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A PROPÓSITO DE TRUMP Y DEL TRUMPISMO, ALLÍ Y AQUÍ

Es mucho lo que hemos podido leer y oír sobre el final de la presidencia de Trump con asalto al congreso incluido. Pero, tal vez por falta de habilidad en la búsqueda, no he encontrado alguna reflexión que se pueda considerar nacida de un marxismo puesto al día (única teoría general de la sociedad de que disponemos).

De las descripciones del asalto al congreso la más aparentemente “solvente” viene a decir que Trump es un adicto a la mentira que no ha aceptado perder las elecciones y que ha inventado conspiraciones para justificar su actitud. Que sus seguidores las han creído y que él les animó a que tomaran el Capitolio, cosa que hicieron con poca resistencia de las fuerzas de policía, aunque se sabía con antelación lo que iba a ocurrir. Que pese a todo la democracia más antigua del mundo, modelo para todas las demás, ha sabido sobreponerse y sus instituciones han resistido (o, como ahora se dice, “han tenido resiliencia”). Que ello no significa que todo esté resuelto, pues aunque Trump sea expulsado de la vida política quedan millones de trumpistas. Que hay una gran polarización social en Estados Unidos, efecto de la situación social. En el último año millones de ciudadanos han perdido sus trabajos y si antes del COVID19, el 12% de los hogares ya vivía en pobreza ahora además 30 millones de personas pueden perder sus casas hipotecadas. De ahí que, para que el futuro se despeje, es necesario dar la espalda a las políticas neoliberales, volver a Keynes y al fortalecimiento del Estado y luchar contra las mentiras y las teorías de la conspiración que ponen en tela de juicio la neutralidad de las instituciones.

Este relato es criticable en parte por lo que dice y en mayor medida por lo que calla.

¿La más antigua y prestigiosa democracia?

En la narración de los últimos sucesos estadounidenses hemos tenido que soportar innumerables apelaciones a la democracia bajo la idea, explícita o implícita, de que la democracia de Estados Unidos es la más antigua y el modelo y espejo para las restantes, en una de las cuales vivimos nosotros.

Joe Biden, en su discurso inaugural como presidente, ha dicho cosas como éstas: Hoy no celebramos la victoria de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. Una vez más hemos aprendido que la democracia es preciosa, que la democracia es frágil. Y en esta hora, amigos, la democracia ha prevalecido.

Si no fuera por la espesa nube de desinformación que fabrican los medios de comunicación, no debería ser necesario insistir en que el régimen político americano no es una democracia ejemplar, ni siquiera una democracia averiada, sino una plutocracia racista y maltratadora del pobre en el interior, y en el exterior defensora de los intereses capitalistas aun a costa de cruzar todas las líneas rojas del genocidio.

La palabra “democracia” se utiliza con frecuencia como sinónimo de capitalismo. Así cuando se llama activistas democráticos o luchadores por la democracia a los que se enfrentan a regímenes autoritarios de izquierdas, sea en Hong Kong, Taiwan o Venezuela, activistas muchas veces no interesados en que resplandezca la democracia en sus países, sino en llevar a ellos los “valores liberales” del capitalismo. Y por ello suelen estar financiados por Estados Unidos.

En todo caso, para diferenciar a nuestras “democracias” de los regímenes autoritarios de izquierdas, se apela a una libertad que consiste en que nosotros podemos elegir a nuestros representantes, los que van a legislar y gobernar en nuestro nombre, en nombre del pueblo. También en que podemos asociarnos libremente, podemos expresarnos libremente y podemos actuar libremente sin temor a decisiones arbitrarias de las autoridades. Finalmente, en que podemos ser emprendedores y, con esfuerzo o con suerte, hacernos ricos.

A continuación veremos que en este argumento se utiliza un concepto de libertad muy tosco. Y además que, aun si lo diéramos por bueno, alude a una libertad ilusoria, a una apariencia de libertad sin contenido en los dos contextos principales, el político y el comunicativo.

Libertad legítima

Una libertad es legítima si es defendible de manera universal. Requiere dos condiciones: que el actor tenga conocimiento suficiente de los efectos esperables de su acción, y que disponga de suficiente empatía respecto a las personas a las que su acción puede afectar. En términos kantianos podríamos decir que sólo eres legítimamente libre cuando, haciendo lo que quieres, estarías dispuesto a aceptar los efectos de ese tipo de acción si los demás la hicieran.

Puesto que las personas son fabricadas socialmente, tener conocimiento y empatía suficientes no es tema individual, sino social. Es el sistema social el que tiene que favorecer la actividad libre de los individuos fabricándolos con conocimiento y empatía suficientes. Y aquí el capitalismo fracasa estrepitosamente, es una impresionante fábrica de ignorancia y egoísmo. Muchas acciones “libres” serán por tanto ilegítimas.

Si examinamos la libertad de elegir parlamentos y gobiernos, encontraremos que no es legítima cuando se vota sin conocimiento de las consecuencias del voto o, caso de que haya conocimiento, sin empatía hacia los que van a sufrir las consecuencias.

Libertad política

Pero demos por legítima la libertad de los votantes, aun si son ignorantes e insolidarios. ¿Significa eso que los parlamentos elegidos van a legislar libremente y los gobiernos a gobernar libremente?

Al poder económico le interesa el disfraz democrático siempre que ese disfraz no le impida gobernar desde la sombra. Esto requiere controlar a los partidos políticos y a la opinión pública, algo que al poder económico le resulta fácil por tres circunstancias:

Una es que los partidos políticos necesitan copiosos recursos económicos (entre otras cosas para financiar campañas electorales cuyo éxito depende en parte del dinero invertido), de manera que los partidos acaban en manos de los bancos, de los grandes donantes o de las grandes corporaciones que a cambio premian a los dirigentes con puertas giratorias y demás corrupciones. Supongamos que un político incorruptible escapa al escrutinio del partido y llega al poder. Si en algún momento se empeña en alguna medida política no aceptable por el capital, éste tiene mil formas de chantaje para hacerla imposible. Y además ese político será considerado enemigo y abatido por el fuego de numerosas armas.

La segunda circunstancia que favorece al poder económico es que la opinión pública se fabrica mediante medios de comunicación costosos, sólo al alcance de los ricos.

Y una tercera es que, siendo muy bajo el nivel cultural de la población dominada, es muy fácil engañarla mediante expertos que se compran con dinero y que hablan o escriben en los medios controlados por el capital.

Ello permite dirigir desde la sombra la legislación y la política gubernamental en favor de una minoría que multiplica su riqueza obscenamente, aumentando así su control sobre parlamentos, gobiernos, medios de comunicación y expertos.

Si en algún país llega al poder un partido de izquierdas que pretende controlar el mercado, nacionalizar los servicios de interés común y obligar a los ricos a que contribuyan en proporción a su riqueza, será considerado un país no libre, autoritario y expropiatorio, y se tratará por todos los medios de desestabilizarlo, obligándolo a que se defienda con medidas más autoritarias, que serán tomadas como argumento en su contra.

Lo normal es que no haya que llegar a tanto. Basta que aparezca un partido incontrolado por el capital (como Syriza en Grecia o Podemos en España) para que todas las fuerzas al servicio del capital se movilicen para destruirlo, incluso aunque su capacidad de acción sea pequeña.

En una entrevista en Salvados, Pablo Iglesias se ha confesado enterado de que estar en el gobierno no es estar en el poder. Por fin sabe que gobiernan los ricos y que los ricos son mucho peores de lo que pensaba. Ningún rico ni ningún poderoso, ha dicho, está dispuesto a aceptar fácilmente una decisión que le perjudique por muy democrática que sea, añadiendo que vivimos en una “democracia limitada” en la que los ricos y poderosos tienen más poder que un diputado y no dudan en presionar al Gobierno en defensa de sus intereses. Señor Iglesias, a eso se lo llama plutocracia, no democracia limitada. Y para saberlo no hay que esperar a estar en el gobierno, basta con leer a Marx y mirar luego alrededor.

¿Medios de comunicación libres?

Uno de los instrumentos básicos de la plutocracia son los medios de comunicación. En la citada entrevista Pablo Iglesias dice haber aprendido también que los ricos se imponen a los ministros utilizando como arma los medios de comunicación.

Se llama “libertad de expresión” a la libertad del rico para controlar la información y conformar la opinión, así como para presionar a los poderes públicos, mediante los medios de comunicación de su propiedad. Cada medio de comunicación influyente tiene una clara conexión con el capital.

Por ello se puede afirmar que la propiedad privada de los medios de comunicación es un obstáculo insalvable a la democracia (ver aquí).

Los plutócratas y sus colaboradores se proveen de medios diferentes para los diferentes estratos de la sociedad. Hay medios para los estratos de bajo nivel cultural, para los de nivel medio, para los propensos al fascismo y para los que se consideran progresistas. Hubo un tiempo en que los medios de PRISA jugaban este último papel con disimulo tan eficaz que muchos progres llegaron a creer que El País era un periódico de izquierdas. Ahora Iñaqui Gabilondo, al que me he referido en otras ocasiones porque es un paradigma, abandona su púlpito en la SER por cansancio, y de todas partes han salido encomios y lamentos. Sin duda Gabilondo tiene muy buenas cualidades como comunicador, y las ha dedicado a defender al sistema a cambio de un premio proporcional a su eficacia. ¿De qué modo lo ha defendido? Del que puede engañar a la gente mejor dispuesta hacia la justicia: presentando una imagen de incorruptible moral, de permanente servicio a la verdad y a la democracia, para actuar luego limitando la crítica a lo periférico y guardando silencio, permanente silencio, sobre lo fundamental, sobre el núcleo mismo de la ignominia. Pudo optar por la crítica al sistema, y es una lástima que no lo hiciera, pero sin duda entonces nadie lo alabaría ahora y no habría obtenido beneficios, sino vetos.

Hay muchas maneras aparentemente inocentes de afianzar la gran mentira. Àngels Barceló ha dicho que a todos nos ha emocionado el discurso inaugural de Biden. ¿A qué “todos” se refiere? Parece que al menos a ella le han emocionado las mentiras de épica engolada que Biden ha ido desgranando en su discurso. Por ejemplo éstas:

Que él va a convertir de nuevo a Estados Unidos en la principal fuerza del bien en el mundo. Que los objetos comunes que los estadounidenses aman y que los definen son oportunidad, seguridad, libertad, dignidad, respeto, honor y, sí, la verdad. Que ante dios y todos los compatriotas estadounidenses hace el juramento sagrado de que siempre será sincero con ellos y que lo dará todo para servirlos. Y que espera que la historia cuente a los tiempos venideros que la democracia y la esperanza, la verdad y la justicia, no murieron durante su mandato, sino que prosperaron, y que Estados Unidos garantizó la libertad en su territorio y una vez más se erigió en faro del mundo.

Si quisiéramos explicar cómo alguien puede decir en serio que estas frases son emocionantes tendríamos que aludir a la ignorancia o al cinismo. Cabe una tercera explicación: que la actividad al servicio del sistema lleve a creer lo increíble a fin de reducir la disonancia entre valores morales y actividad profesional.

De lo hasta aquí dicho se sigue que la democracia es un punto de destino al que todavía la humanidad no ha llegado. Las plutocracias disfrazadas están muy lejos de ser democracias y ni siquiera se encuentran en camino. Su camino es otro (ver aquí).

Claro que preferimos que el poder económico nos controle disfrazado de democracia que mediante una dictadura como la que muchos de nosotros tuvimos que sufrir. Pero esta preferencia no debe hacernos perder la cabeza al punto de tomar por democrática la sociedad en que vivimos.

Los medios de comunicación en red

A la vista del uso que Trump ha hecho de las redes sociales para difundir mentiras, se quiere ahora ponderar la rectitud de los medios tradicionales por comparación con las redes y las grandes plataformas. Pero esto lleva a contradicciones.

Por ejemplo, si se considera que es legítima la libre potestad de los medios tradicionales sobre su línea editorial, la orientación de sus columnas o la publicación de tal o cual noticia, eso lleva a admitir como también legítima la misma potestad de un medio en red, y por tanto la potestad de Twitter o Facebook para señalar un post o eliminar un twit en concreto.

Pero entonces habría que admitir igualmente el bloqueo o la eliminación de una cuenta en esos medios. Y esto, por más que a muchos parezca saludable cuando se trata de un personaje tan deleznable como Trump, a otros les parece un abuso contra la libertad de expresión. Ni Omid Kordestani ni Mark Zuckerberg, nos dicen, son quienes para condicionar la libre expresión y difusión de mensajes. Solamente un juez en sus atribuciones constitucionales y en función de un posible delito es quien para cerrar una cuenta social o paralizar la difusión de un medio. Pues si se permite que sean los propietarios de las corporaciones quienes decidan lo permisible se habrá conseguido debilitar un Estado de Derecho ya deteriorado y dar argumentos a los populistas sobre el secuestro de la democracia por las grandes corporaciones.

¡Genial! Según esto, ni Kordestani ni Zuckerberg pueden decidir qué es lo permisible, pero sí pueden los dueños y directores de los medios tradicionales. O visto del revés: no debilita al Estado de Derecho ni supone el secuestro de la democracia la potestad que tienen los medios tradicionales sobre su línea editorial, sobre la publicación o el silenciamiento de tal o cual noticia, sobre la apertura de sus páginas o espacios a unos y el veto a otros. He ahí las contradicciones a que lleva la gran mentira oficial.

Claro que ni Kordestani ni Zuckerberg son quienes para condicionar la libre expresión y difusión de mensajes, pero tampoco los dueños de los restantes medios de comunicación. Una condición para que haya democracia es que los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los de red, sean de propiedad pública y estén controlados por la sociedad, nunca por gobiernos ni propietarios privados.

¿Conspiraciones o conspiranoia?

Hay mil razones para desconfiar del discurso oficial, pero muchos de los que desconfían carecen del conocimiento necesario para situar las conspiraciones reales allí donde se encuentran y por eso inventan conspiraciones que no existen.

A esto se agarran los conservadores para llamar conspiranoico a quien habla de conspiraciones, dando a entender que todo el que ve conspiraciones está viendo visiones.

Hay conspiraciones demostradas, incluso castigadas por sentencias de tribunales, pero hay otras muchas que sólo serán conocidas pasado mucho tiempo, cuando no haya forma de revertir sus efectos.

Es poco probable que haya existido una conspiración para amañar las elecciones y echar así a Trump del poder, pues habría obligado a coordinar a mucha gente diversa de muchos estamentos diversos. Sin embargo puede tener razón Nazanín Armanian cuando, tras referirse al “volcán de tensiones acumuladas en el subsuelo de Estados Unidos que ni Biden ni Dios podrá contener su estallido”, sugiere, con apoyo en numerosos datos, que la conmoción provocada por el asalto al capitolio puede estar dirigida a aterrar a la clase trabajadora, renovar la alianza bipartidista para aplastar las movilizaciones de los oprimidos que amenazan el sistema y establecer una serie de “reajustes” para limitar los derechos de los ciudadanos, algo que no se puede hacer en tiempos “normales” (ver aquí).

Yo no sé si ha sido así, porque carezco de datos, pero no me extrañaría, porque las conspiraciones han de estar necesariamente a la orden del día en una plutocracia disfrazada. Los que mandan no pueden hacer públicos sus designios, y los designios que se hacen públicos suelen ser falsos. Hay por tanto una permanente conspiración en aquellos espacios ocultos en que el poder económico decide leyes, políticas gubernamentales o incluso sentencias judiciales. Y quien cree esto no es un conspiranoico, sino alguien que sabe de qué va. Necesariamente Estados Unidos ha de ser un nido de conspiraciones de gran alcance, y ello explica su encarnizada persecución a Julián Assange, para quien se pide cadena perpetua por haber hecho públicos los detalles de mil conspiraciones que debían seguir secretas.

Populismos

Se nos dice que el trumpismo es un populismo de derechas y ello implica que hay un populismo de izquierdas.

Los conservadores que han intentado definir el populismo no se ponen de acuerdo, porque es tarea difícil hacerlo de manera que comprenda tanto a Vox como a Podemos. La perversión del lenguaje permite que el PP y Ciudadanos se declaren enemigos del populismo, tanto del de derechas (Vox) como del de izquierdas (Podemos), y ello al mismo tiempo que pactan con Vox.

Si queremos definir el populismo de manera que aclare las cosas en lugar de oscurecerlas, hemos de decir que es populista el partido político que usa la mentira para conseguir los votos de un pueblo desinformado con intención de hacer luego una política favorable a la oligarquía, y por tanto en perjuicio de ese pueblo.

Según esta definición todos los partidos de derecha, incluidos los socialdemócratas, son necesariamente populistas. Decir populismo de derechas es una redundancia.

El PSOE es un partido populista, porque se presenta como socialista para atraer a la gente de izquierdas, pero una vez en el poder actúa a favor de la oligarquía económica (de las eléctricas, los bancos, las grandes empresas) mediante privatizaciones, política fiscal e inacciones (por ejemplo a la hora de perseguir paraísos fiscales, blanqueo de capitales o evasión de impuestos) recibiendo por ello apoyo mediático, créditos y el beneficio de las puertas giratorias.

La socialdemocracia ha invalidado la palabra “socialismo”. Ahora ya no sabemos qué significa que un proyecto político sea socialista. Ya sólo nos queda la palabra “comunista” para hacer referencia a la opción anticapitalista, única que puede librarse del populismo si actúa con honestidad. Los comunistas son los únicos partidarios actuales de una sociedad en la que imperen los ideales de igualdad, libertad y fraternidad, condiciones para una verdadera democracia. Continuando el pensamiento del papa Francisco, que ha reconocido que comunismo y cristianismo son muy parecidos, se podría decir que el comunismo es un cristianismo ateo.

De ahí el afán conservador por demonizar al comunismo, identificándolo con el estalinismo, es decir, con opresión y crimen, que es como confundir cristianismo con inquisición y quema de herejes.

Tanto los comunistas como Unidas Podemos pueden ser calificados de populistas cuando, por una táctica errónea, electoralista, callan sobre ciertas cuestiones (que es una manera de mentir), a fin de conseguir votos, o de no perderlos, para al final, si consiguen algún poder, ejercerlo de la única manera posible: en beneficio del poder económico, eso sí, lanzando al pueblo, como justificación, algunas migajas del banquete.

El trumpismo sin Trump

Trump es un sátrapa ignorante que ha destrozado el disfraz de la plutocracia americana a la vista del mundo entero. Puede haber caído en desgracia por inservible, si es no ha caído en desgracia por haberse negado a emprender nuevas guerras que den respiro a la maltrecha economía estadounidense. En cualquier caso no cabe esperar una política muy diferente de su sucesor salvo en detalles formales. Estados Unidos tendrá que seguir luchando desesperadamente contra la crisis económica y contra el declinar de su poder en un ambiente cada vez menos propicio al dólar y a las decisiones imperiales. Los intentos de frenar a China sólo han servido para perjudicar a las empresas propias y como acicate para una mayor autonomía china. Ojalá el ocaso del imperio americano sea tan indoloro para el mundo como lo fue el de la URSS.

Lo que de momento podemos decir es que Trump tiene millones de simpatizantes y seguidores fanáticos que están ahí aunque Trump haya sido por ahora derrotado.

Para explicar que, pese a su desastrosa gestión de la pandemia, le hayan votado más de 72 millones de estadounidenses se aduce que la inseguridad económica, la caída en la pobreza, la injusticia social, etc., llevan a mucha gente a desconfiar del sistema, a ver a políticos y medios tradicionales como manipuladores y ocultadores de la verdad y a dar credibilidad a los medios dedicados a difundir mentiras.

Habría que añadir el fuerte apoyo económico y mediático a las organizaciones fascistas, pues aunque el crecimiento del fascismo asusta a muchos, no asusta precisamente a los dueños del capital, que por más que prefieran a los servidores tradicionales, mantienen a la extrema derecha como una bala en la recámara, por si hace falta. Y les conviene que prospere cuando la sobrexplotación de la mayoría es tan fuerte que empiezan a ser probables levantamientos sociales. La extrema derecha, azote tradicional de comunistas, hará entonces su papel.

Aceptemos todo esto en principio. La cuestión es: ¿por qué la gente perjudicada por el sistema no vota a un partido de izquierda anticapitalista, que va a luchar por sus intereses, y por el contrario vota a un extravagante millonario que hace méritos para ser calificado como matón, embustero, frívolo, provocador, violento, insensible, autoritario, inculto, arrogante, machista, racista, etc. y que nunca hará una política favorable a la mayoría?

Hay que reconocer la capacidad de Trump para engañar, de la que hizo una exhibición hace cuatro años, en su discurso inaugural, más atractivo y realista el que el de Biden ahora. El de Trump podría haber sido suscrito en muchas de sus partes por un político de izquierdas, el de Biden no. Pero las proclamas hipócritas de Trump no debieran engañar a nadie.

Un trabajo de la Universidad Tecnológica de Texas da una explicación. Su análisis de los valores personales de los seguidores de Trump mostraba un perfil de bajo altruismo, gran apoyo al valor del poder (entendido como competir y ganar), deseos de riqueza y apego emocional a la tradición.

Los remedios

Piensan algunos con optimismo que el remedio consiste en abandonar las políticas neoliberales y reducir las desigualdades. Además controlar de alguna forma las redes, nidos de mentiras, prestigiar a la prensa tradicional y hacer responsables a los dueños de las plataformas de lo que se publica en ellas.

La cuestión es que con estas medidas sólo se atemperan las desigualdades y las mentiras, no se acaba con ellas. Y menos aún con la ignorancia, la falta de altruismo, el fascismo, el machismo o el racismo que proliferan.

Se puede dar un paso más y apelar a la educación. Hay que mejorar la educación de la población para que no sea presa fácil de los engaños ni del odio. ¿Y qué hacer para ello? Mejorar la escuela mediante nuevas leyes de educación y mayor financiación.

De nuevo ingenuidad. Todo el mundo debería saber que la educación en la sociedad capitalista no se produce en la escuela, sino en las antiescuelas: publicidad, modelos sociales (deportistas de élite, cantantes, influyentes), en las familias, en los grupos de iguales y en las redes. Nada puede la escuela contra estas antiescuelas. Sólo tienen relativa suerte los niños cuyas familias colaboran en la buena dirección, es decir, una parte de la población no suficiente.

La buena educación no tiene sitio en la sociedad capitalista, porque no va a desaparecer el tipo de publicidad que soportamos, ni van a ser controladas socialmente las redes sociales, ni la juventud va a cambiar de modelos ni de motivaciones, ni va a desaparecer el deseo inmoderado de consumo, de manera que la escuela seguirá cumpliendo el papel que tiene asignado, que no es educar, sino colaborar a la integración de la gente en el sistema productivo a distintos niveles.

La mala educación es funcional para la reproducción del sistema capitalista, que necesita un alto porcentaje de fracaso escolar (el de las clases bajas) para nutrir la formación profesional, así como dar a los demás los conocimientos y pautas necesarios para cumplir un papel específico en el esquema de producción. En ningún caso se pretende una buena educación, por otra parte imposible. En el espacio básico de la educación sentimental (del que dependen los demás) el sistema promueve incesantemente los sentimientos de egoísmo, frustración, rutina y miedo.

La pandemia que sufrimos nos está obligando a ver por todas partes a irresponsables ciudadanos que, en uso de lo que llaman libertad, se comportan de manera que pone en peligro la salud y la vida ajena. Y lo hacen por ignorancia y falta de empatía. Se les ha querido disculpar alegando que son jóvenes, pero la edad juvenil no es incompatible con el conocimiento y la solidaridad. Ocurre, simplemente, que nuestro sistema social fabrica masivamente ese tipo de persona psicológicamente averiada. Y esa deficiente socialización es la causa básica del ascenso de los fascismos. Y no hay remedio, no le den vueltas, sólo la salida del capitalismo puede abrir una puerta a la solución.

El fascismo presente, la izquierda ausente

No importa qué tema político o social toquemos, hemos de llegar siempre a lamentarnos de la inexistencia de una izquierda dedicada a su misión básica.

A cada paso oímos que la sociedad está polarizada, concepto éste, el de polarización, que ha venido a sustituir al de lucha de clases que tuvo sentido mientras la clase obrera tenía conciencia de sus intereses gracias a la labor de sindicatos y partidos comunistas.

Ahora las clases oprimidas carecen de conciencia de sus intereses porque no hay organización alguna que luche eficazmente contra la falsa conciencia que el sistema capitalista produce. El partido comunista ni siquiera se atreve a presentarse como tal, abrumado por el poder estigmatizador del monopolio de medios conservadores, y se esconde tras las siglas de Izquierda Unida, perdida en el electoralismo.

De manera que queda el campo libre para aquellas organizaciones fascistas que ocupan el terreno abandonado por la izquierda y que engañan a los oprimidos acerca de sus verdaderos enemigos.

En España se critica a los que se han opuesto al gobierno de coalición presentándolos como unos exquisitos que piensan que la sucia experiencia de la política institucional mancha y que por ello es preferible ejercer de Pepito Grillo desde la bancada de la oposición o desde el extraparlamentarismo, con lo cual se gana en coherencia, sí, pero al precio de prescindir de resultados y oportunidades.

Quienes hacen esta caricatura no conciben otra alternativa al electoralismo que la autocomplacencia moral estéril.

Algo así debieron pensar los dirigentes del PCE cuando tomaron dos decisiones nefastas en los pasados años 70: sumarse a la transición impuesta por el franquismo y abrazar el eurocomunismo. Cambiaron el diagnóstico marxista que veía a la democracia burguesa como una forma sin substancia (un disfraz) y decidieron participar en el juego a que les invitó el capitalismo, el juego electoral, aceptando la mentira conservadora de que la plutocracia es democracia sustantiva. Ello eliminó el discurso crítico, supeditó la organización al líder carismático que prometía votos y limitó su actividad al corto plazo. Desde entonces la izquierda comunista que luchó con tanta fuerza por las libertades durante la dictadura ha venido limitando sus esfuerzos a la competición electoral y a la ocupación de los cargos conseguidos para hacer desde ellos la política posible, es decir, la que no enoja al verdadero poder. El resultado es que la izquierda anticapitalista ha perdido su antigua eficacia.

La alternativa al electoralismo cortoplacista y engañoso no es ejercer de Pepito Grillo, ni mirarse el ombligo con autocomplacencia moral. Es dedicarse a la tarea básica sin la que todas las demás no tienen alcance: ejercer la actividad educativa que sólo la izquierda puede realizar, transformando la falsa conciencia de los oprimidos en conciencia realista, utilizando como instrumentos la implantación en los barrios populares mediante organizaciones vivas, escuelas infantiles, universidades populares, ayuda gratuita de expertos a la gente en apuros, medios de comunicación bien concebidos, estímulo a la investigación social, prestigio intelectual que atraiga la colaboración de científicos, comunicadores y teóricos.

Si dijéramos a los dirigentes políticos de la izquierda actual que abandonen el electoralismo y se dediquen a esa política a largo plazo, asegurándoles que apreciarán los buenos efectos del cambio dentro de cuarenta años ¿imaginan que nos dirían? Ellos quieren efectos ya, es decir, tocar poder ya. Cualquier otra cosa les parece extravagancia a la que no hay que prestar atención.

Pero imaginemos que hace cuarenta años se hubiera iniciado esa tarea a largo plazo. Ahora estaríamos aprovechando sus efectos, y no sólo en España, puesto que habríamos servido de modelo para otros países.

Sin estar en las instituciones, esa izquierda podría estar ahora ejerciendo más influencia en la política del país, podría presionar más al PSOE hacia políticas progresistas que lo que puede la izquierda que tenemos dentro del Gobierno. Y estaría impidiendo la deriva de una parte importante de la población hacia posiciones de extrema derecha, manteniendo el apoyo de esa población a medidas más audaces que las hoy posibles. Si en Europa hubiéramos tenido una izquierda así, seguro que no habríamos salido de la gran crisis a base de políticas neoliberales, seguro que la derecha europea en el poder no habría podido tratar a Grecia como lo hizo, seguro que su política respecto a la inmigración no estaría inspirada por el miedo al discurso de la extrema derecha.

Si hace cuarenta años el PCE hubiera decidido hacer esto, ahora no sólo sería injusto decir “todos los políticos son iguales”, sino que a nadie se le ocurriría decirlo.

Y los cuarenta años pasados no habrían sido un desierto, pues desde el principio esa izquierda habría estado haciendo camino al andar.

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LA RECONCILIACIÓN, LA MEMORIA DEMOCRÁTICA Y LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA ESCUELA

Tuvieron que pasar más de 30 años desde la muerte de Franco para que en tiempos de Zapatero se dictara la Ley de Memoria Histórica, gracias a cuyas ayudas se abrieron 2.800 fosas comunes y se identificó a 41.000 personas desaparecidas.

Llegó luego el PP al gobierno y alardeó de haber suprimido esas ayudas económicas. Ahora, con el gobierno de coalición, se retoma el asunto y hay un anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado en septiembre en Consejo de Ministros y recién sometido a periodo de sugerencias antes de llegar al Parlamento.

Esta ley permitirá la creación de fondos para reabrir fosas, un banco de ADN para las víctimas del franquismo y la resignificación del Valle de los Caídos para contribuir a la recuperación de la memoria con una función educativa y preventiva. Asimismo hará posible que se ilegalicen asociaciones fascistas como la Fundación Francisco Franco.

Según informe de Amnistía Internacional tiene además estos aspectos positivos:

-Crea una Fiscalía especializada desde la que deberán impulsarse procesos legales de búsqueda, identificación y localización de las víctimas.

-El Estatuto de la Víctima incluye expresamente a los niños y las niñas sustraídos y adoptados sin autorización, y a sus familiares.

-Se anulan las sentencias injustas dictadas por los Consejos de Guerra o el Tribunal de Orden público.

-Se incluye la memoria histórica en los contenidos curriculares de la ESO, Bachillerato y profesorado.

Parece una vergüenza que todavía, con los años transcurridos desde la ensalzada transición, estén por hacer estas cosas elementales y más aún que este anteproyecto, lo mismo que en su momento la ley de memoria histórica, despierte gran oposición.

Dos malos argumentos

Unos detractores vienen a decir que los dos bandos cometieron desafueros, que España es un país de cainitas, que lucharon hermanos contra hermanos y que todos fueron igualmente culpables. Por tanto váyase lo uno por lo otro y lo mejor es olvidar el asunto.

Otros añaden que la transición fue un pacto de reconciliación que cerró las heridas, y que estas leyes vienen a reabrirlas en mala hora.

Estos argumentos no sólo son sostenidos por la derecha heredera del franquismo, sino también por dirigentes del PSOE que llevaban muchos años creyendo que habían pasado a la historia como artífices de un proceso histórico ejemplar y admirado en el mundo entero, y ahora sufren la natural frustración y resentimiento porque la modélica transición se ha puesto en entredicho. José Bono, por ejemplo, considera un “riesgo” hurgar en la historia y someterla a debate público. Él se siente “más cómodo” escuchando a historiadores y académicos que “leyendo editoriales de conveniencia o los tweets de la planta de oportunidades de los extremistas de Podemos o Vox”.

Por esta línea van otros muchos que no tienen pasado político que reivindicar, como el novelista Pérez Reverte, cuya argumentación desacomplejada en medios y redes sociales puede atraer a muchos a una manera cruel y necia de ver el tema.

Entrevistado en El Mundo hace diez años con motivo de la publicación de El Asedio, arremetió contra la “dictadura impuesta con la Ley de Memoria Histórica” alegando que “España es un país gozosamente inculto, deliberadamente inculto, que incluso alardea de ser inculto, y con gente así, hacer esa ley de memoria histórica es ponerle una pistola en la mano”. Y añadió: “Mi memoria histórica tiene tres mil años ¿sabes?, y el problema es que la memoria histórica analfabeta es muy peligrosa, porque contemplar el conflicto del año 36 al 39 y la represión posterior como un elemento aislado, como un período concreto y estanco respecto al resto de nuestra historia es un error, porque el cainismo del español solo se entiende en un contexto muy amplio”.

Decía también:

Atribuir los males de un período a cuatro fascistas y dos generales es desvincular la explicación y hacerla imposible […]. Cualquiera que haya leído historia de España sabe que aquí todos hemos sido hijos de puta. TODOS”.

Dicho esto, le vino a Pérez Reverte un ataque de conocimiento, y de manera incongruente olvidó que todos somos cainitas e hijos de puta y asignó este papel a una de las partes. A diferencia de Francia “no hubo una guillotina en la Puerta del Sol que le picara el billete a los curas, a los reyes, a los obispos y a los aristócratas… y al que no quisiera ser libre le obligara a ser libre a la fuerza”. O séase, que “hemos fusilado tarde y mal, y no ha servido de nada. El momento histórico era ese, el final del siglo XVIII. Las cabezas de Carlos IV y de Fernando VII en un cesto, y de paso de algunos obispos y unos cuantos más, habrían cambiado mucho, y para bien, la Historia de España”.

Ahora, en la presentación de Línea de fuego, ha vuelto a ocuparse del tema para decirnos que en esa novela intenta una aproximación a la parte humana de la Guerra Civil, única forma que puede salvarnos del discurso “partidista y miserable” que unos y otros “se empeñan en colocar” a los ciudadanos. Su impresión personal es que con el proyecto de Ley de Memoria Democrática se ha reabierto una herida que estaba cerrada, porque justamente quienes hicieron la guerra querían cerrarla y la cerraron aunque fuera en falso, pero la cerraron. “Y eso estaba resuelto, era historia.”

Pero ¿sabes qué pasa? Cuando no hay una base intelectual seria en la política, cuando no hay una ideología concreta, basada en argumentos intelectuales solventes, en lecturas, en conocimiento, en estudios, en talla política, entonces hay una tendencia bastarda, pero comprensible, a utilizar el blanco y el negro, y lo fácil y lo simplón y lo elemental, como argumento político […]. Y claro, la guerra civil es perfecta, tratada como buenos y malos, como blancos y negros, como cuatro generales contra el pueblo español y ese tipo de cosas, ¿no?”

Concluye que “el actual receptor de esos mensajes es un joven sin la lucidez crítica suficiente para distinguir, para defenderse o para razonar respecto a esos discursos facilones y los compra. Entonces resulta que unos jóvenes están comprando unos discursos falsos, emitidos por irresponsables ignorantes. Y eso es muy peligroso.”

En estas declaraciones está implícito que Pérez Reverte considera que él no es un irresponsable ignorante, que ha leído lo suficiente y que es poseedor de una base intelectual seria y de opiniones basadas en argumentos solventes.

La visión superficial de un reportero

Pérez Reverte cubrió varias guerras civiles como reportero y hubo un momento en que descubrió algo que pone en boca de uno de los personajes de su novela: que una guerra civil no es la lucha del bien contra el mal… Sólo el horror enfrentado a otro horror.

Su visión, la de periodista sobre el terreno, puede servir para escribir una novela como la suya, pero no aborda el tema oculto. ¿Qué hay por detrás de esos dos horrores enfrentados?

Es evidente que, si nos limitamos a narrar una batalla, veremos en ambos bandos personas con ilusiones, proyectos y sentimientos semejantes, y maltratadas de manera semejante.

Sólo que no es ese el tema a que se refieren las leyes de la memoria histórica.

Si Pérez Reverte no hubiera limitado su narración a personas atrapadas en la batalla del Ebro, si con suficiente conocimiento de la historia se hubiera remontado años atrás y hubiera recreado los conciliábulos del rey con banqueros, obispos, terratenientes y militares, si hubiera tenido en cuenta las presiones de las oligarquías estadounidense, francesa, inglesa o belga, no sólo habría constatado lo que ya sabe, que el golpe militar y la guerra civil española no fueron efecto de la voluntad de cuatro fascistas y dos generales, sino que habría aprendido lo que parece no saber, que la causa no fue un cainismo abstracto, sino la fuerza de un consorcio típico: la oligarquía industrial y financiera, una parte del ejército, la jerarquía católica y los grandes terratenientes, que veían en el Frente Popular una amenaza insoportable a sus privilegios.

Pérez Reverte califica de analfabeto, partidista y miserable el relato que se sigue del material acumulado por historiadores fiables (entre otros Paul Peston, John Gibson, Antony Beevor, Hugh Thomas, Javier Cervera, Ángel Viñas, Julián Casanova, Stanley G. Payne o Eduard Malefakis). Teniendo en cuenta los hechos que estos historiadores han conseguido investigar, los argumentos de la equidistancia y de la reconciliación quedan disueltos.

Hubo violencia por ambas partes, pero no son violencias equiparables

En sociedades como las nuestras (elitistas) hay que distinguir por un lado, como causa, la violencia que ejerce la minoría explotadora sobre una mayoría de la población; y por otro lado, como efecto, la violencia que ejercen miembros de esa mayoría como reacción cuando no pueden aguantar más.

Por esta razón la violencia que los revolucionarios franceses ejercieron sobre monarquía y aristocracia se considera el comienzo de un nuevo tiempo esperanzador, mientras que no hay forma de justificar la violencia que esa monarquía y aristocracia ejercieron previamente contra el pueblo.

En la España del año 36 la situación era insoportable para muchos, y por eso se puede justificar su violencia ocasional, por ejemplo la de los jornaleros del campo parados, que no es equiparable a la de los terratenientes que usaban a la guardia civil para reprimirlos a tiros mientras mantenían sus fincas en barbecho. En ningún caso hubo cainismo, es decir, una suerte de enfermedad crónica del español. Hubo violencia para mantener privilegios frente a violencia para acabar con ellos.

La violencia de la izquierda como falso pretexto

Para justificar el golpe militar y la guerra civil que siguió, se apeló en 1936 al desorden político y las luchas callejeras, y a ello sigue apelando la derecha filofranquista.

Olvida que nada más conocerse el triunfo del Frente Popular, en febrero de 1936, hubo dos intentos fallidos de “golpe de fuerza”, los propuestos por Gil Robles y por el general Franco, entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército. Pretendían declarar el estado de guerra, anular los comicios y frenar así la entrega del poder a los vencedores.

Una vez que estos intentos fracasaron por la oposición de militares fieles a la República, se pasó a la estrategia de tensión, iniciada por la Falange con el atentado el 12 de marzo contra un diputado socialista, Jiménez de Asúa, que costó la vida a su escolta. La réplica fue una manifestación con el incendio de dos iglesias. En todo caso, de los 262 muertos por violencia política entre febrero y julio de 1936, 148 víctimas fueron militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 45 sin identificar y 19 de las fuerzas de orden público, las cuales causaron 112 víctimas. Es también significativo que el número de víctimas fuera disminuyendo, de 93 en marzo a 24 en junio y 15 en julio (Julián Casanova, República y guerra civil). Lo que quiere decir que no había justificación alguna para el golpe militar de julio, sino que la había, por el contrario, para reprimir con más fuerza la violencia de la derecha.​

La violencia durante la guerra civil: diferencias en cantidad y en inspiración

Durante la guerra la represión en los territorios ocupados por los rebeldes franquistas triplicó la de la zona republicana. Pero sobre todo, “la caótica violencia del bando republicano tuvo lugar a pesar de las autoridades, no gracias a ellas. De hecho, los esfuerzos de los sucesivos gobiernos republicanos para establecer el orden público lograron contener la represión por parte de la izquierda que, en términos generales, en diciembre de 1936 ya se había extinguido” (Paul Preston, El holocausto español). 

En cambio la violencia del bando franquista era estimulada por los jefes militares y falangistas y adoptada como una estrategia. De hecho Franco dilató la guerra todo lo que pudo porque, en sus propias palabras, “en una guerra civil, una ocupación sistemática del territorio, acompañada por una limpieza necesaria, es preferible a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infestado de adversarios.” No se pueden leer sin horror las arengas que emitían por radio generales franquistas animando a matar a los hombres y violar a las mujeres del bando contrario, algo inimaginable en un responsable político de izquierdas.

Tal diferencia puede percibirse en el hecho más reprobable de los ocurridos en zona republicana, el fusilamiento en Paracuellos de 2.500 presos sacados de las cárceles de Madrid del 7 de noviembre al 4 de diciembre de 1936. Se trataba de trasladar estos presos a Valencia para evitar que pudieran aumentar el potencial ofensivo de los sublevados si éstos, que estaban luchando a las puertas de Madrid, tomaban la capital. Pero al estar cortada la carretera de Valencia por tropas enemigas se decidió fusilarlos en Paracuellos. Esta brutalidad bélica tenía su lógica en la defensa propia, pero ofendía a la conciencia moral. Y por ello las sacas acabaron cuando el anarquista Melchor Rodríguez fue puesto al frente de la Dirección de Prisiones.

¿Y la violencia de la posguerra?

Malefakis cree que no hay duda alguna de que “la represión de la posguerra se debió a un espíritu de venganza y un deseo casi genocida de erradicar a los elementos antiespañoles de la sociedad.”

Francisco Moreno Gómez (La victoria sangrienta 1939-1945) analiza pormenorizadamente las distintas variables represivas que utilizó el franquismo para acabar con los vencidos o someterlos.

En la que él llama “primavera negra” (abril y mayo de 1939) hubo directrices directas del cuartel general de Franco en Burgos “que instaban a llevar a cabo lo que no admitía demora”, y que ejecutó el Servicio de Información de la Policía Militar (SIPM). 40.000 personas fueron víctimas de ejecuciones sumarias, fueron paseadas o se les aplicó la ley de fugas antes de que empezaran a funcionar los consejos de guerra.

Parte de aquel genocidio ha terminado siendo investigado, pero aún queda mucho por investigar (como las terribles actuaciones de la Legión en Andalucía) y muchos archivos siguen inaccesibles, sobre todo los eclesiásticos.

Moreno Gómez habla de “multi-represión” para referirse a todo un catálogo de crímenes contra la humanidad cuando ya había terminado la guerra, entre otros:

-apresamientos masivos con 300.000 presos en 1940 y 507.000 detenidos emplazados en 188 campos de concentración;

-traslados de presos en trenes borregueros cerrados, sin comer ni beber en varios días y sin médicos para atender a los reclusos;

-hambre como instrumento represivo, aplicando a los presos una “dieta hipocalórica de 800 calorías, a sabiendas de que con menos de 1.200 no se puede sobrevivir”, lo que produjo una elevada mortandad en las grandes cárceles desde finales de 1940.

-90.000 integrantes de batallones de trabajadores;

-al menos 400.000 obligados a partir hacia el exilio;

-humillación de las mujeres usando el rapado y el aceite de ricino;

-robo y desaparición de niños en número cifrado por la ONU en 30.000, desde 1940 con la cobertura legal que impedía que estuvieran con sus madres niños de más de tres años y que desde 1941 facilitaba el cambio de nombre de los menores;

-represión económica para arruinar a los vencidos con apropiación indebida de propiedades y bienes, así como con fuertes sanciones y multas;

-represión ideológica y laboral con listas negras para trabajar, etc.

Según Preston, Franco queda como dictador muy por arriba de Mussolini y es comparable a Adolf Hitler en el tratamiento de sus conciudadanos.

Segundo argumento falso: que la transición fue efecto de una reconciliación que cerró las heridas

En la llamada Causa General, incoada por el franquismo, todas las víctimas de la violencia republicana fueron bien contadas y, en palabras del historiador Enrique Moradiellos, “tuvieron su restitución oficial, sus muertes reconocidas, sus tumbas honradas, sus deudos gratificados.”

No en cambio las otras víctimas, las del bando republicano, muchas sepultadas en fosas comunes sin el reconocimiento de sus nombres, otras condenadas por sentencias sumarias no revisadas ni anuladas.

Ya en el año 1953 el Partido Comunista defendió una política de reconciliación nacional, consistente en que no se exigiría a nadie legitimidad republicana, sino sólo una actitud contraria a la dictadura fascista, no importa cuál hubiera sido su pasado político o el de su familia. No significaba amnistiar al franquismo ni olvidar sus crímenes, ni dejar en el olvido a sus víctimas.

¿Puede alguien creer que familiares y compañeros de esas víctimas aceptaron en 1976 dejarlas en el olvido y sin castigar a los criminales, es más, honrando a muchos de ellos con medallas y premios?

Versión tan inverosímil ha de dejar paso a la verdadera: que la transición fue un apaño entre dirigentes políticos no ratificado por los afectados. Recordemos que la monarquía fue metida con trampa en la Ley para la Reforma Política porque, pese al enorme y unilateral uso de los medios de comunicación, las encuestas encargadas por el gobierno de Suárez indicaban que un referendum sobre la monarquía se perdería. Y que la constitución no avala el olvido de las víctimas de la represión franquista ni la persistencia real del franquismo en las instituciones.

Pero es que además para que haya reconciliación tiene que haber reconocimiento mutuo de los daños infligidos al otro y arrepentimiento. Y esto es algo que nunca hizo la derecha ni puede hacer.

Pruebas suficientes tenemos ya de que ni existió ni existe reconciliación entre derecha franquista e izquierda. Los que militan en Vox o el PP siguen siendo irreconciliables con esa izquierda a la que llaman comunismo bolivariano.

¿Fue la transición un pacto irremediable?

Una segunda forma de justificar la transición consiste no tanto en alabar sus virtudes como en proclamar que no hubo otro remedio dada la correlación de fuerzas. Pero ¿qué quiere decir que no hubo otro remedio? ¿Otro remedio a qué?

Hasta marzo de 1976 la Junta Democrática, liderada por el Partido Comunista, defendía la «ruptura democrática» a base de una movilización ciudadana, que se esperaba que culminara en una «acción nacional» o una huelga general. Tal ruptura implicaba el rechazo a Juan Carlos y a la monarquía «franquista», la formación de un gobierno provisional, la convocatoria de un referéndum sobre la forma de gobierno —para decidir si republicana o monárquica— y la depuración de responsabilidades de los franquistas actores de la represión, a los que no alcanzaría la amnistía, que en cambio permitiría la excarcelación de los presos por delitos políticos y la vuelta de los exiliados.

Pero de repente el partido Comunista cambió de estrategia y adoptó la «ruptura democrática pactada» que defendía el PSOE y la oposición moderada. Carrillo adujo que habían comprobado que la movilización popular no derribaba al Régimen. Y seguramente era cierto que en 1976 la izquierda no tenía fuerza suficiente para obligar a un proceso como los que ocurrieron en Alemania, Italia o en la Francia del régimen de Vichy, donde los autores de los crímenes fascistas fueron enjuiciados y condenados, y se produjo una depuración en policía, ejército, judicatura, funcionariado y clase política.

Pero ¿obligaba eso a aceptar que los franquistas dirigieran el proceso de transición y consiguieran todo lo que querían a costa de la verdad y la justicia? Pues consiguieron amnistía para sus crímenes, mantenimiento de sus puestos y riquezas, control de las instituciones del Estado y silencio sobre el pasado, mientras la otra parte sólo conseguía la vuelta de los exiliados, la legalización de los partidos y de los sindicatos, elecciones “libres”, recuperación de las autonomías y amnistía para los presos políticos, es decir, cosas que a la derecha franquista no le importaba conceder a cambio de lo que consiguió.

Los que durante la dictadura habían luchado contra el fascismo arriesgándose a discriminaciones, torturas policiales, cárcel o muerte fueron traicionados, al punto de que de ellos no se volvió a hablar en muchos años. Evidentemente, el Partido Comunista no estaba obligado a aceptar esto.

Sin duda sus dirigentes sabían de sobra que, si se negaban a aceptar aquel pacto de transición, el PSOE de Felipe González tendría que arriesgarse a dejar claro que se rendía a las exigencias de los franquistas para hacer un simulacro de democracia en la que medrar a cambio de financiación y apoyo de EE. UU. y Alemania. Sabían de sobra que entonces sólo quedaría una voz, la del PC, encargada de algo más importante aún que la paz, la verdad.

Y sin duda preveían que antes o después el nuevo régimen tendría que homologarse con las “democracias” europeas, porque así interesaba a las oligarquías económicas de dentro y de fuera. Y que entonces el PCE tendría que ser legalizado, pero conservado libertad para denunciar el pacto y seguir exigiendo una verdadera “ruptura democrática antifascista”.

Sin embargo esos dirigentes prefirieron medrar en el régimen político diseñado por los franquistas. ¿Ambición política personal a corto plazo? ¿Ceguera ideológica? Es significativo que casi todos los que dirigían al PCE en aquellos momentos fueron derivando hacia posiciones socialdemócratas cuando estuvo claro que éstas eran más rentables.

Consecuencias

Es ahora ¡cuarenta años después! cuando Pedro Sánchez se plantea anular los títulos nobiliarios concedidos por Franco, y el ducado de Franco concedido a la hija del dictador por Juan Carlos. Ha sido este año cuando se ha pedido en el Congreso retirar medallas y condecoraciones a torturadores que durante la dictadura cometieron crímenes de lesa humanidad. Durante este tiempo el rey nombrado por Franco no ha tenido empacho en decir que no toleraba que ante él se hablara mal del dictador. La familia de Franco sigue dueña de las riquezas robadas a la sombra del poder dictatorial, entre otras muchas la casa Cornide de La Coruña y el pazo de Meirás (que parece que por fin va a perder si los jueces no dicen lo contrario en apelación). El genocida general Queipo de Llano sigue enterrado en la iglesia de la Macarena de cuya cofradía es hermano honorífico, y sus herederos siguen dueños del cortijo de Gambogaz en Camas, finca de 950 hectáreas obtenida durante la guerra civil por el mismo procedimiento de presión dictatorial.

El ejército sigue siendo en gran parte franquista y, por miedo a su reacción, hasta el año pasado no se ha conseguido sacar los restos de Franco del gran mausoleo que él mandó construir a su honra y gloria. Todavía tenemos que soportar el bochorno y el temor que inspiran esos altos mandos militares jubilados que escriben al rey pidiéndole un golpe de estado y que creen que para salvar a España hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta. O los militares en activo que se solidarizan con éstos porque comparten sus sentimientos, o los futuros oficiales de la armada que cantan un himno fascista de la División Azul haciendo el saludo nazi en una fiesta de la Escuela Naval de Marín, o los miembros de la Brigada de Paracaidistas que graban un vídeo cantando ese mismo himno. Y no hay reacción adecuada de mandos militares, ni del gobierno, ni del rey. Y la ultraderecha franquista con gran presencia en el parlamento, se manifiesta en las calles sin complejos y afirma que esos militares que quieren fusilar a la mitad de la población son de los suyos. Y hasta ahora los gobiernos no se han atrevido a retirar símbolos franquistas que persisten en cuarteles de la guardia civil, nueve años después de que estén prohibidos por la ley de memoria histórica.

¿Cuál sería hoy el mal menor y por qué no es posible?

Es una sandez eso de que España es un país gozosamente inculto, deliberadamente inculto. Por el contrario, es un país condenado a la incultura, y en parte porque en la escuela no se ha enseñado la historia de la España del siglo XX (se supone que para no abrir heridas). Una gran parte de la población, expuesta a una incesante propaganda, sólo sabe que los comunistas son muy malos, que Juan Carlos nos trajo la democracia y nos libró de un golpe de Estado y que ahora hemos dado un peligroso paso atrás con un gobierno comunista-bolivariano.

El problema es que la reciente historia de España no se podrá enseñar mientras la derecha tenga fuerza suficiente para impedirlo.

Ni siquiera se puede llegar a la transacción de enseñar dos historias, la de la derecha y la de la izquierda, que ya sería un progreso.

Supongamos que, como solicita Amnistía Internacional, se crea el mecanismo independiente recomendado por Naciones Unidas al Estado español, que podría adoptar la forma de comisión de la verdad, órgano oficial temporal de carácter no judicial con el mandato de investigar las violaciones de derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, para garantizar el reconocimiento de los hechos que se vienen negando.

Se podría acordar que a partir de esos hechos, e integrándolos todos, la derecha escribiera una historia y la izquierda otra, enseñándose ambas en las escuelas para ofrecer al alumnado una alternativa generadora de reflexión.

Pues también esto es imposible, porque para ello es necesario que cada parte admita el mal que causó el bando con que se identifica. Y ese reconocimiento es fácil para la izquierda pero imposible para la derecha. La derecha no aceptará nunca que es heredera de un régimen genocida. Jamás aceptará el relato avalado por los historiadores solventes y, mientras tenga fuerza, impedirá que ese relato se enseñe en las escuelas. Seguirá recurriendo a panfletistas desprestigiados como Cásar Vidal o Pío Moa.

Y entretanto hay otras cosas imprescindibles a las que ¡todavía a estas alturas! el gobierno no se atreve

Amnistía Internacional encuentra en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aspectos negativos que lo desvían de los estándares internacionales, entre ellos éstos:

-Que falta la comisión de la verdad antes descrita.

-Que no se remueven los obstáculos que la Ley de Amnistía de 1977 interpone a la investigación de graves violaciones de derechos humanos en España, y a investigaciones iniciadas en otros países, como la querella en Argentina que investiga los crímenes del franquismo con base en el principio de jurisdicción universal.

-Que el derecho a la reparación se establece sin indemnización, y se niega cualquier tipo de responsabilidad patrimonial del Estado respecto a personas a las que se les incautó su patrimonio, o que realizaron trabajo forzado, así como a quienes sufrieron condenas injustas.

-Que no se garantiza el acceso efectivo a la información y documentación de los diferentes archivos y registros, tanto públicos como privados, entre éstos los eclesiásticos.

-Que no hay planes de formación en memoria democrática para la judicatura y fuerzas de seguridad del Estado.

No hay otra forma de acabar este relato que con un lamento triste por el odio oscuro que se vive en el país. España sólo podrá salir a paisajes más claros si la derecha franquista evoluciona hasta desaparecer y si la izquierda anticapitalista evoluciona hasta reaparecer. Muy difícil parece.

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