrito en los juzgados como una especie de mafia, hay muy fundadas sospechas de que ha cobrado sobres en negro, y nada de ello le lleva a la cárcel, ni siquiera le descabalga de su puesto de jefe del Gobierno (para vergüenza de nuestro país). Está situado en una trama que le da fuerza suficiente frente a jueces y policías.

Volviendo al caso catalán con estas ideas

El origen de la situación actual

Recordemos que, cuando el 31 de julio de 2006 el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional 114 de los 223 artículos del Estatuto de Autonomía catalán, la Abogacía del Estado puso de manifiesto que 30 de esos artículos estaban calcados en el Estatuto de Andalucía que los populares aprobaron en el Congreso y no recurrieron por creer que eran plenamente constitucionales (entre ellos los que regulan el testamento vital y el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte; el Poder Judicial autonómico; el capítulo de competencias o la regulación de las cajas de ahorro). “Un precepto jurídico no puede ser constitucional e inconstitucional al mismo tiempo”, señalaba la Abogacía del Estado como crítica a la postura del Partido Popular, pero el Tribunal Constitucional, que estaba formado por seis magistrados “conservadores” y seis “progresistas” (es decir, seis nombrados por el PP y seis por el PSOE) dedicó ¡cuatro años! a deliberar, y en ese tiempo se sucedieron las tretas de PP y PSOE para conseguir mayoría de miembros. Hubo una ola de recusaciones cruzadas que dejó al tribunal con una mayoría “conservadora” de seis contra cinco. Luego vino la falta de acuerdo para cubrir la vacante por fallecimiento de un magistrado “conservador” y el cuestionamiento de la legitimidad del Tribunal porque había expirado el mandato de dos tercios de los magistrados y el bloqueo en el Senado impedía su renovación. Finalmente se alcanzó un acuerdo y el Tribunal declaró inconstitucionales 14 artículos (por ocho votos contra dos) y sujetos a la interpretación del tribunal otros 27 (por seis votos contra cuatro). Resultado: artículos que son inconstitucionales en Cataluña no lo son en Andalucía o en Baleares. ¡Viva la separación de poderes, la justicia y la coherencia!

La fuerza de los independentistas

Si todas las apelaciones al Estado de derecho, la justicia, la legalidad, la Constitución son en realidad una apelación a la fuerza (la del Sistema), nada se puede criticar a quien opone otra fuerza (para fabricar un Sistema alternativo). ¿Que los separatistas han violado la legalidad y han hecho mil disparates antidemocráticos? Pues claro, pero se han limitado a quitarse por un momento el disfraz con que cargan los políticos en el Sistema. Y las mismas violaciones y disparates han cometido quienes se sitúan enfrente (aunque esas violaciones y disparates hayan provocado menos algarabía mediática). Con la diferencia de que los independentistas han violado la legalidad porque quieren que los catalanes voten. Y el Gobierno lo ha hecho para impedir que los catalanes voten.

Pero en todo caso: hay derecho a decidir no porque sea democrático (para ejercer derechos democráticos tiene que haber democracia). Ese derecho nace de la fuerza (interior e internacional) que lo respalda. Si un 12% exige el derecho a decidir en consulta plebiscitaria estamos ante una mera apelación a un derecho inexistente. Si lo exige un 80% de la población la cosa cambia.

¿Cuánta fuerza puede considerarse suficiente para decretar la independencia? La que doblegue la fuerza de los opositores.

No cabe duda de que ponen más fuerza los fieles del nacionalismo religioso que los no creyentes. Y a esa fuerza hay que añadir la que provoca en muchos catalanes la política de Rajoy. Decenas de miles de catalanes en la calle, esa es la fuerza que a Rajoy se le atraganta.

Rajoy es un burócrata incapaz de comunicar, proponer o justificar medida política alguna. No sabe dirigirse a la población, actúa amparado en la mayoría absoluta o en pactos de conveniencia, y hace su papel a la chita callando. Él ha creado el problema catalán en su dimensión actual y no hace otra cosa que empeorarlo. Miente cada vez que habla, como corresponde a su papel, así que miente cuando dice que actúa obligado por la Constitución. ¿Le obligaba la Constitución a recurrir el Estatuto catalán? Y por otra parte hay constitucionalistas que afirman que la Constitución no impide un referendum en Cataluña. Pero aunque fuera cierto lo que Rajoy afirma, ¿qué problema hay para cambiar la Constitución? ¿Acaso no se cambió a toda prisa y con nocturnidad cuando convino?

Incapaz de hacer política, Rajoy ha diseñado una ley para que sea el Tribunal Constitucional el que le saque la castañas del fuego. Y ha actuado contra las leyes que dice defender, como ha demostrado el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín. Pero su problema es que se ve obligado a defender la legalidad, y sabe que cuanto más la defienda más independentistas habrá en Cataluña (y en sus calles).

Una prueba de que estamos ante una cuestión de fuerza: Rajoy se negaba a discutir una reforma de la Constitución y ahora, a la vista de la fuerza exhibida por la otra parte, ya está dispuesto a discutir sin condiciones. Es muy diferente lo que está haciendo Rajoy de lo que haría si no tuviera una fuerza grande enfrente: en tal caso haría lo que pide el cuerpo a un nacionalista español de la España Una Grande y Libre. Eso sí, sin dejar de invocar democracia, legalidad, Constitución y bien del pueblo.

Lo deseable

Desde la izquierda lo deseable es que las clases populares de Cataluña y del resto de España se alíen contra los que dominan y explotan en Cataluña y en el resto de España. No se entiende bien la actitud de la CUP salvo pensando que sus integrantes han sido inoculados en la niñez con el virus del nacionalismo religioso, y que por ello es para la CUP más importante el proceso independentista que promover una política de izquierdas, aunque ese proceso la obligue a ir de la mano de la burguesía depredadora y antisocial de la antigua Convergencia, muy interesada en ocultar sus delitos económicos tras la bandera nacionalista.

Esto aparte, si cada acción o inacción del Gobierno aumenta el número y el empeño de los secesionistas, el independentismo perderá fuerza si el PP pierde el control de las instituciones. Esperemos que los catalanes tengan una alternativa a la opción que les propone la pregunta ideada para el referendum: independencia o seguir en la España que tenemos (que es la España gobernada por el PP). A mí me hacen esa pregunta y, si no hay otra opción, respondo: ¡Independencia, independencia!

Un principio de solución vendría, ya, si hubiera la suficiente decencia y sensatez para una moción de censura que eche a Rajoy del gobierno. Si el PSOE, enredado en sus contradicciones, no da ese paso, hay que esperar a las próximas elecciones (autonómicas y generales). Si los independentistas tuvieran mayoría suficiente, vuelta a empezar. Si en cambio se pudieran formar parlamentos y gobiernos en Cataluña y España que actuaran bajo el criterio de una política progresista, el problema catalán encontraría solución.

Primera tarea: derogar las leyes infames que todos conocemos y cambiar la ley electoral y las leyes fiscales. Con la fuerza que daría la unión de las clases progresistas catalanas con las del resto de España.

A continuación resolver de una manera equitativa y generosa la inserción de naciones y regiones en el Estado español.

 jmchamorro@jmchamorro.info

SOBRE EL INDEPENDENTISMO CATALÁN

En otra entrada de este blog escribí que, porque soy de izquierdas y además porque tengo familia catalana, deseo que Cataluña siga en España. Aunque lo que realmente desearía es que otra Cataluña siguiera perteneciendo a otra España. No me gusta la España que hay, ni tampoco la Cataluña que hay, sea dicho con mi mayor simpatía por los españoles y catalanes de buen corazón, más aún si son progresistas, más si son de izquierdas, y más si están sufriendo las consecuencias de las políticas de Mas y Rajoy (y no hará falta añadir que cuando digo “catalanes” y “españoles” me refiero tanto a hombres como a mujeres).

Por poner como ejemplo la manifestación fastuosa, impresionante, incluso emocionante, de la famosa V pidiendo un referendum para la independencia: he vivido la emoción de manifestaciones multitudinarias contra el franquismo (que, sí, era opresor y criminal) y también de manifestaciones de izquierda en la España de ahora, pero no podría verme emocionalmente unido a gentes que votan a Junqueras o a Mas y compartiendo un ideal conservador como el nacionalista. ¿Que hay gentes de izquierda que son nacionalistas? Por haber, en este mundo hay de todo.

Cierto que la incomprensión mutua es suficiente motivo para la separación, como en los matrimonios, así que sólo cabe un lamento. ¡Pobres pueblos! Hay que lamentarse por el pueblo de allí y por el de aquí. Pero no es de esto de lo que quería hablar, sino sólo comentar que los argumentos que oigo y leo en este asunto no me parecen buenos. Veamos:

 Que hay que respetar la ley. No tiene razón Rajoy cuando dice eso (único argumento que se le ocurre), porque la ley se puede cambiar. Ya se cambió la constitución de la noche a la mañana porque lo exigió la banca alemana vía Merkel, y el PSOE y el PP se apresuraron a obedecer.

Que Cataluña es una nación por razones históricas, lingüísticas y culturalesEn realidad es nación cualquier sociedad que encaje en la definición de nación que nos fabriquemos. No hay entidades platónicas del tipo Cataluña o España que sean sujetos históricos nacionales por su propia esencia, al margen de la decisión de sus habitantes. Con palabras como “Cataluña” o “España” nos referimos a un cúmulo de cosas entre las que destacan un territorio y una población legalmente estructurados. Y no hay que repetir que las leyes no son inmutables.

En cuanto a derechos históricos, los que no dependen de leyes vigentes dependen de las creencias, Las razones históricas que alegan algunos independentistas pertenecen en gran parte al tipo de mitos legitimadores según los expertos neutrales. Pero aunque fuera cierto que Cataluña fue en otro tiempo un Estado, y que en 1714 fue expoliada por España, poco tiene que ver todo eso con el presente. La historia relevante es que en 1978 los catalanes aprobaron la Constitución con más participación que en el resto de España y por más de un 90% de votos favorables. Que aprobaron en 1979 el primer Estatuto y en 2006 el segundo. Y que en 2010 el Tribunal Constitucional, resolviendo un recurso planteado por el PP, declaró anticonstitucionales 14 artículos de este segundo Estatuto por seis votos contra cuatro. Esa es la historia que viene al caso.

En cuanto a las razones lingüísticas: tener lengua propia no es criterio para decidir qué sociedad tiene derecho a Estado propio, como prueba que hay por ahí Estados plurilingües y hay Estados distintos en los que se habla la misma lengua. De la idea de que para ser nación hay que disponer de lengua propia han deducido los nacionalistas catalanes que en España hay cuatro naciones, Galicia, Euskadi, Cataluña y el resto (de incierto nombre). Por ello muchos catalanes se han creído siempre con más derechos políticos que, por ejemplo, los andaluces, y por ello se habló peyorativamente del café para todos cuando la comunidad andaluza exigió los mismos derechos y competencias que la catalana.

La debilidad del argumento de la lengua se muestra en que la mera coherencia obliga a los independentistas a considerar que forman parte de los Países Catalanes la llamada Franja de Poniente aragonesa, la Comunidad Valenciana, las Baleares, el Rosellón francés, Andorra, la pedanía murciana de Carche e incluso la ciudad italiana de Alguer. Por otra parte, ya que en toda España se habla el castellano, usando ese criterio habría que considerar a España entera una nación y por tanto a todo catalán un español.

Las razones culturales tampoco sirven. La idea de una cultura común pertenece a la retórica conservadora. Poco tiene que ver la cultura de un científico catalán con la de un peón de la construcción inmigrante, la de un campesino con la de un urbanita, la de una persona de izquierdas con la de una de derechas, la de las clases medias con la de las clases económica y culturalmente pobres.

No olvidemos, por otra parte, que millón y medio de catalanes proceden de otras partes de España y que cuatrocientos mil son musulmanes que proceden de Marruecos, Paquistán y Argelia. Muchos han aprendido el catalán y otros lo pueden aprender, pero poco tienen que ver con los argumentos históricos, lingüísticos y culturales a que apelan algunos ideólogos del independentismo. Y tienen sin embargo derecho a votar en un referendum independentista. 

Que Cataluña está sojuzgada por España. Todo el mundo acepta que un pueblo colonizado tiene derecho a la independencia, pero no es este el caso de Cataluña, que goza de uno de los grados de autogobierno más altos de Europa. No es España la que sojuzga a Cataluña, sino las oligarquías representadas por Mas y Rajoy las que sojuzgan a los pueblos de Cataluña y España. Ya sabemos que Pujol, inspirador del último arranque del independentismo, era uno de los explotadores de sus conciudadanos. En Cataluña viene ocurriendo lo mismo que en el resto de España.

Que con la secesión se consigue independencia y libertad. Este argumento es incoherente con la voluntad de seguir perteneciendo a la Comunidad Europea. En ese caso Cataluña seguirá dependiendo de lo que decida la Comisión Europea, y por detrás el BCE, y por detrás el Bundesbang, y por detrás el poder económico mundial. Con un agravante: que, tras la secesión, tanto el resto de España como Cataluña quedarán en peor situación para oponerse al poder exterior. Menos independientes. Por lo demás, tanto dentro como fuera de la UE cualquier Estado está hoy sometido al capital internacional. De independencia nada hasta que no la conquistemos, y lo haremos más fácilmente juntos que separados. En cuanto a la libertad, ¿quién la consigue con la secesión? No será el ciudadano en paro, ni el que gana 600 euros. Si se piensa en los ciudadanos, no puede hablar de libertad quien está aplicando los recortes a que obliga la derecha dura mundial. Me refiero a Más, y también a Junqueras, lider de una Esquerra que es derecha (que apoya desde fuera al gobierno de Convergencia y Unión). 

Que con la independencia los catalanes vivirán mejor. Este argumento es, en el fondo, el básico cuando una sociedad más rica quiere separarse de otras más pobres. Las más pobres no suelen querer separarse. E incluso, si en la parte más rica la perspectiva clara fuera vivir peor, poca gente se afiliaría al independentismo. El deseo de soltar lastre puede ser criticado por insolidario, pero además obedece por lo general a un error de cálculo. Ocurre en España lo mismo que en Europa: creen los alemanes que con sus impuestos se benefician los países del sur, pero no tienen en cuenta que ellos también se benefician de mejores servicios (en comunicaciones, transportes, sanidad, etc.) cuando se desplazan a esos países. Se benefician también de una mayor integración social en Europa y, por tanto, de una disminución de las tensiones. Pero es que además, o sobre todo, por cada euro que Alemania entrega a los fondos de cohesión recoge varios euros mediante sus exportaciones. Si Cataluña contribuye algo al desarrollo de las comunidades españolas más pobres, lo que recoge en el mercado estatal gracias a un aumento del consumo es más de lo que cede, y decisivo para mantener su nivel económico. Por ello los empresarios catalanes que venden en el resto de España no quieren oír hablar de independencia. Esto aparte, quienes afirman que los catalanes vivirán mejor no han aportado pruebas serias. Los promotores de la independencia ni siquiera han calculado los costes reales de la separación de una manera que no sea a beneficio de inventario. Y parece que esos costes pueden ser muy grandes a lo largo de muchos años. 

Que los políticos están atendiendo a una demanda ciudadana irresistible. Esto es verdad, el independentismo ha subido mucho en Cataluña como consecuencia de ambiciones de un lado e incompetencias de otro, y porque se ha impuesto en Madrid la otra cara de la moneda, el nacionalismo español intransigente, de tan mala catadura. Huir de ese nacionalismo español es algo apetecible y hay que entender que muchos catalanes lo deseen. La secuencia temporal de las encuestas que se han ido haciendo en Cataluña refleja un aumento muy grande del independentismo en los últimos años. Pero eso mismo ¿no significa que una parte considerable del independentismo lo mismo puede crecer que disminuir, según la coyuntura? El referendum pretende extraer un resultado definitivo de ese estado de ánimo en parte coyuntural (y que podría cambiar si se encontrara una fórmula de encaje satisfactoria, y si desde los gobiernos implicados se iniciara una política de pedagogía de la convivencia y de la estima recíproca). 

Que un referendum sobre la independencia es una exigencia democrática. ¿De qué hablan? ¿De democracia? Los que creen que vivimos en democracia y que esta consiste en poder ejercer el derecho de voto, han de pensar que votar en referendum es la democracia directa, el no va más. En realidad las votaciones son el sucedáneo de democracia que podemos permitirnos. Una mayoría votó a Rajoy para que realizara el programa con el que fue a las elecciones y está realizando el programa contrario sin que pase nada. ¿Se han movilizado los catalanes contra esto? Por otra parte, no se puede hablar de referendums democráticos cuando ocurre siempre que las instituciones públicas que los convocan se vuelcan en la exageración de las razones para el sí y en la ocultación de muchas de las razones para el no, condenando a los votantes a una información sesgada.

Reparen además en lo siguiente: ¿qué significa que la redacción de la pregunta del referendum tenga una gran influencia en el resultado, y que por ello esa redacción sea lo que más se estudia, sobre lo que más se discute en los despachos secretos del poder político, sobre lo que más se forcejearía si se intentara un acuerdo entre el gobierno central y el autonómico? Pues significa que una variación que debería ser de mero estilo puede inducir a una parte decisiva de votantes al sí o al no. Una verdadera democracia exige que todo votante conozca las implicaciones de su voto y que no pueda ser llevado de aquí para allá sólo porque la pregunta se redacte de una forma u otra. Y ya que estamos hablando de democracia, supongamos que la impresionante manifestación de la pasada Diada no hubiera tenido como motivo un referendum para salir de España, sino para salir del sistema capitalista. ¿Creen que se aceptaría tal tipo de referendum aquí o en cualquier otro país europeo y, caso de aceptarse, que sería respetado un resultado positivo? Tengan por seguro que no. ¿De qué democracia hablamos entonces? 

El precedente del referendum escocés. ¡Cómo se pondera el ejercicio de democracia que ha dado el Reino Unido! Recordemos sin embargo que Cameron sólo aceptó que se hiciera el referendum cuando estaba seguro de la victoria del no. Tan seguro estaba que se negó a que la pregunta se refiriera a tres posibilidades: la situación actual, la independencia y una tercera vía de mayor autonomía. Esto hubiera sido lo correcto, pero él decidió que todo o nada, y lo que este gesto de soberbia revela es que Cameron, amparado en las encuestas de que disponía, estaba seguro de que el no ganaría de calle. Y he aquí que se acerca el momento y las encuestas revelan que el sí va subiendo hasta adquirir ventaja. Cunde el pánico y a última hora tiene que ir Cameron a Escocia, a gemir humilde apelando a los sentimientos, y a ofrecer algo que no estaba contemplado en la pregunta acordada y que cambió su significado de hecho. Mientras la pregunta ofrecía la independencia como única opción, tras la promesa de Cameron se trataba ya de optar entre independencia y un estatuto de mayor autonomía. El resultado, antidemocrático y revelador de lo que son los referendums, ha sido un cambio radical en la estructura política del Reino Unido, algo que nadie ha votado y que va a afectar a quienes no tenían posibilidad de votar (los ciudadanos de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte). Si esto es el modelo…, en fin, en fin. 

El derecho a decidir. ¿Quién lo tiene? Si ese derecho pertenece a los catalanes, quienes creen que la lengua común configura a los países catalanes deberían exigir que votaran todos sus integrantes. Es una incoherencia dejar fuera no sólo a los catalanes de Francia, Andorra o Italia, sino a los del resto de España. A estos últimos ¿acaso por algún problema legal o práctico? Creo que si se hubiera intentado hacer un referendum en todos los “Países Catalanes” de España tanto el Gobierno como las respectivas Comunidades habrían dado facilidades, seguros de que la pretensión independentista se estrellaría. Por eso a los promotores del referendum les interesa que sólo voten los catalanes de la actual Cataluña, incluidos los llegados de fuera, aun a riesgo de separarse de los compatriotas que pueblan los restantes países catalanes irredentos de España.

Otro engorro en dirección contraria: ¿Debe votar España entera si se trata de decidir sobre la unidad de España? Por supuesto, los catalanes dirán que, si ellos quieren separarse, el resto de España carece de derecho a opinar o a impedirlo. Pero ¿qué ocurre si en una de las provincias catalanas actuales la votación arroja un no mientras en las demás arroja un sí? ¿Quedará unida al resto de España la que ha votado no y se independizarán las demás? ¿Acaso no podría decir esa provincia que si quiere seguir formando parte de España las restantes provincias catalanas no tienen derecho a impedirlo? En 2012 el municipio Sant Pere de Torelló se declaró “territorio catalán libre”. El espacio social con derecho a decidir no se sabe qué límites tiene. Y es que, en realidad, los límites no los impone la ley ni la razón, sino la voluntad. 

El verdadero argumento. Lo dicho hasta aquí vale para terminar concluyendo que, en efecto, en este terreno todo depende de la fuerza para reclamar e imponer, y de la persistencia de esa fuerza, nunca de razones, ni de derechos, que ya vemos que son evanescentes. Las razones se encuentran, incluso se inventan, a la medida de los propios intereses, tanto por unos como por otros. El valor de la fuerza se demostró en Andalucía, y con resultados más drásticos ahora en Crimea. Tal vez se acabe demostrando mañana en Donetsk, Luhansk y Járcob, tal vez en Cataluña.

Entre las cosas que constituyen un país están los sentimientos, y estos pueden ser independentistas. No todos los independentistas lo son en virtud de sentimientos patrióticos. Muchos se han hecho independentistas porque se sienten agraviados por la política del gobierno central, o por razones parecidas que han leído u oído. Pero los más estables son los que viven el nacionalismo como una religión cuya fe pasa de padres a hijos. Y algunos o muchos de ellos son fanáticos. Quienes viven el nacionalismo como una cuestión de fe pueden muy bien decir: Cataluña independiente porque quiero y daría mi vida por ello. Es un deseo a tener en cuenta, pero a sabiendas de que sólo se basa en que, con el propio afecto, se han ligado los viejos ideales nacionalistas, esos con los que las clases dominantes han mantenido al pueblo al servicio de sus intereses. Los que van por ahí blandiendo la senyera se parecen demasiado a los que van blandiendo la bandera española. No todos son fanáticos, pero quienes lo son se alimentan tanto del amor a lo suyo como del odio al otro, y su voluntad es muy persistente y muy fuerte. Aunque nadie los maltrate, se sienten continuamente ofendidos en lo más profundo y eso produce mucha energía.

Como en Cataluña los independentistas patrióticos tienen un terreno más favorable que los españolistas patrióticos, miles de ellos tienen energía para, por ejemplo, cumplir el encargo de la llamada Asamblea Nacional Catalana e ir de portal por portal tratando de convertir en independentistas a los indecisos o a los partidarios del no. Pocos partidarios de seguir en España tienen esa convicción religiosa y esa fuerza heroica. Así que los independentistas pasionales crean un ambiente en el que suena a traición declararse español además de catalán. Por eso las encuestas suelen fallar. En Escocia muchos partidarios de seguir en el Reino Unido lo callaban. 

Conclusión: si los catalanes quieren votar, y lo exigen con fuerza suficiente para doblegar los obstáculos, lo sensato es facilitar que lo hagan, pero no porque sea lo democrático, ni porque haya razones o derechos, sino porque no hay más remedio. Y si se quieren separar, se debe pactar la separación por la misma razón y además para que acabe por fin este tira y afloja ya fatigante. Personalmente, me hago este cálculo de inconvenientes y ventajas: Cuando vaya a visitar a mi familia, tal vez tenga que pasar una frontera y usar un pasaporte, pero cosas peores hay, quejarse de eso sería quejarse de vicio. Como compensación, obligado a soportar a los nacionalistas españoles, al menos me habré librado de los nacionalistas catalanes. Creo sin embargo que lo que ocurrirá es que el Tribunal Constitucional suspenderá el referendum y no se celebrará. Habrá protestas callejeras no sabemos de cuanta violencia y aguante. Quedará así abierto un nuevo tiempo, en esta legislatura o tras las próximas elecciones. Puede que esas elecciones tengan en Cataluña un carácter plebiscitario, y que las instituciones resultantes proclamen la independencia, decisión que será anulada por inconstitucional, y vuelta a empezar. Lo más probable es que se acabe pactando un cambio constitucional para que España pase a ser un Estado Federal y que ese pacto sea sometido a referendo en cada comunidad. Y en todas ganará el Sí. Podrá decir Mas que, gracias a su suicidio político, Cataluña ha ganado algo. Claro que Euskadi y Navarra tendrían que perder sus privilegios forales, que carecen de justificación. Y otras Comunidades, por ejemplo Andalucía y Canarias, no aceptarán peor trato que cualquiera de las Comunidades con lengua propia. Por tanto será una negociación difícil y dura, casi imposible, pero creo que no queda otro remedio que llevarla a buen puerto. Europa no está para alentar separatismos una vez pasado el gran susto de Escocia. 

Lamento final: tenemos pueblos fabricados para que soporten lo que hay que soportar y se ilusionen con lo que se deben ilusionar. Por ejemplo, con la separación de España, y no con luchar dentro de España, junto a otros españoles, y dentro de Europa, junto a otros europeos, y dentro del mundo con los demás de sus habitantes que estén por la labor, para conseguir que algún día haya democracia y justicia en el mundo. Las masas enfervorizadas van detrás de una senyera o de cualquier otro símbolo semejante, pero no se les pasa por la cabeza exigir una vida colectiva mejor por el único camino que lleva a ella, que no es el nacionalismo. Esto es lo que hay.